FUNDACIÓN PARQUE AHUENCO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Puerto Montt, catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio N° 1, comparece en estos autos el abogado Camilo Durán Carvajal, en representación de nombre reservado, agricultor, de la UNIDAD VECINAL NÚMERO 33 PUNTRA (RUT N° RUT reservado), ambos domiciliados en el sector rural de Puntra de la comuna de Ancud; don ANDRÉS PINTO ESPINOSA, abogado, con domicilio en domicilio reservado letra c), comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, en representación, de doña nombre reservado, profesora; de don nombre reservado, profesor, y de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALLA MAPU (RUT N° RUT reservado), todos domiciliados en la localidad rural de Chepu, de la comuna de Ancud, nombre reservado, Región de Los Lagos; y don DAVID SILVA JOHNSON, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien comparece en representación de doña nombre reservado, periodista y de la “FUNDACIÓN PARQUE AHUENCO (RUT N° RUT reservado), ambas domiciliadas en domicilio reservado, nombre reservado, Región de Los Lagos; e interponen recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, representada por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado; en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Jefa de la Oficina Provincial de Chiloé de Salud de Los Lagos, domiciliada en domicilio reservado y de la I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD, representada por su Alcalde don Carlos Gómez Miranda, ambos con domicilio en domicilio reservado; por haber incurrido en los actos ilegales y arbitrarios de dictar la Resolución Sanitaria N°15.932 de fecha 27 de agosto de 2020 de la Jefa de la Oficina Provincial de Chiloé, que aprueba la Modificación de Proyecto Sitio de Disposición Transitorio Puntra, comuna de Ancud; por la dictación de la Resolución Exenta CP N°16186/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, dictada por la Seremi de Salud, que autoriza a disponer residuos sólidos domiciliarios generados en Ancud en sitio de disposición transitoria Puntra El Roble, comuna de Ancud; y por el Acuerdo que aprueba Presentación de modificación de proyecto relleno sanitario de Puntra El Roble, por parte del titular del proyecto Municipalidad de Ancud, tomado en Sesión N°136 de 7 de septiembre de 2020, para la construcción de una sobrecelda en el vertedero Puntra El Roble.

Al efecto, refiere que, por sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en causas de protección roles N°79.463-2020 y N°79.635-2020 de fecha 28 de julio de 2020, se ordenó que la “Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, deberán coordinarse para ejercer de manera eficaz y oportuna, cada una de ellas, las funciones que la ley les encomienda, a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto”, y que sin perjuicio de ello, la Seremi de Salud dictó la Resolución Exenta CP N°16.186 de fecha 1 de septiembre de 2020 en que se autoriza de forma transitoria el lugar y funcionamiento del sitio de disposición de residuos correspondiente a la Etapa N°2 del denominado Proyecto de Disposición Transitorio Puntra, Ancud, presentado por la Municipalidad recurrida, señalándose en dicha Resolución Exenta que “La modificación del proyecto contempla durante toda su vida útil, la extracción del material de cobertura a través de los movimientos de tierra requeridos para la habilitación de la zanja de disposición, 26.664 m3 aproximadamente para el 2020, y el uso de material árido extraído del mismo predio. Este material de cobertura se irá acopiando a un costado del frente de disposición activo, en cantidad suficiente para abastecer la operación mayor a 15 días, lo que satisface la necesidad operacional del sitio.”, y agregándose que, “La modificación del sitio de disposición está diseñado para una vida útil de 8.320 m3 de recepción, consiste en la habilitación de una sobrecelda de disposición transitoria de 105 m de largo intermedio por 29 m de ancho intermedio y una altura de 3 metros, considerando un talud de 1:2. Sin perjuicio de lo anterior, en esta etapa se considera exclusivamente la construcción de un pretil de material inerte que permita el asentamiento de la sobrecelda, una sección menor de 30 m de largo por 34 m de ancho, con pendiente de fondo en sentido nortesur de 2%, la continuidad constructiva del largo restante se realizará gradualmente.” Asimismo, se establece que el funcionamiento transitorio dispone que la operación considera cobertura diaria de 15 a 20 centímetros de espesor de tierra, con utilización de maquinaria pesada y acopio de tierra en el sitio administrado por la solicitante; dejándose establecido que, durante la operación y funcionamiento del sitio, será de responsabilidad del operador el control de gases, conducción de aguas lluvias, manejo de olores, lixiviados y control de vectores, según lo estipulado en su proyecto, y lo que será oportunamente fiscalizado por esta Autoridad Sanitaria; que durante la operación y funcionamiento de esta etapa, sólo podrán ingresar 3 vehículos compactadores de transporte de residuos sólidos los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábado; 4 vehículos compactadores de transporte los días Viernes. De forma excepcional para el viernes 3 y sábado 4 de Julio podrán ingresar 5 vehículos compactadores de transportes de residuos sólidos; y que a I. Municipalidad deberá realizar los monitoreos de aguas superficiales y subterráneas de forma semestral según proyecto aprobado, en los puntos que se señalan. Finalmente, se dispone que, la presente autorización, lo es solo para la disposición transitoria de los residuos domiciliarios generados en la comuna de Ancud, prohibiéndose la disposición de otro tipo de residuos como los industriales líquidos, sólidos y residuos peligrosos, situación que será oportunamente fiscalizado por esta Autoridad Sanitaria.

