nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Puerto Montt, once de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS, Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por su gerente general nombre reservado y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, representada por su gerente general nombre reservado, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que han incurrido, que privan, perturban y amenazan su derecho de propiedad asegurado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24.

Plantea que con fecha 06 de julio de 2007, celebró un contrato de mutuo con la Caja de Compensación La Araucana, denominado “crédito social”, en razón del cual le prestaron $1.144.569 y que debía restituir en 30 cuotas de $96.212, que serían descontadas “automáticamente” o “por planilla” de forma mensual de sus liquidaciones de sueldo.

Así es como se descontó y pagaron las primeras 16 cuotas hasta mayo de 2009. Luego quedó cesante y en su nuevo trabajo no le realizaron más descuentos de dicho préstamo.

Sin embargo, en su nuevo trabajo, a partir de junio 2020, comenzaron a descontar nuevamente por concepto de este mutuo, por lo que ya le han descontado 3 cuotas.

Agrega que el certificado de deuda en Caja La Araucana señala que se trata de una deuda castigada y por un total de $1.246.233.- De esta manera, se está descontando de su remuneración mensual una cantidad de $96.212.-, más $9.723.- Descuento realizado por intermedio de la Caja de Compensación Los Andes, desconociéndose la relación contractual entre ambas y por la cual la Caja de Compensación Los Andes se encuentra realizando los descuentos de dicho mutuo.

De esta manera, las recurridas han revivido una deuda morosa desde mayo de 2009. La última cuota vencía, según documento de la propia Caja de Compensación La Araucana, con fecha 31 de julio de 2010, lo que a todas luces excede el plazo de prescripción para ejercer una acción ejecutiva de cobro y más aún, excede el plazo máximo de prescripción que es de 10 años.

Sostiene que esta situación constituye una vulneración de los derechos y garantías fundamentales del beneficiario del recurso don nombre reservado, debiendo restablecerse el imperio del derecho.

Informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso, pues su representada ha actuado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.833, sobre Cajas de Compensación de Asignación Familiar y normativa complementaria, agregando que con fecha 15 de abril de 2013 celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores morosos, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social.

Respecto a la alegación principal del recurrente, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende con toda claridad que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, sin que opere de pleno derecho como pretende hacerlo valer el actor.

No obstante lo informado precedentemente, sin reconocer los fundamentos expuestos por el recurrente en su presentación, y de acuerdo a lo informado por C.C.A.F. La Araucana, señala haber dispuesto la exclusión de la operación de crédito otorgada por la referida institución, de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador.

En consecuencia, no han vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por lo que solicita rechazar el recurso de protección interpuesto.

Informa la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ÁNDES, solicitando que se rechace el presente recurso en su totalidad, pues malamente podría calificarse como prescrita la acción para el cobro de las cuotas del crédito en comento, en circunstancias que no ha existido discusión alguna en sede judicial, sobre la prescripción de las acciones de cobro derivadas del contrato de crédito social celebrado entre el actor y su representada, sino además, y especialmente, en el contexto en que ni siquiera el Juez Civil podría declarar la prescripción de la gran mayoría de las cuotas morosas, al no haber transcurrido el plazo que habilita la declaración de prescripción de conformidad a la normativa que regula la materia, señalando que el legislador ha establecido determinados requisitos copulativos, cuya concurrencia determinará en su caso para la prescripción de la obligación, como lo son el transcurso de un determinado lapso de tiempo y la declaración judicial de prescripción, que no ha ocurrido en la especie.

Agrega que el actuar de la Caja de Compensación se encuentra respaldado y regulado por mandato expreso de la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), refiriendo que no existe vulneración alguna al derecho reclamado.

Se trajeron autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, los derechos constitucionales reconocidos por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone su artículo 20.

En tales casos la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales derechos. Para ello deben comprobarse la efectividad de la acción u omisión reprochada; que ésta resulte ilegal o arbitraria; que de la misma se siga directo e inmediato atentado o amenaza contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que el acto materia de este recurso dice relación con la retención en la remuneración del actor, por parte de la Caja de Compensación Los Andes, de dineros correspondientes a cuotas de un crédito en cuotas, suscrito por el recurrente con la Caja de Compensación La Araucana, el cual fue pagado desde julio de 2007 hasta mayo de 2009, siendo reiniciado el cobro respectivo en 2020, a través la modalidad “Inter Cajas”.

