Protección contra SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Puerto Montt, siete de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N° 1, el día 09 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado

Torrejón a favor de nombre reservado, ciudadano dominicano, e interpone acción de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, por el rechazo de la solicitud de regularización migratoria extraordinaria impetrada, que le fue comunicada por Resolución Exenta N°NUM000 del 16 de agosto de 2024, y notificada con fecha de 27 noviembre de 2024 mediante correo electrónico.

Explica que el actor ingresó a Chile el 13 de julio de 2018, por paso no habilitado. Dice que ejercía labores como técnico electricista en su país de origen, pero por la situación social y económica, se vio forzado a emigrar para mejorar sus condiciones de vida. Detalla su viaje a Chile, que fue víctima de un robo, y habría ingresado con un “coyote”, hasta llegar a Santiago el día 15 de julio.

Señala que se auto denunció, y se ha mantenido firmando, y el día 20 de julio de 2018 presentó una solicitud de regularización migratoria en el marco del proceso extraordinario habilitado para dicho período, que no alcanzó a presentar todos los documentos porque recibió la notificación con retraso, y luego el 14 de diciembre de 2022 presentó una carta explicativa a las autoridades, pidiendo verificar el estado de su solicitud y una respuesta formal, sin recibir respuesta.

Indica que ante la falta de respuesta, y con la finalidad de permanecer junto a su esposa, quien padece de cáncer de mamas, y depende de él emocional y económicamente, el día 22 de octubre de 2021 presentó una carta de solicitud de regularización extraordinaria dirigida al Subsecretario del Interior, a través de la oficina de partes del Servicio Nacional de Migraciones, fundada en su vínculo familiar con chilena, pues contrajo matrimonio en NUM001 de 2021 con nombre reservado, quien padece cáncer; que también presenta estabilidad económica porque se desempeña como maestro de electricidad; que tiene arraigo social y familiar, y circunstancias humanitarias, por los riesgos que implicaría su retorno al país de origen.

Detalla que pese a no obtener respuesta, se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico, el cual fue completado exitosamente el 10 de agosto de 2023, lo que daría cuenta de su intención de regularizar su situación migratoria, y de manera sorpresiva fue notificado el día 27 de noviembre de la resolución de la Subsecretaría del Interior que rechazó la solicitud de Permiso de Residencia Temporal Excepcional en el país.

Reclama que el fundamento de dicha decisión fue que no cumplía los requisitos para ser calificado como humanitario, pues las circunstancias presentadas no revestían relevancia especial, sino que eran situaciones genéricas, pero estima que dicha interpretación es restrictiva, pues la legislación no limita la consideración de circunstancias excepcionales a casos estrictamente extraordinarios sino también aquellos casos que, sin ser estrictamente excepcionales, requieren de protección o consideración especial debido a sus características particulares, cuál sería su caso.

Argumenta que la resolución cuestionada es ilegal y arbitraria, porque infringe disposiciones concretas del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, en concordancia con el artículo 19 N°2 y 14 de la Constitución Política de la República, y la Ley N°19.880 de Bases que rige los Procedimientos Administrativos, porque el actor no puede regularizar su situación porque no ingresó de manera regular y tampoco se ha dispuesto orden de expulsión; que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley porque no hay fundamento suficiente para el rechazo; que pese a ser facultad discrecional debe ser fundada en las directrices del artículo 129 de la ley de extranjería; que la situación actual de República Dominicana haría procedente la concesión por motivos humanitarios, o bien por el motivo calificado referido a la situación de salud de su cónyuge chilena.

Por todo lo dicho, y en base a los documentos que acompaña, solicita se acoja el recurso y se otorgue la regularización migratoria.

