Protección contra Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Puerto Montt, diez de Julio de dos mil veintiséis VISTOS:

En folio 1 comparece doña nombre reservado, profesora de educación general básica de la Escuela Padre Alberto Hurtado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, representada por el Sr. Alcalde don Rodrigo Javier Wainraight Galilea. Denuncia como acto ilegal y arbitrario, la orden y ejecución de descuentos en sus remuneraciones, derivados del rechazo de la Licencia Médica N° 3‑105689281‑4, por enfermedad común, que le otorgaba 15 días de reposo entre el 5 y el 19 de agosto de 2024. Señala que su empleador directo es el nombre reservado de la Municipalidad y que, paralelamente, se instruyó un sumario administrativo por salida del país durante dicho período de licencia, por mandato de la Contraloría General de la República, según se desprende del Decreto Exento N° 6.955, de 26 de mayo de 2025, que ordena investigar a diversos funcionarios del nombre reservado, entre ellos la recurrente.

Expone que dicha licencia fue inicialmente aceptada y pagada, pero posteriormente la Subcomisión de Salud Llanquihue‑Palena, dependiente de la SEREMI de Salud de Los Lagos, la rechazó por infracción al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, por incumplimiento del reposo prescrito; que dicha resolución sanitaria le fue notificada el 3 de octubre de 2025, frente a lo cual interpuso recurso de reposición ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, cuyo estado en la plataforma oficial, al tiempo de interponer el presente recurso, figuraba como “Evaluación por Contralora Médica”, esto es, con el procedimiento administrativo abierto y sin resolución firme.

Afirma que, pese a lo anterior, la Municipalidad recurrida efectuó descuentos en su remuneración mensual, imputándolos a la licencia médica rechazada; que al respecto, en su liquidación de octubre de 2025 se practicó descuento bajo la glosa “DESCTO LICENCIA MEDICA” por un monto de $149.750, quedando un líquido a pagar de $1.900.381, lo que se reitera en la liquidación de noviembre y se proyecta para meses siguientes.

Sostiene que la recurrida conocía del rechazo de la licencia y recurso de reposición, así como la situación económica que generaba, pues el 9 de octubre de 2025 ingresó a las dependencias de nombre reservado una carta, dirigida al Jefe de nombre reservado don nombre reservado, ingreso N° 2894, en que informa la notificación del rechazo y la interposición del recurso ante COMPIN, y solicita que ante un eventual descuento, éste se realice en 4 cuotas, para no afectar gravemente sus finanzas. Añade que en esa misma fecha se llevó a cabo una reunión con dicho jefe de nombre reservado, en presencia de otras docentes en situación similar, ocasión en la que se habría alcanzado un acuerdo en el sentido de no practicar descuentos mientras se encuentren pendientes los procesos de apelación ante COMPIN y, en su caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, y fraccionar el eventual reintegro en cuotas una vez ejecutoriado el rechazo.

Agrega que dicha comunicación se ve corroborada por el Oficio Ordinario N° 2341, de 13 de octubre de 2025, emitido por el Jefe de nombre reservado, mediante el cual se remiten las cartas de las docentes al encargado de la unidad de licencias médicas y al encargado de remuneraciones, indicando que las funcionarias solicitan que se consideren sus descuentos conforme a las liquidaciones de sueldo y se evalúen los montos a fin de no afectar sus ingresos mensuales. Asimismo, indica que el Ordinario N° 2543 de 23 de octubre de 2025, expedido por la Jefa de Unidad de Recursos Humanos del nombre reservado, ordena aplicar descuentos en 4 cuotas a diversas funcionarias de la Escuela Padre Alberto Hurtado, entre ellas la recurrente, por licencias médicas re‑dictaminadas como rechazadas, detallando la cantidad de licencias, monto por cuota y total a descontar, lo que demostraría que el empleador estructuró un mecanismo de reintegro parcelado de sumas derivadas de licencias cuestionadas.

Sostiene que a pesar del acuerdo de palabra alcanzado y de la pendencia del recurso de reposición, el municipio ha procedido de manera unilateral y arbitraria a ejecutar los descuentos, vulnerando la buena fe y privándola de parte de su remuneración. Destaca que el cuadro “Detalle licencias médicas rechazadas” de 23 de octubre de 2025, consigna que la licencia de la recurrente, de 15 días de reposo, generó 10 días de descuento por un monto total de $599.000, a ejecutarse en 4 cuotas de $149.750, lo que implica una afectación significativa de su sueldo mensual y que le ha provocado perjuicio patrimonial actual y concreto, reflejado en la disminución de su haber líquido pagado y la necesidad de destinar recursos menguados a gastos básicos.

