nombre reservado con HOSPITAL PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHUTZ SCHROEDER

Puerto Montt, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece Gonzalo Andrés Lepe Ruiz, abogado, en representación de la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital Puerto Montt, APRUSS HOSPITAL PUERTO MONTT, representada legalmente por nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del HOSPITAL PUERTO MONTT DR. EDUARDO SCHÜTZ SCHROEDER, representado legalmente por don nombre reservado.

Señala que, la asociación recurrente ha recibido la solicitud de 105 profesionales de la salud del Hospital Base de Puerto Montt, concretamente de la Unidad de Tratamiento Intensivo (en adelante UTI), los que han requerido se presente en su favor, para garantizar su integridad física y psíquica un recurso de protección, toda vez que la recurrida no ha adoptado ninguna medida eficaz para evitar las constantes situación de peligro a las que se han visto expuestos. Indica que los funcionarios han planteado una serie de reclamos, solicitando reuniones por sí o mediante la Asociación de Profesionales Universitarios ya señalada, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida efectiva por parte de la recurrida en orden a garantizar la integridad física y síquica de los recurrentes.

Destaca la existencia de pronunciamiento judiciales previos en la materia y la existencia de un “Protocolo Operativo Sobre Coordinaciones en Materia de Internaciones Provisionales”, del 11 de julio de 2024, suscrito entre el Servicio de Salud del Reloncaví, el Servicio de Salud Chiloé, el Director del Hospital Base de Puerto Montt y el Poder Judicial, el que entienden tuvo por finalidad articular los lineamientos para efectos de coordinar y agilizar ante la Red Forense Nacional la derivación de imputados con solicitud de evaluación psiquiátrica, internación provisional para fortalecer la eficiencia y eficacia de los Servicios Penitenciarios y Hospitalarios involucrados. Tras resaltar los puntos 7 y 13 del mencionado protocolo, señala que no son cumplidas por la recurrida, ya que los 105 funcionarios en favor de quienes se recurren han declarado que su integridad física y psíquica se encuentra en peligro.

Sostiene que, con fecha 26 de julio de 2024, los funcionarios de la UTI Adulto del Hospital de Puerto Montt dirigieron una carta al equipo directivo del Hospital de Puerto Montt, en donde pusieron de relieve los graves hechos que les afectaban, entre las cuales se cuenta que hay funcionarios que han sido víctimas de acoso sexual y violencia tanto verbal como física. Aclara que, en la última denuncia individual por accidente del trabajo el día 14 de noviembre de 2024, una funcionaria da cuenta de que encontrándose en la UTI ADULTO, mientras se encontraba al cuidado de una paciente, en otro box uno de los pacientes se descompensa de manera agresiva, amenazándolos, golpeándose e intentó agredirla. Da cuenta, a su vez, de una serie de denuncias de la misma naturaleza efectuados por otros funcionarios.

Agrega que, el personal respectivo no se encuentra capacitado para entender y recibir pacientes de salud mental judicializados; por cierto, la atención en calidad de paciente UTI debe realizarse, sin embargo, sus estadías se extienden sin justificación alguna en la unidad en cuestión, generando todas las afectaciones que denuncian, lo que se extiende también a pacientes y sus familiares. Añade que, lo anterior denota el incumplimiento del protocolo adoptado en el mes de julio de 2024 y la recomendación dada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en el recurso de protección Rol 808-2024, en cuanto a garantizar la seguridad e integridad de sus funcionarios y usuarios del Hospital Base de Puerto Montt mediante la implementación de medidas “eficaces”, cuestión que no ha ocurrido, situación que vuelve a reiterarse con fecha 14 de noviembre de 2024. Resalta que el problema denunciado se reitera en otra unidad de la recurrida, concretamente el personal no se encuentra especializado para atender el perfil de pacientes, la infraestructura no es la adecuada, no existen las condiciones para recibir a este tipo de pacientes complejos, cuestión que constituye derechamente una perturbación o al menos una amenaza de los derechos fundamentales de los 105 usuarios individualizados en la Asevera que, la recurrida no ha adoptado ninguna medida eficaz en relación a proteger la integridad de los recurrentes, quedando estos expuestos de forma constante a los peligros señalados y si bien no es resorte de los recurrentes definir e implementar políticas de carácter administrativo de la Dirección del Hospital, ello no puede constituir un obstáculo para reclamar de la omisión, al día de hoy constitutiva en desidia en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Hospital Base de Puerto Montt, y para ello no puede constituir una excusa la supuesta falta de recursos, en tanto cuanto lo pedido es adoptar medidas eficaces de seguridad, cuya ausencia se explica por la evidente negligencia del equipo directivo en la adopción de las medidas solicitadas.

