nombre reservado CONTRA LA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS

Puerto Montt, dieciocho de mayo de dos mil quince VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a fojas 96 y con fecha 9 de abril de 2015, comparece don nombre reservado, funcionario municipal de Planta del Municipio de Osorno, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS, representada por su contralor don MARIO QUEZADA FONSECA, ingeniero civil, ambos domiciliados en domicilio reservado; solicitando que se acoja el presente disponiendo de inmediato las medidas que tiendan al restablecimiento de los derechos conculcados, así como la de dejar sin efecto el Dictamen N° 1204, de fecha 6 de marzo de 2015, y en su reemplazo dictaminar que no ratifica su destitución, ordenando a la Municipalidad de Osorno que decrete la reapertura del sumario instruido por el Decreto Afecto N° 3705, de fecha 23 de octubre de 2012, retrotrayendo el proceso a la etapa indagatoria con la finalidad que se agote la investigación de los hechos no averiguados y a partir de esa etapa se rehagan los trámites procesales conforme a derecho hasta concluir nuevamente el sumario con respeto a sus derechos; y que, finalmente, se ordene a la Municipalidad de Osorno dejar sin efecto el Decreto Afecto N° 2358, de fecha 1 de abril de 2015, por el cual se declaró el cese de su cargo por destitución, y disponiendo en esa resolución municipal que ha operado su reincorporación a contar del 21 de marzo de 2015, y se proceda al pago respectivo de las remuneraciones devengadas.

Funda lo anterior en que, con fecha 23 de octubre de 2012, por Decreto Afecto N° 3705, la Municipalidad de Osorno ordenó instruir un sumario administrativo, a fin de investigar descargos contables irregulares por derechos de aseo , realizados por el Departamento de Rentas; que él se desempeñaba en esa unidad como administrativo; que por Decreto Afecto N° 4191, de fecha 2 de diciembre de 2013, notificado el 18 de marzo de 2014, el Alcalde de Osorno dispuso en su contra la aplicación de la medida disciplinaria de destitución; que en virtud del artículo 156 de la Ley 18.883 interpuso recurso de reclamación contra el citado decreto, con la finalidad de que ordenara la reapertura del proceso dado los múltiples vicios de legalidad que adolece; que mediante Oficio N° 1204, de fecha 6 de marzo de 2015, el recurrido desestimó la reclamación deducida, ratificando el Decreto Afecto N° 4191, el cual le fue notificado con fecha 20 de marzo del presente año; que en la misma fecha interpuso recurso de reconsideración para ante el Contralor General de la República, requiriendo que durante la tramitación del mismo se suspendiera los efectos del acto administrativo recurrido; que mediante carta informativa de fecha 20 marzo de 2015, se le comunicó al Alcalde que, a causa de la interposición de la reconsideración, la vía administrativa no estaba agotada; que además en su calidad de dirigente gremial aforado no era procedente en derecho que el acto surtiera sus efectos; que la tutela especial invocada es un derecho que deriva por el solo ministerio del inciso primero del artículo 25 de la Ley 19.296 respecto de quienes ostentan la calidad de dirigente de una asociación de funcionarios de un organismo público, específicamente, como Secretario de la Asociación de Funcionarios Municipales de Osorno, y Vicepresidente de la Federación Regional de Funcionarios Municipales Lagos del Sur; que se admitió a trámite su reclamación, solicitándose informe a la Municipalidad de Osorno; que el recurrido no se pronunció sobre la expresa solicitud de suspensión del dictamen reclamado; que por esa omisión aprovechó el alcalde para dictar el decreto de cese N° 2358, de fecha 1 de abril de 2015; y que por lo anterior mediante escrito de complementación, con fecha 23 de marzo de 2015, solicitó al Contralor Regional expresamente suspender los efectos del acto sin poder evitar el decreto de cese referido.

