nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, cinco de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1 ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado, con fecha 2 de septiembre de 2019, comparece Braulio Sanhueza Burgos, abogado, en representación convencional según mandato judicial de don nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado; nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, y nombre reservado, RUT NºRUT reservado, interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Jefa de Personal de la Municipalidad de nombre reservado, don nombre reservado, de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, estos últimos en su calidad de Concejales de la comuna de nombre reservado, todos los recurridos domiciliados en domicilio reservado, de nombre reservado.

Expone como fundamento de la acción, que los ocho recurrentes se desempeñan como porteros, nocheros y rondines de diversos establecimientos o instalaciones municipales, siendo su vinculación con el Municipio mediante contratos de trabajo a plazo fijo, sucesivos e ininterrumpidos en el tiempo, incluso en algunos casos por más de diez años. Sostiene que la irregularidad de dicha contratación ha sido objetada por la Contraloría Regional de Los Lagos, en el sentido de indicar que el municipio no está facultado para contratar a sus dependientes, que desempeñan labores como las de los recurrentes, con un contrato de trabajo, el que está reservado solamente para quienes se desempeñan en los servicios traspasados, como sería en este caso el DAEM y Servicio de Salud Municipal, y para aquellos casos en que sólo se presten servicios en balnearios, sectores turísticos o de recreación.

Así, la Contraloría en el mes de abril de 2018, dio la orden perentoria al municipio en el sentido señalado; ordenando que los servicios que prestan estos guardias sean externalizados a través de una licitación pública para que un privado se haga cargo de gestionarlos.

A partir de esa fecha la administración municipal ha señalado, al menos en cuatro oportunidades, que se pondría término a sus contratos de trabajo y se les pagaría los correspondientes finiquitos. Así ocurrió en noviembre del 2018, febrero del 2019 y mayo del 2019, y finalmente en la semana comprendida entre el 26 y 30 de agosto de 2019. En efecto el día 27 de agosto de 2019, asisten a una reunión con la Jefa de Personal, y los abogados municipales, en ella se les comunicó la decisión ya tomada por el Alcalde, de poner término a sus contratos de trabajo por la causal de necesidades de la empresa, y de pagar los finiquitos conforme a sus cálculos durante esa misma semana, y que finalmente, y en lo que interesa a este recurso, se les advirtió que de hacer reservas de derechos en el finiquito respectivo se echaría atrás la decisión de poner término a sus contratos de trabajo y consecuencialmente no se les pagarían los finiquitos.

Agrega que la reserva que pretendían los trabajadores dice relación con la discrepancia en la base de cálculo de las indemnizaciones contenidas en el finiquito.

El recurso de protección tiene por propósito que se ordene a los recurridos sigan estrictamente las instrucciones dadas por la Contraloría sobre la materia y otorgar los finiquitos sin impedir que los trabajadores hagan las respectivas reservas de sus derechos, debido a que se produce una situación de desigualdad entre el trabajador y el Municipio al aprovecharse el segundo, de la vulnerabilidad de sus dependientes, sujetos a una forma ilegal de contratación, pretende imponer condiciones perjudiciales para los legítimos intereses económicos de los trabajadores en el sentido de objetar la base de cálculo de la indemnización y otras impugnaciones al contenido del mismo.

En el mismo sentido los señores (as) concejales (las) de la comuna de nombre reservado, han incurrido igualmente en un acto arbitrario e ilegal, pues estando en conocimiento de la situación grave, irregular, y de larga data que afecta a los actores, nada hicieron al respecto, particularmente en cuanto a lo que refiere a la forma de contratación objetada por Contraloría Regional, incurriendo entonces en una omisión negligente a su labor de fiscalización de las unidades municipales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.- Agrega que los derechos constitucionales vulnerados a los recurrentes serían por una parte el derecho de propiedad, en cuanto a la facultad o potestad de manifestar su desacuerdo con las condiciones que el empleador indique en los finiquitos, pretendiendo éste imponer una renuncia anticipada al derecho que le asiste al trabajador, de manifestar su disconformidad con éste. Y que además se afecta el derecho a la igualdad ante la ley, al limitar el derecho de los recurrentes a hacer reservas respecto de las cuales los trabajadores tienen tal prerrogativa.

Peticiona concretamente que acogiéndose el recurso, se disponga que los recurridos se abstengan de realizar acciones que impidan la reserva de derechos de los trabajadores en el finiquito de trabajo, con costas.

Acompaña al recurso; 1. Oficio Nº 2078 del 18.04.2018 de Contraloría; 2. Oficio Nº 4071 del 11.07.2019 de Contraloría; 3. Oficio Nº3663 del 07.06.2019 de Contraloría; 4. Copia demanda caratulada “nombre reservado/I. MUNICIPALIDAD DE nombre reservado”, RIT O-78-2019; 5. Mandato judicial para representar a los recurrentes.

Declarado admisible el recurso a folio 3, se solicita informe a los recurridos.

