nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Puerto Montt, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 12 de agosto de 2019, comparece nombre reservado y ANDRES LILLO BUSTAMANTE, abogados, en representación de don nombre reservado, chileno, casado, funcionario público, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, representada por nombre reservado y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por nombre reservado.

Se interpone por actos ilegales y arbitrarios que implican la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el numerales 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a fin de que sea restablecido el imperio del derecho, decretando el cese de la conculcación de derechos y garantías constitucionales y adoptando todas las medidas conducentes a la protección de los derechos.

Con fecha 5 de abril del año 2012, don nombre reservado celebró con la Caja de Compensación 18 de Septiembre un contrato de Crédito Social por la suma de cinco millones de pesos pagaderos en 72 cuotas mensuales de $123.510, dicho crédito fue pagado durante los meses de mayo a diciembre del año 2012, ambos inclusive, por medio de descuentos en sus remuneraciones como trabajador de la Agencia de aduanas I.P. Hardy y Cia. Ltda.

Agrega que buscando mejores horizontes laborales, comenzó a trabajar el 1° de enero del año 2013 en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en adelante ONEMI de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt prestando servicios en calidad de trabajador a honorarios permaneciendo en esta modalidad ininterrumpidamente hasta el mes de diciembre del año 2017, mes en que pasó a ser funcionario “a Contrata” de la ONEMI Los Lagos, trabajo que desempeña actualmente.

En el mes de diciembre de 2018, cuando llevaba un año como funcionario público a contrata nombre reservado comenzó a sufrir un descuento por planilla en sus remuneraciones de oficio por parte de la Caja de Compensación La Araucana basado en el Crédito cuyo último pago se registra 6 años atrás.

Ante el cobro de una deuda después de transcurrida tal cantidad de tiempo con fecha 14 de marzo de 2019, su representado interpuso ante la Superintendencia de Seguridad Social, Intendencia de Beneficios Fiscales, Departamento de Regímenes de Bienestar Social, el Reclamo R-19335-2019, debido a que la Caja de compensación 18 de septiembre mantenía publicaciones en el registro de información de deudores de DICOM, a pesar de haber transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación se hiciera exigible; la respuesta de esta entidad contenida en la Resolución Exenta NºR-01-DLM-16291-2019 fue ordenar a la C.C.A.F. 18 de Septiembre “eliminar el nombre del reclamante de los registros de DICOM o cualquiera otro, lo instruido deberá cumplirse dentro del plazo de 3 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de emisión de la presente Resolución, bajo apercibimiento de ejercer sus facultades sancionatorias”.

Los descuentos en las remuneraciones de su representado por concepto de pagos del crédito social suscrito con la Caja 18 de Septiembre cesaron desde que comenzó como trabajador a honorarios en la ONEMI en el mes de Enero de 2013 y fueron reanudados en el mes de Noviembre de 2018, estos descuentos hasta la fecha persisten.

El acto recurrido consiste en que las Cajas de Compensación La Araucana y 18 de Septiembre, presuntamente amparadas en la Ley de Cajas de Compensación pretenden cobrar vía descuento por planilla en las remuneraciones del recurrente, una deuda prescrita que nunca le fue legalmente notificada, basándose en las cuotas impagas de un crédito social que le fuere otorgado en el año 2012.

Esta situación constituye una vulneración de los derechos y garantías fundamentales del recurrente don nombre reservado, debiendo restablecerse el imperio del derecho.

Con fecha 22 de agosto de 2019, informa Matías Zoroquiaín Vélez, abogado, en representación convencional de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, solicitando que se rechace el presente recurso en su totalidad, pues malamente podría calificarse como prescrita la acción para el cobro de las cuotas del crédito en comento, en circunstancias no sólo que no ha existido discusión alguna, en sede judicial, sobre la prescripción de las acciones de cobro derivadas del contrato de crédito social celebrado entre el actor y su representada, sino además, y especialmente, en el contexto en que ni siquiera el Juez Civil podría declarar la prescripción de la gran mayoría de las cuotas morosas, al no haber transcurrido el plazo que habilita la declaración de prescripción de conformidad a la normativa que regula la materia, señalando que el legislador ha establecido determinados requisitos copulativos, cuya concurrencia determinará en su caso, la prescripción de la obligación, como lo son el transcurso de un determinado lapso de tiempo y la declaración judicial de prescripción de la obligación, cuestión que no ha ocurrido en la especie.

Agrega que el actuar de la Caja de Compensación se encuentra respaldado y regulado por mandato expreso de la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), refiriendo que el propio señor nombre reservado manifestó explícitamente su voluntad en orden a continuar pagando la deuda, ante la Superintendencia de Seguridad Social, en el contexto del reclamo que presentó en marzo de 2019.

Con fecha 27 de agosto de 2019, informa Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso, pues su representada ha actuado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.833, sobre Cajas de Compensación de Asignación Familiar y normativa complementaria, agregando que con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso.

Respecto a la alegación principal del recurrente principal, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende con toda claridad, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el actor.

En consecuencia, no han vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por lo que solicita rechazar el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado.