A folio N° 5, la recurrida evacúa informe, y expone al efecto que la solicitud de regularización migratoria fue rechazada, debido a que no fue posible acreditar, en virtud de los antecedentes acompañados, que la situación del recurrente se trataba de un caso calificado o que existieran motivos humanitarios que justificaran el ejercicio de la facultad solicitada. Respecto de esta decisión, señala que no consta la presentación de impugnaciones administrativas, ni tampoco otras solicitudes de naturaleza migratoria por parte del recurrente. Expone que lo que se pretende con la acción de protección de autos excede con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, con motivo de la cual no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquellas relacionadas con la eventual concesión de una determinada categoría migratoria, o el otorgamiento de un permiso de residencia por vía judicial, situaciones ambas que se relacionan directamente con el ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Expresa que en nuestro ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento para estos fines, tal como lo establece el artículo 139 de la ley N°21.325, el cual, a su vez, reconduce a los recursos establecidos en la ley N°19.880. Incluso, el artículo 140 de la ley N°21.325 dispone expresamente que la interposición de los recursos administrativos antes señalados suspenderá los efectos del acto o resolución que se impugna. Por ello, señala no corresponde que el asunto planteado sea conocido en esta sede excepcional, por cuanto su resolución requiere, necesariamente, el análisis de elementos de lato conocimiento. Por otra parte, señala que lo que se pretende con la acción de protección es, en el fondo, obtener una declaración jurisdiccional respecto de la forma en que la Administración ejerce las facultades que, por expreso mandato legal, le son propias, lo cual también es improcedente. En cuanto al fondo expone que el otorgamiento de estos permisos de residencia temporal excepcionales tendrá lugar sí, y sólo sí, quienes los solicitan demuestran suficientemente que les asisten fundamentos calificados para ello, siendo necesario acompañar documentación suficiente en las distintas instancias administrativas en que la autoridad lo solicite; toda vez que el ejercicio de la facultad descrita conlleva un procedimiento desformalizado, al no establecerlo expresamente la ley. Sostiene que en este caso en concreto, los antecedentes aportados por el recurrente no fueron suficientes para que se considerase la configuración de un caso excepcional, calificado o humanitario, lo cual se indicó expresamente en la parte considerativa de la resolución exenta impugnada, de la Subsecretaría del Interior. Lo anterior, porque el actor fundó su solicitud de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar, a juicio de la autoridad, una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso a nuestro país por un paso no habilitado para tales efectos, y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia, ergo, no es que no se hayan acreditado las situaciones que invoca, sino que pese a ello no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario. Cita jurisprudencia en apoyo de su interpretación.

Sostiene finalmente, que no es posible instrumentalizar este procedimiento excepcional, pues de acogerse solicitudes por argumentos de general aplicación, estaría vulnerando el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el acto considerado por el recurrente como arbitrario e ilegal corresponde a la Resolución Exenta N°NUM000 emitida por la Subsecretaría del Interior, que rechazó la solicitud de regularización jurídica contemplada en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley 21.325, ingresada por su parte, fundado en que el referido acto administrativo carece de motivación suficiente y fue evacuado sin ponderar adecuadamente los antecedentes calificados acompañados.

Cuarto: Que, para la resolución de la acción intentada debe tenerse presente que en lo pertinente el artículo 155 de la Ley 21.325, prescribe “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado. 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.”

Quinto: Que, el recurrente aduce que la recurrida ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal que lo ha situado en un escenario de desigualdad en relación a otros extranjeros que en situación jurídica equivalente han regularizado su condición migratoria, e invoca como garantía constitucional vulnerada la consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Al respecto cabe señalar que la circunstancia invocada para configurar la arbitrariedad no es tal, pues por mandato legal la Subsecretaría recurrida se encuentra facultada para acoger la solicitud en casos excepcionales, y respecto de aquellos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

Como el recurrente -con los antecedentes acompañados- no logró acreditar encontrarse en la situación excepcional antes descrita no es posible sostener que la Subsecretaría recurrida, en la dictación de la resolución cuestionada haya obrado arbitrariamente, como así tampoco de manera ilegal, pues aquella aparece suficientemente fundada y ajustada a la normativa transcrita precedentemente. Lo anterior, considerando que no aportó antecedentes suficientes que permitieran a la autoridad considerar que estaba ante un caso calificado o humanitario, sino más bien se limitó a pedir la regularización aludiendo a situaciones más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares (Considerando 9. de la resolución recurrida).

Sexto: Que en ese orden de ideas, no existiendo actuación u omisión alguna reprochable a la recurrida, se rechazará el recurso conforme se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que: I. Se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado

Torrejón a favor de nombre reservado en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.

II. No se condena en costas al recurrente por haber existido motivo plausible.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección 1644-2024.