LA ARENA SPA con MUNICIPALIDAD DE ANCUD

nombre reservado, ocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos A folio 1, compareció nombre reservado, chileno, ingeniero en telecomunicaciones, domiciliado en nombre reservado, N°30 A, Ancud, quien interpuso acción constitucional de protección en favor de la sociedad “La Arena SpA”, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud, en razón de la emisión del Decreto de Alcaldicio N°2.343 de 30 julio de 2024 por medio del cual se dispuso la clausura del local comercial “Barrio la arena”, ubicado en Pudeto N°15, Ancud, explotado por “La Arena SpA”. Estimó vulneradas las garantías contenidas en los numerales 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que, el 24 de enero de 2023 se constituyó la sociedad “La Arena Spa” y que el 27 de enero de 2023 inició la realización de eventos de discoteca y gastronómicos en la ciudad de Ancud, los cuales de acuerdo al plan regulador comunal del año 2000, se consideran como actividades de esparcimiento y turismo en una escala comunal y con uso de equipamiento.

En este contexto, señaló que el 15 de noviembre de 2023, la Dirección de Obras Municipales emitió la Resolución N° 55/2023, conforme a la cual solicitó a la propietaria del inmueble que la sociedad ocupa, ubicado en Pudeto N°15, Ancud, cumplir con estándares normativos para la regularización de la edificación en un plazo de 60 días corridos.

A continuación, indicó que el 29 de enero de 2024 la Dirección de Obras Municipales emitió un informe en el que recomendó la clausura del local comercial “Barrio la arena”, por no dar cumplimiento y contravenir las exigencias de la Dirección de Obras Municipales, la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza local de urbanismo y construcciones, agregando que no podrían otorgar patentes municipales provisorias y definitivas. Agregó que, este último informe exige el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.2.4, 23 y 29 de la ordenanza local del plan regulador de la comuna del año 2000 y autorizaciones de parte del Ministerio de Salud respecto a servicios higiénicos, de Bomberos sobre vías de evacuación y seguridad, y sobre potencia eléctrica y actividad inofensiva.

Luego, refirió que el 11 de junio de 2024, a través de Resolución N°27/2024 emitida por el mismo departamento en el que se adjunta un informe de 24 de mayo de 2024 - en el cual se señalan las mismas exigencias ya referidas - se ordenó la regularización de la construcción y uso de suelo, por encontrarse fuera de norma y sin permisos municipales dentro de 30 días corridos, bajo apercibimiento de la clausura definitiva o temporal de la edificación y la cancelación o suspensión de todas las patentes otorgadas.

Afirmó que, el 30 de julio de 2024, a través del Decreto Alcaldicio N°2.243, se ordenó la clausura del local comercial, lo cual le fue notificado el 12 de agosto de 2024 mediante carta certificada recepcionada el 7 de agosto de 2024. En ese orden de cosas, indicó que el 1 de agosto de 2024 pagó la renovación de la patente municipal y que aun contando con la patente vigente, el 12 de agosto de 2024 el local fue clausurado.

Ante dicha situación, refirió que el 12 y 14 de agosto de 2024 envió cartas al municipio para solicitar la extensión del plazo para subsanar las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales. Además, solicitó audiencia con el alcalde, el director de la Dirección de Obras Municipales y con el equipo de la unidad jurídica y rentas y patentes del municipio. Indicó que, el 8 de octubre de 2024 se realizaron las reuniones y que el 13 de octubre de 2024 fueron informados de parte del Director de Obras Municipales que el local no iba a abrir, a pesar de los plazos señalados para subsanar las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales.

Alegó que, desde que se iniciaron las actividades económicas, éstas se han llevado a cabo en el local comercial, a través de una relación contractual de hecho con la propietaria de dicho inmueble, lo que fue formalizado el 23 de octubre de 2024 a través de la suscripción de un contrato de arriendo.

En cuanto al derecho, refirió que el plan regulador de la comuna de Ancud data del año 2000, a pesar de que el artículo 178 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, establece que aquellos deben actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, lo que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde de forma exclusiva a éstas.

En ese contexto, alegó que la falta de cumplimiento de dicho deber por parte de la recurrida trae consecuencias negativas en el ordenamiento territorial de la ciudad. Asimismo, indicó que la actividad que desarrolla, esto es, de restaurante y discoteca, conforme al artículo 27 del plan regulador pertenece al uso de suelo de “equipamiento” y que por tanto, no corresponde que se le exija una certificación de actividad inofensiva emitida por la Seremi de Salud, ya que aquello solo aplica en el caso de uso de suelo de “actividades productivas”, como industrias, talleres, almacenamiento y servicios artesanales.