Alega la vulneración a la prohibición de autotutela y debido proceso consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, que impide a la Administración hacerse justicia por sí misma ejecutando deudas que aún se discuten, y que en su caso el nombre reservado ha descontado sumas de su salario basándose en un rechazo de licencia que no es un acto firme, dado que el recurso ante COMPIN figura como “Evaluación por Contralora Médica”, por lo que la supuesta deuda es incierta. Indica que al detraer parte de su remuneración antes de que la autoridad sanitaria emita un veredicto final, el municipio actúa como juez y parte, ejecutando una sanción pecuniaria por mano propia, en contravención al debido proceso administrativo y a la presunción de buena fe que la ampara.

Además invoca infracción a su derecho de propiedad sobre la remuneración devengada, reconocido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto el sueldo forma parte de su patrimonio y que para que el Estado pueda privarla de él requiere un título legal perfecto, que no existe mientras el proceso de licencia siga abierto y el rechazo esté en revisión. Sostiene que al descontarle parte de su sueldo líquido sobre la base de una resolución no ejecutoriada, el recurrida expropia de facto sus recursos, configurando una vía de hecho, contraria a la jurisprudencia que ha considerado ilegal el descuento de remuneraciones sin acto firme.

También afirma que el acto recurrido trasgrede la confianza legítima y la doctrina de los actos propios de la Administración, al haber expresado el Jefe de nombre reservado que no se efectuarían descuentos mientras se tramitaran las apelaciones, con lo que generó en ella una expectativa razonable sobre cuya base organizó su vida económica y sus compromisos financieros. Sostiene que al proceder posteriormente a practicar descuentos ignorando su propia promesa, el municipio actúa contra sus actos propios y de mala fe, quebrantando la confianza legítima que debe regir la relación funcionaria.

Finalmente, plantea que el actuar de la recurrida amenaza su integridad psíquica, del artículo 19 N° 1 de la Constitución, dado que la licencia médica cuestionada es de origen psiquiátrico y que la privación sorpresiva y reiterada de parte de su remuneración, mientras su licencia se discute, la ha sumido en un estado de angustia e incertidumbre profunda, agravando su patología de base. En este contexto, sostiene que el Estado ha ejecutado acciones que empeoran su condición, al poner en riesgo su sustento vital mediante descuentos que pudieron evitarse esperando el fallo de COMPIN y, eventualmente, de SUSESO.

Por tales motivos, solicita a esta Corte que acoja la acción con expresa condena en costas, y ordene a la Municipalidad la paralización de los cobros y el reintegro de los descuentos ya practicados, hasta que la autoridad sanitaria se pronuncie definitivamente.

Acompañó a dicho recurso documentos como certificado del estado de recurso de apelación ante COMPIN, cartola bancaria, carta ingresada al Municipio, liquidación de remuneraciones y comprobante de la licencia médica.

En folio 11 comparece la recurrida, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, a través de su abogado don Aníbal Anco Molina, quien solicita el rechazo del recurso, con costas, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a su actuación, y que ninguna de las garantías constitucionales invocadas se encuentra vulnerada.

Señala que la recurrente omite elementos esenciales para comprender el caso, y parte por destacar que el rechazo de la licencia médica constituye un acto administrativo válido y eficaz, dictado por la autoridad sanitaria competente, debidamente notificado, que habilita al empleador para ajustar las remuneraciones conforme al principio de legalidad y a las normas previsionales aplicables.

Hace referencia al pronunciamiento de la Subcomisión de Salud Llanquihue‑Palena, dependiente de la SEREMI de Salud de Los Lagos, de 26 de septiembre de 2025, que rechaza la licencia de la actora por infracción al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3, por incumplimiento del reposo, pronunciamiento que fue emitido y notificado, constando su recepción y el respectivo código de verificación.

