Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Puerto Montt, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, compareció don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional para extranjeros N°NUM000, por sí y en representación de su cónyuge, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional para extranjeros N°NUM001 y en favor de su hija menor de edad, nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional para extranjeros N° NUM002, quien interpuso acción constitucional de protección de propia mano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de pronunciamiento sobre las solicitudes de carta nacionalización, lo que a su juicio vulnera el derecho de la igualdad ante la ley.

Expuso que don nombre reservado ingresó solicitud de carta de nacionalización ID N°NUM003 el 6 de octubre de 2023. A su turno, doña nombre reservado, ingresó solicitud de carta de nacionalización ID N°NUM004 el 20 de abril de 2023 y su hija menor de edad, nombre reservado, presentó la misma solicitud ID N°NUM005 el 24 de octubre de 2024, sin que a la fecha haya recibido respuesta por parte de la recurrida.

Agregaron que han interpuesto reclamos fundado en la demora excesiva ante el propio Servicio y la Contraloría General de la República, sin éxito en lo que dice relación con la obtención de respuestas a las solicitudes ingresadas. Añadieron que lo anterior, contraviene el principio de interés superior del niño, el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de celeridad contemplado en el artículo 7 de la Ley N°19.880, además de exceder el término de seis meses que establece el artículo 27 de dicha norma.

En consecuencia, solicitó que se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida emitir un pronunciamiento definitivo respecto a las solicitudes de carta de nacionalización ingresadas. En subsidio, que se ordene a la recurrida otorgar prioridad en la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la menor de edad, nombre reservado.

Acompañó a su presentación, en lo pertinente: 1.- Copias de las solicitudes de carta de nacionalización ingresadas. 2.- Certificado de matrimonio celebrado entre don nombre reservado y doña nombre reservado. 3.- Certificado de nacimiento de nombre reservado.

A folio 4, se declaró se declaró admisible la acción y se solicitó informe al Servicio Nacional de Migraciones.

A folio 9, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, señalando en lo pertinente a la acción que respecto de don nombre reservado, el 31 de julio de 2023 se le otorgó al recurrente el permiso de residencia definitiva.

Agregó que el 6 de octubre de 2023 solicitó el beneficio de carta de nacionalización ID N°NUM003, la cual se encuentra en trámite en etapa de análisis.

Sobre doña nombre reservado, indicó que el 22 de agosto de 2022 se le otorgó a la recurrente el permiso de residencia definitiva. Agregó que el 20 de abril de 2023 solicitó el beneficio de carta de nacionalización ID N°NUM004, la cual se encuentra en trámite en etapa de análisis.

Finalmente, respecto a la menor de edad nombre reservado, indicó que el 4 de marzo de 2024 se le otorgó el beneficio de residencia definitiva y que el 24 de octubre de 2024 solicitó el beneficio de carta de nacionalización ID N°NUM006, la cual se encuentra en trámite en etapa de análisis.

En cuanto al derecho, se refirió a la legislación que establece que es el Presidente de la República la autoridad competente para otorgar la carta de nacionalización y a los requisitos que deben satisfacerse conforme al artículo 2 del DS N°5-142 de 1960 del Ministerio del Interior. Por otro lado, sostuvo que el plazo para efectos de que se otorgue carta de nacionalización es de un año, conforme lo señala el artículo 11 del Decreto N° 5.142 que fija las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

En cuanto al tiempo de tramitación, alegó que el artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye un plazo fatal para la administración y que en la especie no se verifica un trato discriminatorio, ya que la solicitud de carta de nacionalización sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero. Previas citas legales y jurisprudenciales, solicitó el rechazo de la acción.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenaza ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, se concluye que los recurrentes han efectuado en tiempo y forma sus respectivas solicitudes de carta de nacionalización en la fecha indicada en la acción, por medio de los canales destinados a tal efecto, cumpliendo con las cargas procesales que impone su tramitación.

Cuarto: Que, por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones informó que las peticiones se encuentran en trámite, en etapa de análisis.

Quinto: Que, así las cosas, esta Corte advierte la existencia de las solicitudes de carta de nacionalización ingresadas por los actores ante el Servicio Nacional de Migraciones, el cual no ha emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, al no existir un acto administrativo formal que con posterioridad pueda ser enviado al Ministerio del Interior a fin de dar continuidad a la tramitación.

En tal sentido, también debe tenerse presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.880 respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que, en consecuencia, se verifica en la especie una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos, por lo que la acción constitucional de protección entablada será acogida en los términos que se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado, por sí y en representación de su cónyuge, doña nombre reservado y en favor de su hija menor de edad, nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto a las tres solicitudes de carta de nacionalización previamente identificadas, en un plazo de noventa días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Titular, don Jaime Vicente Meza Sáez, quien estuvo por rechazar la presente acción de protección, al estimar que no se configura un actuar ilegal o arbitrario por parte del recurrido toda vez que la parte recurrente mantiene una permanencia legal en el país mientras se tramite la solicitud efectuada por aquél, la cual es conocida mediante un procedimiento reglado en la Ley 21.325 y su reglamento, pudiendo realizar, de manera libre, todas las actividades que mantengan un origen lícito, y que cualquier impedimento a las mismas deben ser imputables al organismo público o privado que las realice, no siendo imputable, en consecuencia, dichos efectos a la recurrida de autos.

A su vez, y pese a la demora en más de seis meses en el pronunciamiento de la solicitud efectuada por el recurrente, el plazo establecido a la administración pública no resulta ser fatal, máxime si se considera el aumento de solicitudes de la misma naturaleza, lo cual es un hecho público y notorio, cuestión que no importa, por tanto, ilegal o arbitrariedad alguna en los términos indicados por la actora, sin perjuicio de que aquel resulta ser un mandato para que la administración se pronuncie dentro de un plazo razonable, considerando la realidad fáctica del recurrido en los términos expresados en su informe.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

No firma el Ministro Titular don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a su vista y acuerdo por encontrarse con licencia médica.

Rol Protección N° 1671-2025.