Sobre la aplicación de normas propias del derecho administrativo, destacó que, el decreto que ordenó la clausura del local fue emitido el 30 de julio de 2024, fue notificado por carta certificada recepcionada por Correos de Chile el 8 de agosto de 2024 y practicada el 12 de agosto de 2024, por lo que no se cumplió en la especie con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley N°19.880, el cual establece que “las notificaciones deben realizarse a más tarde en los cinco días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo”.

Asimismo, alegó que la recurrida no observó el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la misma ley, toda vez que el requerimiento de documentación resulta incoherente con el plan regulador a propósito de la distinción de usos de suelo. Finalmente, sobre este punto, afirmó que la recurrida le entregó información incompleta y ambigua respecto a las exigencias contenidas en los informes emitidos por la Dirección de Obras Municipales, lo que vulnera lo dispuesto en los artículos 9 y en el literal i) del artículo 17 del mismo cuerpo legal, ya que genera dilatación innecesaria del proceso administrativo por no contar con la información adecuada.

Por otro lado, indicó que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales contenidas en los numerales 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto cuenta con patente de alcoholes y permisos municipales vigentes que producto de la clausura del local no ha podido usar, lo que implica pérdidas económicas y a su vez, una afectación a la libertad en el trabajo.

Previas citas legales, solicitó que “se acoja la acción en todas sus partes, declarando que la recurrida debe abstenerse de efectuar y aplicar la clausura correspondiente al local comercial ubicado en domicilio reservado”.

Acompañó a su presentación: 1.- Contrato de arrendamiento entre doña nombre reservado y la Arena SpA sobre inmueble ubicado en domicilio reservado. 2.- Contrato de mandato celebrado en Notaría de Ancud en fecha 11 de septiembre de 2024 entre la persona jurídica “La Arena SpA” y el Sr. nombre reservado. 3.- Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales en fecha 31 de enero de 2024. 4.- Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales en fecha 24 de mayo de 2024. 5.- Decreto de Alcaldicio N° 2343 del año 2024 de fecha 30 de julio de 2024. 6.- Estatutos actualizados de la sociedad “La Arena SpA”, RUT RUT reservado.- Certificados de vigencia de la sociedad “La Arena SpA”, RUT RUT reservado.- Plan regulador comunal de Ancud del año 2000. 9.- Oficio Ordinario número 188 de fecha 16 de agosto de 2024, emitido por la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ancud, el cual se dio a conocer en la sesión ordinaria del Concejo Municipal N° 114 de fecha 19 de agosto de 2024. 10.- Patente municipal de salón de baile y discoteca Folio N° 513021 y Patente Municipal de Restaurante de Turismo Folio N° 513022; ambas asociadas al local comercial ubicado en domicilio reservado, vigentes hasta el 31 de enero del año 2025. 11.- Correo emitido por el Cuerpo de Bomberos de Ancud de 7 de octubre de 2024.

A folio 6, se declaró admisible la acción y se solicitó informe a la recurrida.

A folio 7, se concedió orden de no innovar, suspendiéndose la clausura del local comercial de domicilio reservado ordenada por la Ilustre Municipalidad de Ancud mediante Decreto de Alcaldicio N 2343 del año 2024 de 30 julio de 2024, en tanto se resolviera el presente recurso.

A folio 14, evacuó informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Ancud, solicitando el rechazo de la acción, con costas. En lo pertinente al caso en comento, expuso que por disposición expresa del artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, desde el año 2023 ha realizado una serie de fiscalizaciones a distintos locales comerciales en el centro de la comuna de Ancud.

Precisó que, en domicilio reservado opera un local de propiedad de doña nombre reservado, una discoteque, denominada “Barrio La Arena”, en un inmueble cuyo permiso de edificación y correlativa recepción data del año 2010 para operar como Restaurant y Pub. Agregó que, pese a que su patente se refiere a “Restaurant de turismo” y a “Salón de Baile”, lo cierto es que tal como reconoce la recurrente, lo que opera en dicho recinto es una discoteque que no tiene permiso de edificación ni recepción definitiva para operar como tal, y que no respeta las cargas ocupacionales necesarias para aquello, lo que pone en potencial riesgo a la población. Asimismo, indicó que incumple lo dispuesto en el artículo 23 del plan regulador, respecto al lugar en el que se encuentra emplazado, además de normas de seguridad, accesibilidad universal y control adecuado de ruido, que se pormenorizan en los informes técnicos que acompaña la recurrente.

