nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT DESAM

Puerto Montt, uno de agosto de dos mil veinticinco Vistos:

A folio 1, comparecen nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, DELLANIRA nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; quienes interponen acción constitucional de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, por los hechos que exponen en su acción.

Que las recurrentes han interpuesto una acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, representada legalmente por su alcalde, argumentando que el Decreto Alcaldicio N°16.956, de fecha 27 de noviembre de 2024, mediante el cual se resolvió la no renovación de sus designaciones a contrata para el año 2025, adolece de vicios de ilegalidad y arbitrariedad que justifican la intervención jurisdiccional.

Alegan que el acto administrativo carece de motivación suficiente y no contiene un razonamiento claro ni preciso que explique las razones objetivas por las cuales sus servicios habrían dejado de ser necesarios, lo que contraviene el principio de fundamentación de los actos administrativos previsto en el artículo 8° de la Constitución y en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Denuncian que la resolución impugnada se limita a invocar expresiones generales sin respaldo fáctico, lo que configura una decisión carente de racionalidad y transparencia, incumpliendo estándares mínimos de motivación exigidos por la jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema.

En lo que respecta a cada recurrente, se expone que nombre reservado ingresó a la Municipalidad en 2017 como proyectista de arquitectura, inicialmente a honorarios, desempeñando funciones técnicas vinculadas al desarrollo de proyectos de infraestructura y licitaciones, para luego ser designado a contrata en enero de 2024 con jornada completa, hasta la notificación de su no renovación.

nombre reservado inició su vínculo en 2017, igualmente a honorarios, para tareas de carácter social, siendo promovida a contrata en febrero de 2023, manteniéndose en funciones hasta noviembre de 2024.

nombre reservado comenzó en 2018 en suplencia y luego como contador auditor, continuando a contrata desde 2024 en el escalafón técnico, con una relación renovada sin interrupciones.

Dellanira nombre reservado ingresó en 2019 bajo régimen laboral y pasó a contrata en 2020, ejerciendo como ingeniera civil industrial en funciones profesionales.

nombre reservado trabaja desde 2009 en la municipalidad, desempeñándose en diversas áreas, pasando a contrata en 2021.

nombre reservado, por su parte, comenzó en 2014 en modalidad de código del trabajo y, a partir de 2023, fue designada como secretaria del Departamento Eléctrico bajo contrata, manteniendo una jornada de 44 horas semanales.

Todos ellos alegan que sus servicios se mantuvieron necesarios hasta el cese abrupto comunicado mediante el decreto impugnado.

Asimismo, argumentan que la desvinculación dispuesta afecta gravemente el principio de confianza legítima, en cuanto sus vínculos contractuales a contrata se han renovado ininterrumpidamente durante varios años, generando una expectativa razonable de estabilidad en el empleo.

Para sostener esta alegación, invocan diversos fallos, entre ellos el Rol CS 26.112-2023, donde la Corte Suprema ha determinado que la Administración, aun cuando goza de facultades discrecionales, está obligada a ejercerlas de forma razonada y proporcional, evitando incurrir en actos arbitrarios. Según las recurrentes, el decreto cuestionado no solo carece de los fundamentos que respalden la decisión de no renovar las contratas, sino que además desconoce que la estabilidad laboral, la remuneración periódica y otros derechos funcionales constituyen bienes incorporales protegidos por la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. A ello se suma la vulneración del artículo 19 N°2, relativo a la igualdad ante la ley, en cuanto la medida adoptada carece de justificación objetiva frente al trato otorgado a otros funcionarios en situaciones similares, así como del artículo 19 N°3 inciso quinto, en la medida en que el alcalde habría actuado como una suerte de “comisión especial” al disponer de una sanción implícita sin fundamento legal.

Por otra parte, destacan que la motivación de todo acto administrativo constituye un requisito esencial para su validez y que, de acuerdo con la doctrina administrativa y la jurisprudencia de la Corte Suprema (roles 27.467-2014 y 58.971-2016, entre otros), la ausencia de motivación o la invocación de fundamentos vagos o meramente formales implica la nulidad del acto por ilegalidad y arbitrariedad.

En su parecer, el decreto alcaldicio impugnado se emitió con prescindencia de un análisis objetivo de la necesidad de sus funciones, manteniéndose plenamente vigentes los servicios que desempeñaban, por lo que su cese obedece a criterios ajenos a la legalidad, posiblemente de carácter político o de confianza, lo cual no corresponde tratándose de cargos técnicos o administrativos.

