Protección contra Coronel de Carabineros Sr

nombre reservado, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Con fecha 28 de noviembre de 2017, compareció don Luis Alberto Ramírez Rodríguez, abogado, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, en contra del Coronel de Carabineros Sr. nombre reservado, en su calidad de Prefecto de Carabineros Llanquihue N° 25, ubicada en domicilio reservado de la ciudad y comuna de nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario dictado en contra de su representado, Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017, de la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25, que vulneró la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en razón de lo siguiente:

Mientras su representado prestaba servicios en la 6ta. Comisaría de Carabineros Alerce (S.U), de la comuna de nombre reservado, se le aplicó una medida disciplinaria consistente en la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 N° 4, inciso 5° del reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en relación con el artículo 23 N° 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11. Lo anterior porque el día 29 de octubre de 2017, a las 06.15 horas, se da cuenta de un accidente de tránsito y al arribo del personal se percatan que se encuentra un vehículo particular con daños en parte frontal producto de haber chocado con un poste del alumbrado público, y junto a un costado del vehículo se encontraba su propietario el ex Cabo 1° de Carabineros nombre reservado, el cual se encontraba en manifiesto estado de ebriedad, vistiendo de civil.

El emplazamiento de la Resolución fue hecha a su representado el mismo día 29 de octubre de 2017, sin tener posibilidad alguna de manifestar conformidad y/o disconformidad al respecto.

No obstante lo anterior, del mérito de la Resolución, queda establecido que si bien su representado queda liberado del servicio, bajo ninguna circunstancia desligado de carabineros de chile y que la medida expulsiva aplicada bajo ninguna circunstancia se encontraría a firme y mucho menos ejecutoriada, por lo que, está sujeta a los resultados del sumario administrativo, manteniendo la calidad de funcionario de Carabineros de Chile y con una obligación de informar a su jefatura en un plazo no superior de 24 horas, de cualquier cambio de lo señalado en dicha acta de registro de domicilio.

En relación a lo anterior, se percata que el mes de noviembre del presente año no se le ha realizado la transferencia correspondiente a su remuneración, indicándose en la misma Liquidación su calidad de retirados, y obteniendo como respuesta que no le correspondía percibir remuneraciones según lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017, de la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25.

Así las cosas, se vulneró el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la Republica, pues lo que se describe como sanción, sólo es la eliminación de las filas de la institución y en este caso, está sujeta a los resultados del respectivo sumario administrativo. Por otro lado, el Artículo 23° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11; en lo pertinente, no define el concepto baja por conducta mala, con efectos inmediatos, como tampoco explica los efectos de la misma. Lo anterior es sustentado por la jurisprudencia. Por lo que, debe concluirse que resolver la retención indebida de sus remuneraciones resulta ilegal y arbitrario, atendido el correcto entendimiento del concepto jurídico y/o reglamentario de baja inmediata y por ende viola el derecho de propiedad, en atención a que se le ha privado del derecho de percibir sus remuneraciones mensuales, antes de que la resolución que decretó su baja de las filas de la Institución de Carabineros de Chile, por conducta mala y con efectos inmediatos, se encuentre a firme y ejecutoriada y, además, antes de que tenga la posibilidad de ejercer su legítima defensa, manteniéndose la totalidad de la investigación y las supuestas sanciones disciplinarias a la espera de lo que se resuelva en el Sumario Administrativo.

Por otro lado, los artículos 95 y 96 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y el artículo 57 del Código del Trabajo estipulan que las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables y que solo es posible hacer descuentos o suspender su pago en los casos expresamente permitidos por la ley; siendo esto motivo más que suficiente para disponer que se restablezca el imperio del derecho, adoptando las medidas que juzgue necesarias a fin se ordene el pago inmediato de las remuneraciones que ilegalmente le han sido retenidas al recurrente, sin que exista a la fecha alguna sentencia que se encuentre a firme y ejecutoriada, emanada de una autoridad competente y debidamente facultada para ello, que así expresamente lo disponga.

