A.F.P. UNO S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, dos de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., quien interpone acción de protección, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, por la dictación del informe de “Conclusiones jurídicas investigación por vulneración de derechos fundamentales. Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Comisión N°1011/2025/2069” de 13 de enero de 2026, notificado a esta parte el 15 de enero de 2026, que estima ilegal y arbitrario.

Afirma que con fecha 11 de agosto de 2025, se inició un proceso de negociación colectiva reglada entre la recurrente y el Sindicato de Empresa N°1 AFP UNO, el cual culminó el día 3 de octubre de 2025 con la suscripción del respectivo instrumento colectivo, firmándose aquel durante la etapa de mediación obligatoria desarrollada entre los días 1 y 3 de octubre de 2025, ante el funcionario de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, señor nombre reservado, quién revisó el texto del instrumento junto con una abogada interna de la Dirección del Trabajo sin reparos.

En dicho contrato colectivo se estableció expresamente que los beneficios pactados tendrían carácter universal, siendo aplicables a todos los trabajadores de la compañía de acuerdo con su cargo, con independencia de su afiliación sindical. En atención a ello, se acordó el pago de un aporte al Sindicato, calculado sobre la base de los trabajadores que formaban parte de la nómina al momento de la firma del instrumento.

Luego, con fecha 12 de diciembre de 2025, la recurrente es notificada del inicio de un procedimiento de investigación N°1001/2025/2069 ante la Inspección del Trabajo promovido por el Sindicato en base a denuncia por práctica antisindical con fecha 25 de noviembre de 2025. Los hechos en los cuales se sustenta la denuncia son los siguientes:

a) La imposición unilateral de cláusulas de "universalidad" en el instrumento colectivo (cláusula vigésimo primera), calificando los beneficios como "históricos y universales".

b) La extensión fáctica de los beneficios logrados en la negociación (aumento de asignaciones de colación y movilización, bonos de antigüedad y responsabilidad, gift cards) a la totalidad de los trabajadores no sindicalizados.

c) La omisión del descuento de la cuota sindical ordinaria a los trabajadores beneficiados, contraviniendo el artículo 322 del Código del Trabajo.

d) La comunicación activa por parte de las jefaturas sobre la "universalidad" de los beneficios, desincentivando la afiliación.

Luego de dar cuenta del cumplimiento con la asistencia a las instancias de fiscalización y entrega de documentos, da cuenta de la emisión del informe de conclusiones jurídicas que constata la supuesta practica antisindical, el cual indica que la recurrente “ha incurrido en las infracciones tipificadas en el artículo 289 inciso primero, así como en las letras d), h) e i) del Código del Trabajo. La empresa ha utilizado la figura de «beneficios universales» así como de supuestos «beneficios históricos» para extender de facto los acuerdos obtenidos en la negociación colectiva del Sindicato N° 1 a trabajadores no afiliados, sin el consentimiento de la organización y sin efectuar el descuento de la cuota sindical obligatoria. Esta acción, sumada a la comunicación de la «universalidad» por parte de las jefaturas, ha tenido por objeto y efecto desincentivar la afiliación sindical y debilitar la posición negociadora del sindicato, conforme el análisis que a continuación se desarrollará…”

A continuación, transcribe las partes que da cuenta de la “Configuración de hipótesis genérica de afectación a la libertad sindical- artículo 289 inciso primero; de la extensión de beneficios encubierta - artículo 289 letra h; Obstaculización y desincentivo a la afiliación - artículo 289 letra d; del perjuicio económico al sindicato - artículo 289 letra i.”

Finalmente, sostiene que las conclusiones y resolución del mismo son las siguientes: “Por consiguiente, habiéndose acreditado indicios suficientes de vulneración a la libertad sindical que revisten el carácter de gravedad y precisión requeridos por el artículo 493 del Código del Trabajo; por la ejecución de prácticas antisindicales sancionadas en el artículo 289 y siguientes del Código del Trabajo, corresponde citar a la mediación obligatoria prevista en el inciso 6° del artículo 486 del Código del Trabajo, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y reparar las garantías conculcadas.”

Continúa con referencias a la procedencia del recurso de protección, sus requisitos y dando cuenta del actuar ilegal de la recurrida en relación con los principios que informan los actos de la administración del Estado, reiterando que el instrumento colectivo suscrito entre las partes dispone en su cláusula vigésima la universalidad de beneficios, transcribiendo el tenor de la cláusula vigésima primera en lo que respecta a la extensión de beneficios “Las partes establecen que las disposiciones del presente instrumento colectivo no serán objeto de extensión de beneficios respecto de trabajadores que tengan o no tengan afiliación sindical. Sin perjuicio de lo anterior, las partes establecen que estos tienen carácter de históricos y universales.” Con ello, sostiene que dicho instrumento detalla que todos los beneficios del instrumento colectivo tienen el carácter de universal, por lo que podrán ser aplicados tanto a trabajadores sindicalizados como no sindicalizados y que por expreso acuerdo de las partes, los beneficios del instrumento colectivo no serán objeto de extensión.

