Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Puerto Montt, siete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Elías Rodrigo Lizama Novoa, abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, y en contra del Prefecto General don nombre reservado, Director General Subrogante de la misma institución, con ocasión de la eliminación del recurrente como “Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea” dentro del Curso de Formación de Oficial Policial Profesional de Línea.

Señala que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 17 de julio de 2025, dictada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual se dispuso la eliminación del recurrente del referido curso, decisión que fue confirmada por la Resolución Exenta (R) N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, dictada por el Director General Subrogante de la PDI, la que fue notificada al recurrente con fecha 24 de octubre de 2025.

Expone que don nombre reservado ingresó el 13 de febrero de 2023 a la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, pasando a integrar el cuerpo de aspirantes de la promoción 2023-2025. Agrega que, mediante Resolución Exenta (R) N° NUM002, de 28 de marzo de 2025, fue promovido a tercer año, atendidas las calificaciones obtenidas durante su segundo año de instrucción.

Refiere que, durante su permanencia en la institución, registró algunas sanciones académicas durante los años 2023 y 2024, las que, según sostiene, habrían cumplido su finalidad correctiva, sin reiterarse conductas de igual naturaleza. Añade que registra anotaciones de mérito, constancias positivas y evaluaciones mensuales destacadas por su oficial instructor, relativas a su iniciativa, capacidad funcionaria, proactividad, buen comportamiento, disciplina, jerarquía, reserva y buena relación con sus pares. Afirma, además, que no fue objeto de condicionalidad por comportamiento ni rendimiento académico y que habría evidenciado un repunte sostenido en sus calificaciones.

Indica que la eliminación se fundó en el artículo 50 letra a) del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales, esto es, “enfermedad que lo imposibilite para continuar con el curso, previo informe de la Comisión Médica de Investigaciones”, y, específicamente, en el Informe Técnico (R) N° NUM003, de 29 de mayo de 2025, emitido por la Comisión Médica Institucional de la Jefatura Nacional de Salud de la PDI, que habría establecido como diagnóstico “trastorno de personalidad”, con sintomatología de gran intensidad.

Sostiene el recurrente que dicho diagnóstico carece de base fáctica objetiva y se sustenta en antecedentes inexistentes, erróneos o metodológicamente insuficientes, por cuanto no se habrían aplicado instrumentos psicométricos específicamente destinados a evaluar trastornos de personalidad u otras psicopatologías, ni se habría realizado una evaluación suficientemente rigurosa, actualizada e integral.

Expone que, luego de su desvinculación, solicitó la realización de un informe pericial psicológico a la psicóloga forense-jurídica doña nombre reservado, quien habría aplicado diversos instrumentos de psicodiagnóstico y concluido que no se observaban indicadores de trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica ni deterioro cognitivo que dificultaran la formación o desempeño del recurrente como futuro investigador policial.

Agrega que tales conclusiones fueron reforzadas por un informe de análisis de parámetros de validez y metodológicos, elaborado por profesionales externos, que cuestionaría la suficiencia metodológica del diagnóstico institucional.

Afirma que interpuso recurso de reposición contra la resolución de eliminación, acompañando dichos antecedentes técnicos, pero que éste fue rechazado por la Resolución Exenta (R) N° NUM001. Señala que tal resolución sostuvo, en lo pertinente, que la solicitud de antecedentes médicos complementarios constituiría una facultad y no una obligación de la Comisión Médica Institucional, y que los antecedentes externos acompañados no podían desplazar la competencia institucional para pronunciarse sobre la aptitud del aspirante para continuar en la institución.

El recurrente estima que tales decisiones son ilegales y arbitrarias, por cuanto se habrían dictado sin una base fáctica objetiva, sin una evaluación médica y psicológica suficientemente rigurosa, y sin ponderar la prueba técnica acompañada en sede administrativa. Alega que ello constituye una afectación de su derecho a un procedimiento racional y justo, al habérsele impedido controvertir eficazmente el diagnóstico que sirvió de fundamento a su eliminación.