En torno a la ilegalidad y arbitrariedad denunciada en relación a las garantías fundamentales afectadas, citando el Estatuto Administrativo, afirma que la acción de protección constituye la adjetivación del principio cautelar o principio protector que tiene rango constitucional, en cuya virtud la Administración tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias que permitan a las personas ejercer sus derechos en plenitud, para lo cual se les permite adoptar decisiones extraordinarias que posibiliten restablecer el equilibrio, cuando el ejercicio de dichos derechos se vea amenazado, perturbado o amagado por acciones u omisiones de terceros, lo que no ha acontecido, por lo que el Hospital ha incurrido en una abierta ilegalidad al no haber efectuado las denuncias respectivas respecto de las agresiones de que han sido víctimas los recurrentes y tampoco, como correspondería, ha adoptado medidas de seguridad tendientes a evitar que sucesos como los explicitados más arriba vuelvan a repetirse. Lo anterior, lo relaciona igualmente con el artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley N° 21.643 denominada “Ley Karin”, que introduce modificaciones en la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, agregando en nuevo artículo 14 que establece que se deberá contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo. También se menciona la Ley N° 21.331 establece en su título II sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad psíquica o intelectual, en su artículo 9 número 8 a recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud, incurriendo la recurrida en abierta ilegalidad, al no otorgar una atención sanitaria integral a ese tipo de pacientes, al ingresarlos a una unidad que no cuenta con la capacitación para ello.

Expresa que, lo anterior vulnera el derecho contemplado en el artículo 19 N.º 1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad síquica y física, la que claramente se ha visto afectada ya que el Hospital de Puerto Montt no ha adoptado ninguna medida tendiente a proteger dicha garantía constitucional. Conforme a lo señalado, solicita que se acoja el recurso, con costas, ordenando las siguientes medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a los recurrentes: Uno) Acogerlo a tramitación y declarar admisible el recurso de protección, ordenando informar a la recurrida dentro del plazo de 5 días hábiles a contar de la recepción del oficio; Dos) Ordenar a la recurrida que los pacientes de salud mental judicializados ingresen a la Unidad respectiva que cuenta con los funcionarios y equipos capacitados para recibirlos, esto es, la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) HPM; Tres) Ordenar a la recurrida adoptar las medidas de administración tendientes a que el personal de mayor idoneidad proceda al tratamiento de aquellos pacientes de salud mental judicializados y aumentar las medidas de seguridad tendientes a proteger eficazmente la integridad física y psíquica del personal de salud. Todo lo anterior con costas, y sin perjuicio de otras medidas que se estimen para restablecer el imperio del derecho ordenando las medidas necesarias para cumplir dicho objetivo constitucional.

