nombre reservado con SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES MINISTERIO DE SALUD

Puerto Montt, tres de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, con fecha 4 de diciembre de 2024, comparece el abogado Octavio Kehr Castillo, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Servicio de Salud Reloncaví, Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, calificando como acto arbitrario e ilegal el consistente en impedir que la actora pueda realizar la devolución de su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO) en el Hospital El Salvador, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente pese a que existe una permuta que fue aceptada y autorizada por el Servicio de Salud Reloncaví y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente a contar del 1 de septiembre de 2024, afectando con ello garantías constitucionales.

Refiere la actora ser médico cirujano de la Universidad del Desarrollo, con especialidad de anestesiología. Ella postuló a una Beca en Anestesiología, adjudicada por concurso público por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, para financiar la especialización, impartido por la Universidad del Desarrollo, teniendo un periodo de formación de 3 años. En el 2021 suscribió el respectivo Convenio de Beca con el SSDR y como contraprestación debía cumplir con el periodo de asistencia obligatorio (PAO) por 6 años, titulandose de anestesióloga el 26 de julio de 2024.

Relata que sobre la devolución de su Periodo Asistencial Obligatorio, a fines del año 2022 y comienzos del 2023, la actora gestionó con el Dr. nombre reservado una permuta del lugar de devolución del referido PAO, de modo que ella pudiera cumplir sus funciones en el Hospital El Salvador de Santiago, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y, a su turno, el Dr. Kobus lo haría en el Servicio de Salud del Reloncaví. Dicha permuta fue formalmente solicitada por ambas partes ante los respectivos servicios de salud, y aceptada por el Servicio de Salud del Reloncaví mediante correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2024, lo que generó legítima confianza en la recurrente, quien tenía como proyecto de vida instalarse en Santiago junto a su pareja, también médico anestesiólogo, quien trabaja en el Hospital Sótero del Río.

Posteriormente, indica que, a través del Oficio Ordinario Nº 1294 del Servicio de Salud del Reloncaví, de fecha 18 de abril de 2024, se autorizó el traslado de la Dra. nombre reservado al Servicio de Salud Metropolitano Oriente para la devolución de su Periodo Asistencial Obligatorio. Posteriormente, el Oficio Ordinario Nº 675 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de fecha 13 de julio de 2024, confirmó la aceptación del traslado de la profesional, con efectos a contar del 1 de septiembre de 2024, fecha en que culminaba su beca.

Luego, añade que el 24 de agosto de 2024, la recurrente inició gestiones con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente para formalizar su incorporación, pero comenzó a enfrentar una serie de trabas administrativas, omisiones de información y negativas para la firma del contrato respectivo. El 24 de agosto de 2024, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente le informó que el Hospital El Salvador no mantenía cupos disponibles para recibirla y que la permuta se había gestionado directamente con el Hospital, sin pasar por el Servicio. Agregaron como fundamento la supuesta irregularidad en el cumplimiento del PAO por parte del Dr. Kobus, quien habría partido a Estados Unidos a realizar una subespecialización.

Indica que con fecha 27 de septiembre de 2024, el Servicio de Salud del Reloncaví dictó la Resolución Exenta Nº 4281, que aprobó formalmente el cambio de servicio de salud de la Dra. nombre reservado al Servicio de Salud Metropolitano Oriente a contar del 1 de septiembre de 2024, lo cual fue comunicado a dicho Servicio.

Explica que, pese a todo lo anterior, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente se negó a contratar a la recurrente, ofreciéndole como única alternativa prestar servicios en el Hospital del Tórax, pero únicamente en una unidad o área que no le permitiría ejercer su especialidad de anestesista, como sería la UCI o mediante una subespecialización.

Destaca que el 23 de octubre de 2024, el Servicio de Salud del Reloncaví dictó el Oficio Ordinario Nº 3109, por el cual contradijo su propia resolución previa, instruyendo a la Dra. nombre reservado a cumplir su Periodo Asistencial en el Hospital de Puerto Montt, revirtiendo su cambio de adscripción previamente aprobado. Además, funcionarios del Servicio de Salud del Reloncaví contactaron informalmente a la recurrente, exigiendo que justificara retroactivamente su supuesta inasistencia durante los meses de septiembre y octubre, incluso sugiriendo que solicitara un permiso sin goce de sueldo con efecto retroactivo, cuestión calificada como ilegal.