Al informar las recurridas señalan que efectivamente se han efectuado descuentos en la remuneración del actor, pero que aquello responde a la existencia del crédito moroso que a la fecha mantiene, actuando en conformidad a las normas jurídicas que regulan la materia y al hecho de no existir resolución judicial alguna que hubiese declarado prescrita la deuda, pero que se ha producido el cese de los descuentos, razón por la cual no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna.

TERCERO: Que la cuestión controvertida en el presente recurso dice relación con la posibilidad de efectuarse los cobros por parte de las Cajas de Compensación, a través de descuentos directos en las remuneraciones del recurrente respecto de cuotas que a juicio de éste se encontrarían prescritas.

CUARTO: Que sobre esta materia se ha referido la Excma. Corte Suprema en sucesivas ocasiones, así, por ejemplo en causa Rol 37.889-2017, sentencia de 6 de noviembre de 2017, en que conociendo de la apelación contra una sentencia que acogiera un recurso de protección por los descuentos hechos por una Caja de Compensación entre los años 2016 y 2017, respecto de un crédito adquirido en el año 2008 e impago desde 2009, sin que constara en título ejecutivo y habiéndose llevado a cabo acciones infructuosas para la preparación de la vía ejecutiva, aduciendo la recurrida la misma facultad de descuento InterCajas que alega en la especie, la Excelentísima Corte Suprema señaló: “Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que la conducta de las recurridas aparece como arbitraria, toda vez que ha sido asentado fehacientemente que la obligación de tracto sucesivo se encuentra impaga desde la cuota Nº19, vencida en septiembre de 2009, esto es, 82 meses antes del inicio de los descuentos controvertidos, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

QUINTO: Que así las cosas, del análisis de la acción deducida, se colige que el actor ha incurrido en mora de una obligación dineraria contraída desde mayo de 2009, habiéndose reanudado unilateralmente el cobro de la misma por parte de la recurrida durante el año 2020, sin que se haya acreditado el ejercicio de acciones judiciales tendientes a obtener su pago durante el lapso transcurrido entre el año 2009 y el presente.

SEXTO: Que respecto del presente caso, estos sentenciadores comparten el criterio asentado por la Excelentísima Corte Suprema en el fallo citado en el basamento cuarto precedente, que constituye una jurisprudencia cristalizada en orden a que el cobro que ejerce la recurrida se ha tornado arbitrario, al ejercer facultades que se le confieren para un cobro oportuno de obligaciones, que si bien derivan del legítimo ejercicio de sus competencias, se han ejercido de manera abiertamente extemporánea, o al menos superando la razonable autorización del mandato conferido por el deudor para proceder al descuento por planilla; ello al pretenderse el cobro directo de la obligación luego del transcurso de tantos años desde la mora, sin que conste haberse llevado a cabo acción alguna que de manera diligente hubiese conducido a la obtención de su pago.

SÉPTIMO: Que la conducta denunciada y que se ha calificado previamente de arbitraria, vulnera lo dispuesto en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República en relación a la garantía de no ser privado del dominio que detenta sobre sus remuneraciones el actor, sin causa legal que habilite a la recurrida para ello, por lo que esta magistratura se encuentra en la situación jurídica de intervenir para asegurar el restablecimiento del derecho en la forma que se dirá en lo resolutivo del fallo.

OCTAVO: Que no obsta a la declaración anterior el hecho señalado por las recurridas, de no haberse declarado judicialmente la prescripción del correspondiente crédito, toda vez que de los antecedentes ya referidos, se desprende que tanto la forma como la oportunidad en la que se reinició el cobro respectivo vulnera el derecho reclamado, y por cuanto el ejercicio de tal excepción no es pertinente ni exigible mientras no fuera reclamado el pago por medio de los tribunales de justicia.

En consecuencia, y al haber realizado las recurridas actos contrarios a derecho, vulnerando el derecho que reconoce al recurrente el artículo 19 Nº24 de la Carta Política, y protegido mediante su artìculo 20, el recurso debe ser acogido.

Por las consideraciones expuestas, disposiciones citadas y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, y la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, y en consecuencia se ordena a dichas recurridas cesar en los cobros del crédito que invocan, mediante descuento en las remuneraciones del actor y sin perjuicio de los derechos que asistan al acreedor para impetrar su cobro por medio de las acciones jurisdiccionales que correspondan.

Redacción del abogado integrante don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1674-2020.