En otros términos, no hay extensión de beneficios al ser aplicados en forma universal e histórica, lo cual se establece en las cláusulas vigésimo, vigésimo primera y vigésimo tercera, lo cual explica que a los trabajadores no sindicalizados no se les realiza el descuento de la cuota sindical, porque se trata de beneficios históricos y universales, pactados expresamente con esa calidad, no realizando extensión de beneficios.

En cuanto a bono de antigüedad y bono de responsabilidad, se establecieron en contrato colectivo, con universalidad, los cuales se pagan de acuerdo a lo indicado en el contrato colectivo en forma mensual, desde octubre 2025, a todos los trabajadores con el cargo correspondiente; en cuanto al aumento de colación y locomoción, los cuales son universales tanto en nombre como en monto, estos se encuentran establecidos para todos los trabajadores, de acuerdo a lo señalado en el contrato colectivo, lo cual se encontraba implementado con anterioridad y se actualizaron los montos; en cuanto a Gift Cards “zapatos de trabajo”, este es un beneficio que se otorga a más tardar el 15 de noviembre de cada año a todos los trabajadores, el cual se comenzó a entregar por primera vez este año. Señala que a todos los trabajadores de los cargos respectivos, se les comunicó que se les iban a otorgar los beneficios universales en reuniones con sus respectivas jefaturas.

Continua con explicaciones en cuanto a la naturaleza de los servicios, remuneraciones y beneficios aplicados a los trabajadores de Rayu, que es una prestadora de servicios para el cargo de anfitrión, ejecutivo de servicio, ejecutivo Car, administrativo de cobranza, y administrativo de recaudación bajo régimen de subcontratación desde el 29 de julio de 2020, sosteniendo que dichos conceptos se determinan conforme a su propia estructura interna, políticas corporativas y realidad económica, sin intervención, injerencia ni determinación alguna de la recurrente. De este modo, no existe homologación al sistema de remuneraciones y beneficios de la recurrente, no siendo efectivo la aplicación de dicha estructura – individual o colectiva – a dichos trabajadores.

Por tanto, afirma que la recurrida se arroga la competencia de determinar jurídicamente la existencia de una práctica antisindical que vulnera derechos fundamentales en inobservancia a las normas pertinentes, sosteniendo que la Circular N° 28 de 03 de abril de 2017, de la Dirección del Trabajo establece que el informe de conclusiones jurídicas debe limitarse a establecer los indicios de dicha vulneración, más no su existencia, lo cual no ocurre en la especie dado que el informe impugnado afirma dicha configuración, reconocimiento que la ley otorga exclusivamente a los tribunales de justicia competentes para ello. De este modo, la recurrida se atribuye facultades propias de un tribunal conforme lo establecido en el artículo 420 del Código del Trabajo, infringiéndose con ello el principio de juridicidad y la jurisprudencia que invoca a dichos efectos.

Respecto a la arbitrariedad de la actuación, sostiene su configuración al no existir fundamento racional que justifique lo anterior al margen de los límites que impone la ley.

Sostiene la vulneración de las garantías fundamentales del artículo 19 N°2 sobre igualdad ante la ley y del N°3 inciso quinto sobre prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, ambas de la Constitución Política.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene dejar sin efecto el acto recurrido y el procedimiento de fiscalización en su conjunto por encontrarse viciado o, de forma subsidiaria, la adopción de cualquier otra medida que se estime pertinente, con costas.

A folio 5, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 12, consta informe de Francisca Massri Negrón, abogada de la Dirección del Trabajo, quién señala que con fecha 25 de noviembre de 2025 el Sindicato de Empresa N°1 AFP UNO, R.S.U Nº1001.1477, concurre a la Inspección del Trabajo de Puerto Montt e interpone denuncia en contra del empleador por vulneración de derechos fundamentales en los términos indicados en la presente acción.

Que con fecha 01 de diciembre de 2025 se da inicio al procedimiento de investigación de los hechos denunciados por posible vulneración al “derecho a la libertad sindical”, consagrado en el artículo 19 N°19 de la Constitución Política de la República, por la conducta tipificada en el artículo 289 letra h) primera parte del Código del Trabajo, dando cuenta de los hitos de la tramitación administrativa de la misma y de su término mediante la emisión de un informe por parte de la fiscalizadora actuante con fecha 07 de enero de 2026.