A folio 7, la recurrida Ilustre Municipalidad de nombre reservado, por intermedio del abogado Egidio Cáceres Langenbach, informa señalando que niega los hechos expuestos por la recurrida para fundamentar el recurso de protección.

Expone que efectivamente la Municipalidad de nombre reservado, para efectuar el debido resguardo de sus diferentes inmuebles, utiliza los servicios de guardias contratados, para lo cual mantiene actualmente cerca de 80 guardias de seguridad, contratados bajo la modalidad jurídica de “contrato de trabajo” y la Contraloría General de la República, por medio de oficios y dictámenes, desde el año 2018, ha observado la modalidad de contratación, a la luz de las disposiciones de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, disponiendo que la Municipalidad deberá proceder a regularizar la contratación, advirtiendo que la modalidad de contratos de trabajo no se ajusta a la normativa del estatuto y conforme a lo anterior se ha resuelto proceder a la externalización de los servicios, mediante un proceso de licitación pública, por lo que actualmente la Municipalidad, se encuentra en la etapa de reelaboración de las bases de licitación.

Señala que el año 2019, un grupo de 11 guardias, legítimamente interpusieron una demanda de cobro de prestaciones económicas, por un monto de $115.000.000, bajo el RIT O–78–2019, en el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado y en dicha instancia las partes, debidamente representadas por sus abogados, exploraron las bases de una conciliación teniendo en consideración una propuesta de la Sra. Jueza de dicho tribunal. En aquel contexto los abogados de los trabajadores y de la Municipalidad, y la encargada de personal Sra. nombre reservado, sostuvieron diversas reuniones en la Municipalidad de nombre reservado, destinadas a buscar un acuerdo. En un principio, se llegó a un acuerdo económico por la totalidad de las prestaciones demandadas en la causa, sin embargo, los propios abogados de los recurrentes solicitaron expresamente el término de la relación laboral, con pago de indemnizaciones por años de servicios y prestaciones propias del término de la relación laboral. En principio, la Municipalidad no se encontraba de acuerdo con la solicitud, toda vez que, el servicio de guardias, no se encuentra en etapa de adjudicación, y por ello, se requiere de la totalidad de los guardias, para resguardar los bienes Municipales, pero finalmente se accedió.

En dependencias de la Municipalidad de nombre reservado, la totalidad de las partes – incluyendo a los 11 trabajadores – se reunieron para afinar los detalles del acuerdo. En aquella instancia, el abogado de los trabajadores manifestó que los finiquitos involucrados en el avenimiento serían objeto de sendas reservas de derechos, cuestión que la Municipalidad no aceptó, principalmente porque entienden que un avenimiento o transacción, otorga certeza a las partes de no realizar nuevas presentaciones a tribunales y dan por superadas la totalidad de diferencias sostenidas a causa o con ocasión de la relación laboral, y bajo una reserva de derecho, aquella condición no se verificaría, por lo que el acuerdo no pudo materializarse y a la fecha del informe se estaba a la espera en la causa laboral de dictación del fallo para el día 27 de septiembre de 2019.

Por lo anterior, sostiene la recurrida que no existe acto u omisión ilegal u arbitraria, toda vez que lo sucedido es que la Municipalidad no ha aceptado una de las condiciones propuestas por los demandantes para alcanzar un acuerdo, por lo que no existe afectación a las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que es facultad del empleador disponer el término de contrato, y por otro lado, las partes son libres para poder establecer condiciones de un acuerdo y/o avenimiento y los recurrentes pretenden discutir, con ocasión de la acción Constitucional, cuestiones propias del término de una relación contractual, pretensiones propias de un juicio ordinario laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, y en virtud de ello, no existen derechos indubitados que proteger y ciertamente lo propuesto debe ser sometido a un procedimiento de lato conocimiento y que permita a las partes, aportar pruebas. En virtud de ello, el recurso de protección, no resultará ser la acción natural para discutir cuestiones propias del término de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo.

A folio 11 la Municipalidad recurrida acompaña los siguientes documentos; a) Bases Técnicas de Licitación Pública “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”; b) Bases Administrativas “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”; c) Decreto de Aprobación de Licitación Pública “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”; d) Acta de Apertura de Licitación Pública “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”; e) Acta de Análisis Ofertas Económicas de Licitación Pública “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”; f) Decreto Exento que declara desierta la Licitación Pública “Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad y Vigilancia para Dependencias de la Municipalidad de nombre reservado”;

Según consta a folio 17, se prescinde de los restantes informes de los recurridos, salvo el de nombre reservado, Jefa de Personal de la Municipalidad de nombre reservado, quien informa que no tiene más antecedentes que aportar y se adhiere a lo expuesto en el informe de la Municipalidad en que se desempeña.

A folio 17 con fecha 18 de febrero de 2020, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales derechos. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos; que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por el recurrente se fundamenta en que a sus representados se les habría afectado gravemente los derechos constitucionales reconocidos en los Nros. 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad. El acto ilegal y arbitrario de la parte recurrida, consistiría en impedir el ejercicio de la facultad o potestad de los trabajadores de manifestar desacuerdo o disconformidad con las condiciones en que el empleador, Ilustre Municipalidad de nombre reservado, les extiende los respectivos finiquitos, no permitiéndoles hacer reservas en el mismo, siendo ello una prerrogativa; por lo que solicita que la parte recurrida se abstenga de realizar acciones que impidan ejercer dicho derecho en el finiquito de la relación laboral.