Todo lo anterior, sostiene, teniendo como fundamento la Resolución Sanitaria 15.932 de fecha 27 de agosto de 2020 de la Jefa de Oficina Provincial de Chiloé, que aprueba la modificación de proyecto denominado “SOBRECELDA SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIO PUNTRA”, de propiedad de I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD., RUT: RUT reservado, ya individualizado, emplazado en Ruta W340 a 14 km de Ruta 5 , Sector Puntra, Comuna de Ancud, nombre reservado, con una superficie total del proyecto es de 1,5 hás., con las coordenadas geográficas UTM del sitio de acuerdo al Datum WGS-84 […], agregándose que, la modificación del Relleno Sanitario se proyecta para la disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, considerando una capacidad de recepción de 8.320 m3 estimando una vida útil de 4 meses.

Afirma que, la decisión de interposición de este Recurso en contra de la Seremi de Salud, además de la ilegalidad de la Resolución referida, se funda en la absoluta desidia de dicha repartición pública para con los recurrentes. En efecto, la Junta de Vecinos de Puntra ha presentado a la fecha 3 reclamaciones de invalidación impugnando las Resoluciones N° 12.985 de 3 de julio de 2020, N° 14.446 de 31 de julio de 2020 y N° Resolución Exenta N° 14.446 del 31.07.2020, las que no han sido resueltas en más de 3 meses. Ante esta cuarta Resolución de prórroga de funcionamiento “transitorio” del vertedero de Puntra-El Roble, y de la Resolución Sanitaria en que se aprueba una sobrecelda no evaluada ambientalmente y que se dicta modificando otra que está caducada, sostiene que se ven en la necesidad de recurrir nuevamente mediante la presente acción cautelar.

Agrega que, toda actividad de manejo de residuos, en especial, de un relleno sanitario, tanto en su evaluación como en la construcción del mismo, debe sujetarse a las normas que la regulan, con pleno respeto a los derechos fundamentales de terceros, bajo la evaluación, aprobación previa y fiscalización por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectiva, en cumplimiento de las normas sectoriales (Decreto 189 de 2005) y que debe de cumplir un estricto apego a las normas y obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable establecidos en la Ley 19.300 y su Reglamento fijado en el Decreto Supremo 40.

Agrega que, son absolutamente ilegales las Resoluciones Sanitaria N° 15.932/2020 y Resolución Exenta N° CP N° 16186/2020 por las cuales se recurre ante esta Corte, como así mismo, las actuaciones hechas por la Municipalidad de Ancud, tendientes a modificar el proyecto de ingeniería inexistente, pidiendo la modificación de una resolución que ha perdido su eficacia jurídica, que se encuentra caducada; todas actuaciones que pretenden continuar dando una apariencia de legalidad a la autorización de funcionamiento transitorio del vertedero de Puntra – El Roble, el que no se ha sujetado –y al día de hoy, sigue sin sujetarse– a las normas legales y reglamentarias ambientales que la rigen, afectando los derechos fundamentales de los recurrentes.

Continúa señalando que, respecto a las ilegalidades en la autorización de modificación de proyecto del relleno sanitario de Puntra – El Roble y de la autorización transitoria de funcionamiento del sitio de disposición de residuos correspondiente a la Etapa N° 2 de dicho recinto, en las Resoluciones en comento no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, esto es, adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global del conflicto, denunciando la parte recurrente una falta e coordinación entre las recurridas.

En ese mismo sentido, refiere que, el Decreto N°12 de fecha 12 de abril de 2019 decretó nombre reservado para la nombre reservado a petición de la Municipalidad de Ancud; agregando que, dicha nombre reservado fue aplazada, mediante Decreto N° 18 de fecha 30.05.2019, Decreto N° 64 de fecha 24.12.2019 y Decreto N° 22 de fecha 30 de junio de 2020 de la misma cartera de Salud.

Refiere que, de la lectura completa del Decreto N° 12 citado, no se desprende ninguna autorización que permita a la SEREMI de Salud de Los Lagos eximir ex antes a la Municipalidad respecto de los procedimientos de evaluación ambiental correspondientes. En efecto, es absolutamente necesaria para este tipo de actividades, conforme a la normativa de la Ley N° 19.300 y del Decreto N°40 que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, someter previamente dicho proyecto al proceso de evaluación de nombre reservado. Lo anterior resulta lógico, puesto que una autorización de excepción de este tipo escapa de las competencias de la autoridad de salud.