Agrega que el fuero del que gozan los dirigentes sindicales es un protección legal y temporal para que puedan desempeñar sus funciones correctamente ajenos a presiones o represalias; que constituye además un mecanismo destinado a asegurar la tutela o protección de la libertad sindical; que quien goza de fuero tiene más que una mera estabilidad porque tiene una inamovilidad porque no puede ser despedido a menos que la causal que se invoque sea calificada previamente; que el fuero comienza desde la constitución del sindicato y se extiende durante las funciones del dirigente en el mismo y se prolonga sus efectos hasta 6 meses después de cesar en el cargo; que en su caso particular goza de fuero desde el momento de la realización la asamblea constitutiva, durante toda la gestión y hasta 6 meses después de haber cesado su mandato como tales; que para la destitución de un dirigente gremial aforado se aplica el artículo 25 de la Ley 19.296; que de la norma en comento se desprende que la Contraloría General de la República debe ratificar el trámite de la destitución de un dirigente gremial; que la jurisprudencia administrativa ha señalado que la ratificación debe efectuarse sin desmedro del registro del decreto expulsivo, expresándose a través de un oficio aprobatorio emitido por el ente contralor, previo análisis de los aspectos legales, formales, y sustanciales relativos al proceso sumarial, y al decreto que ordena la destitución de un dirigente gremial; y que cita para estos efectos el Dictamen N° 19.488 de 2 de abril de 2013.

Indica que a pesar no se encontrarse consumado la ratificación del acto, se ha permitido que la Municipalidad cumpla con el decreto de destitución; que al enterarse la autoridad edilicia de la reconsideración se molestó notoriamente, dictando el Ordinario N° 332, de 30 de marzo de 2015, en el cual se consideró firme la destitución obviando la reconsideración; que el acto municipal constituye un abuso de autoridad al dar por terminado el procedimiento administrativo por disponer la ejecución material o cumplimiento inmediato del cese en su cargo municipal grado 13° a contar del 20 de marzo de 2015; que el Decreto de destitución no está ejecutoriado por mandato del artículo 51 de la Ley 19.880 en concordancia con el artículo 25 ya citado; que la gestión de ratificación de la Contraloría General es un acto administrativo, y en cuanto tal es recurrible en virtud de lo establecido en el artículo 15 inciso 1y 3 de la Ley 19.880; que por ello el Alcalde de Osorno no puede considerar la ratificación como inimpugnable; que la norma especial del artículo 25 de la Ley 19.296 no puede ser inaplicable sobre la base de una norma general como la del artículo 57 de la Ley 19.880; que el Alcalde ha actuado vulnerando su fuero y a perturbado el actuar de la Contraloría para resolver la reconsideración, toda vez que tenía la prerrogativa de poder dictar un acto de reemplazo.

Añade la recurrida ha incurrido en graves omisiones ilegales y arbitrarias en el control de juridicidad del sumario incoado en su contra cuyo resultado fue el Dictamen N° 1204 que perturbó sus derechos; que uno de ellos es la mala formulación de cargos así la Resolución del Fiscal Instructor N° 19, de 5 de agosto de 2013, lo acusó de contravenir el principio de probidad administrativa por haber valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona a fin de conseguir un beneficio directo o indirecto, usando además la información reservada; que el cargo es extenso, vago y genérico al no indicar cuales son los convenios cuestionados ni fechas ni quienes serían los beneficiarios, lo mismo sucede con el segundo cargo siendo contraria a la jurisprudencia administrativa; que a su vez el Fiscal incurre en un error en la redacción de cargos, especialmente, en lo relativo a la remisión legal o tipificación, al incurrir en un error de cita, violando con ello el principio de tipicidad porque los hechos materia de cargos no encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 62 N° 1, 2, y 8 de la Ley 18.575 que citó; que el numeral 1° establece: “Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña”, luego de la Ley 20.285 en relación al inciso segundo del artículo 8 de la Constitución la información es pública y la entrega de la misma es un respeto al derecho al acceso de la información del deudor municipal, y así se ha resuelto por la jurisprudencia administrativa sobre los derechos de aseos, e ingresos municipales derivados de este concepto; que el numeral 2° dispone: “Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir beneficio directo o indirecto para si o un tercero”, la historia fidedigna de la norma requiere de la intervención en esta figura de 3 personas: el funcionario público influyente, la persona influida, y el tercero beneficiado con el tráfico de influencia; que el recurrente no es un funcionario superior sino un subordinado de planta administrativa, y no hay antecedentes de quien sería la persona objeto de la influencia para conseguir un beneficio; que en cuanto al numeral 8°: “Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.”, no es posible determinar qué modo las conductas que se le imputan entorpecieron gravemente el servicio puesto que el municipio nunca dejó de funcionar; que se trataría de un cargo nulo por la forma redacción vaga e impreciso afectando su derecho a defensa y el debido solo subsanable con reponer el procedimiento luego de reparados los vicios que se acusan, es decir, al estado de reformular los cargos; y que al comparar la resolución de cargos con los hechos sancionados por el Fiscal se evidencia una abismante diferencia de redacción, concreción y precisión de hechos, ello en contradicción al artículo 138 de la Ley 18.883.