Acompaña: 1) Estatutos de Asociación de Profesionales de los Servicios de Salud del Hospital Puerto Montt; 2) Certificado de vigencia de Directorio de Asociación de fecha 27 de marzo de 2024; 3) Carta de 26 de julio de 2024; 4) Denuncia individual de Accidente del trabajo de fecha 14 de noviembre de 2024; 5) Seis denuncias individuales de accidente el trabajo de fecha 23 de julio de 2024; 6) Denuncia individual de accidente del trabajo del 16 de septiembre de 2024; 7) Denuncia individual de accidente del trabajo de fecha 23 de agosto de 2024; 8) Listado de 105 funcionarios del Hospital Base de Puerto Montt que autoriza a la Asociación Gremial Fenpruss HPM para representar en la interposición de recurso de protección; 9) Protocolo Operativo Sobre Coordinaciones en Materia de Internaciones Provisionales de fecha 11 de julio de 2024.

A folio 9 informa la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso. Solicita tener presente lo informado por el Jefe de Salud Mental Adultos en informe, remitido por correo de fecha 20 de diciembre de 2024, según lo cual da cuenta que la consulta por enfermedad de salud mental en urgencia del hospital, aumentó desde 640 personas por año el 2019, a más de 1200 personas durante el año 2024, señalando que psiquiatras del Hospital Puerto Montt, han atendido más de 800 pacientes con enfermedad de salud mental grave, afirmando además que los pacientes portan trastornos mentales agudos o crónicos que requieren hospitalización en una unidad especializada como la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP) contando sólo con 24 camas de hospitalización para salud mental adultos, las que tienen un índice ocupacional del 100%, es decir, el servicio está siempre lleno; y de estos, se tienen actualmente 5 personas por orden judicial en internación provisional, 2 en cumplimiento de condena (los que debieran estar en un recinto forense de cumplimiento de condena y no en esta unidad UHCIP) y 3 personas en condición de abandono. Se añade que existen alrededor de 10 a 15 personas hospitalizadas fuera del servicio de psiquiatría esperando cama para la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría UHCIP (en medicina, cirugía, traumatología o urgencia).

Sostiene además que, cuando la situación ha requerido de manejo de mayor complejidad, pacientes han ingresado a Unidades de paciente crítico (UTI o UCI) para manejo farmacológico endovenoso y monitorización. Se añade que se ha capacitado a los funcionarios, se ha trabajado en protocolos actualizados de contención física y de escalada y desescalada. Reproduciendo el contenido el correo en referencia, se afirma que la denuncia a que hace mención el recurso, está dirigidas específicamente a un caso, de una persona que no es paciente de salud mental, sino que es un antisocial peligroso para la sociedad y que psiquiatría definió su alta; se indica que a pesar de lo anterior fue el jefe de UTI, Dr. nombre reservado quien desautorizó a esta especialidad, determinando una larga estadía de ese paciente en el servicio UTI.

Señala que, la situación de las personas en calidad de internos provisionales, sólo ha empeorado a pesar del protocolo firmado con la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ya que además de las 7 personas que residen en la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría UHCIP, otras 5 personas están esperando su proceso legal en dependencias del servicio de medicina (salas 502 y 527), con custodia de gendarmería y con esperas de peritajes hasta agosto de 2025, y con orden de ingreso a servicio de salud mental. Recalca que, este es uno de los mayores problemas, dado que, salvo excepciones, la gran mayoría de las personas derivadas, no son pacientes de salud mental y tampoco se han realizado coordinaciones ni pre evaluaciones para su derivación, y esta situación es particularmente compleja con el Tribunal de Puerto Varas, con quienes, es aún más difícil la comunicación.

