nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DEPENDIENTES D

Puerto Montt, cuatro de abril de dos mil veintidós.

Vistos.

A folio 1 comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de los Lagos, quienes interponen Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario consistente en la notificación del código de trámite 15153950, de fecha 03 de febrero de 2022, que deniega el avance de solicitud de permanencia definitiva por considerar que el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra sin legalización o apostilla por el país respectivo.

Expone que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país en calidad de turista, para posteriormente cambiar su condición migratoria a visa temporaria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. De este modo, con ocasión del vencimiento de su visa temporaria, con fecha 2 de julio de 2019 solicitó el beneficio de permanencia definitiva, siendo acogida a trámite.

Afirma que con fecha 03 de febrero de 2022, la recurrente recibe notificación código de trámite 15153950, donde se le informa que su solicitud no avanza en virtud de que se encuentra incompleta o insuficiente, lo anterior debido a que, entre otros documentos, el certificado de antecedentes penales se encuentra sin legalización o apostilla, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que lo subsane. Sin embargo, asegura que es imposible cumplir con lo indicado dentro de un plazo tan corto, considerando que, en Venezuela para poder acceder a un certificado de antecedentes penales se debe hacer la solicitud del documento en días específicos de la semana, de acuerdo con el número de la cédula de identidad correspondiéndole los jueves y, de igual manera, luego debe solicitar la apostilla, lo cual puede hacer solo los viernes y domingo de cada semana, debiendo esperar un plazo aproximado de 10 días hábiles para que éste sea remitido de forma electrónica.

Explica que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política y la recurrida al darle un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha dado un plazo para subsanar su solicitud de permanencia definitiva de hasta 30 días.

Asegura que existe jurisprudencia en un caso idéntico, en causa de Protección N°181996-2019) emitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que señaló en su considerando sexto: “Que, el recurrente al concurrir a solicitar al Departamento de Extranjería la regularización de su situación ingresa la solicitud y se le otorga un plazo de cinco días para acompañar certificado de antecedentes de su país de origen, Venezuela, el que no pudo obtener dentro del plazo que se le otorga. En todo caso parece que un plazo de cinco días hábiles resulta ilusorio para obtener un certificado de antecedentes desde otro país, lo que deja al recurrente en la imposibilidad de poder dar curso a la tramitación de su solicitud afectando sus derechos”.

Pide se otorgue una ampliación del plazo para los fines de que la recurrente pueda dar cumplimiento al requisito solicitado por la recurrida, y no permitir que quede en situación irregular, para dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera, reestablecer el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Solicitud de permanencia definitiva. 2. Estampado de visa temporaria.

3. Cédula de identidad para extranjeros. 4. Notificación código de trámite 15153950. 5. Certificado de antecedentes penales vigentes y apostillados A folio 5, la abogada Paz Ortúzar Fuenzalida, por el Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública evacua el informe requerido, solicitando su rechazo en todas sus partes por no existir un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 02 de julio de 2019, la extranjera solicitó el permiso de permanencia definitiva, la que fue acogida a trámite. Posteriormente, con fecha 03 de febrero de 2022, se notificó el trámite N°15153950 que informa a la extranjera sobre su solicitud incompleta y le otorga el plazo de cinco días para subsanarlo, conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880.

Explica que la solicitud presentada por la extranjera era incompleta al haber acompañado: a) certificado de antecedentes vencido; b) contrato de trabajo no legalizado ante Notario y c) contrato de trabajo no vigente según los plazos estipulados. En consecuencia, se requirió a la extranjera que en el plazo de 5 días acompañara los documentos faltantes para poder continuar la tramitación de su solicitud y otorgar respuesta, no siendo un plazo ilegal o arbitrario, ya que se encuentra establecido en la misma Ley N°19.880. Por lo demás, es de responsabilidad de los solicitantes acompañar todos los documentos requeridos al momento de realizar su solicitud, los cuales se encuentran debidamente publicados en el portal de trámites de extranjería.

Sostiene que hacer una excepción en este caso particular constituiría un actuar ilegal, ya que infringiría el tenor literal del artículo 31 de la Ley 19.880 y también constituiría un actuar arbitrario, ya que se le estaría otorgando un plazo mayor a un solicitante en particular, en circunstancias de que a todos los demás se le ha otorgado un plazo de 5 días.

Añade que, estando en conocimiento de la notificación del trámite N°15153950, la recurrente pudo haber solicitado ampliación de plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°19.880, pero no lo hizo.

Arguye que, estando en tramitación la solicitud de la recurrente, se mantiene su situación migratoria regular, no existiendo actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Pide el rechazo de la acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Acompaña la Resolución Exenta N°22053524 del Servicio Nacional de Migraciones y la notificación número de trámite 15153950 que otorga plazo para subsanar solicitud incompleta.

Con lo relacionado y considerando:

Primero. Que, el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde a una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. De esta manera, se requiere que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes y que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos tales que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado, y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 de la Constitución Política.

