Protección contra Director Regional Ministerial de Impuestos Internos de la Décima Región
- Fecha
- 17 de agosto de 2011
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 172-2011, sentencia de 17 de agosto de 2011
Resumen
Se rechaza por extemporáneo el recurso de protección contra el Director Regional del SII y el Tesorero Provincial, al haberse interpuesto más de un año después de notificado el retiro del camión embargado, excediendo el plazo fatal de treinta días.
Texto íntegro
Foja:56 Cincuenta y Seis Puerto Montt, diecisiete de agosto de dos mil once.
A fojas 1, comparece don nombre reservado, chileno, casado, de profesión agricultor, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección a nombre reservado, transportista y agricultor, Cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en Pulutauco, sector rural de la comuna de Dalcahue, en contra del Director Regional Ministerial de Impuestos Internos de la Décima Región, ignora nombre y apellido, domiciliado en domicilio reservado y en contra del Tesorero Provincial de la Décima Región, ignora nombre y apellido, domiciliado en domicilio reservado, por haber, por acto u omisión arbitraria, vulnerado su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.
Señala que nombre reservado es el único propietario y poseedor de un camión marca Scania, modelo 143, año 1991, inscripción R.V.M. VT.7186-K, libre de toda deuda, y por necesidad de vender para renovar máquina le comisionó a nombre reservado la gestión de venta del camión, la cual no pudo concretar por encontrase embargado por Tesorería, según expediente Rol N° 502-2007, informándole dicho servicio el 12 de julio pasado que la medida se debía por una deuda de impuesto IVA y Renta.
Alega que nombre reservado no ha trabajado el camión en cuestión sino en labores agrícolas propias y nunca para terceros, de modo que jamás timbró facturas de venta, por lo que no ha emitido documento alguno y en consecuencia no es sujeto de débito fiscal, siendo cualquier liquidación ilegítima, porque se sustenta en un hecho falso.
Respecto a las presuntas liquidaciones de impuesto de renta que pudieren sustentar un embargo ello tampoco es posible, por cuanto en su calidad de transportista está obligado a presentar anualmente el formulario 22 correspondiente a la declaración y liquidación del impuesto anual a la renta declarando solamente la renta presunta, la cual efectivamente no ha presentado, pero la sanción por ese hecho no se condice con la medida de embrago del camión.
Agrega que, en todo caso, si el Servicio de Impuestos Internos le practicó alguna liquidación, esta debe ser notificada conforme a la ley, lo que no ha ocurrido en este caso. En efecto, se embargó el camión en cuestión en virtud de un proceso administrativo seguido por el SII que está viciado, por cuanto el contribuyente afectado nunca fue citado, notificado de infracción alguna ni se le dio conocimiento de juicio en su contra y tal es así,que recién por su intermedio, toma conocimiento de la medida coercitiva.
Indica que, así las cosas, lo ocurrido afecta su derecho de propiedad del actor, ya que no le permite disponer libremente de un bien que le es propio y ello por acción abusiva de la autoridad recurrida que al parecer ha abierto un expediente en su contra y sancionado sin tener para ello las atribuciones y sin poner en conocimiento del contribuyente las acciones que siguió en su contra, negándole el derecho a defensa.
Concluye pidiendo que se acoja el presente recurso, y en definitiva se arbitre todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por un acto u omisión arbitraria e ilegal.
A fojas 15, informa el Director Regional de Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso por las siguientes razones:
Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, por cuanto en este caso el acto recurrido, esto es, el embargo del camión decretado por el Servicio de Tesorería, ocurrió el 28 de junio de 2007, por lo que queda de manifiesto su extemporaneidad. Lo mismo ocurre con las actuaciones del SII, en efecto, la Citación N° 6 de fecha 3/8/2005, fue notificada el 6/8/2005, las liquidaciones N° 1 y N° 2, del 20/9/2005 fueron notificadas el 23/9/2005 y los giros folios N° 101397366 y 101397375, emitidos el 30/12/2005 y fueron notificados el 7/1/2006.