En ese sentido, refiere que, el relleno sanitario en cuestión fue gestionado por la Municipalidad recurrida para que fuera un sitio de disposición final y no transitorio, -como se pretende señalar en la Resolución Sanitaria N°15.932- que fue aprobado por Resolución N°2 de la Jefa Provincial de Salud, con fecha 10 de enero de 2020, con la condición de que se diera cumplimiento a la Ley N° 19.300 y sus Reglamentos, otorgando un plazo de 90 días corridos para que acreditara ante la autoridad sanitaria el inicio del proceso de evaluación ambiental. Así las cosas, entiende la recurrente que fue otorgado el permiso antes señalado, fuera de las competencias de la autoridad sanitaria y con una condición suspensiva que al no haberse cumplido en la fecha correspondiente (9 de abril de 2020), extingue la autorización administrativa.

Así, entiende que, mediante una serie de Resoluciones Exentas dictadas por la SEREMI recurrida, se ha autorizado por etapas el funcionamiento de un sitio de disposición de residuos que no es transitorio, cuya autorización se encuentra caduca por no cumplimiento de la condición suspensiva ya referida, y que culmina en los actos administrativos impugnados que también han sido dictados fuera de la competencia de la autoridad sanitaria. Por ello, refiere que, se atentaría contra el principio de legalidad, al autorizar la disposición de residuos sólidos generados en la ciudad de Ancud, en contravención a la legislación ambiental, como ya se dijo y sin contar con la habilitación legal del instrumento de planificación territorial correspondiente, según lo dispone el artículo 22 del Plan Regulador Comunal de Ancud.

Agrega que el proyecto ha carecido de participación ciudadana y acceso a la información, ya que ni la Seremi ni la Municipalidad recurrida habrían entregado información pertinente a las personas y organizaciones recurrentes, respecto de los proyectos ingenieriles y los antecedentes para dictar la Resolución N°2 de 10 de enero de 2020, a pesar de haber sido peticionados por Ley de Transparencia, contraviniendo lo ordenado por el Consejo para la Transparencia.

Argumentan que, con todo lo anterior se vulnera su derecho a la vida (Art. 19 N° 1), al afectar el medioambiente que genera las condiciones necesaria para el ejercicio de ese derecho; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Art. 19 N° 8), por cuanto no se han realizado las evaluaciones que la ley establece para un proyecto de alto nombre reservado como el de marras, que por lo demás, se encontraría emplazado en una zona protegida oficialmente por una declaratoria de Santuario de la Naturaleza “Humedales de la Cuenca de Chepu”. Por lo anterior, se generarían una serie de emisiones no controladas, molestias, malos olores, contaminación de cursos de aguas y acuíferos, riesgo para la salud y la seguridad de la población, como ya habría referido la Superintendencia de Medio Ambiente.

Por lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso y, en definitiva: (i) Ordenar la paralización inmediata del funcionamiento del vertedero Puntra – El Roble de la comuna de Ancud, por parte de la I. Municipalidad de Ancud, de conformidad al artículo 8 de la Ley 19.300 y a las normas de los artículos 2, 3, 5 y 27 del Decreto 189/2008, dejándose sin efecto su operación como lugar de acopio transitorio de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud; (ii) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Ancud y a la Seremi de Salud, que en adelante su actuar sea con estricta sujeción a un proyecto de construcción y operación elaborado, evaluado y aprobado con una Resolución de Calificación Ambiental, conforme a la normativa aplicable en materia ambiental y sanitaria, en específico, que ella se someta a las normas de la Ley 19.300 y su Reglamento y al Decreto 189/2009 de Minsal; (iii) Ordenar el retiro de todo el pasivo ambiental (desechos sólidos domiciliarios) que en forma transitoria se ha ordenado disponer en el predio de “Puntra El Roble” desde el 11 de enero de 2020, donde opera ilegalmente un vertedero, de manera tal, que sea dispuesto dicho pasivo ambiental en un sitio de disposición final legalmente autorizado, en el plazo de 90 días, o la que V.S. estime oportuno; (iv) En subsidio de lo señalado en los puntos (i), (ii) y (iii), adoptar otras medidas que S.S. Iltma. juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de los recurrentes; y (v) Condenar a las recurridas a pagar las costas del recurso y de esta causa.

A folio N° 3, se declara admisible el recurso interpuesto, a excepción de artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, y asimismo, se deniega orden de no innovar. Se solicita informe a los recurridos al tenor de la presentación efectuada.

A folio N° 17, informó el recurso el abogado Oscar Díaz del Campo en representación de la recurrida I. Municipalidad de Ancud, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, entiende que, la presente acción es extemporánea, toda vez que los actos administrativos aludidos son simplemente confirmatorios que emanan directamente del Decreto de nombre reservado y sus prórrogas, siendo la última la N°22 de fecha 30 de junio de 2020, que la prorrogó hasta el 5 de febrero de 2021, agregando la necesidad de continuar operando la disposición de residuos sólidos en el sitio de disposición transitoria Puntra-El Roble etapa 2, por causa de la situación de pandemia. Lo anterior, por cuanto se limitan a implementar y materializar la voluntad de la autoridad sanitaria, en términos de garantizar la adecuada recolección y disposición final de los residuos sólidos generados en la nombre reservado, lo que fue dispuesto por la SEREMI de Salud por Resolución Exenta N°2/2020 de 10 de enero de 2020 y la Resolución Exenta N°7180/2020 de 25 de febrero de 2020, que dispusieron el uso temporal del relleno Puntra-El Roble para el año 2020. Luego, mediante Resolución Exenta N° 12.985, del 03 de julio 2020, la SEREMI autorizó expresamente en forma transitoria la disposición de residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna de Ancud y la operación correspondiente a la Etapa N°2 del denominado “Proyecto de Disposición Transitorio Puntra, Ancud”, presentado por la Ilustre Municipalidad de Ancud, representado por su Alcalde don Carlos Gómez Miranda, todos actos dictados en plazos que exceden los 30 días para interponer el recurso.