Acto seguido, afirma que la investigación está incompleta, al haberse cerrado sin que el Fiscal haya agotado la misma por haber investigado sólo una parte de los hechos según se desprende del correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2012, de su declaración de fecha 16 de noviembre de 2012, y de sus descargos de 21 de agosto de 2013; que además el Fiscal se negó a realizar diligencias solicitadas para su defensa como la remisión de bitácoras de los vehículos usados en enero a octubre de 2012, y no tomó declaración uno de sus testigos que se encontraban citados; que alude a definiciones de la presunción de inocencia, la cual por favorecerle el Fiscal Administrativo no pudo recomendar al Alcalde su destitución sobre meras conjeturas; que indica cita legales donde se encuentra contenido dicho principio así también como en los casos en que se vulnera; que el Fiscal Administrativo le atribuyó pleno valor probatorio a declaraciones de testigos de oídas y al relato de otras inculpada que buscaba exculparse; que no hay testigo presenciales; que hubo una negativa injustificada a tomar declaración al testigo no obstante ser prueba por él requerida; que el Fiscal negó lugar a la prueba documental solicitada por el recurrente tales como la remisión de bitácoras, las que demostraría que no se encontraba en su oficina en día de los hechos; que el Fiscal pone al inculpado el peso de la prueba de su inocencia, al imponerla la carga de prueba de ellos negativos; que a pesar de dudas razonables sobre su participación en los hechos se propuso como sanción la expulsión, no obstante que de la lectura del expediente sumarial se advierten varias materias no aclaradas en la investigación indicando ejemplos de ello; que la Vista Fiscal no cumplió con las exigencias legales al tenor del artículo 137 del Estatuto Administrativo al omitir con el análisis de los descargos; que no examinar las eventuales eximentes o atenuantes de responsabilidad administrativa al no hacerse ninguna referencia; que no ponderó las alegaciones y defensas del imputado y mérito probatorio sin explicar si acoge o desecha todas o algunas de ellas ni tampoco las motivaciones y razonamiento de su proceder; que el Fiscal se formó convicción de culpabilidad sobre la base de meras sospechas por cuanto sus indicios no son presunciones que reúnan los requisitos legales; que el Fiscal vulnera el principio de igualdad ante ley, ya que dio trato distinto durante el proceso a los dos encausados porque pondero los descargos de la jefatura, omitiendo toda referencia a los descargos del subordinado, también trato distinto en la propuesta de sanción muy benigno con quien era el principal responsable por ser jefa del departamento y delegada del alcalde y muy drástico con el recurrente respecto de la primera se propuso la censura y a él la destitución; y que el Fiscal no menciono en su vista que él tenía la calidad de dirigente gremial poniéndolo en riesgo de que al ser sancionado sufra perjuicios económicos y morales del artículo 25 de la Ley 19.296.

