nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Puerto Montt, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, compareció nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpuso acción de protección en contra de la Fundación Integra, RUT RUT reservado, y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, RUT RUT reservado, por haber incurrido éstas en un acto que calificó como arbitrario e ilegal consistente en la retención y no restitución de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes a las licencias médicas N°21977418, N°RUT reservado y N°RUT reservado, vulnerando así sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expuso que mantiene un diagnóstico médico de fibromialgia, por lo que se le otorgó una licencia médica con un período de reposo comprendido entre el 5 de agosto y 3 de septiembre de 2025. En ese contexto, con fecha 27 de agosto de 2025, su empleador, la Fundación Integra, puso fin a su relación laboral, encontrándose su licencia médica en curso.

Indicó que la licencia tenía como entidad pagadora a la Caja de Compensación Los Andes, quien mantiene un convenio con Fundación Integra para efectuar el pago mediante cheques, sin embargo, el pago que le correspondía no fue realizado.

Manifestó que, posteriormente, tuvo dos licencias médicas de continuidad (folios N° N°RUT reservado y N°RUT reservado), vigentes entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre la primera, y el 3 de noviembre y 2 de diciembre la segunda, las que tramitó ante la Dirección del Trabajo y posteriormente ante Caja Los Andes, siendo finalmente autorizada por COMPIN con derecho a subsidio. Precisó que, pese a haber acompañado finiquito de su contrato de trabajo, ambos subsidios fueron nuevamente remitidos a Fundación Integra, pues ésta no ha hecho restitución de los dineros indebidamente percibidos, lo que impide el pago posterior a su persona.

Arguyó que el actuar de ambas recurridas ha generado una afectación de sus derechos, privándola del acceso oportuno a sus subsidios por incapacidad laboral, los cuales constituyen su única fuente de sustento económico.

Sostuvo que el actuar de la Caja Los Andes es ilegal, por cuanto de conformidad a la normativa vigente del sistema de subsidios regulado por el DFL N°44 de 1978 y la Ley N°18.833 establece que la administración y responsabilidad final del pago recae en las Cajas de Compensación, agregando que así lo ha sostenido la Superintendencia de Seguridad Social en sus propios dictámenes (N°130273-2024). En ese sentido, condicionar el pago a la restitución de fondos por Integra es ilegal, por cuanto la Caja está obligada al pago directo a su persona.

Asimismo, afirmó que el actuar de Caja Los Andes es arbitrario, por cuanto estableció una condición suspensiva no establecida (la restitución de los fondos por la Fundación Integra), creando de facto un procedimiento especial, lo que contraviene el artículo 5° de la Ley N°21.531, que contempla un estatuto de protección reforzado para quien padece fibromialgia.

Concluyó señalando que el actuar de las recurridas vulnera sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, ya que al privarla de recursos económicos, están conculcando el uso y goce de los mismos, además de amenazar directamente su integridad física y psíquica, toda vez que el estrés y angustia actúa como gatillante directo de su enfermedad, ejecutando una discriminación arbitraria en contra de su persona.

Solicitó se acoja la acción presentada, y en definitiva, se ordene que se reintegren los dineros de sus licencias pagadas y retenidas, y que en lo sucesivo se le paguen directamente sus licencias, con costas.

Acompañó: 1. Copia de respuestas de la Caja de Compensación Los Andes para pago de licencia médica.

A folio 4, con fecha 2 de diciembre de 2025, se declaró admisible, a excepción de la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, solicitando informe a las recurridas.

A folio 12, con fecha 16 de diciembre de 2025, evacuó informe la recurrida Fundación Integra, quien expuso que mantiene el carácter de institución de derecho privado sin fines de lucro, siendo uno de los principales prestadores de educación parvularia gratuita en Chile, que se financia anualmente en forma mayoritaria con aportes del Estado contemplados en la Ley de Presupuestos y se rige en cuanto a sus relaciones laborales por el Código del Trabajo, sin perjuicio de encontrarse sujeta a fiscalización de la Contraloría General de la República, por cuanto ejecuta recursos de origen público, encontrándose involucrado un interés público.