Finalmente, las recurrentes sostienen que el acto recurrido no solo carece de una fundamentación adecuada, sino que también transgrede las normas sobre debido proceso administrativo, al no haberse aplicado procedimientos evaluatorios ni causales taxativas para su desvinculación.

En consecuencia, solicitan a la Corte que se restablezca el imperio del derecho mediante la anulación del decreto de no renovación, ordenando su reincorporación a los cargos que ejercían, junto con el pago de las remuneraciones y estipendios dejados de percibir, debidamente reajustados, todo ello con expresa condena en costas a la recurrida, por estimar que se han vulnerado de manera evidente y directa sus derechos constitucionales fundamentales.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso, solicitando informe a la recurrida.

A folio 8 y 10, consta informe y ordinario acompañado por la parte recurrida, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, quien sostiene que la decisión de no renovar las contratas de los recurrentes no constituye acto arbitrario ni ilegal, en la medida en que se ajusta estrictamente a las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N°18.883), así como a los principios rectores de la Administración Pública.

Destaca, en primer término, que ninguno de los recurrentes cumple con el requisito temporal mínimo de cinco años de servicios continuos que permitiría invocar el principio de confianza legítima, criterio consolidado en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, especialmente en la sentencia Rol N°20.476-2024. Se hace hincapié en que la modalidad de contrata tiene un carácter esencialmente transitorio, extinguiéndose de pleno derecho el 31 de diciembre de cada año, salvo renovación expresa.

En el presente caso, no existió acto administrativo de prórroga, por lo que el vínculo laboral finalizó automáticamente en la fecha indicada. Para reforzar la certeza jurídica, la autoridad municipal dictó el Decreto N°16.956, de 28 de noviembre de 2024, mediante el cual comunicó formalmente el término de los servicios y especificó los motivos que impedían su continuidad.

Adicionalmente, la Municipalidad sustenta su decisión en la delicada situación financiera que enfrenta, respaldada en documentación pública y en el informe presupuestario incorporado en el Ordinario emitido por la Secretaría Comunal de Planificación. Se resalta el incremento sostenido de las transferencias a los Servicios de Educación y Salud, el déficit registrado en el Fondo Común Municipal, así como la disminución proyectada de los ingresos municipales para el ejercicio 2025.

Estas circunstancias han obligado a la autoridad a implementar ajustes significativos en materia de personal, con el fin de mantener la operatividad y asegurar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, conforme a lo prescrito en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Dichos principios, unidos al deber de juridicidad establecido en los artículos 6° y 38 de la Constitución Política, constituyen el fundamento normativo de la medida adoptada. Se añade que las transferencias extraordinarias a servicios traspasados, los costos crecientes de licitaciones de servicios básicos y la necesidad de priorizar funciones esenciales de la comuna, hacen imperativo reducir gastos en contrataciones no imprescindibles.

En lo relativo a las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, la recurrida descarta cualquier vulneración. Respecto de la igualdad ante la ley, enfatiza que la no renovación no se limitó a los recurrentes, sino que afectó a otros funcionarios bajo similares condiciones contractuales, lo que descarta un trato discriminatorio. Sobre la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, se aclara que no se trata de un procedimiento sancionatorio, sino del simple vencimiento del plazo legal de las contratas. En cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24, se sostiene que los cargos a contrata no confieren derecho de propiedad ni expectativas de permanencia, dada su temporalidad legalmente establecida.

En virtud de todo lo anterior, la Municipalidad solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, argumentando que la decisión impugnada se enmarca en la legalidad, responde a criterios de racionalidad administrativa y probidad, y se justifica por la inexistencia de un derecho indubitado que pueda amparar las pretensiones de los recurrentes, todo ello conforme a la normativa vigente, la jurisprudencia consolidada y los principios de eficiencia, eficacia y buen uso de los recursos públicos.

A folio 9, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que las recurrentes han deducido una acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt impugnando la legalidad y razonabilidad del Decreto Alcaldicio N°16.956, de fecha 27 de noviembre de 2024, mediante el cual se resolvió la no renovación de sus designaciones a contrata para el año 2025. Se sostiene que dicho acto administrativo adolece de una fundamentación adecuada, infringiendo el artículo 8° de la Constitución Política de la República, así como los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, por carecer de motivación suficiente y objetiva que permita justificar la decisión de prescindir de sus servicios.

