Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt representada legalmente por do

Puerto Montt, veintidós de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 11, comparece nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de Delta Telecomunicaciones Ltda., recurriendo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt representada legalmente por doña nombre reservado, a fin se ordene a la recurrida dar la tramitación que en derecho corresponde a la solicitud de reconsideración administrativa presentada por su representada, todo con costas.

Refiere que con fecha 9 de febrero de 2016, se lleva a cabo fiscalización por don nombre reservado, y conforme a ello se dictó 10 meses después, esto es el 08 de noviembre de 2016 Resolución de multa, que le fuera notificada legalmente por carta certificada el 14 de noviembre de 2016, por tanto, sólo el 15 de noviembre de 2016 comenzó a correr el plazo de 30 de días hábiles a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la correspondiente reconsideración administrativa, la que efectivamente se presentó el día 22 de diciembre de 2016, es decir, cuando esta parte se encontraba absolutamente dentro de plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida en un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, resolvió por medio del Ordinario N°27 de fecha 6 de enero de 2017, en contra del cual se recurre, declarar inadmisible por extemporánea la referida reconsideración, señalando que no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos desde su notificación.

Conforme lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, el plazo en él señalado es de días hábiles y no corridos, y adentro de los hábiles no se cuentan los sábados, domingos y festivos, como arbitrariamente resolvió la recurrida.

Lo anterior encuentra su fundamento en que ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza del plazo, la norma debe interpretarse en armonía con el resto del texto legal, disponiendo en este sentido el artículo 435 inciso 3° que los términos de días hábiles que establece este título se entenderán suspendidos durante los días feriados, y a su vez el artículo 432 señala que en todo lo no regulado por este Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros Primero y Segundo del Código de Procedimiento Civil a menos que ellas sean contrarias a los principios que informen este procedimiento. Con mayor razón, tratándose en la especie de una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, existe una norma especial que lo regula, que es la Ley 19.880la que en su artículo 25 prescribe al regular los plazo administrativos, que éstos son de días hábiles, entendiendo que no lo son los sábado, domingos y festivos, por lo que tratándose de normas supletorias y ante el silencio del Código del Trabajo, debe entenderse que los plazos de los artículo 508 y 512 del Código del Trabajo son de días hábiles.

Este criterio por lo demás ha sido confirmado por la propia Dirección del Trabajo en uno de sus dictámenes y por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que cita al efecto.

Acompaña al recurso, sobre con timbre de depósito en correos de Chile de fecha 14.11.2016, copia de solicitud de reconsideración de multa de fecha 22.12.2016, ordinario N°27 y copia de inscripción en el Registro de Comercio de la recurrente.

A fojas 27 informa la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, señalando en primer término que el recurso es improcedente atendida la naturaleza extraordinaria y excepcional del mismo, ya que la cuestión debatida radica en una interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar la reconsideración administrativa, respecto de una resolución que lo condena a una multa cursada por la recurrida, por tanto no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ord. N°27 de fecha 1.06.2017, ya que la presente acción constitucional no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración, sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución Política de la República, en caso que se hubiera actuado de manera arbitraria o ilegal, que no es el caso, ya que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración, considerando además que conforme al artículo 504 del Código del Trabajo el recurrente tiene otras vías para reclamar del Ord. 27, como ya lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema.

Se alega en segundo término la improcedencia del recurso, ya que el actuar de la Inspección de Trabajo, es legal y racional amparado tanto en las facultades establecidas en el artículo 511 y 512 del código ya mencionado, considerando además que del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos, se advierte, que por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, por tanto, como en el artículo 512 no se hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere a una materia en especial. Sosteniendo esta posición la propia jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, quien en reiterados dictámenes ha señalado que si existe norma específica que regula la materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento, por tener esta última carácter supletorio. Es así como en atención al Dictamen N°64.985 de la Contraloría General de la República, de fecha 20 de noviembre de 2009, este Servicio deja sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular N°88 de fecha 5 de julio de 2001, hecha por la Circular N°96 de 23.09.2009, en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles, dictando al efecto la Circular N°73, retomando la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar, y por ello no fue posible por parte de la Inspectora del Trabajo, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente, pues no cumplió con el requisito de presentar su solicitud dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación. Este criterio también es compartido por los Tribunales de justicia, citando diversos fallos al efecto.

Conforme lo expuesto finalmente alega la improcedencia del recurso por no acto arbitrario o ilegal, que vulnere las garantías del recurrente. Acompaña al recurso resolución de multa, copia de Ord. 27, copia de solicitud de reconsideración, Circular N°73 y Dictamen N°64.985 y N°17.344 de la Contraloría General de la República.

Con fecha 16 de marzo de 2017 se trajeron autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía doña nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de Delta Telecomunicaciones Ltda., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, invocando la ilegalidad y arbitrariedad del el Ordinario N° 27 de fecha 6 de enero del 2017, en virtud del cual se rechazó su solicitud de reconsideración de la multa, en razón de los fundamentos que latamente se han señalado en lo expositivo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, respecto del primer asunto, para determinar la pretendida ilegalidad y arbitrariedad del acto en cuestión es indispensable analizar la naturaleza jurídica del artículo 512 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, en este sentido, y tal como lo ha resuelto esta Corte precedentemente, es dable concluir que la norma antes señalada establece un plazo de días hábiles y no corridos, tal como lo sostiene el recurrente, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, pues habiéndose presentado el recurso en un estadio de tramitación administrativo debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, primando esta modalidad por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, razonamiento que por lo demás ha vertido la Excma. Corte Suprema sobre el punto que es materia de estos autos en causa rol 21.532-2014.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, puede afirmarse que la conclusión contraria no es sostenible mediante la interpretación sistemática realizada por el Servicio recurrido, pues de la lectura de las normas citadas se aprecia que cuando el legislador ha querido precisar la naturaleza de un plazo lo ha hecho expresamente, sea éste de días hábiles o corridos, por lo que no existiendo tal precisión en la norma en cuestión ha de entenderse la existencia de un vacío, el que debe ser llenado mediante la aplicación de normas generales, debiendo darse preeminencia en tal función a aquella contenida en la ley 19.880 al regular precisamente la relación entre particulares y el Estado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, al no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 la recurrida ha incurrido en un acto ilegal, al privar al recurrente de un recurso, lo que debe ser corregido mediante esta vía.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de Delta Telecomunicaciones Ltda., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt.

II. Que, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N° 27 de 06 de enero de 2017, ordenándose someter a tramitación la reconsideración de la multa impuesta a la recurrida.

III. Que no se condena en costas a la recurrida por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Rol N°166-2017.-