nombre reservado con DIRECCION GRAL.DEL PERSONAL DE LA ARMADA

Puerto Montt, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Leonardo Contreras Marisio, en representación de nombre reservado, suboficial en retiro de la Armada de Chile, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien interpuso recurso de protección en contra de la Armada de Chile, Rol Único Tributario N° 61.102.013-9, por la dictación de la resolución de 26 de diciembre de 2025, que rechazó su solicitud de cambio de causal de retiro de la institución, lo cual, alega ha afectado su garantía constitucional relativa a la igualdad ante la ley y no discriminación.

Expuso que ingresó a las filas de la recurrida el 1 de enero de 1971, en donde trabajó hasta su retiro en 2001 en diversas naves, cumpliendo funciones en el salón de calderas, en mantención de maquinarias, cambio de empaquetaduras y cañerías con cordones y telas de asbesto, además de desempeñarse como buzo de salvataje y puesto de guardia en máquinas. En el desarrollo de estas funciones dijo que se vio expuesto de modo directo al asbesto, los cuales se encuentran presentes en diversas unidades navales, particularmente en sus mamparos, aislantes térmicos y recubrimiento de calderas y cañerías, en las cuales -dada su especialidad- mantuvo contacto directo.

Explicó que la recurrida no comunicó la existencia de asbesto en el lugar de trabajo y el riesgo que la exposición a él implicaba para la vida y salud. Tampoco se le efectuò examen alguno para acreditar su condición de salud respecto de la exposición a este material.

Refiere que sólo a partir del mes de octubre de 2016, luego de que se detectara en una de las naves de la Armada la presencia de crisolito (asbesto blanco), comenzó a ser conocido que exfuncionarios se encontraban contaminados y presentaban diversas enfermedades derivadas de su exposición a este material, tales como asbestosis, engrosamiento pleural, fibrosis quística y mesotelioma pleural, entre otras.

Arguye que la Comisión de Salud Ocupacional de la Dirección de Sanidad de la Armada examinó al recurrente y mediante resolución de 30 de diciembre de 2021 le fue diagnosticada una enfermedad pleural, derivada de la exposición a asbesto, patología que corresponde, según el artículo 231 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y en el artículo 66 inciso quinto de la Ley N° 18.948, a una enfermedad profesional.

Señala de qué trata la asbestosis como enfermedad, su desarrollo y condiciones médicas, que ha hecho que el recurrente desarrolle lentamente lesiones que parecen cicatrices en el pulmón y en la membrana que rodea los pulmones, lo que le hace difícil respirar, y al presentar menor flujo de sangre a los pulmones, el corazón se dilata al realizar esfuerzo físico, presentando en consecuencia dificultades para respirar y a menudo tos. Agregó que la asbestosis ya establecida, evoluciona por su cuenta incluso después de haber cesado la exposición y conduce con un gran índice de probabilidad al diagnóstico de cáncer de pulmón por mesotelioma pleural.

Adujo que el recurrente obtuvo el retiro de la Armada de Chile, mediante Resolución D.G.P.A. ORD N°1615/0332/2238 VRS de 22 de noviembre de 2000, por haber cumplido más de 30 años de servicio en la institución, conforme las normas del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas DFL N° 1 de 1997 y la Ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, ambas vigentes a la época de su retiro. Pero a esa fecha, se desconocía los efectos que la exposición al asbesto había provocado en su salud, pues solo 21 años después sería diagnosticado con la enfermedad profesional.

Atendida su situación de salud, el 25 de julio de 2025, solicitó a la Dirección General del Personal de la Armada, el cambio de su causal de retiro, con el objeto de que se reconociera la enfermedad profesional diagnosticada y, con el mérito de esta, se efectuase una modificación en su derecho a pensión, que por aplicación de la norma del artículo 81 de la Ley N° 18.948, lo considerase como beneficiario de una inutilidad de segunda clase, permitiéndole una mejora de las condiciones económicas de su retiro. Sin embargo, pese a la solicitud formulada, la recurrida dictó la Resolución D.G.P.A ORD. N° 1600/00320/21205, de 26 de diciembre de 2025, emanada por el Director General de Personal de la Armada, mediante la cual se rechazó la petición de cambio de causal de retiro.

En síntesis, indicó que, a pesar de conocer la situación de salud que lo aqueja, y que una mejora en su pensión podría ayudarlo a enfrentar mejor forma dicha enfermedad, en atención a que no se cuenta con las atribuciones legales para hacer una excepción respecto a la norma que rige la prescripción, contemplada en el artículo 164 del D.F.L. (G.) N° 1 de 1968, materia vigente en el actual Estatuto, no es posible tramitar el cambio de causal de retiro por encontrarse prescrita, en consideración a que han transcurrido más de diez años desde la fecha de su retiro de la Institución.