En relación con cada recurrente, se señala que nombre reservado inició funciones en 2017 como proyectista de arquitectura, siendo designado a contrata en 2024; nombre reservado comenzó en 2017 en calidad de honorarios, pasando a contrata en 2023; nombre reservado ingresó en 2018 y se mantuvo en el escalafón técnico desde 2024; Dellanira nombre reservado inició su vínculo en 2019, incorporándose a contrata en 2020; nombre reservado presta servicios desde 2009 y accedió a contrata en 2021; y nombre reservado inició en 2014, siendo designada como secretaria del Departamento Eléctrico en 2023. Todas afirman que sus funciones mantienen plena vigencia y necesidad dentro del quehacer municipal.

Las recurrentes argumentan que la decisión vulnera el principio de confianza legítima, derivado de la renovación ininterrumpida de sus vínculos laborales, y que se transgreden las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley), N°3 (prohibición de comisiones especiales) y N°24 (derecho de propiedad sobre bienes incorporales como la estabilidad en el empleo y las remuneraciones). Respaldan su pretensión en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente el fallo Rol CS 26.112-2023, que exige que el ejercicio de facultades discrecionales por la Administración esté siempre fundado en criterios objetivos y razonados.

CUARTO: Que la Recurrida, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, sostiene que la determinación de no renovar las contratas de los recurrentes se encuentra plenamente ajustada al marco jurídico vigente, en particular a la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, así como a los principios estructurales de la Administración Pública.

Afirma que ninguno de los recurrentes alcanza el umbral temporal de cinco años de prestación continua de servicios que permitiría la aplicación del principio de confianza legítima, criterio que ha sido consolidado por la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema. En consecuencia, al tratarse de vínculos contractuales de carácter esencialmente transitorio, éstos se extinguieron ipso iure al 31 de diciembre de 2024, conforme a lo dispuesto en el Decreto N°16.956, sin que ello requiriera acto administrativo adicional para su conclusión.

Agrega que la decisión adoptada se sustenta en un contexto financiero municipal de especial complejidad, respaldado por informes presupuestarios y datos oficiales. Se destaca el incremento sustantivo en las transferencias hacia los sectores de Educación y Salud, el déficit registrado en el Fondo Común Municipal y la imperiosa necesidad de implementar medidas de racionalización del gasto público. Tales decisiones se enmarcan en los principios de eficiencia, eficacia y juridicidad, expresamente recogidos en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y encuentran respaldo en los artículos 6° y 38 de la Constitución Política de la República.

La Municipalidad descarta de manera categórica las vulneraciones constitucionales denunciadas. No existe infracción al principio de igualdad ante la ley, dado que la medida de no renovación se aplicó con carácter general a diversos funcionarios sujetos a contrata en condiciones análogas. Tampoco se verifica conculcación alguna al derecho de un debido proceso, toda vez que no se ha tratado de un procedimiento sancionatorio, sino de la expiración natural de un vínculo legalmente temporal. Del mismo modo, se descarta la afectación del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, en tanto los cargos a contrata no generan expectativas de permanencia patrimonial.

QUINTO: Los recurrentes fundamentan su pretensión en el principio de confianza legítima, noción de raigambre doctrinaria y jurisprudencial que se entiende como la expectativa racionalmente protegida que surge cuando la Administración renueva en forma reiterada y sin interrupciones una relación estatutaria a contrata. No obstante, la Excma. Corte Suprema, en reiteradas decisiones y de modo particularmente enfático en el Rol N°20.476-2024, ha delimitado que dicho principio se configura únicamente cuando concurren condiciones temporales y funcionales específicas: la existencia de un vínculo continuado, homogéneo y prolongado, cuya duración mínima se ha fijado jurisprudencialmente en cinco años consecutivos en el mismo cargo y bajo las mismas funciones. Esta interpretación obedece al carácter excepcional de la estabilidad en el régimen de contratas, diseñado por el legislador con un propósito estrictamente transitorio.

En la especie, ninguno de los recurrentes satisface la exigencia temporal indicada. Valga precisar que nombre reservado inició su relación a contrata en enero de 2024, nombre reservado en febrero de 2023 y nombre reservado en enero de 2024, lo que supone períodos notoriamente inferiores al umbral de cinco años. Incluso la situación de Dellanira nombre reservado, que ostenta cuatro años de servicio, resulta insuficiente para detonar la expectativa legítima que la jurisprudencia exige. Tal circunstancia es determinante, ya que la confianza legítima requiere no solo la repetición de actos administrativos de renovación, sino también la consolidación temporal necesaria para inferir una voluntad estable de la Administración, elemento ausente en el caso sub judice.