Alegó que la recurrente omite hacer referencia a las razones del término de su relación laboral, la cual concluye por caducidad, siendo jurídicamente procedente la desvinculación. A su vez, tampoco menciona la deuda vigente que mantiene con Fundación Integra por concepto de anticipo de licencias médicas, ascendente inicialmente a la suma de $18.417.185, licencias que fueron íntegramente pagadas a la trabajadora, pero que posteriormente fueron rechazadas por su entidad de salud, cuestión que era de conocimiento de la recurrente, habiendo sido notificada el 18 de marzo de 2025 de una carta denominada “Carta de aviso de reintegros pendientes”. Esto se debe a un beneficio que Fundación Integra otorga a sus trabajadores, que otorga el sueldo correspondiente a efectos de evitar el perjuicio que para ellos provoca la demora en la tramitación de licencias, siempre y cuanto éstos cumplan con los requisitos de antigüedad y cotización mínimos, recuperando la Fundación dicho anticipo posteriormente con el pago de la institución correspondiente (art. 76 y ss. del RIOHS Fundación Integra). En dicho sentido y de conformidad al artículo 80 del Reglamento de Orden, Seguridad e Higiene de Fundación Integra, en caso de ser reducida o rechazada la licencia, el trabajador que recibió el anticipo indebido debe restituirlo con cargo a las remuneraciones que perciba. A la fecha del informe, la deuda de la recurrente se redujo a $16.902.603.

Arguyó a su vez la improcedencia de la acción de protección, ya que al ser una disputa patrimonial y contractual, debería ser conocida por vía ordinaria, y no por vía excepcional, no siendo en consecuencia la presente acción la vía idónea para resolver el presente conflicto.

Concluyó que no existe actuar arbitrario o ilegal de su representada en la retención del pago de las licencias, limitándose a recuperar parcialmente lo adeudado legítimamente, sin que esto amenace, perturbe o prive a la recurrente de garantía constitucional alguna.

Solicitó se rechace la acción interpuesta, con costas.

Acompañó: 1. Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de Fundación Integra; 2. Comprobante de Recepción de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de Fundación Integra, de fecha 25 de mayo 2021, suscrito por doña nombre reservado; 3. Carta de aviso de reintegros pendientes de Fundación Integra a nombre reservado, de 14 de marzo de 2025, remitida el 18 de marzo de 2025; 4. Comprobante de envío de carta certificada a nombre reservado del 18 de marzo de 2025; 5. Convenio de Fundación Integra con Caja de Compensación Los Andes; 6. Constancia interpuesta por Fundación integra ante la Dirección del trabajo, el 24 de marzo de 2025, donde se informa de la notificación a la trabajadora nombre reservado de las licencias médicas no reintegradas; 7. Cuadratura de licencias médicas realizada en diciembre de 2025.

A folio 15, con fecha 19 de diciembre de 2025, la recurrente solicitó se tuviera presente al resolver que Fundación Integra se encuentra ejerciendo una autotutela no autorizada por el derecho en virtud de una supuesta deuda que no ha sido legalmente notificada ni judicialmente declarada, embargando “de facto” subsidios por incapacidad laboral de una ex trabajadora.

Sostuvo que no existe título jurídico alguno que habilite al ex empleador a interceptar fondos de seguridad social para satisfacer una pretensión crediticia dudosa, prescrita y plagada de errores administrativos, y que la Fundación ha actuado ilegítimamente como juez y parte, vulnerando el principio de legalidad, debido proceso y derecho de propiedad.

Arguyó que su representada no recibió la carta de aviso de cobro remitida, pues fue enviada a un domicilio laboral mientras se encontraba vigente su licencia médica, siendo posteriormente desvinculada. Agregó a lo anterior que parte de la supuesta deuda se debe a la propia negligencia del ex empleador en la tramitación de las licencias (ej.: post natal parental), y que el resto de los montos se encontraría prescrito. Indicó que no existe certeza ni liquidez de la referida deuda, no existiendo título ejecutivo para su cobro, y que el subsidio de incapacidad laboral, al igual que la remuneración, goza de inembargabilidad.