Indica, en relación a lo garantizado en el artículo 84 de la Ley N° 18.834, que se han adoptado una serie de medidas a objeto de proteger la integridad física y psíquica de los funcionarios tales como la realización de capacitaciones, elaboración de protocolos de manejo, y actualmente se cuenta con psiquiatras de turno cuya dotación estará completa el año 2025, quienes priorizan la visita de especialidad a los pacientes del piso; se está trabajando en la habilitación de espacios dedicados a estos pacientes en el Hospital de Seminario en conjunto con el Servicio de Salud del Reloncaví; cumpliendo gran parte del petitorio de personal de UTI que incluye mejoras en infraestructura y comodidad del personal, trabajos que se continuarán en el año 2025. Se indica que se han ejercido las acciones judiciales necesarias cuando los funcionarios lo han requerido, tal como consta en causa 9119-2024 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en la que se presentó una querella en representación de una funcionaria de la UTI por agresiones de parte de un paciente, añadiendo que el mismo paciente, fue trasladado a la UHCIP, encontrándose a la espera de peritaje psiquiátrico, tras haberse suspendido la hora inicialmente fijada para el 6 de septiembre de 2024, según consta en causa Rol 1980-2024 del Juzgado de Garantía de esta ciudad. Añade que, el Hospital ha adoptado las medidas que están dentro de su competencia, como lo ha dicho la Corte de Apelaciones en causa Rol N° 808-2024, también seguida en contra del Hospital de Puerto Montt por hechos de similares características.

Acompaña: 1) Correo e informe de fecha 20 de diciembre de 2024, del Jefe de Salud Mental Adultos dirigido al Director del Hospital de Puerto Montt; 2) Correo de fecha 20 de diciembre de 2024 de la Dra. nombre reservado, Dra. nombre reservado, Unidad Gestión Asistencial, dirigido al Jefe de la Unidad Jurídica del Hospital de Puerto Montt; 3) Querella en causa Rol Nº 9119-2024 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt; 4) Resolución de fecha en causa Rol 9119-2024 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt; 5) Ordinario Nº 00450, de fecha 01 de abril de 2024, de la Directora Regional del Servicio Médico; 6) Protocolo Medidas de Prevención de Eventos Adversos en Pacientes con Agitación Psicomotora y Contención Física 2023-2028; 7) Programa de Pasantías en Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría.

Que, encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, en su recurso la parte recurrente precisa que lo reprochado al Hospital de Puerto Montt, recae en la solicitud de 105 profesionales de la salud de dicho recinto hospitalario, concretamente de la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), los que han requerido se presente en su favor, para garantizar su integridad física y psíquica un recurso de protección, toda vez que la recurrida no ha adoptado ninguna medida eficaz para evitar las constantes situaciones de peligro a las que se han visto expuestos, indicando además que, los funcionarios han planteado una serie de reclamos, solicitando reuniones por sí o mediante la Asociación de Profesionales Universitarios ya señalada, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida efectiva por parte de la recurrida en orden a garantizar la integridad física y síquica de los recurrentes.

Tercero: Destacan los recurrentes la existencia de pronunciamiento judiciales previos en la materia y la existencia de un “Protocolo Operativo Sobre Coordinaciones en Materia de Internaciones Provisionales”, de fecha 11 de julio de 2024, suscrito entre el Servicio de Salud del Reloncaví, el Servicio de Salud Chiloé, el Director del Hospital Base de Puerto Montt y el Poder Judicial, el que entienden tuvo por finalidad articular los lineamientos para efectos de coordinar y agilizar ante la Red Forense Nacional la derivación de imputados con solicitud de evaluación psiquiátrica, internación provisional para fortalecer la eficiencia y eficacia de los Servicios Penitenciarios y Hospitalarios involucrados. Tras resaltar los puntos 7 y 13 del mencionado protocolo, señalan que no son cumplidas por la recurrida, ya que los 105 funcionarios en favor de quienes se recurre han declarado que su integridad física y psíquica se encuentra en peligro. Sostienen además que, con fecha 26 de julio de 2024, los funcionarios de la UTI Adulto del Hospital de Puerto Montt dirigieron una carta al equipo directivo del Hospital de Puerto Montt, en donde pusieron de relieve los graves hechos que les afectaban, entre las cuales dan cuenta de funcionarios que han sido víctimas de acoso sexual y violencia tanto verbal como física.