En virtud de lo anterior, la invocación de este principio deviene improcedente y carente de sustento normativo. Esta Corte, en su rol de garante de derechos fundamentales, no puede extender por vía interpretativa una estabilidad no prevista por el ordenamiento jurídico. La contrata constituye un instrumento administrativo de naturaleza temporal, concebido para atender necesidades coyunturales del servicio. Por mandato del artículo 2 de la Ley N°18.883, su vigencia concluye automáticamente el 31 de diciembre de cada año, salvo prórroga expresa dictada con antelación, situación que no se presenta en la especie. Por consiguiente, el acto impugnado no revela ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ajustándose estrictamente al régimen jurídico vigente.

SEXTO: Que la normativa aplicable —en especial el artículo 2 de la Ley N°18.883— consagra de forma inequívoca el carácter eminentemente transitorio de las contratas, precisando que su término se produce ipso iure al concluir el año calendario, salvo que exista una prórroga o renovación expresamente dictada por la autoridad competente con la debida antelación y formalidad. Esta naturaleza temporal no solo deriva del texto legal, sino que ha sido reiteradamente confirmada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la cual ha enfatizado que el vínculo de contrata no genera derechos permanentes ni estabilidad laboral, sino que se concibe como una relación estatutaria anual, orientada exclusivamente a atender necesidades coyunturales del servicio público (Roles N°26.112-2023 y N°26.131-2023).

En este sentido cabe subrayar que la Administración no requiere dictar un acto administrativo adicional para justificar la no renovación cuando no se ha configurado el principio de confianza legítima, puesto que la extinción del vínculo se produce de pleno derecho.

En el caso de autos, incluso se emitió el Decreto Alcaldicio N°16.956, documento que no solo comunica la conclusión de la contrata, sino que constituye una manifestación de transparencia, deferencia institucional y buena fe administrativa hacia los funcionarios involucrados. Tal proceder, lejos de ser interpretado como una arbitrariedad, fortalece la certeza jurídica y la previsibilidad del sistema, garantizando que los trabajadores conocen con antelación las condiciones, límites y temporalidad inherentes a su vínculo estatutario con la entidad edilicia.

En este contexto jurídico, la decisión adoptada por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt de no renovar las contratas de los recurrentes no puede ser entendida como un despido arbitrario o un acto de discriminación, sino que constituye el ejercicio legítimo y necesario de una potestad administrativa conferida expresamente por el ordenamiento jurídico. La recurrida, en su informe y antecedentes oficiales, ha sostenido que la finalización del vínculo contractual se produjo por el solo ministerio de la ley, ya que la contrata expira naturalmente al término del año presupuestario, en estricta concordancia con el principio de legalidad que rige toda la actividad administrativa y con el marco normativo vigente.

SÉPTIMO: Que el Decreto Alcaldicio N°16.956 cuestionado, además de notificar formalmente el término de las contratas, contiene una motivación jurídicamente suficiente, que se asienta en la acreditada y compleja situación financiera que afecta al municipio, la cual ha sido documentada mediante informes técnicos y antecedentes presupuestarios de fiabilidad.

Tanto el ordinario como el informe acompañados permiten verificar que el municipio enfrenta un déficit presupuestario de naturaleza estructural y severa, con incrementos notables en las transferencias hacia servicios traspasados —particularmente en las áreas de educación y salud—, y con la ineludible obligación de ejecutar ajustes de carácter sustantivo en la dotación de personal para garantizar, de forma continua y sin interrupciones, el cumplimiento de las funciones esenciales y permanentes que la ley le asigna como órgano edilicio. En este contexto, la motivación del acto administrativo no es meramente formal, sino que se inserta en una estrategia racional de administración financiera que responde al interés público y a los principios de eficiencia y eficacia.

El principio de motivación del acto administrativo, reconocido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, se aprecia aquí pues la Municipalidad ha explicitado las razones que justifican su determinación, apoyándose en antecedentes objetivos, estados financieros auditados y proyecciones de gasto debidamente respaldadas por documentación oficial. A diferencia de lo sostenido por los recurrentes, la decisión municipal no descansa en fundamentos vagos, genéricos o de mera conveniencia, sino en datos financieros verificables y contrastables manifestando la necesidad de racionalizar el gasto público y priorizar de manera responsable los recursos en favor de las necesidades más apremiantes de la comunidad.