De esta forma, la conducta del recurrido ha importado claramente una actuación de facto que debe estimarse ilegal y arbitraria, desde el momento que ha decidido por sí, mediante su Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017, privar a su representado de su derecho a percibir sus remuneraciones a contar del mes de noviembre del año 2017, sin que exista sentencia judicial a firme y ejecutoriada que así lo disponga, como asimismo no teniendo aún la posibilidad de ejercer su legítima defensa en un proceso administrativo que recién comienza a través de un sumario administrativo, que será el cual define la verdadera situación que le afecta a su representado y si le asiste o no responsabilidad administrativa en este proceso investigativo, todo lo cual compromete y vulnera gravemente en primer lugar, el derecho de propiedad consagrado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, como asimismo el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos consagrada por el artículo 19 N° 2° y 3° de la Constitución Política de la República.

Por lo tanto: solicitó se acoja el recurso en todas sus partes, declarando que se ha conculcado el derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y ordenando en consecuencia, que el recurrido proceda a modificar la Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017, respecto del fondo de la acción de protección que ha sido plasmada en el cuerpo del presente recurso de protección.

Acompañado los siguientes documentos: 1.- copia simple de Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017, de la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25, 2.- copia simple de acta de registro de domicilio, de fecha 29 de octubre de 2017, de la 6ta. Comisaría Alerce, dependiente de la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25, 3.- copia sentencia autos protección N° 66.719-2017, de fecha 03 de noviembre de 2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y 4.- copia liquidación de remuneraciones diferencia meses anteriores, correspondiente al mes de noviembre de 2017, por un monto de $40.360, correspondiente a diferencias de meses anteriores y que registra a su representado como “RETIRADOS”.

Con fecha 05 de diciembre de 2017, informó don nombre reservado, Prefecto de Carabineros Llanquihue N° 25, en el siguiente sentido:

Que en horas de la madrugada del día 29 de Octubre de 2017 y consecuente a una denuncia recepcionada en la Central de Comunicaciones Cenco, personal policial concurrió a un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de nombre reservado. Una vez en el lugar, se sorprendió que el conductor del automóvil responsable del accidente, correspondía al Ex Cabo 1o de Carabineros nombre reservado, quien lo hacía en manifiesto estado de ebriedad, reconociendo su autoría en el delito. Con la misma fecha y siendo las 14:00 horas aproximadamente, el otrora funcionario es escuchado por el Prefecto de la Prefectura Llanquihue N° 25 instancia en la que representó sus descargos por escrito.

Así las cosas, el Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura Llanquihue N° 25, mediante Resolución Exenta N° 822, de fecha 29 de Octubre de 2017, determinó aplicar al Ex Cabo 1o nombre reservado, una medida administrativa consistente en "Baja de la Filas de la Institución por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos", en virtud de lo dispuesto en las normas del artículo 127°, N° 4, inciso 5, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8.

Sin perjuicio del carácter expulsivo de la medida individualizada, tal como previene la Circular de la Subdirección General de Carabineros N° 1720, de fecha 29 de Junio de 2011, la Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta al resultado final del Sumario Administrativo, en cuya virtud le asistirá el derecho a ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista del Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15, por lo que dada la deficiente conducta funcionaría en que incurrió el recurrente, es evidente que ella lesiona gravemente el Régimen Disciplinario Institucional y hace inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile al incurrir en una transgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, significando un descrédito al prestigio institucional y un menoscabo a la función policial de Carabineros de Chile.

Según normativa que cita, señaló que la misma confiere al Prefecto recurrido facultades disciplinarias respecto de los funcionarios desvinculados, entre las que se encuentra la adoptada en la resolución impugnada, de manera que siendo una facultad discrecional de la cual puede o no hacer uso, más para adoptarla se requiere que la falta sea de gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y que el inculpado confiese su responsabilidad o que esta se haga evidente, tenía la atribución de proceder como lo hizo.