Argumentan a su vez que, el personal respectivo no se encuentra capacitado para entender y recibir pacientes de salud mental judicializados; generando todas las afectaciones que denuncian, lo que se extiende también a pacientes y sus familiares, relevando de esta forma el incumplimiento del protocolo adoptado en el mes de julio de 2024 y la recomendación dada por esta Corte en el recurso de protección Rol 808-2024, en cuanto a garantizar la seguridad e integridad de sus funcionarios y usuarios del Hospital Base de Puerto Montt mediante la implementación de medidas eficaces, cuestión que, sostienen, no ha ocurrido.

Cuarto: Que, por su parte, el Hospital recurrido pidió el rechazo de la acción cautelar interpuesta en su contra, por cuanto informó, en síntesis, que ha adoptado medidas de resguardo de sus funcionarios, con las capitaciones pertinentes, además de una serie de acciones que menciona en su informe.

Quinto: Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en la presente causa, si bien el Hospital recurrido ha adoptado algunas medidas respecto de los hechos que se denunciaron en el primer recurso de protección, en lo denunciado en la presente acción, no se han desplegado las acciones destinadas a la protección de sus funcionarios, en los términos indicados por esta Corte en causa Rol Protección Rol N° 808-2024, y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la misma causa, al acoger -en definitiva- la acción incoada en su oportunidad.

En concreto, en la presente acción de protección queda claro que ahora, son los 105 funcionarios de la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) que recurren, los que en esta oportunidad se han visto afectados por los hechos que se denuncian en la presente acción de protección, para garantizar su integridad física y psíquica, toda vez que es ahora en dicha Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), donde los funcionarios de la Unidad se han visto expuestos por los hechos denunciados, han planteado una serie de reclamos, solicitando reuniones por sí o mediante la Asociación de Profesionales Universitarios ya señalada, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida efectiva por parte de la recurrida en orden a garantizar la integridad física y síquica de los recurrentes en la Unidad de Tratamientos Intensivos.

De esta forma, es evidente que la recurrida no ha adoptado ninguna medida eficaz para evitar las constantes situaciones de peligro a las que se han visto expuestos, en esta oportunidad, los funcionarios de la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) que recurren en la presente causa, no obstante a que han planteado una serie de reclamos, solicitando reuniones por sí o mediante la Asociación de Profesionales Universitarios ya señalada, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida efectiva por parte de la recurrida en orden a garantizar la integridad física y síquica de los recurrentes, por los hechos específicamente denunciados en el presente recurso de protección, y respecto de los funcionarios de la Unidad que en esta oportunidad recurren.

Sexto: Que, en efecto, además debe tenerse presente que el artículo 2º de la Ley N° 20.584 establece que: “Toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que ejecute las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, a que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas y condiciones que determinan la Constitución y las leyes. La atención que se proporcione a las personas con discapacidad física o mental y a aquellas que se encuentren privadas de libertad, deberá regirse por las normas que dicte el Ministerio de Salud, para asegurar que aquella sea oportuna y de igual calidad”.

Por otro lado el artículo 4° de la referida Ley dispone que: “Toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales cumplan las normas vigentes en el país, y con los protocolos establecidos, en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud, referentes a materias tales como infecciones intrahospitalarias, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud y, en general, todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas. Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado”.

Séptimo: Que, por su parte, la Guía de Orientaciones Técnicas sobre Trato Digno en la Atención de Salud con Enfoque de Derechos y Género (año 2022) del Ministerio de Salud (https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2023/11/OOTT-Trato-Digno-en-SaludFinal.pdf ) señala en lo referente a recomendaciones para cargos Directivos: “Promueva una cultura de seguridad y calidad dentro de la organización, donde el trato digno y la seguridad de la atención sean pilares centrales de las prestaciones entregadas. Promueva un ambiente de trabajo digno. Fomente y lidere el buen trato y un ambiente que dignifique la labor de sus trabajadores y trabajadoras, así como también el respecto a los derechos laborales fundamentales. Aplique lo indicado en los documentos ministeriales en relación a riesgos psicosociales en el trabajo.”