Aduce que, como resultado de esta situación, la actora se encontró sin contrato, sin remuneraciones y con licencias médicas impagas, debido a que el Servicio de Salud del Reloncaví dejó de cotizar por ella a partir del 1 de septiembre. Este escenario generó un profundo deterioro en su salud mental, documentado mediante tratamientos psicológicos y psiquiátricos, además de controles ginecológicos que requieren su residencia en Santiago.

Comenta que en el mes de noviembre de 2024, se le ofreció de manera informal una solución condicional, esto es, que se le aceptaría el traslado a Santiago siempre que presentara un permiso sin goce de sueldo para justificar su ausencia de octubre, medida que la recurrente estimó completamente irregular.

Informa que el Hospital Sótero del Río, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ha manifestado su disponibilidad presupuestaria y administrativa para recibir a la recurrente a contar del 1 de enero de 2025, siendo esta la opción prioritaria solicitada en la acción.

Sobre las garantías constitucionales conculcadas, refiere que se afecta el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1 CPR). A raíz de la incertidumbre y el conflicto generado por el actuar arbitrario de los servicios de salud, la actora ha sufrido graves crisis de ansiedad, pánico, angustia, depresión, con la consecuente necesidad de intensificar su tratamiento psicológico y psiquiátrico. Las licencias médicas obtenidas durante los meses de septiembre y noviembre de 2024 fueron rechazadas por la ISAPRE al no tener contrato vigente ni cotizaciones pagadas, agravando su situación.

De igual modo, se transgrede la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 CPR). La negativa de permitirle realizar el PAO en Santiago, pese a existir actos administrativos válidos que lo autorizaban, constituye una discriminación arbitraria, además el principio de confianza legítima, en cuanto la recurrente actuó conforme a resoluciones previas, confiando en que se respetarían. Se vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo (artículo 19 N° 3, inciso 5° CPR). El Oficio Ordinario N° 3109 del SSDR, que revoca el traslado ya autorizado, carece de toda motivación jurídica y fue dictado sin procedimiento previo ni audiencia. A su turno, el derecho a igual acceso a cargos públicos (artículo 19 N° 17 CPR). A la recurrente se le niega el acceso efectivo a un cargo público, pese a haber cumplido con todas las exigencias para su traslado. Se le imponen requisitos arbitrarios no previstos legalmente, como condicionar su contratación a la regularización de la situación del Dr. Kobus (quien incumplió el PAO). Esto restringe su derecho a ser contratada para cumplir su PAO en Santiago, conforme a lo autorizado.

Finalmente, se vulnera su derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 CPR). La recurrente alega haber adquirido un derecho indubitado a ser contratada como médica a contrata en el Hospital El Salvador desde el 01 de septiembre de 2024, conforme a actos administrativos firmes. Este derecho fue desconocido, afectando: Su propiedad sobre el cargo público comprometido, el derecho a remuneraciones impagas, incluidas asignaciones legales por antigüedad, competencia y permanencia. El pago de cotizaciones previsionales y de salud, que debieron ser cubiertas por el empleador (SSMO o SSDR), pero que fueron costeadas por la propia recurrente.

Pide se acoja el recurso y se resuelva autorizar u ordenar el traslado definitivo de la actora para que realice la devolución de su Beca, de manera exclusiva y excluyente, en el Hospital Sotero del Río dependiente del Servicio de Salud Oriente sur; o en subsidio en el Hospital Luis Tisné, ambos dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. De igual modo, se declare la existencia de daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la actora, a raíz de las infracciones a las garantías constitucionales de que ella ha sido víctima, todo ello con costas.