En segundo lugar, alega falta de legitimación pasiva del Director Regional del SII, ya que el acto recurrido, esto es el embargo del camión no emana ni puede emanar de esa autoridad; agrega que el SII, en virtud de su ley orgánica y del Código Tributario sólo tiene facultades fiscalizadoras que dichos cuerpos normativos le otorgan entre las que no se encuentra la de efectuar el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, las que recaen en el Servicio de Tesorería, en virtud de los artículos 2 y 13 del D.F.L. n° 1 de 1994, sobre Estatuto Orgánico de Servicio de Tesorería en relación con el artículo 170 del Código Tributario.
Por otro lado, refiere que ésta no es la vía para impugnar las liquidaciones N° 1 y N° 2 emanadas del SII, por cuanto la ley le otorga al contribuyente dos vías de impugnación: una vía administrativa y una vía judicial. La primera contemplada en la Ley 19.880 y 18.575, en el artículos 6 letra b) N° 5 del Código Tributario y en la Circular N° 26 del 28 de abril de 2008 del SII, que contempla el procedimiento de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, que tiene por objeto corregir vicios o errores manifiestos que pueden surgir en las liquidaciones, giros o resoluciones emanadas del Servicio. La segunda vía, se materializa mediante la interposición del respectivo reclamo ante el Tribunal Tributario competente, reglado en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.
Señala que el Servicio ha actuado con estricto apego a la legislación vigente, ya que en virtud del artículo 24 del Código Tributario, sólo procedió a determinar, en su oportunidad, las diferencias de impuestos, practicando las respectivas liquidaciones al contribuyente, habiendo incluso realizado previamente el trámite de la citación contemplado en el artículo 63 del mismo texto legal. Por lo anterior, no ha existido una vulneración al derecho de propiedad del actor.
En cuanto al fondo, indica que en virtud del citado artículo 63, con fecha 5 de agosto de 2005, el SII emitió la citación N° 6, mediante la cual solicitó al contribuyente que acreditara el origen de los fondos utilizados en financiar la adquisición de un camión marca Scania modelo 143 por un monto de $10.223.463, realizada con fecha 18 de febrero de 2003, la que fue notificada por cédula el 6 de agosto de 2005, en el domicilio que el propio contribuyente informó a este Servicio, en la persona de nombre reservado, quien firmó la respectiva acta de notificación.
Continua señalando que al no haber justificado el contribuyente el origen de los fondos con que efectuó la inversión por la cual fue citado, y en virtud de los artículos 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 76 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, se determinaron las respectivas diferencias de impuestos y en virtud del artículo 24 del Código Tributario se emitieron las liquidaciones N° 1 y 2 de fecha 20 de septiembre de 2005, las que fueron debidamente notificadas por cédula en el domicilio del contribuyente el 23 de septiembre de 2005. Así, no habiendo sido reclamadas las citadas liquidaciones dentro del plazo establecido en el artículo 124 del Código Tributario, con fecha 30 de diciembre de 2005, se emitieron los respectivos giros Folio N° 1011397366 y Folio N° 101397376, por las diferencias de impuestos determinadas en las liquidaciones, las que fueron debidamente notificadas pr cédula con fecha 7 de enero de 2006, terminando así la actuación del SII e iniciándose la intervención del Servicio de Tesorerías que está a cargo de la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias, por lo que el SII ha actuado dentro de sus atribuciones, concretamente, la fiscalización de lo impuestos internos cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.
Por último, respecto del derecho de propiedad, señala que no es suficiente argumentar que el evento de girarse un impuesto constituye una amenaza ilegal o arbitraria al patrimonio, dado que para llegar a esta etapa del proceso de fiscalización se debió cumplir con un procedimiento reglado, de liquidar la base imponible y el impuesto aplicable, pudiendo ser perfectamente impugnado por el contribuyente, considerando, además, que el cumplimiento de un impuesto determinado legalmente, constituye una obligación de todo contribuyente de encuadrar su conducta o actividad en los hechos que el legislador ha determinado como gravados.