Sostiene que el procedimiento de reclamación ante COMPIN no suspende los efectos jurídicos de la resolución que rechazó la licencia, de modo que, desde la dictación de dicho acto sanitario, tal licencia pierde la aptitud de generar derecho al subsidio ni a mantención de remuneraciones durante el período respectivo. Alega que el régimen de licencias médicas contempla que éstas producen efectos inmediatos y que la impugnación de las resoluciones, por vía de reposición o recursos posteriores, no tiene un efecto suspensivo automático, razón por la cual la recurrida, en su rol de empleadora, no puede ignorar una resolución vigente ni dejar de aplicar sus consecuencias, en virtud de la Ley N° 19.880 y la normativa sectorial.

Enfatiza que la Municipalidad de Puerto Montt no fue parte de los procedimientos de autorización y posterior rechazo de la licencia médica, el cual se desarrolla ante COMPIN y la Subcomisión de Salud, por lo que se limita a recibir la resolución y ajustar sus pagos de acuerdo con ella. En ese sentido, sostiene que exigirle esperar a la conclusión de recursos administrativos en los que no interviene, importaría trasladarle responsabilidades que el ordenamiento jurídico no le impone y que, por el contrario, el principio de legalidad le obliga a adecuar las remuneraciones a la decisión sanitaria vigente.

Luego describe a los descuentos efectuados como la mera regularización de un pago improcedente y consecuencia directa del rechazo de la licencia, no como una sanción disciplinaria ni medida punitiva. Agrega que, según el cuadro “Detalle licencias médicas rechazadas” y Ordinario N° 2543, el rechazo de la licencia de la recurrente dio lugar a 10 días de descuento por un monto total de $599.000, a ejecutarse en 4 cuotas de $149.750, los que responden exclusivamente a la inexistencia de título jurídico habilitante para el pago durante el período de reposo. Afirma que la licencia rechazada no genera derecho a subsidio ni a la mantención de remuneraciones, y que la actuación del Servicio se limitó a dar cumplimiento al ordenamiento vigente, sin ejercer potestades punitivas ni adoptar medidas arbitrarias o desproporcionadas.

En relación con el sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, la Municipalidad, reconoce que mediante Decreto Exento N° 6.955, de 26 de mayo de 2025, se ordenó investigar a funcionarios del nombre reservado que habrían salido del país durante licencias médicas, entre quienes se encuentra la recurrente. No obstante, precisa que dicho procedimiento disciplinario no guarda relación directa con los descuentos impugnados en autos, fundados exclusivamente en el rechazo de la licencia y la improcedencia del pago de remuneraciones, separando la esfera sancionatoria de la regularización económica.

Añade que no existe autotutela ni vulneración del debido proceso del artículo 19 N° 3, por cuanto el empleador no crea la obligación ni dicta el acto de rechazo, sino que sólo aplica el contenido de una resolución emitida por la autoridad competente en materia de licencias médicas; que la recurrente ha ejercido sus derechos en el procedimiento sanitario, presentando recurso de reposición y siguiendo las etapas previstas, por lo que su debido proceso se ha respetado en esa sede, y que la actuación del municipio no equivale a hacerse justicia por sí mismo, sino a cumplir con el acto administrativo vigente.

También afirma que no hay vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, porque ese derecho no protege pagos indebidos.

Estima que, para que exista un derecho de propiedad protegido, debe existir un título válido que justifique la tenencia del bien, lo que no concurre cuando la licencia ha sido rechazada por incumplimiento del reposo, de manera que las sumas pagadas por ese período carecen de causa legal y deben ser restituidas. En tal sentido, sostiene que no se priva a la recurrente de bienes propios, sino que simplemente se regulariza un pago improcedente derivado de la aplicación del DS N° 3 y la normativa de licencias.

Que, respecto de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios, sostiene que la recurrente construye su expectativa sobre comentarios informales realizados por funcionarios del nombre reservado, que no constituyen actos administrativos ni generan confianza legítima protegible. Invoca los artículos 6 y 7 de la Constitución para señalar que ninguna autoridad puede arrogarse facultades que no detenta, y que la confianza legítima exige actos formales, claros y emanados de autoridad competente, capaces de crear una expectativa jurídica; que en este caso no existe un acto formal del municipio que lo comprometa a no efectuar descuentos, y que los ordinarios internos sólo regulan la forma de ejecución de los mismos en cuotas, pero sin alterar la obligación de regularizar el pago.