Indicó que, en razón de aquello, el 22 de julio de 2024 mediante Oficio N°425, el Director de Obras Municipales solicitó a la Alcaldesa subrogante la clausura del local. Agregó que, a pesar de que se otorgaron diversas oportunidades de regularización, la recurrida recién el 1 de agosto de 2024 realizó una presentación de “permiso de obra menor” a la Dirección de Obras Municipales, en conjunto con un arquitecto, mediante la cual solicitó cambiar el destino de “Restaurant 2° Nivel” a “Discoteque”, con lo cual estima que la actora reconoce abiertamente que no cuenta actualmente con el permiso para realizar la actividad económica que se está realizando en el segundo piso de la construcción. Agregó que, la presentación en cuestión fue objeto de observaciones por no adecuarse a la legislación vigente.

Por otro lado, respecto a las patentes del local, señaló que si bien se pagó dentro de plazo y antes de la notificación del decreto de clausura, aquello no implica que se cumpla con la normativa urbanística. Asimismo, destacó que durante el proceso se emitieron diversas órdenes de regularización, lo que implica descartar ilegalidad y/o arbitrariedad en su actuar.

En otro orden de ideas, alegó falta de legitimidad activa de la actora y que ésta se ha tomado atribuciones que no le competen respecto del inmueble que fue objeto de clausura, ya que su propietaria es doña nombre reservado, a quien no representan legal o convencionalmente y con quien no mantiene una relación jurídica que les permita accionar, tampoco un interés legítimo ni una mera expectativa. Asimismo, señaló que de los documentos relativos a la patente municipal, solo existe un contrato de arrendamiento entre la propietaria y doña nombre reservado. De lo anterior, concluye que la recurrente “La arena SpA” no es parte de la presente acción, ni tampoco doña nombre reservado, ya que no actúa por sí misma en este proceso.

En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad económica, señaló que no se verifica en la especie, por cuanto su actuar únicamente tiene por objeto que la actividad económica se ajuste a los marcos legales. Respecto a la afectación del derecho de propiedad, afirmó que dado que “La Arena SpA” no tiene legitimidad activa y que en cualquier caso, el derecho de propiedad no es absoluto, ya que su ejercicio se encuentra circunscrito al marco jurídico de la ley de urbanismo y construcción y lo dispuesto en el plan regulador. Sobre la vulneración del derecho a la libertad del trabajo, reiteró lo dicho a propósito de la falta de legitimidad activa y destacó que el reclamo no es de ningún supuesto trabajador afectado, sino del empleador.

Refirió que, su actuar no puede ser calificado como arbitrario o ilegal, ya que no hay antecedentes que den cuenta de que haya actuado de forma caprichosa, ni que frente a una situación jurídica idéntica, o al menos similar, hubiese actuado de manera distinta. Agregó que, se realizó un extenso procedimiento de casi un año de tramitación, en el cual el recurrente fue objeto de fiscalización, comunicándosele en su oportunidad las irregularidades de su actuar, se le ordenó la paralización de las obras y su regularización para lo cual se le otorgó un plazo prudencial, pese a lo cual se mantuvo pasivo, nunca dejó de construir, ni interpuso los recursos administrativos que le asistían.

Finalmente, sostuvo que conforme a la naturaleza cautelar de la acción de protección, la misma no es la vía idónea para recurrir de las decisiones expresadas en decretos alcaldicios, toda vez que no constituye una instancia de declaración de derechos.

Acompañó a su presentación: 1.- Expediente patentes N°(s) 4-516 y 4-517. 2.- Expediente de regularización Rol N°375/2024 de la Dirección de Obras Municipales. 3.- Informe de clausuras realizadas por Inspección Municipal a diversos locales del centro de Ancud. 4.- Decreto N°2243 y documentos fundantes (informe y orden de regularización).

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenace ese atributo.

Segundo: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por la recurrente, consiste en que la Ilustre Municipalidad de Ancud le habría vulnerado sus garantías contenidas en el artículo 19 N° 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, producto de haber clausurado el local comercial “Barrio La Arena”, en que desarrollaba su actividad económica asociada a los giros de discoteque y restaurant.

Cuarto: Que, de lo anteriormente expuesto, del informe de la recurrida y de los antecedentes que obran en la presente causa, no se advierte por estos sentenciadores alguna acción y /o omisión arbitraria e ilegal que de alguna manera implique la vulneración de las garantías constitucionales denunciadas, en los términos que plantea la parte recurrente.

A mayor abundamiento, se advierte que el proceder de la recurrida ha sido en el marco de su normativa aplicable, esto es, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Quinto: Que, es por lo anterior, que conforme a lo señalado en los considerandos precedentes y por los antecedentes que obran en la presente causa, que la acción se desestimará, como se indicará en lo resolutivo del fallo.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en representación de “La Arena SpA”, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud.

Déjese sin efecto Orden de No Innovar decretada en autos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Rol Protección N°1622-2024.