En segundo lugar, refiere que la materia de autos está en conocimiento del Tercer Tribunal Ambiental, en causa Rol N° R-26-2020 caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, seguida por reclamación de ilegalidad por las mismas partes, que se inició a propósito de la fiscalización por parte de la Superintendencia de Medioambiente en el terreno del relleno sanitario objeto del juicio, que concluyó la necesidad de iniciar un procedimiento de ingreso del proyecto al sistema de evaluación de nombre reservado, lo que fue requerido por Resolución Exenta N°1048 de 23 de junio de 2020 de la Superintendencia ya singularizada. Agrega que, en dicho proceso la Municipalidad recurrida presentó un cronograma de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y solicitó autorización para continuar operación transitoria del relleno sanitario, mientras se mantenga la pandemia; siendo ambas aprobadas mediante Resolución Exenta N°1301 de fecha 30 de julio de 2020 de la misma Superintendencia del Medio Ambiente.

En ese sentido, refiere que, dicha Resolución Exenta N°1301 fue impugnada a través de reclamación de ilegalidad del artículo 56 inciso 1° de la Ley Orgánica de Superintendencia del Medio Ambiente, que dio origen a la causa que se viene señalando, seguida ante el Tercer Tribunal Ambiental, donde también se peticiona que se detenga la operación del relleno sanitario en cuestión.

Así las cosas, entiende que, los hechos materia del presente recurso se encuentran en conocimiento de un tribunal competente, por lo que, cualquier pronunciamiento sobre la materia, constituye una infracción al principio de inavocabilidad del artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto a los hechos materia del recurso, refiere aquellos que dieron origen a la nombre reservado, según ya se ha referido, que otorgó facultades extraordinarias a la SEREMI de Salud para enfrentar la emergencia de salud y que luego fuera prorrogada hasta la actualidad, en virtud de la cual se dictaron los actos administrativos que autorizan la operación del relleno sanitario objeto del juicio.

Acto seguido, refiere que, se han deducido dos recursos de protección antes esta misma Corte por los mismos hechos, que fueron apelados y resueltos por la E. Corte Suprema con fecha 28 de julio de 2020 acogiendo el recurso en los términos referidos por los recurrentes. Posteriormente, refiere que, la Superintendencia del Medio Ambiente evacuó un informe requerido por ese mismo tribunal, dando cuenta que la Municipalidad recurrida se encontraba sustanciando dos procedimientos administrativos ante esa entidad fiscalizadora, el primero de ellos relativo al procedimiento de ingreso al sistema de evaluación de nombre reservado del proyecto relleno sanitario Puntra-El Roble, confiriéndole un plazo de 10 días para presentar cronograma de ingreso a dicho sistema y que dichas actividades no pueden seguir ejecutándose mientras no cuenten con la resolución de calificación ambiental, lo que fue objeto de recurso de reposición, que fue acogido, reconociendo la existencia de una autorización sectorial para la operación del relleno sanitario, amparado en la declaración de nombre reservado, que no lo exime del ingreso al sistema de evaluación ambiental. Agregando que, el cronograma fue ingresado y que se encuentra en ejecución.

El segundo procedimiento pendiente guarda relación con la elaboración del informe de fiscalización ambiental sobre cumplimiento de las medidas provisionales en cuestión.

Por otra parte, refiere que, la jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha señalado que una vez decretada la “nombre reservado” del artículo 36 del Código Sanitario, la autoridad tiene amplias facultades para resolver dichas problemáticas en aras del interés público y que no corresponde que los tribunales ponderen el mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia de una medida adoptada con ocasión de dicha alerta, toda vez que corresponde a una decisión técnica, propia de su especialidad, radicada de manera privativa en la autoridad sanitaria.

Finalmente, refiere que, no existe la vulneración de derechos referida por los recurrentes, toda vez que, en primer lugar no existe una acción u omisión arbitraria de su parte, ya que han cumplido plenamente con los principios de legalidad y cumplido con exigencias del Ministerio de Salud y de su SEREMI.

En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, refiere que no se proporcionan mayores antecedentes ni argumentos que permitan afirmar que exista una amenaza a este derecho, entendiendo que la garantía fundamental no garantiza el derecho a vivir en un medio impoluto, sino que se relaciona con el desarrollo de criterios y estándares que posibiliten compatibilizar la vida de las sociedades humanas, en base al principio de sustentabilidad.