Agrega que, una vez concluido el informe de investigación, bajo las instrucciones vigentes, la abogada a cargo de la fiscalía laboral, nombre reservado, procede analizar y ponderar jurídicamente el resultado de la misma, elaborando una minuta denominada “Conclusiones Jurídicas”, debidamente fundada, en la que se indica si existen o no hechos o indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales que permitan sustentar una denuncia judicial ante el tribunal laboral competente, cuestión que ocurre en la especie en virtud de la constatación de aquello por la recurrida, configurándose indicios suficientes de vulneración a la libertad sindical a través de conductas antisindicales descritas y tipificadas en el artículo 289 inciso primero, letra h), d) e i) del Código del Trabajo. Por ello, se citó a las partes a la mediación ordenada por la recurrida conforme lo dispuesto en el artículo 486 inciso sexto del Código del Trabajo para el día 19 de enero de 2026, la cual se efectuó sin arribar a acuerdo alguno.

Sostiene que la presente acción ha sido utilizada como un sustituto procesal a las vías ordinarias contempladas en la legislación conforme lo establece el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo en cuanto a la competencia del Juzgados de Letras del Trabajo, en los siguientes términos: “e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.” Lo anterior se ratifica con lo establecido en el artículo 504 del mismo cuerpo legal respecto del procedimiento establecido a dichos efectos para conocer de los hechos que se exponen en estos autos. A mayor abundamiento, sostiene que la ley 19.880 dispone una serie de recursos administrativos que permiten impugnar actuaciones como el acto administrativo objeto de la presente acción.

En consecuencia, siendo el acto recurrido una actuación administrativa que no generan un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección en el entendido que éste corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados - y no un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo – el presente recurso debe ser rechazado, citando jurisprudencia de esta Corte en la línea señalada.

Agrega la inexistencia de un derecho indubitado que se encuentra vulnerado por un actuar de la informante, toda vez que las “Conclusiones Jurídicas” elaboradas en el procedimiento administrativo de investigación sustanciado bajo la comisión Nº1001/2025/2069” se encuentra ajustada a derecho y tramitadas conforme el procedimiento establecido a dichos efectos. Además, sostiene la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario por las mismas razones, precisando que el acto recurrido tiene por finalidad ponderar jurídicamente el resultado de la investigación de los hechos denunciados por el sindicato afectado, es decir, si los hechos constatados permiten establecer indicios suficientes de una vulneración de derechos fundamentales, no siendo efectivo que aquello no se encuentre ajustado a lo dispuesto en la Circular Nº28, ni menos que se haya vulnerado el principio de legalidad o de una actuación fuera de las competencias legales pertinentes. Tampoco se advierte la vulneración a la garantía del debido proceso, dado que el recurrente pudo actuar y efectuar sus alegaciones en toda la tramitación administrativa en cuestión.

Finaliza sosteniendo la inexistencia de vulneración a las garantías fundamentales invocadas, razón por la cual solicita por el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO EXPUESTO, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de Protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que lo que la recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en el acto denominado “Conclusiones jurídicas investigación por vulneración de derechos fundamentales. Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Comisión N°1011/2025/2069”, de 13 de enero de 2026, emitido al término de una investigación administrativa iniciada a raíz de la denuncia formulada por el Sindicato de Empresa N°1 AFP UNO, relativa a eventuales conductas vulneratorias de la libertad sindical y prácticas antisindicales vinculadas con los beneficios contemplados en el instrumento colectivo suscrito entre las partes.

CUARTO:: Que, en primer término, debe precisarse la naturaleza y alcance del acto impugnado. Se trata de una actuación intermedia, inserta en un procedimiento administrativo de fiscalización e investigación destinado a ponderar los antecedentes reunidos y determinar si existen hechos o indicios suficientes que hagan pertinente el ejercicio de las actuaciones posteriores previstas por el ordenamiento jurídico. El referido informe no reviste un carácter terminal ni decisorio que permita negar, constituir, extinguir o afectar por sí mismo un derecho de la recurrente.

Sobre lo anterior, el artículo 486 del Código del Trabajo dispone que cualquier trabajador u organización sindical que invoque un derecho o interés legítimo y considere lesionados derechos fundamentales, puede requerir su tutela por el procedimiento respectivo. La misma disposición establece que, si la Inspección del Trabajo toma conocimiento de una eventual vulneración dentro del ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras e interpretativas, debe denunciar los hechos al tribunal competente y acompañar el informe de fiscalización correspondiente, debiendo realizar previamente una mediación entre las partes para agotar las posibilidades de corrección de las infracciones constatadas.