Sostiene, además, que la medida afecta las garantías del artículo 19 N° 1, N° 2, N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República. En particular, afirma que se vulnera su integridad psíquica, al atribuírsele un diagnóstico que considera erróneo y estigmatizante; la igualdad ante la ley, por estimar que se le otorgó un trato diferenciado sin justificación razonable; el debido proceso, al no ponderarse sus antecedentes de descargo; y el derecho de propiedad, respecto de la expectativa legítima que habría adquirido de continuar su formación y egresar como detective.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se declare que su eliminación constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenando su reincorporación inmediata como aspirante de la Escuela de Investigaciones Policiales de Chile. En subsidio, pide que se ordene a la recurrida someterlo a una nueva evaluación de salud, bajo condiciones de rigurosidad científica, objetividad y racionalidad, y que, de establecerse compatibilidad con el servicio, se disponga su reincorporación como aspirante.

A folio 17 informando, comparece don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone que la acción fue deducida por don nombre reservado, aspirante eliminado del Curso de Formación de Oficial Policial Profesional de Línea, cuya eliminación fue dispuesta mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de julio de 2025, y confirmada por Resolución Exenta N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, acto administrativo que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente.

En cuanto a la forma, sostiene que la acción de protección tiene naturaleza cautelar y urgente, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que afecten las garantías previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Afirma que, en la especie, el recurrente pretende controvertir decisiones administrativas adoptadas por la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, dictadas conforme al Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma” y al Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, por lo que la acción cautelar no puede transformarse en una nueva instancia administrativa.

En cuanto a los antecedentes, refiere que el recurrente ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales con fecha 13 de febrero de 2023, pasando a integrar el cuerpo de aspirantes de la promoción 2023-2025, y que mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 28 de marzo de 2025, fue promovido a tercer año, en virtud de las calificaciones obtenidas durante su segundo año de instrucción.

Señala que, de acuerdo con lo expuesto por el propio recurrente, durante los años 2023 y 2024 su desempeño disciplinario quedó registrado en su Hoja de Vida Anual, consignándose en 2023 cuatro sanciones académicas vinculadas a incumplimientos de diversa entidad, y en 2024 dos sanciones aplicadas en el mes de junio, relacionadas con gestos inapropiados durante una actividad institucional y uso de teléfono celular mientras se encontraba sancionado.

Añade que el recurrente invoca, asimismo, la existencia de anotaciones de mérito, constancias positivas y evaluaciones mensuales favorables emitidas por su oficial instructor, relativas a su desempeño general, disciplina, respeto por la jerarquía y relación con sus pares, agregando que no habría sido objeto de medidas de condicionalidad por comportamiento o rendimiento académico.

Indica que la cuestión controvertida consiste en que el recurrente estima ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, por cuanto habría rechazado su recurso de reposición sobre la base de antecedentes que califica de inexistentes, sin sujetarse a un procedimiento racional y justo. Añade que el actor cuestiona la rigurosidad de la evaluación efectuada por la Comisión Médica Institucional, señalando que ésta habría prescindido de instrumentos de psicodiagnóstico, pruebas neuropsicológicas complementarias e instrumentos de validez para confirmar o refutar la hipótesis diagnóstica.

La recurrida controvierte tales alegaciones, sosteniendo que el acto impugnado fue dictado en el legítimo ejercicio de una potestad administrativa reglada, en estricta observancia del marco normativo vigente y de los procedimientos legalmente establecidos.

Afirma que la decisión se encuentra debidamente motivada, se apoya en antecedentes objetivos y verificables, y responde a criterios técnicos propios de la función administrativa, sin que pueda calificarse de arbitraria o ilegal.

En cuanto al marco normativo, señala que la Policía de Investigaciones de Chile es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, cuyo personal se encuentra sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto, conforme al artículo 1° del Decreto Ley N° 2.460. Agrega que, de acuerdo con el artículo 49 del Decreto Supremo N° 5, de 1982, al ingresar a la Escuela los aspirantes a oficiales quedan sometidos al régimen jerárquico y disciplinario de la institución.

Expone que el acto recurrido se enmarca dentro de las facultades propias del Director General de la institución, ejercidas conforme a los artículos 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.575, y los artículos 1 y 50 del Reglamento Orgánico de la Escuela. En tal calidad, el Director General cuenta con competencia para disponer la eliminación de aquellos aspirantes que no satisfagan los estándares exigidos, en este caso, de salud, para continuar el curso y ejercer posteriormente la función policial.