En ese sentido, no se aprecia que el funcionamiento del relleno sanitario infrinja el artículo 19 N°8 de la Constitución, por cuanto no se advierte con claridad una situación que ponga en peligro la sustentabilidad del medio ambiente, teniendo presente desde ya que, la paralización del mencionado relleno si generaría efectos radicalmente contrarios a la finalidad que busca dicha norma.

En último término, alega una pérdida de oportunidad del recurso, por cuanto el mismo hecho denunciado se encuentra en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente y que ella haya iniciado los procedimientos del caso.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A folio N° 22, informó el recurso el abogado Álvaro Olguín Richter en representación de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Reitera que, por Decreto Supremo N°12 de 12 de abril de 2019 se declaró nombre reservado en la nombre reservado, la que fue prorrogada por Decreto Supremo N°18 de 1 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, por Decreto Supremo N°64 de 24 de diciembre de 2019 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020, para finalmente, por Decreto Supremo N°22 de fecha 30 de junio de 2020, se prorrogado hasta el 5 de febrero de 2021.

Señala que, es en ese marco que se instruyó a la Municipalidad de Ancud para que informara de un lugar de disposición transitoria de los residuos, siendo presentado con fecha 24 de diciembre de 2019 el de Disposición Transitoria de Puntra, que luego de ser observado con fecha 26 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020, finalmente fue aprobado por Resolución N°2 de 10 de enero de 2020. Agrega que paralelamente el proyecto fue inspeccionado por funcionarios de esa autoridad, constatándose deficiencias relacionadas con mejora de caminos interiores, falta de señaléticas, falta de canalización de aguas lluvias, impermeabilización parcial de la zanja de etapa 1, falta de elementos para el tratamiento de lixiviados, falta de cierre perimetral y falta de instalaciones y baños para los trabajadores, que, según da cuenta la última fiscalización referida, fueron subsanadas por el titular del proyecto, cumpliéndose de esta forma con el estándar técnico sanitario para una adecuada disposición de los residuos sólidos domiciliarios de conformidad con lo señalado en el Decreto Supremo N°189 de 2005 del Ministerio de Salud que establece las condiciones básicas para la operación de rellenos sanitarios.

Por otra parte, según consta en acta de inspección N°36.149 de 10 de enero de 2020, se dio cuenta del riesgo sanitario que afectaba a la comuna por acumulación de residuos, lo que afectaba la salud de todos los habitantes de la comuna, por lo que se ejercieron las facultades extraordinarias señaladas en el Decreto de nombre reservado°12 de 13 de abril de 2019, en su artículo 4 letra g) que faculta a la autoridad para autorizar lugares transitorios de disposición de desechos, autorizando la etapa 1 del proyecto construcción y operación de sitio de disposición ubicado en Puntra, hasta el 10 de febrero de 2020, en las condiciones que la Resolución Exenta CP Nº668/2020 del 10 de enero de 2020 indica.

Así, entiende que ha actuado dentro del marco legal y normativo al aprobar el proyecto y posteriormente autorizar la disposición transitoria de los residuos domiciliarios.

En cuanto a los reproches que se le hacen, en cuanto a la dictación de la Resolución Exenta CP N°16.186 de 1 de septiembre de 2020 y la Resolución Sanitaria N°15.932 de fecha 27 de agosto de 2020, refiere que no son sino adecuaciones a la Resolución N°2 de 10 de enero de 2020 que se justifican, especialmente, por la necesidad de garantizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos domiciliarios generados en Ancud en el marco de la pandemia.

En cuanto al derecho, refiere que, el Decreto Supremo N°12 y sus prórrogas tienen su fundamento constitucional en el derecho a la salud. Por su parte, la ley confiere al Ministerio de Salud formular, fijar y controlar las políticas de salud, la que lo faculta para adoptar medidas en ciertas circunstancias extraordinarias, como se señala en el DFL N°725/1967 sobre el Código Sanitario, específicamente en su artículo 67. Así, es en ese marco constitucional y legal que se otorgan facultades a la SEREMI de Salud para enfrentar la crisis sanitaria a causa de falta de lugar de disposición de residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna de Ancud, las que le permiten contratar extraordinariamente y liberar de los procesos licitatorios a esa institución.

Por ello, es que ejerciendo lo señalado en el numeral 4° letra g) del Decreto de Alertas Sanitaria N°12 de 12 de abril de 2019, prorrogado en la forma ya referida, es que se autorizó el lugar transitorio de disposición de residuos Puntra presentado por la Municipalidad recurrida. Sin perjuicio de lo anterior, entiende que aquello no significa que se pueda eximir al Municipio de cumplir con el estándar establecido en el Decreto Supremo N°189 de 2005 del Ministerio de Salud o con la Ley N°19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente; dado lo anterior, es que la Resolución N°2 de 10 de enero de 2020, en el numeral 7 de la parte resolutiva, se deja establecido que es de responsabilidad del titular del proyecto dar cumplimiento con la Ley N°19.300 y su reglamento, otorgando un plazo para hacerlo.