Acompaña: 1. Comprobante de pago de Isapre realizado por la Dra. nombre reservado, de fecha 11 de noviembre de 2024. 2. Certificado de Cotizaciones previsionales de la Dra. nombre reservado, de fecha 08 de noviembre de 2024. 3. Cartola de cotizaciones de Isapre de la Dra. nombre reservado, de fecha 11 de noviembre de 2024. 4. Escritura pública de modificación de promesa de compraventa celebrada por la Dra. nombre reservado, de fecha 04 de abril de 2024. 5. Correo electrónico respecto de días disponibles y descansos reparatorios, de fecha 06 de noviembre de 2024. 6. Liquidaciones de sueldo de la Dra. nombre reservado del mes de septiembre de 2024. 7. Liquidaciones de sueldo de la Dra. nombre reservado del mes de octubre de 2024. 8. Correo electrónico respecto a notificación de aceptación de traslado, de fecha 01 de marzo de 2024. 9. Correo electrónico respecto a desconocimiento de traslado por parte del SSMO, de fecha 02 de octubre de 2024. 10. Correo electrónico respecto sobre solicitud de información de inicio de PAO dirigido al SSMO, de fecha 12 de agosto de 2024. 11. Correo electrónico respecto sobre solicitud de información de inicio de PAO dirigido al SSMO, de fecha 26 de agosto de 2024. 12. Correo electrónico en que se envía Oficio Ordinario Nº 3109, de fecha 30 de octubre de 2024. 13. Correo electrónico sobre notificación de aceptación de traslado, de fecha 01 de marzo de 2024. 14. Correo electrónico de abogada de la Falmed respecto a problemas de remuneraciones, de fecha 08 de noviembre de 2024. 15. Correo electrónico respecto a solicitud de regularización de ausentismo, de fecha 05 de noviembre de 2024. 16. Correo electrónico respecto a solicitud de regularización de ausentismo, de fecha 05 de noviembre de 2024. 17. Correo electrónico respecto a solicitud de regularización de ausentismo, de fecha 05 de noviembre de 2024. 18. Correo electrónico respecto a solicitud de regularización de ausentismo de fecha 05 de noviembre de 2024. 19. Oficio Ordinario Nº 1294 del Servicio de Salud de Reloncaví que acepta traslado de PAO, de fecha 18 de abril de 2024. 20. Resolución Exenta Nº 4281 del Servicio de Salud de Reloncaví que aprueba a contar del 01 de septiembre de 2024, el cambio de Servicio de Salud de la Dra. nombre reservado al Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 21. Oficio Ordinario Nº 3109 del Servicio de Salud de Reloncaví que acepta traslado de PAO de la Dra. nombre reservado, de fecha 23 de octubre de 2024. 22. Certificado de especialidad de la Dra. nombre reservado, de fecha 26 de julio de 2024. 23. Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores individuales de Salud de la Dra. nombre reservado, de fecha 17 de octubre de 2024.

A folio 4, se declaró admisible el presente recurso a excepción de la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva.

A folio 9, evacuan informe los abogados Rommel Straussmann Maldonado y Sergio Esteban Zapata Rojas, en representación del Servicio de Salud del Reloncaví, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Alegan primero la legalidad del acto administrativo impugnado. El Servicio recurrido sostiene que el acto que dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 4281, que autorizaba una permuta de Periodo Asistencial Obligatorio (PAO) de la recurrente a un Servicio distinto del de origen, no es ilegal ni arbitrario, sino que constituye el ejercicio legítimo de potestades administrativas fundadas en la ley.

Se indica que la permuta fue negada por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por incumplimiento del otro profesional involucrado, lo que impedía viabilizar el traslado solicitado por la recurrente. En consecuencia, subsiste la obligación de la Dra. nombre reservado de cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio en el Servicio de origen, conforme al contrato firmado y a lo dispuesto por la Ley N° 19.664.

En lo concerniente al sustento normativo de la decisión, cita el artículo 12 de la Ley N° 19.664, que establece que los profesionales beneficiarios de programas de especialización financiados por el Estado deben cumplir un periodo de desempeño obligatorio en el organismo de origen. Sólo excepcionalmente se permite su cumplimiento en otro servicio, requiriendo en todo caso el acuerdo fundado de ambos Directores de Servicio de Salud (origen y destino), así como disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, se cita el artículo 20 del Decreto N° 91 de 2001, que detalla los requisitos y el procedimiento para solicitar un traslado del PAO. Se aclara que la solicitud debe fundarse en hechos calificados y acreditados (salud, razones socioeconómicas, etc.), lo que no ha sido acreditado suficientemente por la recurrente.

Luego exponen la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, pues que no existe en favor de la recurrente un derecho indubitado al traslado solicitado, toda vez que no se ha perfeccionado el acuerdo entre Servicios requerido legalmente. Por tanto, no puede considerarse afectado derecho alguno que pueda ser amparado por la presente acción cautelar. Tampoco se verifica afectación a garantías como la igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad o admisión a empleos públicos, ya que el acto impugnado se enmarca en un procedimiento administrativo reglado y racional, que ha sido observado conforme a derecho. Se enfatiza que la disconformidad con el resultado del procedimiento no convierte a este en ilegal o arbitrario.