Hace presente que el Alcalde rechazó el recurso de reposición denegando la reapertura del sumario para subsanar todas las omisiones y vicios de legalidad sin perjuicio de ordenar una nueva investigación al estimar que se tratarían de otros hechos y personas decreto otro sumario al no estar vinculados entre sí; que los hechos acusados deben ser aclarados dentro del marco de esta investigación a fin de probar la teoría del caso que él abrogaba; que la recurrida permitió esto con su actitud pasiva incurriendo en una omisión ilegal y abusiva del deber de control de la juridicidad; que a la fecha no se ha ordenado ningún sumario; que los hechos alegados son controvertidos y sustanciales en la causa sumarial ya iniciada siendo esenciales para la determinación y grado de participación de la otra persona investigada doña nombre reservado en su calidad de Jefe del Departamento de Rentas; y que las presuntas infracciones constituyeron errores generales producto a la falta de normas internas, de procedimiento, etc.; que los descargos contables de créditos municipales sin fundamento aparente obedecen a un desorden administrativo generalizado o a otros intereses muy distintos a la falta de lucro o probidad; que la actitud del Alcalde es contrario a la ley, a los principios de la Ley 19.880, y al procedimiento disciplinario de la Ley 18.883; que la autoridad administrativa debe tomar en cuenta el principio in dubio pro actione; que con la decisión del Alcalde se busca que los verdaderos hechos no salgan a la luz pública, destituyendo al funcionario gremial y adoptando ahora todas las medidas administrativas y contables adecuadas para ordenarse; que es necesario agotar la indagación en el mismo proceso sumarial, de todos los hechos de la misma naturaleza, por un fiscal imparcial no implicado sin temor reverencial de extender la investigación a mandos superiores; que se investigue además la práctica de hacer descargos masivos de derechos municipales sin decretos o glosa aparente que lo justifique; que la Contraloría frente a tal investigación efectuó solo un examen de forma, omisión que le ha significado permitir el encubrimiento de otras conductas similares como las ya descritas; que la recurrida ha actuado en discriminación a su respecto a establecer diferencias arbitrarias en relación a otros funcionarios, vulnerando su derecho ante la igualdad de la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, citando ejemplos de ello donde se ha ordenado la reapertura, nulidad y refacción del sumario; que la recurrida permitió que se decretara el cese de sus funciones, con fecha 20 de marzo de 2015, antes que se concluyera el trámite de la ratificación, lo que es contrario al derecho de propiedad que tiene sobre sus remuneraciones ya devengadas y venideras consagrado en el artículo 19 N° 24; que la pasividad de la Contraloría se tradujo en una práctica antisindical en contradicción con el contenido de la garantía del artículo 19 N° 19 de la Constitución en relación al artículo 289 del Código del Trabajo por el hecho de no respetar lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.296, citando a su vez normas del Código del Trabajo, de la OIT, del Convenio 151; Convenio N° 98, 1949; que con su destitución se entorpeció el normal funcionamiento del directorio de las dos organizaciones a las cuales pertenece; que por último si bien la Contraloría ha resuelto que no se puede recurrir contra sus dictámenes al ser el ejercicio de una facultad propia constitucional y legal, si se puede hacer cuando su contenido es ilegal; que el plazo para recurrir se computa desde la notificación del Dictamen N° 1204, de 6 de marzo de 2015, que rechazó la reclamación notificado a su parte el 20 de marzo de 2015, y el Oficio N° 1584, de fecha 31 de marzo de 2015 de la recurrida que no se pronunció sobre las diligencias esenciales requeridas como medidas para mejor resolver para su reconsideración.

Acompaña a fojas 1 y siguientes certificado de su calidad de dirigente gremial, recurso de reclamación de fecha 31 de marzo de 2014, Oficio N° 1204, de fecha 6 de marzo de 2015, Recurso de Reconsideración de fecha 20 de marzo de 2015; Carta dirigida al Alcalde de Osorno de fecha 20 de marzo de 2015; Decreto Alcaldicio N° 4191; Oficio Alcalde N° 332; Decreto Afecto N° 2358, de 1 de abril 2015; Certificados de los Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Osorno, y de la Federación Regional de Funcionarios Municipales Lagos del Sur; copia de dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, y sentencias judiciales.

Que, a fojas 204, la CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS, representada por don MARIO QUEZADA FONSECA, informó el presente recurso; solicitando se desestime la acción en todas sus partes, con costas.

Argumenta que el proceso disciplinario mediante el cual se destituyó al actor fue incoado por el decreto N° 3705, de 2012, de la Municipalidad de Osorno, con el objeto de investigar y determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad edilicia, en los hechos denunciados en el Ordinario N° 1749 de 2012 de la Jefa del Departamento de Rentas y Patentes donde se le acusaba sobre la elaboración de convenios de pago de deudas de derechos de aseo municipales efectuados en forma irregular; que comprobadas las irregularidades en la etapa indagatoria se formularon cargos al recurrente por contravenir el principio de probidad administrativa por haber eliminado del sistema de cobranza de los derechos de aseo a 57 contribuyentes usando su clave personal; que el Sr. nombre reservado presentó un reclamo de ilegalidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 18.883 resuelto por medio del Oficio N° 1204, de 2015, desestimándose su presentación porque del análisis de los antecedentes se estimó que se realizaron todas las diligencias tendientes a comprobar las irregularidades junto con todas las instancias legales para asegurar la debida defensa del recurrente; que conjuntamente con el rechazo del reclamo se ratificó la aplicación de la medida de destitución a través del Decreto N° 4191, de 2013; y que la Municipalidad de Osorno emitió el Decreto N° 2358, de 2015 que contiene la medida disciplinaria de destitución, siendo notificado el actor con fecha 9 de abril de 2015.