Asimismo, en cuanto a las recomendaciones para trabajadores y trabajadoras de trato directo, contempla: “Normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas. Los trabajadores y trabajadoras deben tener actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas. La manifestación del saludo y la sonrisa como parte de la conexión básica y esencial entre las personas, agregando su presentación, una referencia a la función que ejecuta el o la profesional (identificado si es estudiante o profesional en práctica) y las acciones que va a hacer. Esto debe ser parte de la atención, en cualquier contexto que se encuentre”.

Octavo: Que, de esta forma, de lo señalado precedentemente se concluye que claramente existe una situación problemática al interior del Hospital recurrido, que en lo concreto deviene en un entorno de tensión permanente, en este caso, en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), donde se desempeñan los 105 funcionarios que recurren a través de la presente acción, no obstante sostener que han planteado una serie de reclamos, solicitando reuniones por sí o mediante la Asociación de Profesionales Universitarios, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas al efecto.

Que, por su parte, lo anterior además redunda en un eventual entorpecimiento de la institución hospitalaria en la adecuada entrega de la prestación de salud, y a su vez, impide al personal recurrente de la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) cumplir adecuadamente con los preceptos señalados anteriormente, constituyendo una limitación para que éstos puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, en beneficio de los pacientes de la respectiva unidad.

Noveno: Que, conforme a las normas y orientaciones referidas, es una función esencial del recinto de salud recurrido, velar por el buen funcionamiento del servicio, con observancia estricta de que se otorguen las prestaciones de salud sin ningún obstáculo y en un contexto de trato digno y adecuado, en este caso, en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), y en el caso que ello no se esté cumpliendo, por las razones que sea y antes de dilucidarlas, debe disponer medidas correctivas dirigidas a subsanar cualquier evento adverso en perjuicio tanto del paciente como de su personal de salud, que es lo que denuncian los funcionarios recurrentes en esta oportunidad.

Décimo: Que, dicho lo anterior, el hospital recurrido ha debido adoptar las medidas pertinentes para resguardar adecuadamente los derechos de los pacientes así como los de todos los funcionarios recurrentes de la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), cuestión que no consta en autos haya cumplido, lo que torna su actuar como ilegal y arbitrario, teniendo especial consideración además que, no se han adoptado por parte del Hospital de Puerto Montt las medidas que resguarden la integridad física y psíquica del personal, que sin la preparación requerida, diariamente debe verse expuesto a pacientes con necesidades especiales, en razón de las patologías mentales que los afectan, ni ha proporcionado a éstos últimos una atención sanitaria integral, lo que sin duda vulnera los derechos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, motivo por el cual el recurso de protección será acogido, en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

Que, se acoge la acción deducida, por la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud del Hospital Puerto Montt, APRUSS HOSPITAL PUERTO MONTT, representada legalmente por nombre reservado, en contra del Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, en cuanto se ordena que este último adopte eficazmente las medidas de administración y de seguridad tendientes a dar protección -en concreto- a los funcionarios recurrentes de la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) por los hechos denunciados, pero además, adopte eficazmente estas medidas cualquiera que sea la dependencia y/o Unidad correspondiente del recinto hospitalario en que se ingresen permanente o transitoriamente pacientes con las patologías de salud mental denunciada, y se pueda proceder con personal de mayor idoneidad, al cuidado y tratamiento de aquellos pacientes de salud mental infanto-juvenil, adultos y/o judicializados, realizando las capacitaciones que sean necesarias, además de aumentar las medidas de seguridad que tiendan a proteger eficazmente la integridad del personal de salud de sus dependencias, como también aquellas que propendan a proporcionar a los pacientes del área de salud mental, una atención integral y de calidad, en dichos espacios.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Rol Protección N°1658-2024.