Segundo. Que, doña nombre reservado califica de arbitraria la resolución del Departamento de Extranjería y Migración (hoy Servicio Nacional de Migraciones) consistente en otorgar un plazo de 5 días para acompañar el certificado de antecedentes del país de origen; debidamente legalizado apostillado; por cuanto su tramitación completa en Venezuela excedería este plazo. Arguye que ello vulnera la garantía de igualdad protegida por el artículo 19 N°2 y artículo 20 de la Constitución Política al otorgarse un plazo diferente a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de hasta 30 días.

En tanto, el Servicio Nacional de Migraciones entiende que tal plazo concedido se ajusta a la legalidad, específicamente a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 19.880. Añade que la recurrente no solicitó una ampliación del mismo conforme a lo dispone el artículo 26 de dicho cuerpo legal y es responsabilidad de la solicitante acompañar debidamente la documentación correspondiente, la cual se encuentra publicada en la página web del servicio. Precisa que dar un plazo distinto habría sido ilegal por infringir la norma indicada y también arbitrario porque a los demás solicitantes solo se les da un plazo de 5 días para subsanar. En consecuencia, no se afecta la garantía de igualdad de la recurrente.

Tercero. Que, de los antecedentes de la causa se desprende que con fecha 2 de julio de 2019 doña nombre reservado solicitó el beneficio de permanencia definitiva, la que fue acogida a trámite por servicio público correspondiente. Asimismo, que el 3 de febrero del año 2022, la recurrente recibió la notificación código de trámite 15153950 por medio del cual el Servicio recurrido informa a la recurrente que debe acompañar una serie de documentos, entre los cuales se encuentra el certificado de antecedentes del país de origen -el cual se encontraría vencido-. Para esta subsanación, concedió un plazo de 5 días hábiles, a fin de acompañar la correspondiente documentación y, si no lo hiciere dentro de este plazo, se le tendría por desistida de su petición.

Cuarto. Que, el procedimiento establecido para este trámite, es uno de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3 de la Ley N°19.980, y como tal debe sujetarse a lo estatuido en ella. En este orden de ideas, los principios básicos que en este cuerpo legal consagran en favor de las personas que requieren la intervención de la Administración -en que a este recurso interesa- se encuentran los de celeridad, impulso de oficio, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad y economía procedimental. Al respecto, el principio de celeridad -que se explicita en el artículo 7 de la ley en comento- indica que la Administración debe impulsar de oficio todos los trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; en tanto que el de economía procedimental -contenido en el artículo 9- dispone que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, decidiendo en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. Por último, el principio conclusivo del artículo 8, dispone que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

A su turno, el artículo 31 de la Ley N°19.880, establece que cuando una solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados por la legislación aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Quinto. Que, desde la solicitud de la recurrente hasta la resolución que ordena acompañar el certificado de antecedentes en cuestión, transcurrió más de 2 años y medio (entre el 2 de julio de 2019 y el 3 de febrero de 2022) lo que, sin duda, conculca los principios ya reseñados en el motivo anterior. No obstante, luego de este extenso período de tiempo, el órgano administrado otorgó solo 5 días hábiles para que la recurrida acompañe la documentación recurrida, arguyendo que el documento en cuestión se encontraría vencido.

En este orden de ideas, en su escrito de interposición de recurso, la actora explicó que era imposible cumplir con dicho plazo, dando detallada cuenta de los trámites burocráticos y tiempos esperados para obtener el certificado de antecedentes apostillado de su país, exposición que no fue controvertida por el órgano recurrido, que se apoyó en capturas de pantalla de las páginas web gubernamentales venezolanas y que resulta ser plenamente plausible atendido que es un hecho público y notorio que muchas veces los órganos estatales pueden tardar en la tramitación de las solicitudes de los administrados (como precisamente, el caso de marras). Todo cual no fue impedimento para que la recurrente, actuando con la mayor diligencia, haya acompañado a su recurso de protección el mencionado certificado apostillado; pero ya fuera del plazo otorgado por el órgano recurrido.

Como corolario, se ha de concluir que el plazo otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones constituye una clara transgresión al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la igualdad ante la ley, al haberse privado a la recurrente de la posibilidad de tramitar debidamente su solicitud, diferenciándola en el trato que se debe brindar en relación a otros solicitantes, atendidas las razones expuestas; siendo arbitrario el acto recurrido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que se acoge la acción de protección interpuesta por los abogados don Pablo Daniel Peñaloza Parra y don Joaquín Andrés Contreras Roa a favor de doña nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (hoy Servicio Nacional de Migraciones). En consecuencia, el Servicio recurrido deberá mantener en trámite la solicitud de visa de permanencia definitiva ya presentada por la recurrente, otorgándole continuidad hasta su resolución, si procediere, debiendo para ello otorgarle un plazo razonable no inferior a treinta días hábiles para que acompañe la documentación faltante (para el caso de no haberlo hecho ya).

II.- Que, no se condena en costas por no haberse solicitado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº170-2022.