INST. DE SEGURIDAD DEL TRABAJO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO PUERTO MONTT

Puerto Montt, trece de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que, a fojas trece comparece don Luis Eduardo Azócar Castillo, abogado, en representación convencional del instituto de Seguridad del Trabajo, organismo administrador del seguro obligatorio contra el riesgo de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°16.744, quien deduce recurso de protección de garantías fundamentales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, por estimar que la recurrida ha vulnerado sus derechos constitucionales, en particular, aquellos que garantiza el artículo 19 en sus números 2 y 24.

Señala que ello se habría configurado ya que la recurrida dictó resolución de multa N°4433/16/54, de 21 de octubre de 2016, que impone a la recurrente una sanción de treinta unidades tributarias mensuales, de la que se solicitó reconsideración por la recurrente con fecha 12 de diciembre del mismo año. Luego, mediante ordinario N°48, de 10 de enero de 2017, se declaró extemporánea dicha solicitud de reconsideración, por estimarla la recurrida fuera del plazo de 30 días que establece el artículo 482 del Código del Trabajo, referencia que debe entenderse hecha al actual artículo 512 de dicho estatuto.

Agrega la recurrente que dicha norma no establece forma alguna de computarse el plazo de 30 días a que hace referencia y que por tanto, debió haberse estado a lo que dispone el artículo 25 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, ya que ese cuerpo normativo contiene las reglas supletorias que deben aplicarse al actuar de los órganos de la Administración, como en la especie lo es la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt. El referido artículo 25 de la Ley N°19.880, establece que los días que contempla esa norma para los procedimientos administrativos es de días hábiles y por tanto se suspende los días sábados y domingos. Explica que la Ley N°19.880 se debe aplicar en silencio del Código del Trabajo, por contemplar el artículo 512 de dicho estatuto, un procedimiento administrativo especial, según se desprende del concepto dado en el artículo 18 de la Ley N°19.880, que a falta de regla expresa, debe ser regido por los principios generales que informan a dichos procedimientos ante los órganos de la Administración del Estado, según dispone el artículo 1° de esta última norma.

Luego, con basamento en la errónea interpretación que ha hecho la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, estima que el ordinario N°48 de 10 de enero de 2017 es ilegal y arbitrario y que por tanto, al vulnerar la garantía de interdicción de la arbitrariedad en el actuar del Estado, también conocido como derecho a la igualdad ante la ley y la garantía a no ser privado de su derecho de propiedad, consagradas en los artículos 19 N°2 y N°24, ambos de la Constitución Política de la República, debe ser restablecido el imperio del derecho por medio de la intervención de la tutela cautelar urgente solicitada en esta sede.

Funda la vulneración al artículo 19 N°2 constitucional, que denuncia, mediante la cita a jurisprudencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, en autos Rol N°38.210-2016, que refiere a los fallos anteriores de ese mismo origen en autos Rol N°809-2014, N°8.384-2014, N°18.414-2015 y 16.288-2016, en que se ha afirmado por el Máximo Tribunal que el plazo que se contempla en el artículo 512 del Código del Trabajo para deducir la reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, es de días hábiles y no de días corridos, por lo que se suspende en días sábados y domingos, por cuanto debe aplicarse en la especie y de forma supletoria, lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880. Por ello, se estimaría vulneratorio de la igualdad de trato que deben dar los organismos públicos, en cuanto se aplique en su caso una interpretación del artículo 512 del Código del Trabajo que estime el plazo de días corridos, contrario a lo aplicado en casos diversos.

En cuanto al derecho de propiedad señala que se vería afectado por la conculcación de su patrimonio de afectación pública mediante la exacción que implica el pago de la multa a beneficio fiscal.

Que, evacuando informe, la Dirección del Trabajo insta por su rechazo, utilizando como primer fundamento la improcedencia del recurso por no ser una cuestión de constitucionalidad, sino de interpretación y aplicación de normas jurídicas de rango legal.

Agrega, que la recurrente utiliza el procedimiento de marras, para obviar las vías ordinarias de que disponía para recurrir respecto de la resolución impugnada, como es el caso del procedimiento establecido en el mismo artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el artículo 504 del mismo cuerpo de normas, lo que demuestra que teniendo otras vías jurisdiccionales para reclamar del ordinario N°48, no fueron ejercidas por el recurrente.