Finalmente sostienen la improcedencia de discusión sobre perjuicios en esta sede, la eventual existencia de perjuicios derivados de la decisión administrativa debe discutirse en un juicio de lato conocimiento, y no por medio de una acción de protección, cuyo objeto es exclusivamente cautelar.

Acompaña a su informe: 1. Convenio otorgado por escritura pública de fecha 4 de abril de 2020, otorgado en la Notaría de don nombre reservado. 2. Resolución Exenta N°3815, de fecha 6 de noviembre de 2020, de la Dirección del Servicio de Salud del Reloncaví. 3. Resolución Exenta N° 4914, de fecha 4 de noviembre de 2024.

A folio 21, evacua informe el abogado Fernando Ortiz Alvarado, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Sobre los actos que se tildan de arbitrarios o ilegales, la recurrente alega actos u omisiones arbitrarios e ilegales por parte del SSMO, consistentes en la negativa a permitirle realizar su PAO en el Hospital del Salvador, a pesar de que supuestamente existiría una permuta previamente autorizada.

La recurrida rebate aquello, señalando que la permuta no fue aprobada por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente ni por el Hospital del Salvador, y que se trataba de una mera expectativa de la recurrente sin respaldo normativo ni resolución administrativa vigente.

Se afirma que la permuta requiere el consentimiento de ambas partes, validación de los establecimientos, disponibilidad presupuestaria y resolución fundada de ambos servicios de salud, lo que no concurrió en la especie.

Alega la extemporaneidad del recurso, ya que éste fue presentado el 4 de diciembre de 2024, y que todos los actos administrativos y antecedentes invocados por la recurrente son anteriores al 4 de noviembre de 2024, con excepción de la Resolución Exenta N° 4914 del Servicio de Salud del Reloncaví, que dejó sin efecto el traslado. Dado que esta resolución no fue dictada por el Servicio Metropolitano Oriente, el informante sostiene que el recurso, en lo que respecta a dicho servicio, es extemporáneo.

De igual modo, aduce la falta de legitimidad pasiva del Servicio al que representa, ya que éste no ha dictado acto administrativo alguno que pueda ser considerado arbitrario o ilegal respecto de la recurrente.

Se añade que la solicitud de traslado no constituye una obligación exigible al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en tanto no es el servicio de origen de la becaria, y que no existe causa de pedir válida respecto de este organismo. No se configura una relación de causalidad entre los supuestos hechos lesivos y una obligación legal del Servicio.

Finalmente sostiene la improcedencia del recurso de protección como vía idónea, al recalcar que el recurso de protección no es la vía procesal adecuada para debatir materias como nulidad de derecho público, interpretación de actos administrativos o controversias derivadas del Estatuto de profesionales de la salud (Ley N° 19.664), las que deben ser ventiladas en sede contencioso-administrativa. Así, los derechos fundamentales invocados (vida, igualdad, debido proceso, acceso a cargos públicos, derecho de propiedad) no se ven afectados de forma directa, indubitada ni actual por los hechos imputados al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, reiterando que las alegaciones de la recurrente se fundan en meras expectativas de traslado y no en derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas.

Acompaña a su informe: 1. Solicitud de permuta de Dr. nombre reservado de 22 de junio de 2023. 2. ORD 843 de 28 de junio de 2023 de SSMO a Directora Hospital del Salvador. 3. ORD 0675 de 13 de julio de 2023 del Hospital del Salvador respuesta solicitud permuta Dr. Kobus. 4. ORD 1232 de 14 de septiembre de 2023 de SSMO a Directora Servicio de Salud Reloncaví, consulta solicitud Dr. Kobus. 5. ORD 1294 de 18 abril de 2024 de SS Reloncaví a SSMO aceptando traslado sin cargo de Dra. nombre reservado, siempre y cuando este SSMO valide la solicitud. 6. Correo electrónico de la Dra. nombre reservado de 12 de agosto de 2024 avisando que termina la beca en ese mes, y en teoría debería iniciar su PAO con el SSMO en Septiembre. Respuesta de nombre reservado (SSMO) de misma fecha. 7. ORD 1279 de 30 agosto 2024 de SSMO a Directora Hospital del Salvador requiriendo opinión acerca de la conformidad de traslado y condiciones del SS Reloncaví de Dra. nombre reservado para permuta con Dr. Kobus. 8. Ord 1060 del Hospital del Salvador de 17 de septiembre de 2024, no se pronuncia favorablemente a la permuta, por ausencia desde 15 de agosto 2024 del Dr., Kobus. 9. Resolución Exenta 4281 de 27 de septiembre de 2024 del SS Reloncaví (dejada sin efecto). 10. Correo de la Dra. nombre reservado 2 de octubre 2024 remisor de Resolución Exenta 4281 de 27 de septiembre de 2024 del SS Reloncaví. Respuesta correo 2 de octubre de 2024 en que nombre reservado (SSMO) a Dra. nombre reservado que le señala que el SSMO no ha aprobado su traslado y por ello sus temas contractuales los tiene que ver con su Servicio de Salud. 11. Resolución Exenta 4914 de 4 de noviembre de 2024 de SS Reloncaví, que deja sin efecto la Resolución Exenta 4281 de 27 de septiembre de 2024 del mismo Servicio.