Manifestó que el propio RIOHS de Fundación Integra contempla dos oportunidades taxativas para recuperar anticipo: durante la vigencia del contrato mediante descuentos mensuales y al término del contrato mediante descuento del saldo de finiquito, no encontrándose la hipótesis de autos.

Concluyó señalando que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, atentando directamente contra las garantías constitucionales de la recurrente, siendo cómplice la Caja de Compensación.

Acompañó:

1.- Captura de pantalla de correo electrónica en donde se informa que hubo cambio de domicilio, lo que ratifica que Fundación Integra conocía el nuevo domicilio de la recurrente y que a los lugares en que notificó era imposible que recibiera la notificación.

2.- Aviso del empleador del permiso parental postnatal, lo que ratifica que Fundación Integra está haciendo cobros indebidos o cargando a mi representada por su propia negligencia dado que mi representada le entregó todos los documentos en tiempo y forma. Su licencia es P5532323996.

3.- Captura de Pantalla de correo electrónico en donde la recurrente informa a Fundación Integra de que sus licencias están correctamente tramitadas, esto da cuenta y demuestra el seguimiento que la recurrente dio al seguimiento de la licencias médicas y que ratifica que Fundación Integra tenía conocimiento del permiso postnatal.

4.- Licencia médica 15215165 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

5.- Licencia médica 15171736 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

6.- Licencia médica 64319106 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

7.- Licencia médica 21977418 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

8.- Licencia médica 22201649 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

9.- Licencia médica 22608869 de FONASA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

10.- Licencia médica 59512972 de COLMENA, licencia médica tramitada y autorizada que Fundación Integra se encuentra cobrando pero que ellos debieron haber recibido el subsidio; se acompaña el certificado de subsidio de incapacidad laboral en que se refleja el pago.

A folio 17, con fecha 28 de diciembre de 2025, evacuó informe la Caja de Compensación Los Andes, quien expuso que la entidad con atribuciones para controlar y fiscalizar las Cajas de Compensación es la SUCESO, y en lo que respecta al pago de licencias médicas, se encuentran regidos por el DFL N°44, el cual en sus artículos 4° y 6° define los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para tener derecho al pago de subsidios por incapacidad laboral.

Manifestó que, bajo los procedimientos administrativos habituales, la Caja de compensación recepcionó por parte de la COMPIN la resolución que autorizaba las licencias médicas N°4-21977418, 4-22201649, 4-22409365 y 4-22608869, procediendo a generar los subsidios respectivos, los cuales fueron pagados por medio de la Empresa, Fundación Integra, de conformidad al convenio que se mantiene vigente para el cobro de subsidios por sus trabajadores.

Solicitó tener por evacuado informe y en su virtud, rechazar la presente acción, por no existir acto arbitrario o ilegal cometido por Caja Los Andes.

Acompañó: 1. Certificado Histórico de Licencias Médicas del recurrente; 2. Certificado de Subsidios de Incapacidad Laboral pagados al recurrente.

A folio 19, y encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: De la solicitud efectuada por la recurrente, esta Corte estima que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa está dado por la retención de los pagos efectuados por la entidad provisional a su ex empleador, Fundación Integra, de las licencias médicas debidamente autorizadas N°21977418, N°RUT reservado y N°RUT reservado, aduciendo ésta última como fundamento del mismo la existencia de una presunta deuda de la recurrente con la Fundación recurrida, cuestión que la habilitaría a retener dichos montos. A su turno, y respecto de la Caja de Compensación, el acto ilegal y arbitrario correspondería a la negativa de efectuar los pagos de las licencias emitidas con posterioridad a su desvinculación directamente a su persona, pagándoselas a su ex empleador.