Expone que en virtud del artículo 54 de la Ley 19880 el recurrente presentó el 20 de marzo de 2015 un recurso de reconsideración contra el Oficio N° 1204, de 2015 con los mismos argumentos en el recurso; que lo anterior permite concluir que el actor entiende que la protección no es la vía idónea para resolver el asunto, toda vez que se pretende nuevamente que se revise la regularidad del sumario; que la ratificación de la medida disciplinaria aplicada es una materia ajena al recurso de protección, toda vez que fue implementado como un mecanismo de emergencia, y rápido frente a manifestaciones flagrantes de determinados derechos básicos; que no es la vía para formular cuestionamientos sobre asuntos de interpretación jurídica como los ha resuelto la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia; que en el caso sublite se pretende plantear una controversia acerca de la juridicidad de un oficio emitido por la Contraloría Regional; que se trata de determinar la existencia de eventuales irregularidades en la tramitación de un sumario administrativo instruido por el Municipio en el ejercicio de las atribuciones que cuentan los alcaldes de las municipalidades; y que el recurrente no solo alude al citado oficio sino también a la ilegalidad de los cargos, la infracción del debido proceso del sumario, la falta de diligencia probatorias, la negativa del fiscal de realizar determinadas diligencias, es decir, se pretende impugnar el fondo de los hechos investigados excediendo el ámbito del recurso.

Indica que la ratificación de la medida de destitución y el Oficio N° 1204, de 2015, no han sido ni arbitrarios ni ilegales al haber, únicamente, ejercido las facultades y funciones que le corresponde en el artículo 98 Constitución, la Ley 10.336, la Ley 18.695, y la Ley 19.296; que el artículo 25 inciso primero de la Ley 19.296 que establece el fuero sindical alegado por el Sr. nombre reservado lo extiende hasta 6 meses después de cesar en el mandato siempre y cuando esa cesación no se hubiere debido a la aplicación de una medida disciplinaria de destitución ratificada por el Contralor General; que el artículo 9 letra a) de la Resolución N° 1002, de 2011, y la Resolución N° 458, de 2014, otorgó a las Contralorías Regionales la facultad de ratificar la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a los directores de las asociaciones de funcionarios, por lo que la ratificación de la medida es legal y carece de arbitrariedad.

Afirma, a su vez, respecto a los supuestos vicios incurridos en el sumario y que supuestamente fueron avalados por la recurrida, en lo relativo a la formulación de cargo dicho trámite tiene por objeto dar a conocer en forma clara al inculpado el hecho anómalo que se le imputa, de manera tal que tenga la posibilidad de defenderse en cada una de las instancias legales, cuestión que se cumplió en el caso del Sr. nombre reservado; que en cuanto a una eventual investigación no agotada en los términos referidos en el recurso, se advierte de las piezas sumariales tenidas a la vista que se advirtió en los descargos presentados y en la reposición que solicitaba la apertura del termino probatorio fueron ponderadas en su oportunidad por el Fiscal Instructor; que no resulta admisible que se solicite la realización de diligencias probatorias al no ser ésta la instancia para ello , además de haberse ya verificado todas las actuaciones que permitieron cumplir con el principio de la debida defensa; que alega el Sr. nombre reservado además que en la vista fiscal no se consideró su calidad de dirigente gremial, el artículo 25 de la Ley 19.296 no constituye un impedimento para incoar un proceso administrativo y así lo reconoce expresamente la referida norma legal; que respecto a las otras alegaciones sobre la vista fiscal del análisis del sumario se desprende que se singularizaron todos y cada uno de los medios de prueba usados para determinar la responsabilidad del Sr. nombre reservado, y del análisis de los mismos, habiéndose arribado a la conclusión de que por parte del actor hubo grave irregularidades y cómo las mismas vulneraron gravemente la probidad administrativa; que en esas circunstancias procede la medida impuesta en virtud de lo señalado en el artículo 123 de la Ley 18.883; que la jurisprudencia administrativa así lo ha avalado; que la grave infracción consistió en hacer valer indebidamente su posición funcionaria para influir sobre persona con el objeto de conseguir un beneficio, y por haber generado convenios de pago en forma manual en lo referente a los derechos de aseo municipal impidiendo con ello que hubiesen ingresado a Tesorería Municipal un monto estimado de $ 16.744. 727 causando un perjuicio municipal; que en cuanto a la reincorporación solicitada la medida de destitución produjo efectos desde la notificación del Decreto Alcaldicio N° 2358, de 2015, es decir, desde el 9 de abril de 2015, no siendo necesaria la toma de razón en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 18.695; que la normativa constitucional y legal vigente no prevé la posibilidad de que la Contraloría General disponga la suspensión de los efectos de sus pronunciamientos, particularmente por ser la regla lo contrario, esto es, la absoluta e inmediata ejecutoriedad de los mismos y el correspondiente deber de dar cumplimiento a lo resuelto en distintos dictámenes sobre esta materia; que no se ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, por cuanto los antecedentes tenidos a la vista y los criterios jurisprudenciales han sido aplicados ante hechos semejantes a todos los dirigentes gremiales cuyas medidas expulsivas han sido enviadas a trámites de ratificación; que tampoco se ha efectuado distinción respecto de la otra inculpada por cuanto la aplicación de la sanción le corresponde al Alcalde, y no al ente contralor; y que tampoco se ha vulnerado el artículo 19 N° 19 y 24.