A folio 28, evacua informe la abogada Yasmina Viera Bernal, en representación de la División Jurídica del Ministerio de Salud, por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, solicitando también el rechazo de la presente acción.

Indica que sobre la solicitud de traslado y permuta, la recurrente gestionó una permuta para cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio en Santiago, con base en un acuerdo informal con el Dr. nombre reservado. Obtuvo una autorización condicional del Servicio de Salud del Reloncaví y una respuesta favorable, pero no formal, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Esboza sobre la falta de cupos y revocación del traslado, sobre la base de que el Hospital El Salvador posteriormente indicó que no existían cupos disponibles. De igual manera, el Dr. Kobus se encontraba en el extranjero, por lo que la permuta no pudo materializarse. El Servicio de Salud del Reloncaví ordenó que la recurrente debía cumplir su Periodo Asistencial en el Hospital de Puerto Montt, cita el artículo 74 del Estatuto Administrativo. Aduce que la actora solicitó considerar su relación de pareja con un médico del Hospital Sótero del Río, apelando a la norma que impide separar cónyuges destinados a distintos lugares.

Alega la improcedencia del recurso en el caso concreto, puesto que el conflicto planteado excede el ámbito del recurso de protección, toda vez que se trata de una disputa administrativa cuya resolución requiere prueba, análisis de antecedentes y ponderación de hechos no evidentes. La vía adecuada sería el ejercicio de los recursos administrativos conforme a la Ley N° 19.880.

Refiere que la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los Servicios de Salud actuaron dentro del marco legal vigente, puesto que la autorización de traslado fue condicional y nunca se perfeccionó formalmente por falta de aceptación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente ni disponibilidad de cupos.

En lo concerniente a los requisitos legales del traslado, conforme al artículo 12 de la Ley N° 19.664, sostiene que el cambio de destinación exige acuerdo expreso y fundado de los directores de ambos servicios (origen y destino), además de respaldo presupuestario. Estos requisitos no fueron cumplidos.

Rechaza la vulneración a garantías constitucionales, instando por el rechazo del recurso de protección.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta N°738 de 2 de octubre de 2024 que aprueba el manual de procedimientos sobre formación de especialistas. 2. Resolución exenta N°4281 de fecha 27 de septiembre de 2024 del Servicio de Salud del Reloncaví. 3. Ordinario N°675 de fecha 13 de julio de 2023 del Hospital del Salvador. 4. Convenio Sobre Derechos, Obligaciones y Garantía de Becario en Programa de Especialización entre el Servicio de Salud del Reloncaví y nombre reservado, nombre reservado, de fecha 4 de abril de 2020.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para el análisis del presente arbitrio es necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona -por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, siendo la Corte de Apelaciones correspondiente quien debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Segundo: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que el acto que la recurrente estima arbitrario e ilegal consiste en que los Servicios de Salud recurridos y la Subsecretaría de Redes Asistenciales desconocieron y dejaron sin efecto el traslado previamente autorizado para que la actora realizara su Periodo Asistencial Obligatorio en el Hospital El Salvador de Santiago, lo que había sido aprobado mediante actos administrativos previos válidamente emitidos por el Servicio de Salud del Reloncaví y aceptados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. La decisión además de carecer de fundamento técnico o legal, ha impedido injustificadamente que la recurrente inicie su Periodo Asistencial Obligatorio, afectando diversas garantías constitucionales.