Señala que, dicho criterio es compartido por la autoridad ambiental, así, la Superintendencia de Medio Ambiente, a raíz de la misma nombre reservado y por una denuncia de elusión a la evaluación ambiental, se ordena que el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación ambiental, previniendo que no puede seguir ejecutando el proyecto mientras no cuenta con su resolución de calificación ambiental, pero, sin perjuicio del manejo y recolección de residuos domiciliarios que se ordene por la autoridad competente, en virtud de la dictación de una nombre reservado.

Reitera lo señalado por la Municipalidad, en el sentido de que se aprobó un cronograma de ingreso al sistema de evaluación ambiental y en dicho contexto se dictó la Resolución N°1048 donde se requirió a la Municipalidad recurrida el ingreso al sistema de evaluación de nombre reservado del relleno sanitario sub lite por configurarse la tipología de ingreso del artículo 10 literal o) de la Ley N°19.300.

Por otra parte, refiere que, la materia de la presente acción está siendo conocida ante el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia por Reclamo de ilegalidad del artículo 56, por lo que entiende que los recurrentes ya hicieron valer sus pretensiones y derechos ante un órgano competente, por lo que, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción, no resultaría procedente persistir con esta gestión.

También refiere que el mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia de las medidas en orden a garantizar la salud y la vida de las personas, queda radicada de manera privativa en la Autoridad Sanitaria, toda vez que responde a la ejecución de una política pública, por lo que la vía de protección no resulta la vía idónea para impugnar dichas medidas.

En cuanto a la vulneración de garantías fundamentales, refieren que no se desarrolla en el recurso como se afectaría la garantía a un medio ambiente libre de contaminación, máxime si de acuerdo a los antecedentes se está dando cabal cumplimiento a lo contenido en la Ley N°19.300.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A folio N° 25, se tuvo presente resolución del Tribunal Constitucional de fecha 22 de octubre de 2020, en autos Rol N° 9487-20-INA, rigiendo la suspensión del procedimiento dispuesta por el referido Tribunal Constitucional.

A folio N° 32, se tiene presente sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de diciembre de 2020, que declaró inadmisible el requerimiento deducido, alzando la suspensión del procedimiento. Asimismo, encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

A folio N° 52, se agregan estos autos extraordinariamente a la tabla del día martes 5 de enero de 2021.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario denunciado corresponde a la dictación de la Resolución Sanitaria N°15.932 de fecha 27 de agosto de 2020 de la Jefa de la Oficina Provincial de Chiloé, que aprueba la Modificación de Proyecto Sitio de Disposición Transitorio Puntra; por la Dictación de la Resolución Exenta CP N°16186/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020, dictada por la Seremi de Salud, que autoriza a disponer residuos sólidos domiciliarios generados en Ancud en sitio de disposición transitoria Puntra-El Roble; y por el Acuerdo que aprueba Presentación de modificación de proyecto relleno sanitario de Puntra El Roble, por parte del titular del proyecto Municipalidad de Ancud, tomado en Sesión N°136 de 7 de septiembre de 2020, para la construcción de una sobrecelda en el vertedero Puntra El Roble.

TERCERO: Que, no es controvertido por las partes que, ante la falta de disposición de los residuos domiciliarios generados en la comuna de Ancud y ante el riesgo sanitario inminente para la salud de las personas, el Ministerio de Salud, mediante Decreto Supremo N°12 de 12 de abril de 2019 declaró nombre reservado en la nombre reservado, la que fue prorrogada por Decreto Supremo N°18 de 1 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, por Decreto Supremo N°64 de 24 de diciembre de 2019 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020, para finalmente, por Decreto Supremo N°22 de fecha 30 de junio de 2020, se prorroga hasta el 5 de febrero de 2021.

Tampoco es controvertido que, en ese contexto, se instruyó a la I. Municipalidad de Ancud para que informara de un lugar de disposición de los residuos, siendo presentado con fecha 24 de diciembre de 2019 el de Disposición Transitoria de Puntra, que luego de ser observado con fecha 26 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020, finalmente fue aprobado por Resolución N°2 de 10 de enero de 2020 de la Jefa Provincial de la SEREMI de Salud de Chiloé.

Asimismo, no se controvierte por las partes, que al momento de autorizarse el sitio de Disposición Transitorio de Puntra antes referido, no constaba que el proyecto haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente, porque en el numeral 7 de la parte resolutiva de la Resolución N°2 del 10 de enero de 2020, ya citada, se estableció “que sin perjuicio de las facultades extraordinarias otorgadas a esta Autoridad Sanitaria de acuerdo a la declaración de nombre reservado para la nombre reservado conferidas por Decreto Supremo Nº12 de 12 de Abril de 2019 y prorrogada por los decretos 18 y 64 de 2019, es de responsabilidad del titular del proyecto dar cumplimiento con la Ley 19.300 y su reglamento”; otorgándose al titular del proyecto un plazo de 90 días corridos para que acredite ante la autoridad sanitaria el inicio del proceso de evaluación ambiental señalada en el numeral reseñado.