Con fecha 30 de agosto de 2019, se trajeron autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con la retención en la remuneración del actor por parte de la Caja de Compensación La Araucana por sumas de dineros correspondientes a cuotas de un crédito en cuotas, suscrito por el recurrente con la Caja de Compensación 18 de Septiembre el día 5 de abril del año 2012, el cual fue pagado desde mayo a diciembre de dicho año, siendo reiniciado el cobro respectivo en diciembre del año 2018, a través la modalidad “Inter Cajas”.

Al informar las recurridas señalan que efectivamente se han efectuado descuentos en la remuneración del actor, pero que aquello responde la existencia del crédito moroso que a la fecha mantiene, actuando en conformidad a las normas jurídicas que regulan la materia y al hecho de no existir resolución judicial alguna que hubiese declarado prescrita la deuda, razón por la cual no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna.

TERCERO: Que la cuestión controvertida en el presente recurso dice relación con la posibilidad de efectuarse los cobros por parte de las Cajas de Compensación, a través de descuentos directos en las remuneraciones del recurrente respecto de cuotas que a juicio de éste, se encontrarían prescritas.

CUARTO: Que sobre esta materia se ha referido la Corte Suprema en sucesivas ocasiones, así, por ejemplo en causa Rol 37.889-2017, dictado el 6 de noviembre de 2017, en que conociendo de la apelación contra un recurso de protección por hechos similares, consistentes en los descuentos hechos por una Caja de Compensación entre los años 2016 y 2017, respecto de un crédito adquirido en el año 2008 e impago desde el año 2009, sin que constara en título ejecutivo y habiéndose llevado a cabo acciones infructuosas para la preparación de la vía ejecutiva, aduciendo la recurrida la misma facultad de descuento InterCajas que alega en la especie, la Excelentísima Corte Suprema señaló:

“Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que la conducta de las recurridas aparece como arbitraria, toda vez que ha sido asentado fehacientemente que la obligación de tracto sucesivo se encuentra impaga desde la cuota Nº19, vencida en septiembre de 2009, esto es, 82 meses antes del inicio de los descuentos controvertidos, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

QUINTO: Que así las cosas, del análisis de la acción deducida, se desprende que el actor ha incurrido en mora de una obligación dineraria contraída desde el mes de abril del año 2012, habiéndose reanudado unilateralmente el cobro de la misma, por parte de la recurrida, en el año 2018, sin que se haya acreditado acciones tendientes a obtener su pago en el lapso transcurrido entre los años 2012 y el presente.

SEXTO: Que respecto del presente caso, estos sentenciadores comparten el criterio asentado por la Excelentísima Corte Suprema en el fallo citado en el basamento precedente, en orden a que el cobro que ejerce la recurrida en la especie, se ha tornado arbitrario desde que se han ejercido facultades legales que se le confieren con el fin del cobro oportuno de obligaciones derivadas del legítimo ejercicio de sus competencias, de manera abiertamente extemporánea, al pretender el cobro de una obligación dineraria tantos años después de haber incurrido en mora el deudor, sin que conste haberse llevado a cabo acción alguna que de manera diligente hubiese conducido a la obtención de su pago.

SÉPTIMO: Que la conducta denunciada que se ha calificado previamente de arbitraria tiene la aptitud de vulnerar lo dispuesto en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República en relación a la garantía de no ser privado del dominio que detenta sobre sus remuneraciones el actor, sin causa legal que habilite a la recurrida para ello, por lo que esta magistratura se encuentra en la situación jurídica de intervenir para asegurar el restablecimiento del derecho en la forma que se dirá en lo resolutivo del fallo.

OCTAVO: Que no obsta a la declaración anterior el hecho señalado por las recurridas de no haberse declarado la prescripción del correspondiente crédito, toda vez que de los antecedentes ya referidos, se desprende que tanto la forma como la oportunidad en la que se reinició el cobro respectivo vulnera el derecho reclamado.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, por estimar que las recurridas ha desplegado una conducta contraria a derecho, vulnerando de esta forma la garantía de que es titular el recurrente, consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Carta Política, debiendo cesar en los cobro del crédito que invoca a su respecto, mediante descuento en las remuneraciones del actor, sin perjuicio de los derechos que le asistan para impetrar su cobro por medio de las acciones jurisdiccionales que correspondan.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante don Mauricio Cárdenas García, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por estimar que el actuar de las Cajas de Compensación se encuentra regulada en la propia Ley N°18.833 que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), normativa en la cual se reglamenta de forma concreta sus facultades respecto de los cobros que pueden efectuar a sus deudores. En este sentido, los cobros efectuados en la remuneración del recurrente resulta procedente, pues éstas son entidades de previsión social cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, dándose por entendido que las prestaciones corresponden a un crédito social, el cual por mandato del artículo 22 del mismo cuerpo legal establece que dicho crédito deberá ser deducido por la entidad empleadora afiliada reteniendo y remesando a la Caja los respectivos descuentos de remuneración.

Así también, respecto de las sumas adeudadas no existe ninguna sentencia judicial que hubiere declarado la prescripción del referido crédito, cuestión que es exigencia normativa contenida en el artículo 2493 del Código Civil, pues la misma no ha sido alegada en el procedimiento declarativo correspondiente y consecuencia de ello, no ha existido una declaración de prescripción, si resultare pertinente conforme el mérito del proceso que debe ser conocido por el tribunal competente.

Redacción del abogado integrante don Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1582-2019.