OCTAVO: Para que un recurso de protección logre prosperar, resulta indispensable demostrar, con un nivel de certeza elevado y mediante pruebas claras, que el acto administrativo impugnado es ilegal —es decir, que vulnera de manera directa el ordenamiento jurídico aplicable— o que es arbitrario, entendido este último como aquel que carece de una fundamentación racional, objetiva y coherente con los principios que rigen la actuación de la Administración.

En el presente caso, el examen de los antecedentes documentales, normativos y fácticos conduce a la conclusión de que la Municipalidad de Puerto Montt actuó dentro del marco estricto de sus atribuciones legales, respaldada por el principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, así como por lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°18.883, normativa que regula el estatuto administrativo de los funcionarios municipales y que define de manera explícita el carácter transitorio y no permanente de las contratas.

A su vez, del análisis de los hechos no se desprende la existencia de trato discriminatorio hacia los recurrentes. La medida de no renovar las contratas no se dirigió a individuos de manera aislada o selectiva, sino que se aplicó con carácter general en el contexto de una política de ajuste financiero y reestructuración presupuestaria que afecta a un conjunto más amplio de funcionarios.

Es relevante subrayar que el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, no debe interpretarse como un reconocimiento de estabilidad laboral indefinida en regímenes estatutarios de naturaleza transitoria; más bien, su función es asegurar que las decisiones de la Administración se adopten siguiendo criterios objetivos, proporcionales y no arbitrarios. En este caso específico, la decisión municipal responde a una política pública global de racionalización y optimización de recursos, dirigida a enfrentar una crisis financiera de carácter estructural, y no a una acción particularizada o caprichosa en contra de los recurrentes.

NOVENO: Que la Municipalidad, en su calidad de órgano integrante de la Administración del Estado, se encuentra jurídicamente compelida a gestionar, administrar y ejecutar sus recursos con arreglo a estrictos estándares de eficiencia, eficacia, probidad y responsabilidad fiscal. Tales principios, expresamente recogidos en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, imponen a las autoridades municipales la obligación no solo de ajustarse a la legalidad formal, sino también de adoptar decisiones estratégicas que permitan optimizar el uso de recursos escasos, maximizando su impacto en la satisfacción de las necesidades colectivas y en la prestación ininterrumpida de los servicios esenciales.

En este contexto normativo, la determinación de no renovar las contratas de los recurrentes no obedece a un acto discrecional sin fundamento, sino que se inserta en una política de racionalización presupuestaria orientada a contener el gasto en personal, garantizar la operatividad de los programas municipales y preservar el equilibrio financiero indispensable para la ejecución de proyectos prioritarios y de largo plazo.

El Ordinario emanado del Departamento de Presupuesto, avalado por informes técnicos y análisis de proyecciones financieras, evidencia con precisión la magnitud del déficit presupuestario que afecta la disponibilidad real de recursos para el ejercicio fiscal 2025. Esta situación crítica ha obligado a la entidad edilicia a implementar medidas de ajuste estructural, reduciendo partidas de gasto no esenciales, revisando contratos de prestación de servicios y evaluando la continuidad de las contratas, cuya naturaleza jurídica es, por definición, transitoria.

En consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Municipalidad, pues la decisión impugnada se ajusta al marco de atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, responde a los principios de eficiencia, probidad y buen uso de los recursos públicos, y persigue de forma directa la protección del interés general de la comunidad.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, al no advertirse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el Decreto Alcaldicio que dispuso el término de las contratas de los recurrentes, estos sentenciadores concluyen que no se configura el presupuesto esencial que permitiría acoger la presente acción constitucional. La decisión administrativa cuestionada se encuentra plenamente enmarcada dentro de las competencias normativamente atribuidas al municipio, observando los principios de juridicidad, proporcionalidad y racionalidad, y obedeciendo a una motivación legítima que se sustenta en antecedentes presupuestarios objetivos y debidamente acreditados.

El recurso de protección, por su naturaleza excepcional y de carácter cautelar, exige para su procedencia la constatación de un acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive de manera evidente el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. En el caso sub judice, tal requisito no se verifica. Por el contrario, la Municipalidad ha obrado conforme a derecho, en observancia de la Ley N°18.883, de la Ley N°18.575 y de las disposiciones de la Constitución, priorizando el interés público, la correcta administración del erario y la sostenibilidad financiera de la comuna. No existe, por tanto, indicio alguno de desviación de poder, discriminación o vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción interpuesta por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, DELLANIRA nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1727-2024.