Concluye que no se verifica acto ilegal ni arbitrario que amague, perturbe o prive el ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, ya que la Municipalidad ha actuado dentro del marco de la ley y resoluciones sanitarias, cumpliendo su deber de ajustar las remuneraciones a la normativa de licencias médicas.

Pide a esta Corte que rechace el recurso en todas sus partes. Además, acompaña como antecedentes el Decreto Exento N° 6.955, pronunciamiento sobre la licencia por la Subcomisión de Salud, carta presentada por la actora, Ordinario N° 2541 del Jefe de nombre reservado y Ordinario N° 2343 de la Jefa de Unidad de Recursos Humanos, dirigidos a la unidad de remuneraciones.

En folio 12 se tuvo por evacuado el informe y se ordenó traer estos autos en relación.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en autos, doña nombre reservado, profesora de educación general básica dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, interpuso recurso de protección en contra de dicha entidad, denunciando como acto ilegal y arbitrario la orden y ejecución de descuentos en sus remuneraciones, bajo la glosa “descto licencia médica”, derivados del rechazo de la Licencia Médica N° 3‑105689281‑4, por enfermedad común, que comprendía el período de reposo entre el 5 y el 19 de agosto de 2024.

Que la referida licencia, inicialmente aceptada y pagada, fue luego rechazada por la autoridad sanitaria, decisión que le fue notificada el 3 de octubre de 2025; que frente a ello interpuso recurso de reposición ante COMPIN, encontrándose dicho reclamo en estado de “Evaluación por Contralora Médica” en la plataforma oficial, sin resolución firme ni ejecutoriada. Y que, no obstante ello, la Municipalidad procedió a efectuar descuentos a su remuneración, en sus liquidaciones de octubre y noviembre de 2025, por $149.750 cada uno, por concepto de licencia médica rechazada, que fueran ordenados mediante Ordinario N° 2543 de la Jefa de Unidad de Recursos Humanos nombre reservado, que dispone aplicar esas rebajas en cuatro cuotas a diversas funcionarias, entre ellas la recurrente, por licencias re‑dictaminadas como rechazadas.

SEGUNDO: Que la actora acreditó haber puesto en conocimiento de la Municipalidad tanto la notificación del rechazo como la interposición del recurso ante COMPIN, mediante carta de fecha 9 de octubre de 2025 dirigida al Jefe de nombre reservado, ingresada en Oficina de Partes bajo N° 2894, en la que además de informar el estado de su licencia, solicitó expresamente facilidades para el eventual reintegro, en particular que el descuento se practicara en cuotas para no afectar gravemente sus ingresos. Dicha misiva fue derivada por el Ordinario N° 2341 a las unidades de licencias médicas y remuneraciones, lo que permite concluir que la entidad recurrida estaba en conocimiento del conflicto previsional y de la reclamación pendiente.

TERCERO: Que, en este contexto, el descuento anticipado de remuneraciones, mientras se encuentra en tramitación un recurso de reposición contra la resolución que califica de improcedente la licencia, configura un actuar que excede el marco de la mera aplicación del acto sanitario, y que configura una situación de autotutela, prohibida por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, desde que la Administración ejecuta un reembolso en su favor por lo que estima como un pago indebido, pero sin esperar la definición de la autoridad competente, anticipando así los efectos de un acto que emana de otra entidad pública, y cuya firmeza aún no ocurría.

CUARTO: Que esta conducta además perturba a la recurrente en el ejercicio de su derecho de propiedad sobre las remuneraciones a que tiene derecho, reconocido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en relación con la parte del sueldo devengado por el trabajo efectivamente prestado y que le ha sido rebajada, sin que exista un título administrativo a firme que habilite una restitución compulsiva, mientras la situación jurídica de la licencia médica y de los efectos patrimoniales derivados de su rechazo continúa sometida a revisión ante la autoridad administrativa competente.

Si bien la recurrida sostiene que la resolución de rechazo produce efectos inmediatos, no puede desconocerse que la ley N° 19.880 reconoce la impugnabilidad de los actos administrativos mediante los recursos que regula, distinguiendo entre actos impugnables y los que se encuentran a firme, al disponer en su artículo 60 que el recurso de revisión procede “en contra de los actos administrativos firmes”, confirmando que la firmeza del acto constituye una categoría jurídica necesaria para la consolidación de sus efectos. En tal sentido, mientras el rechazo de la licencia se encontraba sometido al conocimiento de COMPIN por la vía de la reposición deducida por la interesada, no podía estimarse como establecida la improcedencia del pago ni consolidada una obligación líquida y exigible de restitución a favor del recurrido.