Que en relación al planteamiento formulado por el recurrente, en el sentido de que el acto administrativo atentó contra el derecho a la propiedad, al señalar que tal garantía protege la permanencia en el cargo público, expuso que la resolución impugnada no obedece a un mero capricho, sino que en ella concurren las hipótesis de los artículos 127° N° 4, inciso 5°, del Reglamento de Selección y Ascensos de Personal de Carabineros de Chile N° 8. De igual forma, en relación a la existencia del debido proceso, este principio se sustenta en el hecho de que el recurrente fue escuchado y hasta la presente etapa administrativa, ha tenido instancia de descargos, trámites que la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N° 78.393 de 2010 y 34.641 de 2013 estima esenciales para asegurar un legítimo derecho a defensa, con miras a configurar el anotado principio, los cuales se han ido cumpliendo hasta esta oportunidad.

En razón de lo planteado y conforme los distintos antecedentes, sostuvo que los actos administrativos evacuados por la Prefectura Llanquihue N° 25, los cuales se fundan en la gravedad del actuar del recurrente, permiten concluir que dicho acto administrativo se ha ajustado a las distintas normas legales y reglamentarias, resultando por tanto forzoso desestimar el Recurso de Protección por no existir acto ilegal o arbitrario, resguardándose siempre el debido proceso administrativo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección tiene por objeto restablecer el imperio del Derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes para lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque tal perturbación o amenaza.

SEGUNDO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, el acto que motiva la acción cautelar consiste en la privación de la remuneración que corresponde percibir al recurrente, con ocasión de haberse dispuesto su baja inmediata de la institución, sujeta al resultado final del sumario administrativo, mediante Resolución Exenta N° 822 de fecha 29 de octubre de 2017.

TERCERO: Que, en la presente materia, cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 127 N° 4 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del personal de Carabineros N° 8, sancionado por Decreto N° 5.193 de 1959, del Ministerio del Interior, que establece, en lo pertinente, que si se dispone la baja del servicio a quien sea sorprendido cometiendo una falta grave que lesione gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la institución, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación. Además, el último inciso de la citada disposición, dispone que si se aplica al sumariado, en definitiva, una sanción distinta a la baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la institución.

CUARTO: Que, el precepto referido es el que sirve de base a la recurrida para proceder de la forma que reprocha el recurrente, norma de la cual no se desprende la facultad de la autoridad que ordena el sumario para decretar la suspensión o cese de las remuneraciones que percibe el actor. Más aún, si se tiene presente que la misma Resolución reconoce, que la baja de la institución adoptada por ese acto administrativo tiene el carácter de condicional, sujeta a lo que se decida en el aludido sumario. En consecuencia, del análisis del precepto, en parte alguna se puede inferir dicha prerrogativa, la que en todo caso, tratándose de una medida cautelar que afecta directamente la facultad de disposición, sin perjuicio de las otras facultades que otorga el dominio, que recae sobre los emolumentos que percibe un funcionario público, debe estar contemplada en una norma de rango constitucional o legal, toda vez que la regla general es que la remuneración o sueldo de una persona sea inembargable, como se desprende, a modo ejemplar de lo que establecen entre otros los artículos 95 y 96 de la Ley N° 18.834, Ley sobre Estatuto Administrativo y el artículo 57 del Código del Trabajo, y que solo es posible hacer los descuentos o suspender su pago en los casos expresamente permitidos por la ley.

QUINTO: Que, así las cosas, no derivándose de modo alguno del citado artículo 127 N° 4 la facultad para que se decrete el cese del pago de remuneraciones al sumariado, la decisión que así lo dispuso, carece de sustento legal y se torna arbitraria, afectando el derecho incorporal de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, por lo que el recurso de protección deducido debe ser acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don Luis Alberto Ramírez Rodríguez, en representación de don nombre reservado, en contra del Coronel de Carabineros Sr. nombre reservado, en su calidad de Prefecto de Carabineros Llanquihue N° 25, todos ya individualizados, y se declara que la Institución de Carabineros de Chile deberá restituir al recurrente, el pago íntegro de sus remuneraciones, a contar del 29 de octubre de 2017 y todas las que se devenguen, hasta que se encuentre ejecutoriada la decisión del sumario administrativo que lo afecta, siempre que esa resolución implique la separación del recurrente de las filas de la institución.

Redacto el Ministro Suplente don Jaime Rojas Mundaca.

Regístrese y archívese.

Rol 1699-2017.-