Argumentó que la resolución es ilegal al fundamentar su rechazo al cambio de causal de retiro solicitada en una errada interpretación de esa norma legal ya que el artículo en cuestión establece un plazo de prescripción de 10 años para toda solicitud relativa a “el derecho a impetrar pensión, reajustes, acrecimientos o cualquier beneficio derivado de ellas”, pero no señala de manera expresa desde cuándo comienza a correr el plazo. Por tanto, realizando una interpretación sistemática con el artículo 79 de la Ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que cuenta el plazo para reclamar “las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad”, el plazo de prescripción debe contarse desde el diagnóstico.

Además, afirmó que es arbitraria, desde que sin mediar fundamento alguno se optó por una interpretación que perjudica la situación personal y patrimonial del recurrente, a sabiendas -tal como lo expresa en el acto recurrido- que el cambio de causal de retiro solicitado permitiría una mejor pensión y por tanto una mejor forma de enfrentar la enfermedad que padece a causa de sus servicios en la Armada de Chile.

Alegó la afectación de la igualdad ante la ley (19 N°2) y previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución, se deje sin efecto dicho acto administrativo, dictando en su reemplazo una resolución por la cual se de curso a la solicitud de cambio de causal de retiro, atendida la enfermedad profesional que padece el recurrente, sin perjuicio de la facultad para determinar otros actos de reparación y otras garantías constitucionales conculcadas, con costas.

Acompañó a su presentación la resolución recurrida.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a la recurrida.

A folio 8 evacuó informe la recurrida, pidiendo el rechazo de la acción constitucional. Como primera alegación planteó la improcedencia de la protección en la especie, dada su naturaleza de urgencia y cautelar, este recurso no es la vía idónea para discutir y resolver materias que debieran ser conocidas en un procedimiento declarativo, como sería el caso de la interpretación de disposiciones legales que permiten determinar si ha operado la prescripción extintiva respecto de la acción que ampara la solicitud que el recurrente formuló en la carta, lo que deja en evidencia la existencia de un derecho dubitado.

Luego, confirmó el ingreso, el desarrollo de funciones y el retiro del recurrente de la institución, luego de más de 31 años de servicio.

Expuso que, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas de 1982, el personal de la armada debe someterse a exámenes médicos todos los años, además de someterlo al momento de su ingreso, con la finalidad de detectar alguna enfermedad que lo pudiera estar afectando y tomar las medidas correspondientes. Al efecto, en el caso del recurrente los referidos exámenes se efectuaron periódicamente, sin que existan antecedentes de que se hubiera presentado, mientras estuvo en servicio activo, el diagnóstico que señala en su recurso y que se detectó transcurridos 20 años desde su retiro.

Agregó que tampoco existen registros de la instrucción de una investigación sumaria administrativa asociada al diagnóstico que se realizó a su respecto, siendo éste el mecanismo idóneo para verificar las enfermedades derivadas del servicio según lo dispuesto en el artículo 232 del D.F.L. (G.) N° 1, de 1997, por lo que no estuvo afecto a ninguna enfermedad, ni mucho menos a aquellas de las cuales se puedan desprender beneficios propios a raíz del resultado de una investigación sumaria, evidenciándose la condición médica que invoca 20 años después de su retiro.

Adujo que el Sr. nombre reservado se acogió a retiro de la Institución, por lo que obtuvo una pensión ascendente a la suma de $578.113, más una indemnización de desahucio ascendente a la cantidad de $13.831.230. Atendida la condición de retirado de las Fuerzas Armadas, ostenta la calidad de beneficiario del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19.465. Tal normativa contempla en su artículo 35, un régimen de cobertura para las prestaciones de salud propias del ámbito de la medicina curativa equivalente al 75% del valor de las referidas prestaciones a favor del propio beneficiario, pudiendo concurrir además con una cobertura adicional proporcionada por un Fondo Solidario de adscripción voluntaria denominado Fondo Solidario de Pensionados Navales, por el cual los beneficiarios pueden obtener un régimen de cobertura en el ámbito de la medicina curativa de hasta un cien por ciento.

Adicionalmente, el recurrente fue favorecido con el beneficio otorgado por la Resolución C.J.A. Ordinario N° 11000/2423 de 31 de mayo de 2010, siendo en consecuencia todas las atenciones de salud ambulatorias, fármacos, insumos y demás elementos prescritos en relación al diagnóstico del año 2021 bonificadas en un 100%.

Aclaró que el diagnóstico del recurrente corresponde a: "engrosamiento de placas pleurales, sin asbestosis". Su repercusión clínica es totalmente diferente ya que no son indicativas de fibrosis pulmonar activa y no causan síntomas respiratorios tales como disnea (dificultad para respirar) o tos. Este hallazgo médicamente se considera un marcador de exposición y no una enfermedad pulmonar intersticial activa (fibrosis pulmonar por asbesto a asbestosis), suelen ser asintomáticas y no generan un compromiso funcional respiratorio.