Producto de lo anterior, denuncia como vulneradas sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Estos sentenciadores estiman que, del mérito de los antecedentes acompañados en autos, es posible tener por acreditado que se le otorgó a la recurrente reposo médico entre el 5 de agosto y el 3 de septiembre, ambos de 2025, por diagnóstico de fibromialgia, licencia debidamente autorizada por la entidad correspondiente. En ese contexto, fue desvinculada de la institución con fecha 27 de agosto del mismo año, todos hechos que no se encuentra controvertida en autos.

Tampoco resulta controvertido que dicha licencia, así como las dos siguientes que se individualizan en la acción deducida, fueron efectivamente pagadas por la Caja recurrida en virtud del convenio vigente y acompañado, suscrito por ésta y la Fundación Integra, mediante cheque a nombre del empleador. Sin embargo, consta que dichos montos no fueron puestos a disposición de la trabajadora como obliga el convenio referido en su cláusula segunda, letra f), refiriendo la Fundación recurrida que fueron percibidos por ésta, amparando su actuar en una deuda que aducen mantiene la trabajadora por anticipo de licencias previas.

Quinto: A su vez, tal y como consta del propio Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de Fundación Integra acompañado, éste contiene un procedimiento de cobro de deuda en el caso de que se paguen anticipos de licencias médicas que finalmente resulten rechazadas o reducidas, estableciendo como oportunidad de cobro las siguientes remuneraciones o, en su caso, el finiquito, lo que difiere del actuar de la Fundación recurrida.

En este orden de ideas, concluyen estos sentenciadores que la acción de retención de pago de Fundación Integra constituye un procedimiento de cobro de facto, que priva a la recurrente -y ex trabajadora- de las debidas defensas y excepciones establecidas en la ley para el cobro de deudas, la cual, por lo demás, no fue suficientemente acreditada en autos, y cuya exigibilidad se encuentra controvertida por la parte recurrente, no siendo en consecuencia la retención efectuada la vía idónea para cobrar lo alegado.

Sexto: Por otra parte, a juicio de esta Iltma. Corte, tampoco es procedente ampararse en el convenio suscrito con la Fundación para negar el pago directo a la trabajadora de las licencias aprobadas en lo sucesivo, en circunstancias de conocer la Caja de Compensación recurrida que la trabajadora dejó de pertenecer a la mencionada institución empleadora, no siéndole, en consecuencia, oponible el convenio suscrito. Enfatiza dicha conclusión el hecho de que la adhesión al convenio, de conformidad a la cláusula segunda, letra e) del mismo, no es opcional para los trabajadores referidos, no existiendo en los hechos otra forma para la recurrente de obtener el subsidio por incapacidad laboral.

Menos aún puede la recurrida sustentar la negativa referida en no haberse efectuado la restitución por la Fundación de los montos percibidos en virtud de la primera licencia N°21977418, por cuanto se le impone una condición cuyo cumplimiento no radica en la recurrente, haciendo materialmente imposible que ésta las perciba oportunamente.

Séptimo: Así las cosas, de lo razonado precedentemente, concluyen estos sentenciadores que, no encontrándose en los fundamentos esgrimidos por las recurridas sustento alguno que avale la retención de los montos pagados por concepto de subsidio de incapacidad laboral y la negativa a efectuar el pago directamente a la recurrente, efectivamente han incurrido en actos arbitrarios e ilegales, razón por la cual se acogerá la acción deducida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se acoge la acción interpuesta a folio Nº1 por doña nombre reservado en contra de la Fundación Integra y de la Caja de Compensación Familiar Los Andes, ordenando el reintegro a la trabajadora del pago efectuado por las licencias médicas N°21977418, N°RUT reservado y N°RUT reservado, debiendo, en lo sucesivo y de ser procedente, pagarse las licencias médicas otorgadas directamente a la trabajadora.

II.- Que cada parte pagará sus costas.

Redacción a cargo del Ministro Titular don Jaime Meza Sáez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1686-2025.