Por otra parte, con los antecedentes acompañados por la I. Municipalidad de Ancud, se puede tener por acreditado que por Resolución Exenta N°1048 de 23 de junio de 2020 emitido por la Superintendencia de Medio Ambiente, se requirió el ingreso del relleno “Puntra-El Roble” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde la Municipalidad presentó un cronograma de ingreso y solicitó autorización para continuar con la operación transitoria del relleno sanitario de marras, mientras se mantenga vigente la nombre reservado por problema de desechos domiciliarios y por Covid-19, lo que fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1301 de fecha 30 de julio de 2020 emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente.

También se tiene por acreditada que la Resolución Exenta N°1301, ya citada, fue reclamada de ilegalidad en virtud del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que dio origen a la causa Rol N° R-26-2020, siendo lo pedido en dicho recurso, que se declare que el acto administrativo impugnado no se ajusta a la legislación vigente, procediendo a su anulación o modificación, por autorizar el funcionamiento de un vertedero cuyos impactos no han sido evaluados ambientalmente y que estaría produciendo efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas.

CUARTO: Que, en cuanto a la primera alegación presentada por los recurridos, en cuanto a que el presente recurso sería extemporáneo, toda vez que los actos administrativos impugnados serían confirmatorios o prorrogas del Decreto de nombre reservado de fecha 12 de abril de 2019 y de la Resolución que autorizó el funcionamiento del relleno sanitario con fecha 10 de enero de 2020; baste señalar que los actos administrativos objeto de la presente vía cautelar se refieren a la autorización de un vertedero o relleno sanitario que sigue funcionando hasta la época de presentación del recurso, por lo que siendo un acto que produce sus efectos a lo largo del tiempo, de manera continua y permanente, por lo cual el plazo para su denuncia se renueva día a día, debiendo ser rechazada las alegaciones de las recurridas en este sentido.

QUINTO: Que, en cuanto a lo denunciado por la recurrente, esto es, que el proyecto no cuenta con resolución de calificación ambiental, se debe tener a la vista lo señalado en el artículo 10 letra o) de la Ley N°19.300 cuando establece que “Los proyectos o actividades susceptibles de causar nombre reservado, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de nombre reservado, son los siguientes: o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.”

En ese sentido, y tal como se tuvo por acreditado en el considerando tercero, es efectivo que, al momento de ser aprobado el proyecto de relleno sanitario de marras, mediante Resolución N° 2 de 10 de enero de 2020 de la Jefa Provincial de la SEREMI de Salud de Chiloé, éste efectivamente no había sido sometido al sistema de evaluación de nombre reservado, como lo requiere la norma ya citada, y como advirtió la propia SEREMI de Salud en la parte resolutiva de su Resolución.

Lo anterior, si bien denota un incumplimiento de la normativa sectorial y medioambiental, no es menos cierto que la autorización del funcionamiento del Sitio de Disposición Transitoria Puntra El Roble, Etapa 2, lo ha sido en el marco de las facultades extraordinarias de la SEREMI de Salud y que le otorgan los Decretos de nombre reservado dictados al efecto, esto es, artículo 36 del Código Sanitario y en los Decretos de nombre reservado° 12 de fecha 12 de abril de 2019; N° 18 de fecha 30 de mayo de 2019; N° 64 de fecha 24 de diciembre de 2019; y N° 22 de fecha 30 de junio de 2020, complementadas con las distintas Resoluciones dictadas por la SEREMI de Salud, que han autorizado el referido funcionamiento Así las cosas, el funcionamiento actual del relleno sanitario se encuentra amparado en una autorización sectorial, dada la situación de contingencia que lo motivó, como es, la nombre reservado y la actual pandemia por Covid-19, y sin perjuicio que, dicho amparo excepcional acabará una vez que finalice el plazo otorgado por la Autoridad Sanitaria, momento en que será aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.300.

Sin perjuicio de lo anterior, consta en estos antecedentes mediante Ord. IMA N° 1110 de fecha 21 de julio de 2020, que la Municipalidad de Ancud procedió a dar cumplimiento a la exigencia de la presentación del cronograma requerido mediante la Resolución Exenta N° 1048/2020, indicando un programa de trabajo donde se detallan los hitos del desarrollo del proyecto: a) Modificación presupuestaria para creación de cuenta de Declaración de nombre reservado (DIA); b) Redacción de bases técnicas de licitación y publicación en Mercado Público; c) Adjudicación de licitación para contratación de consultoría; d) Firma del contrato de servicio de consultoría; d) Carta Gantt donde se especifiquen los plazos de los hitos anteriores y se establece un plazo para ingresar la DIA el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