De este modo, el informe cuestionado se ubica precisamente en una etapa preparatoria o previa a una eventual denuncia judicial. No decide la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, no impone sanción alguna ni produce por sí mismo una modificación de la situación jurídica de la recurrente. Su función consiste en proporcionar antecedentes para que, en su caso, la autoridad competente evalúe la procedencia de iniciar la acción judicial contemplada en el Código del Trabajo.

Lo anterior se condice, además, con los artículos 1° y 5° del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que encomiendan a la Dirección del Trabajo la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, la fijación del sentido y alcance de las leyes del trabajo, la supervigilancia de los organismos sindicales y la realización de acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos del trabajo, relacionado con la función fiscalizadora prevista en los artículos 476 y 505 del Código del Trabajo, relativos a la fiscalización e interpretación de la legislación laboral.

QUINTO: Que, asimismo, los cuestionamientos de la recurrente se dirigen contra las motivaciones del informe impugnado, particularmente aquellas mediante las cuales explica los antecedentes que, a su juicio, permiten tener por configurados indicios de eventuales prácticas antisindicales.

Sin embargo, las consideraciones contenidas en la motivación del acto no producen por sí solas efectos jurídicos actuales sobre los derechos de la recurrente. Tales apreciaciones cumplen una función explicativa de la decisión administrativa de proseguir con las actuaciones previstas en el artículo 486 del Código del Trabajo, pero no constituyen una decisión jurisdiccional ni una declaración definitiva e inmutable acerca de la responsabilidad de la empresa o de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales.

La circunstancia que el informe emplee expresiones relativas a la concurrencia de conductas descritas en el artículo 289 del Código del Trabajo no altera esa naturaleza sino que se mantienen dentro del ámbito de la fundamentación de una conclusión provisoria, para resolver si corresponde activar los mecanismos legales posteriores y sin perjuicio de la decisión que en definitiva adopte el tribunal laboral competente.

SEXTO: Que, en cuanto a las conclusiones del informe, estas se limitan a establecer la existencia de indicios suficientes, conforme a la apreciación administrativa de los antecedentes, y que justificarían la continuación del procedimiento mediante la mediación obligatoria y, eventualmente, la formulación de una denuncia judicial.

No se advierte, por consiguiente, que la recurrida haya sustituido la labor jurisdiccional. La determinación definitiva de si existió o no una práctica antisindical, si se vulneró la libertad sindical, si concurrieron los elementos de las conductas previstas en el artículo 289 del Código del Trabajo y cuáles son sus consecuencias jurídicas corresponde al tribunal competente, dentro del procedimiento legalmente establecido y que consagra el resguardo de los derechos procesales de las partes.

SÉPTIMO: Que tampoco se advierte que la recurrida haya excedido sus atribuciones legales. La investigación se inició a partir de una denuncia relativa a eventuales vulneraciones de la libertad sindical, materia comprendida dentro del ámbito de la legislación laboral y de las funciones de fiscalización de la Dirección del Trabajo. Asimismo, el artículo 486 impone a la Inspección del Trabajo el deber de actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, realizar la mediación previa y denunciar ante el tribunal competente cuando los antecedentes obtenidos así lo justifiquen. Para cumplir esa función, dicho Servicio debe examinar los hechos investigados, confrontarlos con las normas laborales aplicables y expresar las razones por las cuales estima que existen o no indicios suficientes. Privarla de esa posibilidad impediría cumplir la obligación legal de efectuar una evaluación previa y tornaría inoperante el procedimiento previsto por el legislador.

El establecimiento de indicios, por tanto, no importa ejercer jurisdicción, sino realizar una valoración administrativa preliminar, sujeta a la posterior revisión y decisión de los tribunales laborales.

OCTAVO: Que tampoco se advierte un trato desigual y carente de justificación, ni que la recurrente haya sido juzgada o sancionada por una comisión especial. La empresa ha podido actuar en el procedimiento administrativo, formular alegaciones y aportar antecedentes, sin perjuicio de las acciones y defensas que pueda ejercer ante el tribunal laboral competente.

NOVENO: Que, finalmente, la existencia de mecanismos específicos de impugnación y conocimiento por la judicatura laboral confirma que el recurso de protección no puede ser utilizado para sustituir los procedimientos ordinarios destinados a discutir la legalidad, suficiencia o mérito de las conclusiones administrativas. El artículo 420 letra e) del Código del Trabajo entrega a los Juzgados de Letras del Trabajo el conocimiento de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, mientras que el artículo 504 del mismo cuerpo legal regula el procedimiento aplicable a las reclamaciones que correspondan en tales casos.

DÉCIMO: Que, por consiguiente, al no concurrir un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace actualmente alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, sin costas.

Redacción del abogado integrante Christian Löbel Emhart.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 158-2026.