Señaló que el régimen legal aplicable al personal de las Fuerzas Armadas se encuentra contenido en la Ley N° 18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y en el D.F.L. (G) N°1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. No es aplicable a su respecto las normas contenidas en la Ley N° 16.744 en el Código del Trabajo o en el Estatuto Administrativo.

Luego, en la Ley 18.948 se indica en el artículo 68 inciso 3 que: "La muerte y las lesiones causadas en accidentes ocurridos en acto determinado del servicio, las enfermedades contraídas como consecuencia de éste y las enfermedades profesionales, serán verificadas mediante una investigación sumaria administrativa”, norma que se reitera en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas en el artículo 232.

Arguyó que en el caso del recurrente no existió la investigación sumaria ni fue solicitada en el plazo de tres años desde el hallazgo clínico del engrosamiento de la placa pleural, sin asbestosis, encontrándose en la actualidad, prescrita la posibilidad de solicitarlo.

Finalmente, argumentó que, si bien se puede solicitar el cambio de la causal de retiro, esto debe ejecutarse en tiempo y forma, lo que en la especie significa que debió solicitarse, de acuerdo al artículo 164 del Estatuto de Personal, dentro del plazo de 10 años, y demostrando que a la fecha del retiro padecía de la enfermedad, de acuerdo a los criterios de Contraloría General de la República fijados en diversos dictámenes. Por lo tanto, han trascurrido 20 años y 3 meses desde el retiro, al momento que se solicitó el cambio de causal, superando el plazo de 10 años establecido en la ley.

Sobre el inicio del cómputo de la prescripción, dijo que, de acuerdo al ente de control, el plazo se cuenta desde el momento de la desvinculación dispuesta por el acto administrativo.

Concluyó que no existe actuar ilegal o arbitrario por parte de la Armada de Chile, la que se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, por lo que pidió el rechazo del recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la especie, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario se hace consistir en la dictación de la Resolución D.G.P.A ORD. N° 1600/00320/21205, de 26 de diciembre de 2025, emanada del Director General de Personal de la Armada, que rechazó la petición de cambio de causal de retiro. Según el recurrente, es ilegal porque realiza una errada interpretación del artículo 164 del D.F.L. (G.) N° 1 de 1968 que establece el plazo de diez años de prescripción para impetrar derecho a pensión, reajustes, acrecimientos o cualquier beneficio derivado de ellas. Además, es arbitraria porque no contiene una fundamentación adecuada, reconociendo la enfermedad del recurrente, pero rechazando otorgarle los beneficios que le corresponden si es que su causal de retiro se hubiese basado en la enfermedad profesional que desarrolló.

Por su parte, la recurrida alegó la improcedencia de la acción constitucional, al ser lo discutido, la aplicación de una norma relativa a la prescripción extintiva, propia de un juicio declarativo, y por considerar que no existe un derecho indubitado, habiendo ya transcurrido los plazos para poder pedir el cambio de causal de retiro por aplicación de la normativa vigente, en conformidad a los criterios de la Contraloría General de la República.

Cuarto: Que, como presupuesto de la acción, como se dijo en el considerando primero, quien recurre de protección debe demostrar la existencia de un derecho indubitado que requiere cautela constitucional. En la especie, determinar si la situación del recurrente, relativo a su diagnóstico de enfermedad pleural tiene el mérito suficiente para ser considerada una enfermedad profesional, y luego, determinar si la normativa permite el cambio de causal de retiro, de conformidad a las normas sectoriales relativas a la prescripción, supone examinar la competencia del órgano que dictó el diagnóstico, la eventual concurrencia de un vicio de nulidad de derecho público, la incidencia del principio de juridicidad del gasto público consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República, y los efectos que sobre todo ello produce la actuación posterior de la autoridad competente, todo lo cual constituye una cuestión de derecho debatida, que exige un examen normativo y probatorio propio de un procedimiento declarativo de lato conocimiento, y que impide tener por configurado el derecho indubitado que la acción cautelar de protección presupone.

En estas circunstancias, claramente el determinar la procedencia del cambio de causal de retiro y los efectos del diagnóstico de salud del recurrente ocurrido varios años después de su retiro de la institución, con el correspondiente análisis relativo a la relación de causalidad entre el trabajo desempeñado y la enfermedad desarrollada, escapa a la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción de protección, existiendo otras vías declarativas, de lato conocimiento idóneas al efecto.

Quinto: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la dictación del acto impugnado. A mayor abundamiento, respecto de la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 que se alega vulnerado, el recurrente no ha señalado de qué forma se ha visto afectada en concreto, limitándose a afirmar que otros funcionarios en su misma posición habrían podido acceder a las prestaciones derivadas del retiro por la causal relativa a la enfermedad profesional, pero sin individualizar caso alguno ni acreditar que se encuentren en situaciones jurídicamente equivalentes.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Leonardo Contreras Marisio, en representación de nombre reservado, en contra de la Armada de Chile.

Redacción a cargo del ministro Moisés Montiel Torres.

No firma el Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°160-2026.-