Concluye pidiendo que sea rechazado el presente recurso en todas sus partes, por no proceder esta acción en contra del Servicio por no haber emitido el acto impugnado y respecto de las actuaciones previas a dicho embargo, el Servicio actúo con estricto apego a sus facultades legales; por otro lado, lo que realmente se pretende es que se pronuncie este tribunal sobre una situación de fondo, que debió ser revisado en un procedimiento de lato conocimiento y no el presente, que es de naturaleza cautelar.
A fojas 44, informa el Director Regional Tesorero de la Región de Los Lagos, solicitando el rechazo del recurso por las siguientes razones:
Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, ya que el supuesto acto arbitrario e ilegal imputado a su parte que consistiría en la traba de un embargo sobre el camión, tuvo lugar en los autos administrativos 502-2007 – Ancud, con fecha 27 de junio de 2007, por lo que con creces ha pasado el plazo para interponer la presente acción. El argumento que sostiene el actor, en cuanto habría tomado conocimiento el pasado 12 de julio cuando pretendió enajenar el camión parece bastante inverosímil tomando en consideración que la fecha de la traba del embargo es de más de 4 años atrás y además con fecha 29 de julio de 2010 se le notificó del retiro de la especie embargada, no constando que el actor haya concurrido a la Tesorería Provincial de Castro en la fecha que él sostiene.
En segundo lugar, refiere que este recurso de igual forma debe declararse inadmisible por existir otros procedimientos más idóneos establecidos en el artículo 176 y siguientes del Código Tributario que establece que “El ejecutado podrá oponerse a la ejecución ante la Tesorería Comunal respectiva dentro del pazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de requerimiento de pago”, no habiéndolo hecho el contribuyente dentro de dicho plazo, contados desde el 28 de junio de 2007.
Señala que, en cuanto al fondo, la actuación de Tesorería ha sido ajustada a derecho, toda vez que ha ejercido sus funciones dentro de su competencia, esto es la recaudar los tributos y demás entradas fiscales y las de otros servicios públicos, en especial, la de efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos fiscales en mora, con los interés y sanciones ( artículo 2 N° 2 del D.F.L. N° 1 de 1994, que fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías).
Precisa que, en el caso de autos, el recurrente tiene una deuda tributaria morosa de $8.448.298, los cuales fueron girados por el SII mediante Formulario 21 Folios 101397366 y 101397376, el 30 de diciembre de 2005 y mediante Formulario 21 Folio 85027025, el 7 de mayo de 2004. Así informada la deuda por tal Servicio, le corresponde a Tesorería iniciar las acciones de cobro en virtud de lo establecido en el artículo 2 N° 2 del D.F.L N° 1 y en conformidad a las normas establecidas en el Título V Libro Tercero del Código Tributario sobre Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias en Dinero., notificándole el 28 de junio de 2007, al recurrente de la referida deuda, y en la misma diligencia se le requirió de pago y se trabó embargo sobre el camión marca Scania, PPU VT.7186-K, todo ello con el fin de resguardar convenientemente los interés fiscales.
Concluye señalando que las medidas compulsivas de apremio antes referidas fueron adoptadas dentro de un procedimiento legalmente tramitado por la autoridad facultada para ello por la Constitución y la Ley, y por lo que en ningún caso podrían constituir un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser impugnado vía acción de protección.
A fojas 8 y siguientes, el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos acompaña los siguientes documentos:
1. Copia de Citación N° 6, de fecha 3 de agosto de 2005, donde consta nombre del actor, domicilio Estación Puntra Rural, comuna de Ancud, por la cual se le cita a fin de que justifique el origen y la mantención de los fondos con que financió la adquisición del camión marca Scania modelo 143 por un monto de $ 10.223.463, según lo establecido en los artículos 70 de la Ley de Renta y artículo 76 del D.L. 825/74.