Adjunta a fojas 130 y siguientes, presentaciones efectuadas por el Sr. nombre reservado del año 2014 y 2015; Oficio N° 1204, de 2015; la solicitud de reconsideración y complementada ambas de 2015, y el Oficio N° 1584, de 2015, de la Contraloría Regional.

Que, a fojas 246, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto ilegal y/o arbitrario dice relación con dejar sin efecto el Dictamen N° 1204, de fecha 6 de marzo de 2015, de la Contraloría General de los Lagos que ratificó el sumario administrativo, y la medida disciplinaria de destitución aplicada a don nombre reservado, toda vez que la recurrida no efectúo el control de juridicidad en el sumario incoado de acuerdo la legislación vigente, obrando en forma discriminatoria en relación a otros funcionarios municipales, decretando un cese de funciones sin esperar la ratificación del acto administrativo por parte del Contralor General, y permitiendo con ello que la Municipalidad de Osorno incurriera en una práctica antisindical, vulnerando con ello el artículo 19 N° 2, 19 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

TERCERO: Que, teniendo presente las alegaciones formuladas por la recurrida, y previo al análisis del fondo del asunto, de las presentaciones de las partes se constata que contra el Dictamen N° 1204 ya referido se presentó por el Sr. nombre reservado una reconsideración ante el Contralor General de la República -acompañada a fojas 40 - sobre las base de los mismos cuestionamientos expuestos, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. Dicha circunstancia permite a estos sentenciadores advertir que el acto no se encuentra afinado, y por tanto es inidóneo a la fecha para conculcar los derechos fundamentales enunciados, y con ello que no resulta pertinente pronunciarse sobre el mismo.

En este sentido, es importante hacer presente que acerca de las supuestas faltas incurridas por el ente contralor y la Municipalidad de Osorno en la tramitación del sumario administrativo seguido contra el actor, en los términos formulados sobrepasa a los objetivos de esta acción recursiva cautelar, por cuanto implica el juzgamiento de un asunto de lato conocimiento que requiere de un procedimiento reglado como lo es el sumario incoado, escapando dicha materia de los fines del recurso.

En consecuencia, no siendo esta la vía idónea para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte y teniendo presente la existencia de un recurso administrativo pendiente de resolución fundado en similares argumentos, se resolverá no dar lugar a la protección interpuesta.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto en lo principal de fojas 96 por don nombre reservado, contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS, representada por su contralor don MARIO QUEZADA FONSECA, todos ya individualizados, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol Nº 164-2015 Pronunciada por la Primera Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, Ministro don Jorge Pizarro Astudillo y el Abogado integrante don Pedo Campos Latorre. Autoriza la Secretaria Ad-Hoc doña nombre reservado.

Puerto Montt, dieciocho de mayo de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede.