Protección contra CAR S

Puerto Montt, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, compareció doña nombre reservado deduciendo recurso de protección en contra de CAR S.A., emisora y operadora de la Tarjeta de Crédito Ripley, por estimar ilegal y arbitraria su negativa a cancelar el cargo derivado de una compra fraudulenta efectuada con su tarjeta de crédito el 30 de julio de 2025, por la suma de $974.950, correspondiente a un producto adquirido a través de Mercado Pago por un tercero que la habría contactado telefónicamente, suplantando a una ejecutiva del Banco Ripley y obteniendo sus datos personales y claves.

Expuso que dio aviso inmediato a la recurrida, bloqueó la tarjeta, denunció los hechos ante Carabineros y el Ministerio Público, formuló declaración jurada de desconocimiento conforme a la Ley N° 20.009 y reclamó ante SERNAC, no obstante lo cual CAR S.A. rechazó cancelar el cargo, mantuvo su cobro y anunció eventuales acciones judiciales en su contra, imputándole autorización de la operación o grave negligencia.

Sostuvo que la recurrida infringió los deberes establecidos en los artículos 5 y 5 bis de la Ley N°20.009, pues, tratándose de una operación bajo el umbral legal, debía cancelar el cargo o, si estimaba existir dolo o culpa grave de la usuaria, acudir oportunamente al Juzgado de Policía Local para obtener autorización de mantener la suspensión, lo que no habría realizado.

Afirmó que dicho actuar vulnera sus garantías de integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, honra y propiedad, al trasladarle los efectos patrimoniales de un fraude, mantener una deuda que desconoce, afectar eventualmente su historial crediticio y atribuirle responsabilidad en la estafa sufrida.

Solicita que se acoja el recurso, se ordene cancelar la operación reclamada y todo reajuste, interés, seguro, comisión o cargo asociado, cesar toda cobranza judicial o extrajudicial, abstenerse de iniciar acciones en su contra, remitir los antecedentes al Ministerio Público y adoptar las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó: 1.- Detalle de la compra efectuada mediante estafa telefónica, la declaración jurada completada y remitida a la recurrida y correo electrónico de respuesta de CAR S.A. al desconocimiento por mí efectuado, de fecha 17 de septiembre de 2025. 2.- Impresión de pantalla de mis datos personales y comerciales alojados en la plataforma web de CAR S.A., más los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard emitida los meses de agosto y septiembre del año en curso. 3.- Copia del parte policial y de la denuncia ante Ministerio Público RUC 2501086180-5, con el documento en el que consta el archivo provisional de la causa. 4.- Copia del reclamo ante Servicio Nacional al Consumidor, con las actas donde consta la negativa de la recurrida a cancelar el cargo por la compra fraudulenta. 5.- Impresión de pantalla en la que consta el estado actual del reclamo derivado por el SERNAC a la Comisión para el Mercado Financiero, el que sólo aparece como “Ingresado” al día de hoy. 6.- Impresión de pantalla donde consta las acciones judiciales ingresadas al día de hoy por CAR S.A. en los Juzgados de Policía Local de Puerto Montt; 7.- Sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt en causa proteccional Rol N° 4044-2022 de fecha 18 de octubre de 2022. 8.- Sentencia dictada por la E. Corte Suprema con fecha 13 de enero de 2023, que confirma la sentencia anterior dictada por S.S.I.

A folio 4, se concedió orden de no innovar por segunda sala, en orden a suspender la cobranza del cargo generado por la compra del producto denominado Pala de pádel marca Adidas, modelo Metalbone 3.3 nombre reservado 2024 por la suma de $974.950, y además abstenerse de publicar la deuda en el sistema financiero, mientras se tramita el presente recurso.

A folio 12, evacuó informe la recurrida solicitando su rechazo, con costas, sosteniendo, en primer término, que la acción sería extemporánea, por cuanto los hechos denunciados habrían ocurrido el 30 de julio de 2025 y el recurso fue interpuesto recién el 15 de octubre del mismo año, excediendo el plazo de 30 días previsto en el Auto Acordado sobre la materia.

En cuanto al fondo, negó haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, afirmando que la operación desconocida por la recurrente fue autorizada mediante mecanismos de autenticación reforzada, consistentes en el uso de datos de la tarjeta, clave Pin Pass y clave OTP enviada al número telefónico registrado por la propia usuaria, quien además habría reconocido haber entregado telefónicamente los datos de su tarjeta y claves a un tercero.

Sostuvo que, conforme a la investigación interna de prevención de fraudes, la transacción se realizó cumpliendo los estándares de seguridad exigibles y que la situación se enmarca, a lo menos, en una grave negligencia de la titular al permitir el acceso de terceros a factores personales e intransferibles de autenticación.

Agregó que actuó conforme a la Ley N°20.009, al suspender la cancelación del cargo por existir antecedentes de dolo o culpa grave, y que posteriormente interpuso demanda ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, Rol NUM000, para que se resolviera la controversia.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales ni derecho indubitado que cautelar por esta vía, pues la discusión exige prueba y corresponde ser conocida en un procedimiento de lato conocimiento, especialmente atendida la controversia sobre la autorización de la operación, la conducta de la usuaria y la eventual procedencia de la restitución solicitada.

Acompañó: 1. Estado de cuenta de Tarjeta de Crédito Ripley Mastercard correspondiente a doña nombre reservado, correspondiente al periodo entre el 31 de octubre de 2025 y 30 de noviembre de 2025. 2. Informe de Prevención de Fraudes NUM001 emanado de la Gerencia de Riesgo Operacional de Banco Ripley, de fecha 17 de septiembre de 2025. 3.