2. Copia de Acta de Notificación N° 308/2005 de Citación N° 6, de fecha 6 de agosto de 2005, en el que consta que fue notificado el contribuyente en su domicilio por cédula en la persona de nombre reservado
3. Copia de Liquidaciones N° 1 y 2, de fecha 20 de septiembre de 2005.
4. Copia de Acta de Notificación N° 371/2005 de liquidaciones N° 1 y 2, de fecha 23 de septiembre de 2005, en el que consta que fue notificado el contribuyente en su domicilio por cédula.
5. Copia de Acta de Notificación n° 5 de giros, de fecha 7 de enero de 2006, por cédula en su domicilio recibida por un tercero A fojas 8 y siguientes, el Director Regional del Servicio de Tesorería acompaña los siguientes documentos:
1. Copia autorizada de causa Rol 502-2007 – Ancud, seguida ante la Tesorería Provincial de Castro, en la que consta Acta de Notificación y Requerimiento de Pago con fecha 28 de junio de 2007, por cédula en el domicilio del contribuyente, y se trabó embargo en el camión marca Scania Modelo 143 año 1991, inscrito el 29 de junio de 2007 en el Registro de Vehículos Motorizados. Consta que Notificación de Retiro por cédula el 29 de julio de 2010, en el mismo domicilio.
2. Certificado de deuda fiscal del recurrente.
3. Avisos Recibo de cada uno de los formularios N° 21.
A fojas 52, encontrándose la causa en estado de ver, se traen los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto ilegal o arbitrario que provoque al recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.
Segundo: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamenta en que se le habrían afectado gravemente sus garantías constitucionales, especialmente su derecho previsto en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, mediante el embargo y posterior retiro del camión marca Scania modelo 143, año 1991, que es de propiedad de nombre reservado, no siendo sido notificado de las supuestas deudas que tiene con el Servicio de Impuestos Internos y de la acción de cobro realizada por Tesorería.
Tercero: Que, como cuestión previa a entrar al conocimiento del fondo del asunto, procede analizar por estos sentenciadores si la presente acción fue interpuesta dentro de plazo en conformidad al numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, que establece el plazo fatal de treinta días corridos para la interposición de este recurso contados desde la ejecución del acto, en este caso, desde que se efectuó el retiro del camión embargado.
Cuarto: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el proceso, las distintas actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, esto es, citación, liquidaciones y giros fueron notificados en su oportunidad al contribuyente por cédula en el domicilio que éste tenía registrado ante tal Servicio, en agosto y septiembre de 2005, y enero de 2006. Luego, el requerimiento de pago y traba de embargo fueron notificados al actor de la misma forma antes señalada, esto es, en el domicilio del contribuyente por cédula el 28 de junio de 2007; y finalmente, el retiro del camión embargado fue notificado de la misma forma el 29 de julio de 2010.
Quinto: Que, así las cosas, y teniendo presente que el acto recurrido es el retiro del vehículo embargado, notificado el 29 de julio de 2010, y habiéndose interpuesto la presente acción el 18 de julio de 2011, se ha excedido con creces el plazo para interponerla conforme a derecho.
Sexto: Que, en consecuencia, habiéndose interpuesto la presente acción fuera de plazo, no cabe más que rechazarlo por ser ésta extemporánea.
Séptimo: Que, conforme con lo antes expuesto, no procede analizar el fondo de la cuestión debatida en estos autos.
Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 1, por nombre reservado a nombre reservado, y en contra del Director Regional del Servicio Impuestos Internos de la Décima Región y del Tesorero Provincial de la Décima Región.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Presidente don nombre reservado.
Pronunciada por el Presidente don nombre reservado, el Ministro Titular don Leopoldo Vera Muñoz y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre Rol N° 172-2011.-