Cuarto: Que, a su turno, las recurridas coinciden en que el acto que dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 4281 que autorizaba el traslado es un ejercicio legítimo de potestad administrativa, no arbitrario ni ilegal, al ser la permuta inviable porque el otro profesional (Dr. Kobus) no cumplió, por lo que el traslado no pudo concretarse, de igual manera la permuta requería consentimiento, disponibilidad presupuestaria y resolución fundada de ambos servicios, lo que no ocurrió. Así, la recurrente debe cumplir su PAO en el Servicio de origen conforme al contrato y a la Ley N° 19.664. De igual modo, no existió acto administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente aprobando la permuta, siendo una mera expectativa de la recurrente carece de respaldo normativo.

Quinto: Que, resolviendo la alegación de extemporaneidad opuesta por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, cabe desecharla por cuanto no se advierte en la especie la existencia de un acto único y terminal con fecha cierta que permita computar con claridad el plazo fatal de treinta días corridos previsto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección. Por el contrario, los antecedentes expuestos permiten establecer que los efectos del acto que se estima arbitrario e ilegal, esto es, el desconocimiento del traslado de la recurrente al Hospital El Salvador y la omisión de su contratación para efectos del cumplimiento del Periodo Asistencial Obligatorio, han tenido carácter permanente y continuado en el tiempo, extendiéndose al menos hasta noviembre de 2024.

Sexto: Que, de la multiplicidad de antecedentes acompañados, es posible establecer que la recurrente suscribió el 4 de abril de 2020 un convenio sobre derechos, obligaciones y garantía de becario en programa de especialización con el Servicio de Salud del Reloncaví, por el cual se le otorgó una beca para estudiar la especialidad de anestesiología, en virtud de lo establecido en las leyes N°19.664 y el Decreto Supremo N°507, que aprueba el Reglamento de Becarios, Ley 15.076, en el sistema nacional de los Servicios de Salud. En razón de aquella beca la recurrente se obligó a cumplir un periodo asistencial obligatorio por un plazo igual al doble del tiempo de duración del programa de formación (3 años) en un establecimiento de la red asistencial del Servicio de Salud del Reloncaví. Indica que el periodo de formación se extendió desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2023, en la Universidad del Desarrollo y concluido éste debía continuar inmediatamente con el período asistencial, en el Hospital de Puerto Montt, perteneciente al Servicio de Salud del Reloncaví.

Séptimo: En efecto, si bien la recurrente sostiene que existía una permuta válida y aceptada para cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio en el Hospital El Salvador a contar del 1 de septiembre de 2024, lo cierto es que tal traslado no alcanzó a perfeccionarse conforme al marco normativo aplicable. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 19.664 y el artículo 20 del Decreto Supremo N° 91 de 2001, toda modificación del lugar de cumplimiento del PAO exige el consentimiento fundado y expreso de los directores de ambos servicios de salud -de origen y de destino- además de disponibilidad presupuestaria y validación del establecimiento receptor. En la especie, consta que el Servicio de Salud Metropolitano Oriente expresó reparos a la permuta propuesta, tanto por la falta de cupos en el Hospital El Salvador como por la ausencia del otro profesional involucrado (Dr. Kobus), quien se encontraba en el extranjero.

En consecuencia, no existió acto administrativo firme y bilateral que consolidara un derecho adquirido en favor de la recurrente, configurándose a lo sumo una expectativa que no reviste protección constitucional en esta sede.

De tal modo, la Resolución Exenta N° 4914 del Servicio de Salud del Reloncaví, que dejó sin efecto la resolución anterior que autorizaba el traslado, fue dictada en ejercicio de competencias legales fundadas en el principio de juridicidad, sin acreditarse vicio alguno de forma o contenido. En ese contexto, no se aprecia la concurrencia de un acto carente de razonabilidad o de legalidad que vulnere de manera actual, indubitada y directa las garantías constitucionales invocadas por la actora.

Octavo: Que, lo anterior tiene por fundamento la Ley N°19.664 que -sobre la regulación de los mecanismo de los traslados- en el inciso tercero de su artículo 12 señala: “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, los profesionales funcionarios podrán solicitar cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para ello, se requerirá el acuerdo de los respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados mediante resolución fundada. Para el ejercicio de esta facultad se requerirá que tanto el Servicio de Salud de origen como el de destino cuenten con las disponibilidades presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de origen traspasar al de destino los recursos y dotación de personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el profesional funcionario. A esta misma disposición quedarán sujetos los profesionales funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación que soliciten cambio a otro Servicio de Salud. El reglamento regulará el mecanismo mediante el cual se autorizarán las solicitudes a que se refiere este inciso, el plazo para ser presentadas y la fecha a contar de la cual produzcan efecto”.