Sostiene que tanto la Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de julio de 2025, como la Resolución Exenta N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, se encuentran debidamente motivadas, pues explicitan los fundamentos normativos y los antecedentes fácticos que sustentan la decisión, dando cumplimiento a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

En relación con la supuesta falta de fundamentación de la Resolución Exenta N° NUM001, indica que dicho acto administrativo entrega razones claras acerca de los motivos por los cuales se determinó eliminar al recurrente del curso de formación policial. Afirma que la resolución descarta la alegación relativa a una supuesta falta de examen médico por parte de la Comisión Médica Institucional, precisando que dicha instancia actúa sobre la base de evaluaciones efectuadas por profesionales competentes.

Agrega que la Comisión Médica Institucional habría sesionado válidamente con el quórum mínimo de tres integrantes exigido por el artículo 4° del Decreto Supremo N° 32, de 1976, adoptando su decisión de manera unánime. Añade que la solicitud de antecedentes complementarios constituye una facultad de la Comisión y no una obligación, conforme al artículo 21 de la Orden General N° 2.480.

Asimismo, sostiene que la resolución descartó la valoración de informes externos, atendido que la competencia para pronunciarse sobre la aptitud médica corresponde de manera exclusiva a la Comisión Médica Institucional, conforme a los artículos 151 del Decreto Supremo N° 41, de 1987, y 1° del Decreto Supremo N° 32.

En cuanto a las garantías invocadas, sostiene que no se ha vulnerado la integridad psíquica del recurrente, pues la decisión no se funda en un diagnóstico arbitrario ni carente de sustento, sino en evaluaciones realizadas por profesionales institucionales competentes, dentro del marco de sus atribuciones. Añade que la normativa aplicable no exige el uso de instrumentos psicométricos específicos, sino el cumplimiento de las reglas de competencia, quórum y procedimiento, las que estima observadas.

Afirma que, al momento de evacuar su informe técnico, la Comisión Médica tuvo a la vista la totalidad del historial médico del aspirante, lo que descarta la alegación de falta de fundamento. Agrega que no existió indefensión ni imposibilidad de refutación efectiva, pues el procedimiento contempló instancias de evaluación y revisión conforme a la regulación vigente.

Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que no existe discriminación arbitraria, por cuanto la decisión impugnada no establece un trato desigual injustificado, sino que se funda en una evaluación técnica efectuada por el órgano competente para pronunciarse sobre la idoneidad de los aspirantes a oficiales policiales. Señala que la medida responde a antecedentes objetivos apreciados conforme a la normativa que regula el proceso formativo policial.

En cuanto al procedimiento racional y justo, indica que la medida impugnada no corresponde al ejercicio de la potestad sancionatoria, sino a una decisión administrativa autónoma adoptada en el marco de atribuciones regladas de selección e idoneidad del personal policial. Por ello, estima que no resultan exigibles los estándares propios del derecho administrativo sancionador. Agrega que el recurrente interpuso recurso de reposición contra la Resolución Exenta N° NUM000, el cual fue tramitado conforme a las reglas del procedimiento administrativo institucional.

Respecto del derecho de propiedad, sostiene que la calidad de aspirante a oficial policial y la aprobación de determinados semestres no confieren al recurrente un derecho adquirido ni un derecho incorporal incorporado a su patrimonio. Afirma que la permanencia y egreso del proceso formativo se encuentran condicionados al cumplimiento permanente de los requisitos académicos, conductuales y de idoneidad exigidos por la normativa institucional, entre ellos la aptitud médica evaluada por la Comisión Médica Institucional.

Concluye que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, en ejercicio legítimo de potestades regladas, dentro del marco normativo vigente, sin ilegalidad ni arbitrariedad. Señala que la eliminación del recurrente se encuentra debidamente motivada y fundada en antecedentes técnicos apreciados por la Comisión Médica Institucional, órgano especializado para evaluar la idoneidad médica de los aspirantes.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una vía cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma señala.

Segundo: Que, por su naturaleza, esta acción no constituye una instancia general de revisión administrativa ni un medio para sustituir sin más la apreciación técnica de los órganos institucionalmente competentes. La intervención cautelar procede únicamente cuando aparece de manifiesto una actuación ilegal, arbitraria, carente de competencia, desprovista de fundamento o lesiva de garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que el acto recurrido corresponde a la eliminación de don nombre reservado del Curso de Formación de Oficial Policial Profesional de Línea, dispuesta mediante Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 17 de julio de 2025, y confirmada por Resolución Exenta (R) N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, dictada al resolver el recurso de reposición interpuesto por el recurrente.