Para reforzar lo expuesto, cita jurisprudencia de esta Corte en autos Rol N°100-2015 y 1155-2015, ambas sentencias confirmadas por la Corte Suprema, en que se ha dicho que no es procedente acoger una acción de amparo, cuando existen otras vías jurisdiccionales disponibles, como son aquellas contempladas en los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo del asunto, plantea que el acto recurrido no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto la norma del artículo 512 del Código del Trabajo señala que el plazo para la interposición del reclamo a la multa es de 30 días y al no especificarse si ellos son hábiles o corridos, la recurrida estima que son corridos, porque debe atenderse para su interpretación en primer lugar al estatuto laboral en que se encuentra contenida la disposición en comento, y que en diversas reglas, como las de los artículos 312, 435, 9, 162, 168, 171, 201 y otros, se establece expresamente cuando el plazo es de días hábiles y en silencio del legislador, se ha entendido siempre que son días corridos.

Refiere además la Circular N°73 de 2010, que haciendo aplicación de lo dispuesto en el dictamen N°64.985 de 2009, de la Contraloría General de la República, reconoce que el plazo de días para deducir reclamación en contra de las multas de la Dirección del Trabajo son de días corridos.

Se apoya además en jurisprudencia de la Corte de Antofagasta y de esta misma magistratura, de los años 2011 y 2012, que avalarían su postura.

Pide en definitiva el rechazo de la acción constitucional incoada por ser ésta improcedente y no existir actuación ilegal o arbitraria que la fundamente, ni tampoco conculcación de garantías fundamentales Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haber dictado la recurrida una resolución de multa N°4433/16/54, de 21 de octubre de 2016, que impone a la recurrente una sanción de treinta unidades tributarias mensuales, de la que se solicitó reconsideración con fecha 12 de diciembre del mismo año. Luego, mediante ordinario N°48, de 10 de enero de 2017, se declaró extemporánea dicha solicitud de reconsideración, por estimarla la recurrida fuera del plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles.

TERCERO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la recurrida respecto de la falta idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19 de la misma; su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, lo mismo ha sucedido con el hecho de que ha abarcado áreas que -en su génesis- no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa. Supuestamente esta materia, según la Constitución del año 1925, debía ser conocida por los tribunales administrativos cuya organización y atribuciones debían ser determinadas por ley, la cual nunca se llegó a dictar; lo anterior significó que el Poder Judicial carecía de competencia para conocer dichas materias, salvo cuando una ley especial específicamente le confiriera la posibilidad de juzgar y resolver sobre aquello. La Constitución del 1980 vino a solucionar el problema una vez modificado el inciso segundo del artículo 38 (tras la modificación de 1989), al dejar entrever que frente a la falta de creación de los tribunales contenciosos administrativos, la justicia ordinaria podía conocer de las acciones administrativas, dentro de los cuales los administrados buscan la nulidad del acto, a través de los juicios de nulidad de derecho público, y las indemnizaciones frente la responsabilidad del Estado en sus actuaciones; pero también hay casos en los que el resguardo se intenta, a través del recurso de protección, lo cual ha sido aceptado jurisprudencialmente por los Tribunales Superiores de Justicia.

CUARTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si el Ordinario N° 48 reviste caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, de los que se le acusa; para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de un acto dictado en una etapa administrativa, y no judicial; la calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. (Corte Suprema, Rol N° 2418-2012). En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25, el cual prima por sobre la normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Lo dicho, tiene además un fundamento de razón práctica, cuál es el normal funcionamiento de los servicios públicos sólo en días hábiles, esto es, de lunes a viernes, y no en sábados o domingos, razón que lleva a afirmar que los plazos de días administrativos, por cuanto involucran o demandan una actuación activa o pasiva de un órgano de la Administración, implican necesariamente una comprensión que excluye a los sábados, domingos y festivos.

QUINTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual -en el caso sublite- no había transcurrido al haber sido notificado de la Resolución Multa el recurrente el 21 de octubre de 2016, y presentar la reconsideración el día 12 de diciembre del mismo año; por consiguiente, la declaración de extemporaneidad del recurso constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección deducido por el Instituto de Seguridad del Trabajo, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt y se deja sin efecto el ordinario N°48 de 10 de enero de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración planteada por la recurrente, respecto de la resolución N°4433/16/54, que estableció una multa en su perjuicio.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrida por haber t6enido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 161-2017