También es aplicable la norma contenida en el el Decreto Supremo 91 del año 2001 que aprueba el reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la ley 19.664, cuyo artículo 20 señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 18, los profesionales funcionarios podrán presentar una solicitud fundada ante el Director del Servicio de Salud del que dependan, adjuntando toda la documentación de respaldo pertinente, para cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio de Salud distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para los efectos de este artículo, la solicitud deberá fundarse en hechos tales como los siguientes:

- Razones de salud en la persona del profesional o de familiares directos, fehacientemente acreditadas, cuyos tratamientos requieran del cambio o se vean facilitados por el mismo.

- Situaciones personales relevantes, calificadas por el Director, que obliguen al cambio.

- Cambio en las condiciones de trabajo profesional en el Servicio de Salud por razones ajenas al interesado, debidamente acreditadas.

- Situaciones de carácter socioeconómico o familiares graves que afecten en forma directa al profesional o a su familia directa, comprobadas fehacientemente. Para ello, se requerirá el acuerdo de los respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados mediante resolución fundada, debiendo el primero remitir al segundo la solicitud y antecedentes recibidos a fin de que se pronuncie primero sobre la misma, a fin de tener su decisión como un antecedente de la resolución que aquel deba dictar. Para el ejercicio de esta facultad se requerirá que tanto el Servicio de Salud de origen como el de destino cuenten con las disponibilidades presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de origen traspasar al de destino los recursos y dotación de personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el profesional funcionario. A esta misma disposición quedarán sujetos los profesionales funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación que soliciten cambio a otro Servicio de Salud. El plazo para presentar la solicitud a que se refiere el inciso anterior será de treinta días hábiles contado desde la fecha del hecho en que se funda la solicitud. La aceptación de la solicitud deberá ser dada tanto por el Director del Servicio de Salud de origen y como por el de destino, en el orden indicado en el inciso segundo y fundada en el mismo hecho, la que producirá sus efectos a contar de la fecha de la resolución de aceptación que dicte el Servicio de Salud de origen”.

Ergo, finalmente en el análisis de las causales contenidas en la norma, el Servicio de Salud del Reloncaví, ha llegado a la conclusión que la becaria no cumplía con las condiciones que permiten en suma el traslado, decisión privativa del órgano, puesto que el traslado del periodo asistencial obligatorio sólo procede si existe acuerdo expreso y fundado de ambos Directores de Servicio de Salud involucrados, junto con la validación del establecimiento receptor y la disponibilidad presupuestaria. Tales condiciones no se verificaron en la especie, toda vez que el Hospital El Salvador informó que no disponía de cupos para recibir a la recurrente y que la gestión de la permuta no fue canalizada por los conductos regulares del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, careciendo, por tanto, de validación institucional. Asimismo, el Dr. nombre reservado, profesional con quien se proponía la permuta, no cumplió con su PAO en el Servicio de Salud del Reloncaví, pues abandonó el país para realizar una subespecialización, frustrando así el intercambio comprometido.

Frente a este escenario, el Servicio de Salud del Reloncaví dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 4281, que previamente autorizaba el traslado, mediante la Resolución Exenta N° 4914 de 4 de noviembre de 2024, lo que constituye el ejercicio legítimo de una potestad administrativa conforme al principio de juridicidad.

Noveno: Que en razón de lo razonado y concluido precedentemente, se estima que en la especie las recurridas no han tenido una conducta arbitraria ni ilegal respecto del recurrente, pues ella se ajustó a la normativa legal y reglamentaria vigente, por lo cual resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como vulneradas, más aún teniendo presente que según lo reconocido por la actora se le ofreció cumplir con su periodo asistencial en el Hospital del Tórax de la ciudad de Santiago, el que no aceptó.

Décimo: Que, en cuanto a las costas del recurso, corresponde su imposición a la parte recurrente conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente, toda vez que el presente arbitrio ha sido rechazado en su integridad por carecer de fundamento jurídico suficiente, habiéndose deducido sin que existiera un acto administrativo firme por parte del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que habilitara un derecho indubitado a favor de la recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Octavio Kehr Castillo, en representación de nombre reservado en contra de Servicio de Salud del Reloncaví, Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1627-2024.