Que, desde esa perspectiva, el descuento practicado por la Municipalidad constituye una anticipación a sus efectos patrimoniales antes de haber quedado zanjada la etapa administrativa, lo que resulta improcedente tratándose de remuneraciones.

Que tampoco obsta a lo anterior la alegación de la recurrida, en orden a que el artículo 63 del Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, D.S. N°3/1984, impondría el deber de perseguir el reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos, pues aunque dicha norma permite adoptar medidas conducentes al reintegro, ello exige que la percepción indebida esté determinada de manera cierta, lo que no es posible mientras el rechazo de la licencia permanezca impugnado. En ese sentido, y conociendo la Municipalidad la existencia del recurso de reposición y su estado pendiente, debió abstenerse de efectuar descuentos hasta la conclusión de ese procedimiento.

Que la conducta referida perturba a la recurrente en el ejercicio de su derecho de propiedad sobre las remuneraciones a que tiene derecho, reconocido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en relación con la parte del sueldo devengado por el trabajo efectivamente prestado y que le ha sido rebajada, sin que exista un título administrativo a firme que habilite una restitución compulsiva, mientras la situación jurídica de éste siga sometida a revisión ante COMPIN y eventualmente otras instancias administrativas.

QUINTO: Que, por todo lo dicho, el actuar de la Municipalidad de Puerto Montt, consistente en aplicar descuentos de remuneraciones derivados del rechazo de la licencia médica que había obtenido la recurrente, mientras se encontraba pendiente el recurso de reposición ante COMPIN, contraviene el debido proceso y prohibición de autotutela del artículo 19 N° 3, así como el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por lo que se configura el presupuesto de ilegalidad y arbitrariedad exigido por el artículo 20 de la misma para acoger la acción de protección.

Que, por los fundamentos anteriores, corresponderá acoger el recurso.

En mérito de lo expuesto, disposiciones señaladas y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que se acoge el recurso de protección, deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, sin costas, ordenándose a dicha recurrida realizar los siguientes actos para restablecer el imperio del Derecho:

I.- Deberá cesar y abstenerse de efectuar nuevos descuentos en las remuneraciones de la recurrente asociados a la licencia médica de autos, mientras no exista decisión administrativa firme respecto de los recursos interpuestos.

II.- Deberá reintegrar a la recurrente, en la siguiente liquidación de sus remuneraciones, la totalidad de las sumas que hubiese descontado desde el mes de octubre del año 2025, en razón del rechazo de la referida licencia médica.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los efectos de aquello que se resuelva en definitiva, en la sede sanitaria y previsional.

Acordada con el voto en contra del abogado Christian Löbel Emhart, quien fue del parecer de rechazar el recurso por los siguientes fundamentos:

1.- Por estimar que el rechazo de la licencia médica de la recurrente, decidido por la Subcomisión de Salud Llanquihue‑Palena, constituye un acto administrativo dictado por autoridad competente, debidamente notificado y amparado por la presunción de legalidad y obligatoriedad que la Ley N° 19.880 reconoce a los actos de la Administración mientras no sean invalidados o dejados sin efecto por los mecanismos legales pertinentes.

2.- Que el recurso de reposición deducido por la recurrente ante COMPIN no produce efecto suspensivo automático sobre los efectos de aquella resolución, en especial respecto de terceros como es en este caso la recurrida; por lo que no resulta ilegal ni arbitrario que ésta, desde aquel rechazo a la licencia, disponga las medidas necesarias para el reembolso de lo pagado, lo que en este caso le resulta mandatario, pues el artículo 63, inciso 2°, del D.S. N°3 que regula esta materia, impone como deber el obtener el reintegro de las remuneraciones percibidas por el beneficiario, a raíz de una licencia que resulte rechazada, como se verifica en este caso, ante lo cual se ha limitado a recibir la resolución y ajustar las remuneraciones, sin infringir tal principio de legalidad.

3.- Por cuanto los descuentos no constituyen una sanción ni otro acto disciplinario aplicado por el recurrido, sino sólo la regularización de un pago tras el rechazo de la licencia médica por causa legal, lo que no configuraría una autotutela ni atentado al debido proceso.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

Rol 1688-2025.-