TERCERO: Que la principal recurrida, Ilustre Municipalidad de nombre reservado, solicita el rechazo del recurso sosteniendo en síntesis que dichas materias están siendo conocidas en sede laboral bajo el Rit N° O-78-2019, del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, iniciada por demanda de 11 trabajadores, entre los que están los recurrentes; que en dicha instancia las partes han explorado bases de conciliación o acuerdo, siendo los abogados de los trabajadores quienes han solicitado expresamente el término de la relación laboral, con pago de indemnizaciones por años de servicio y prestaciones, a lo que la Municipalidad accede, salvo en cuanto a la posibilidad de admitir reserva de derechos en los finiquitos que pudieran llegar a extenderse como consecuencia del eventual término de la relación laboral.

Que lo planteado por la Municipalidad tuvo como motivo la falta de certeza que irrogaría a las partes un acuerdo con reserva de derechos de una de las partes, en cuanto a que no se inicien otras pretensiones judiciales.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, incluido los alegatos de los abogados de las partes en audiencia de 25 de febrero de 2020, se tiene por acreditado que los recurrentes prestan servicios para la Ilustre Municipalidad de nombre reservado como guardias de seguridad, nocheros, rondines y porteros, bajo la modalidad jurídica de contrato de trabajo. Además, once de dichos trabajadores, incluidos los ocho recurrentes, han incoado acción de cobro de prestaciones económicas, por un monto de $115.000.000, proceso substanciado bajo el RIT O – 78 – 2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, autos en los cuales se ha dictado sentencia que rechazó la demanda, existiendo en su contra un recurso de nulidad, que ha sido ingresado ante esta Corte de Apelaciones bajo el Rol N° 384-2019 y que se encuentra pendiente aún de resolución. Además las partes han conversado bases de solución o acuerdo en dicho autos, bajo la modalidad de término de la relación laboral con pago de prestaciones, lo que no prosperó debido a la intención de los demandantes de, no obstante dicha conciliación o avenimiento, estampar reserva de derechos en los finiquitos, lo que no es aceptado por la Municipalidad demandada.

QUINTO: Que, debido a lo anterior, no es posible concluir que el acto u omisión reprochado a la Municipalidad de nombre reservado tenga el carácter de ilegal o arbitrario, condición insoslayable para la procedencia del recurso y que puede concurrir cuando es contrario al ordenamiento jurídico, o carente de justificación y/o razonabilidad. Ninguno de estos reproches ha resultado }acreditado, y en cambio la recurrida Ilustre Municipalidad de nombre reservado ha probado que los recurrentes han judicializado aspectos relativos a la solución de cobro de prestaciones laborales, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, y es en dicho marco de acción en el que han realizado tratativas de acuerdo en que los trabajadores buscaban que la recurrida ponga término a la relación laboral con el pago de ciertas indemnizaciones. Que tales negociaciones no prosperaron debido a la insistencia en torno a firmar un acuerdo bajo reserva de acciones, condición que no fue aceptada por la recurrida, por cuanto ello significaría dejar subsistente el conflicto laboral a través del eventual ejercicio de nuevas acciones relativas al cobro de prestaciones; que la no aceptación de dicha reserva de acciones no puede ser tildada como ilegal o arbitraria, pues la relación laboral no ha sido terminada y no ha sido extendido algún finiquito, tratándose de una negociación que no ha generado efectos hacia las partes, esto es, no ha generado derechos a favor de unos ni otros.

Asimismo, dicha negativa resulta esperable de las partes que participan en una negociación destinada a poner fin a conflictos judiciales, en cuanto a que los acuerdos sean completos y definitivos.

SÉPTIMO: Que, no sirve este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo ante acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales. Como ya se expuso, se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario correspondiente.

Que, en este sentido y como ya se expuso, el conflicto laboral entre las partes se encuentra actualmente sometido al imperio del derecho, bajo el conocimiento de la sede judicial respectiva.

OCTAVO: Que, en consecuencia y al no aparecer que se hubiese causado a los actores alguna conculcación de alguno de los derechos que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones, conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso interpuesto.

Que los fundamentos precedentes agotan también cualquier debate o reproche relacionado a los recurridos que no evacuaron el informe que les fue solicitado.

Con lo razonado, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 7, 19 N°2 y N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por el abogado Braulio Sanhueza Burgos, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

II. Que se exime al recurrente del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para recurrir.

Redacción del Abogado Integrante don nombre reservado.

No firma la Ministra Titular doña Ivonne Avendaño Gómez y la Ministra Suplente doña Jimena Muñoz Provoste, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, la primera por encontrarse con reposo médico y la segunda por haber cesado en su designación.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL 1698-2019 PROTECCIÓN.