Formulario Único de Desconocimiento de Transacciones correspondiente a doña nombre reservado, de fecha 5 de septiembre de 2025. 4. Contrato Unificado de Productos y Servicios Bancarios de Banco Ripley, suscrito por doña nombre reservado el 21 de julio de 2023. 5. Resolución de fecha 21 de octubre de 2025 dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Puerto Montt en causa Rol NUM000. 6. Declaración jurada por desconocimiento de transacciones de doña nombre reservado. 7. Parte de denuncia realizada por doña nombre reservado el día 31 de julio de 2025 ante el Ministerio Público. Y considerando: Primero: El recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley; o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: La presente acción se dirige contra CAR S.A., por el acto que se califica como ilegal y arbitrario, consistente en la negativa de la entidad financiera a cancelar el cargo derivado de una compra fraudulenta efectuada con su tarjeta de crédito el 30 de julio de 2025, por la suma de $974.950, correspondiente a un producto adquirido a través de Mercado Pago por un tercero que la habría contactado telefónicamente, suplantando a una ejecutiva del Banco Ripley y obteniendo sus datos personales y claves.

Sostuvo que la recurrida debía cancelar el cargo o, si estimaba existir dolo o culpa grave de la usuaria, acudir oportunamente al Juzgado de Policía Local, lo que no habría realizado, viendo vulneradas sus garantías de integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, honra y propiedad, y pidió se acoja la acción, cancelando la operación reclamada y todo reajuste, interés, seguro, comisión o cargo asociado, cesando toda cobranza judicial o extrajudicial, absteniéndose de iniciar acciones en su contra, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público y adoptando las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Cuarto: El recurrido por su parte, solicitó el rechazo de la acción, por ser ésta extemporánea. En cuanto al fondo, adujo que la propia actora reconoció la entrega de claves y datos bancarios, lo que constituye un actuar negligente de la actora. Sostuvo que actuó conforme a la Ley N°20.009, no existiendo vulneración de garantías constitucionales ni derecho indubitado que cautelar por esta vía.

Quinto: Como primera cuestión, debe descartarse la alegación de la recurrida en torno a la extemporaneidad de la acción, pues según afirma el propio recurrente, el acto cuestionado es no sólo la negativa a cancelar el cargo derivado de la compra referida, sino las acciones de cobro asociadas a ésta que vinieron de forma posterior, por lo que habrá de estarse a éstos últimos, que han sido permanentes en el tiempo y se mantienen a la fecha, descartándose por ello la alegación de extemporaneidad, sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo Sexto: En cuanto al fondo del asunto, del tenor de la propia controversia puesta en conocimiento de este tribunal por la recurrente, aparece claro que para resolver acerca de la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta que se reprocha a la recurrida es menester asentar en primer lugar si la actora autorizó -mediante el otorgamiento de sus claves y datos bancarios- o no la compra desconocida en estos autos, ya la luz de ello determinar si, en definitiva, la entidad financiera se encontraba o no habilitada a disponer la cancelación del cargo y perseguir su cobro. Séptimo: De los antecedentes allegados a esta causa, no aparece que la operación cuestionada carezca de respaldo ni que se hubiera cursado en forma ajena a los mecanismos de autenticación convenidos entre las partes. Por el contrario, lo cierto es que la propia recurrente reconoce haber otorgado su información bancaria vía telefónica, incluyendo claves personales, lo que se ve reafirmado por el informe acompañado por la entidad bancaria.

Octavo: Lo anterior resulta coherente con el Contrato Unificado de Productos y Servicios Bancarios suscrito por la recurrente, en que se regulan expresamente la clave secreta, clave de coordenadas y canales remotos de operación, disponiéndose que las transacciones realizadas mediante tales mecanismos se consideran válidas y auténticas del cliente, sin perjuicio de las acciones que pudieren corresponder en casos de fraude.

Noveno: En consecuencia, la compra objeto de autos aparece justificada por el uso de mecanismos de autenticación asociados personalmente a la recurrente, sin que existan antecedentes en autos que den luces de un incumplimiento del deber de seguridad o resguardo de la recurrida.

Décimo: Por lo mismo, no se advierte por estos sentenciadores en la actuación de CAR S.A. una ilegalidad o arbitrariedad, al rechazar la petición de la actora, por cuanto esta aparece fundada a priori en la propia actuación de la recurrente de haber entregado sus datos bancarios a terceros.

Sin perjuicio de ello, la existencia de dolo o culpa grave por parte de la actora excede de la materia de cognición sumaria del presente recurso de protección, debiendo establecerse en un procedimiento de lato conocimiento.

Décimo primero: Así las cosas, no habiéndose acreditado en esta sede la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace de manera ilegítima las garantías invocadas por la recurrente, la acción constitucional deducida no podrá prosperar. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara: I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por nombre reservado, en contra de CAR S.A.

II.- Atendido el estado de la presente causa, déjese sin efecto la orden de no innovar. III.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, atendida la naturaleza de la acción deducida.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial (S), don nombre reservado, quien estuvo por acoger la presente acción, ya que el actuar de la recurrida no se enmarca en el procedimiento establecido en la Ley 20.009, encontrándose acreditado en autos que, si bien se concurre al Juzgado de Policía Local respectivo a efectos de suspender la cancelación del cargo, la entidad financiera no continúa adelante con dicho cobro, encontrándose a la fecha archivado el respectivo procedimiento. En este orden de ideas, y a efectos de legitimar su actuar, la institución recurrida debió acreditar la negligencia alegada en la instancia procesal legalmente establecida y ante juez competente, lo que no ocurrió, siendo en consecuencia arbitrario e ilegal su actuar. Redacción a cargo del Ministro Titular, don Jaime Meza Sáez.

No firman el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez y el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con licencia médica y por haber cesado en su cometido funcionario, respectivamente. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Rol Protección Nº1695-2025.