Cuarto: Que la decisión administrativa se fundó en el artículo 50 letra a) del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales, referido a la existencia de enfermedad que imposibilite continuar con el curso, previo informe de la Comisión Médica de Investigaciones, y en el Informe Técnico (R) N° NUM003, de 29 de mayo de 2025, emitido por la Comisión Médica Institucional.

Quinto: Que la controversia sometida a esta Corte no radica en determinar si el recurrente registraba buenas calificaciones, anotaciones de mérito o evaluaciones favorables durante su proceso formativo, antecedentes que han sido invocados por el actor y que constan reseñados en el recurso, sino en establecer si la decisión administrativa que dispuso su eliminación, fundada en un informe técnico de la Comisión Médica Institucional, adolece de ilegalidad o arbitrariedad susceptible de ser corregida por esta vía cautelar.

Sexto: Que, conforme aparece de los antecedentes, el recurrente ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales con fecha 13 de febrero de 2023 y fue promovido a tercer año mediante Resolución Exenta (R) N° NUM002, de 28 de marzo de 2025. Asimismo, se ha expuesto que registró sanciones académicas durante los años 2023 y 2024, junto con anotaciones de mérito, constancias positivas y evaluaciones mensuales favorables. Tales antecedentes, aun cuando resultan relevantes para describir su trayectoria formativa, no desvirtúan por sí mismos el fundamento técnico específico de la medida impugnada, referido a la aptitud médica del aspirante para continuar el curso de formación policial.

Séptimo: Que la Policía de Investigaciones de Chile, conforme al marco normativo invocado por la recurrida, es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, cuyo personal se encuentra sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto. A su vez, de acuerdo con el Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales, los aspirantes quedan sometidos, desde su ingreso, al régimen institucional aplicable. En ese contexto, la formación policial exige estándares especiales de idoneidad, disciplina, aptitud y compatibilidad con el servicio, cuya evaluación corresponde a los órganos institucionales competentes, en la forma prevista por la normativa respectiva.

Octavo: Que el recurrente sostiene que el Informe Técnico (R) N° NUM003 carece de suficiente base metodológica, por no haberse aplicado instrumentos psicométricos específicos ni pruebas complementarias que, a su juicio, resultaban indispensables para confirmar o descartar un trastorno de personalidad. Sin embargo, en esta sede no se ha acreditado la existencia de una norma reglamentaria que imponga a la Comisión Médica Institucional el uso necesario de determinados instrumentos psicométricos como requisito de validez de su pronunciamiento.

Noveno: Que, según informó la recurrida, la Comisión Médica Institucional actuó sobre la base de evaluaciones efectuadas por profesionales competentes, tuvo a la vista el historial médico del aspirante, sesionó con el quórum exigido por el artículo 4° del Decreto Supremo N° 32, de 1976, y adoptó su decisión de manera unánime. En tales condiciones, la discrepancia técnica del recurrente con el diagnóstico o con la metodología seguida por la Comisión no basta, por sí sola, para configurar ilegalidad o arbitrariedad.

Décimo: Que los informes externos acompañados por el recurrente fueron aportados como antecedentes técnicos destinados a controvertir el diagnóstico institucional. La existencia de opiniones técnicas divergentes, sin embargo, no transforma automáticamente en ilegal o arbitrario el acto administrativo impugnado, especialmente cuando la normativa institucional atribuye la competencia para pronunciarse sobre la aptitud médica del aspirante a la Comisión Médica Institucional.

Undécimo: Que, en lo relativo a dichos antecedentes externos, la Resolución Exenta (R)

N° NUM001 no guardó silencio absoluto, sino que explicó que la solicitud de antecedentes complementarios constituye una facultad de la Comisión Médica Institucional y que la competencia para pronunciarse sobre la aptitud médica del aspirante corresponde al órgano institucional previsto para tal efecto. Dicha fundamentación puede no satisfacer la pretensión del recurrente, pero permite conocer la razón por la cual la autoridad no sustituyó el pronunciamiento técnico institucional por informes de profesionales externos.

Duodécimo: Que tampoco se advierte falta de fundamentación en la Resolución Exenta (R) N° NUM001. De acuerdo con lo informado, dicho acto administrativo se pronunció sobre las alegaciones formuladas por el recurrente en su reposición, descartó la supuesta falta de examen médico, indicó que la Comisión Médica actúa sobre la base de evaluaciones profesionales competentes, señaló que la solicitud de antecedentes complementarios constituye una facultad y no una obligación, y precisó que la valoración de informes externos no podía sustituir la competencia técnica de la Comisión Médica Institucional. Así, más allá de la discrepancia del recurrente con lo decidido, el acto contiene razones explícitas que permiten conocer el fundamento de la decisión y ejercer control sobre ella.