SEXTO: Que, junto a lo anterior, también debe tenerse en consideración que la ilegalidad del proceso que denuncia la recurrente, esto es, la Resolución Exenta N° 1301 de fecha 30 de julio de 2020, actualmente se encuentra sometida al imperio del derecho, y conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar en autos Rol N°7.980-2018, aparece que el conocimiento del asunto sustantivo que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos, se encuentra actualmente radicado en el 3° Tribunal Ambiental de Valdivia, en el marco de la causa Rol N° R-26-2020, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento judicial correspondiente, que otorga a las partes las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

En el mismo sentido, los aspectos técnicos que se requieren para el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo establece el artículo 3° letra i) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, ello consta en estos antecedentes mediante Ord. IMA N° 1110 de fecha 21 de julio de 2020, que la Municipalidad de Ancud procedió a dar cumplimiento a la exigencia de la presentación del cronograma requerido mediante la Resolución Exenta N° 1048/2020, indicando un programa de trabajo donde se detallan los hitos del desarrollo del proyecto, todo lo anterior ante la referida Superintendencia. Encontrándose, por tanto, en conocimiento de la autoridad administrativa especializada y competente, en procedimiento REQ 014-2020, quien en el marco de sus atribuciones ha determinado el ingreso del proyecto al sistema de evaluación de nombre reservado como lo requiere la ley, dictando las instrucciones pertinentes para asegurar que ello ocurra, por tanto, dable es razonar que junto con encontrarse las materias objeto del presente recurso sometidas al imperio del derecho, de la forma que se ha señalado, éste ha perdido oportunidad.

SEPTIMO: Que, en lo concerniente a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, es necesario precisar que el inciso segundo del artículo 20 del Texto Constitucional dispone que el recurso de protección procederá cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada, descartando la redacción del texto el elemento arbitrariedad, y restringiendo con ello, el análisis jurídico únicamente a determinar la legalidad del acto u omisión denunciado.

OCTAVO: Que, en concordancia a lo señalado en los basamentos quinto y sexto anteriores, y teniendo presente los actos administrativos que son impugnados por la recurrente y que se detallan en el motivo segundo de esta sentencia, del mérito de los antecedentes allegados en autos, apreciados en conformidad a las reglas de la sana crítica, no se vislumbran a juicio de estos sentenciadores ilegalidad alguna en la dictación de cada uno de ellos, toda vez que éstos se encuentran amparados por las facultades extraordinarias que le han sido otorgadas a la SEREMI de Salud en virtud del artículo 36 del Código Sanitario, que señala: “Cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia.”; complementada dicha facultad con los Decretos de nombre reservado° 12 de fecha 12 de abril de 2019; N° 18 de fecha 30 de mayo de 2019; N° 64 de fecha 24 de diciembre de 2019; y N° 22 de fecha 30 de junio de 2020. Y, asimismo, en concordancia con los mismos antecedentes, es que se han dictado las Resoluciones Exenta N° 15932/2020 de fecha 27 de agosto de 2020; y la Resolución Exenta N° 16186/2020 de fecha 1 de septiembre de 2020. Y finalmente, respecto al Acuerdo Municipal que aprueba Presentación de modificación de proyecto relleno sanitario de Puntra El Roble, éste se funda en el trato directo facultado en el artículo 8, letra g) de la Ley N° 19.886, esto es, que cuando por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias que hagan del todo indispensable acudir al trato directo o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de la ley -Decreto N° 250 de 2004 - que en su artículo 10 N° 7, letra a), establece que si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1000 UTM; teniéndose igualmente presente al resolver que, con fecha 26 de diciembre de 2019, se ha suscrito el contrato para la "Construcción y operación depósito para disposición final de residuos sólidos domiciliarios", que se ubica en Puntra, entre el Municipio y la empresa CRECER SpA, que fuera aprobado por Decreto N° 4.280 de igual data, contrato actualmente vigente.

NOVENO: Que, en las condiciones anotadas, no se advierte que las recurridas hayan incurrido en una conducta ilegal al convenir el funcionamiento y la recepción de los residuos domiciliarios de la comuna de Ancud. En efecto, tal actividad, por cierto, autorizada por la ley, aparece aprobada por los organismos sectoriales pertinentes y figura suficientemente respaldada a la luz de las normas generales y transitorias que autorizan la disposición de residuos del vertedero en cuestión.

Por ello, el recurso no puede prosperar, pues no se vislumbran antecedentes que ameriten acceder a disponer una cautela urgente como la que se reclama, según viene decidido.

Por las consideraciones expuestas precedentemente, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el presente recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, de la UNIDAD VECINAL NÚMERO 33 PUNTRA (RUT N° RUT reservado); don ANDRÉS PINTO ESPINOSA, en representación, de doña nombre reservado; don nombre reservado; la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALLA MAPU (RUT N° RUT reservado); y don DAVID SILVA JOHNSON, en representación de doña nombre reservado, y de la “FUNDACIÓN PARQUE AHUENCO (RUT N° RUT reservado); en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, representada por doña nombre reservado; en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Jefa de la Oficina Provincial de Chiloé de Salud de Los Lagos; y en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD, representada por su Alcalde don Carlos Gómez Miranda.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción a cargo del Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo.

Rol Protección N°1721-2020