Décimo tercero: Que la alegación relativa al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República tampoco podrá prosperar. En sede de protección, dicha garantía se encuentra cautelada en los términos previstos por el artículo 20 de la Carta Fundamental, y, en todo caso, no se observa que el recurrente haya sido juzgado por una comisión especial ni que haya quedado en indefensión material. Fue notificado de la resolución que dispuso su eliminación, interpuso recurso de reposición y acompañó antecedentes técnicos, los que fueron abordados en la resolución que rechazó dicho arbitrio administrativo.

Décimo cuarto: Que la eliminación impugnada no aparece configurada como una sanción disciplinaria, sino como una decisión administrativa fundada en una evaluación de aptitud médica para continuar el curso de formación policial. Por ello, no resulta procedente analizarla bajo los mismos estándares propios del derecho administrativo disciplinario, sin perjuicio de la exigencia general de motivación y racionalidad que debe observar todo acto administrativo.

Décimo quinto: Que, en cuanto a la integridad psíquica, la atribución de un diagnóstico o conclusión médica en el marco de una evaluación institucional no constituye, por sí misma, una vulneración de dicha garantía, cuando tal actuación se realiza dentro del ámbito funcional de la institución y para fines propios del procedimiento de evaluación de aptitud. No se ha acreditado en estos antecedentes una difusión indebida, una utilización ajena a los fines institucionales o un trato vejatorio que permita estimar configurada una afectación constitucionalmente relevante a la integridad psíquica del recurrente.

Décimo sexto: Que, respecto de la igualdad ante la ley, el recurrente no ha demostrado que se le haya aplicado un trato diferenciado respecto de otros aspirantes que se encontraran en una situación sustancialmente equivalente. La decisión cuestionada se funda en un informe técnico médico institucional relativo a su aptitud para continuar el curso, lo que constituye un antecedente objetivo y vinculado con la finalidad del proceso formativo policial.

No se advierte, por tanto, una diferencia arbitraria de trato.

Décimo séptimo: Que, en cuanto al derecho de propiedad, la calidad de aspirante a oficial policial, las calificaciones obtenidas o la expectativa de continuar el proceso formativo no constituyen, en los términos planteados, un derecho adquirido incorporado al patrimonio del recurrente. La permanencia en la Escuela y el eventual egreso se encuentran condicionados al cumplimiento de los requisitos académicos, disciplinarios, de salud e idoneidad previstos por la normativa institucional. En consecuencia, la eliminación impugnada no importa una privación de propiedad sobre un derecho patrimonial indubitado.

Décimo octavo: Que la pretensión subsidiaria del recurrente, consistente en que se ordene una nueva evaluación de salud bajo condiciones de rigurosidad científica, objetividad y racionalidad, tampoco puede ser acogida por esta vía. La acción de protección no tiene por objeto diseñar o sustituir los procedimientos técnicos internos de evaluación médica, salvo que se constate una infracción manifiesta de legalidad o arbitrariedad, cuestión que no se verifica en la especie.

Décimo noveno: Que, en definitiva, el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, aparece fundado en un informe técnico emitido por el órgano institucional llamado a pronunciarse sobre la aptitud médica del aspirante, y fue objeto de revisión mediante reposición administrativa. No se advierte, en consecuencia, un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas por el recurrente.

Vigésimo: Que, por lo razonado, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, N° 2, N° 3 inciso quinto, N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección; en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880; en el Decreto Ley N° 2.460; en el Decreto Supremo N° 5, de 1982; en el Decreto Supremo N° 32, de 1976; en el Decreto Supremo N° 41, de 1987; en la Orden General N° 2.480, en cuanto ha sido invocada en autos; y demás normas pertinentes, se declara:

Que se rechaza, sin costas, por haber tenido el recurrente motivo plausible para accionar, el recurso de protección interpuesto por don Elías Rodrigo Lizama Novoa, en representación de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y del Prefecto General don nombre reservado, en su calidad de Director General Subrogante de la misma institución, con ocasión de la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 17 de julio de 2025, y de la Resolución Exenta (R) N° NUM001, de 17 de octubre de 2025.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 1651-2025.