GANADERA EL CORRAL SPA con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

Puerto Montt, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco Vistos:

A folio 1, comparece el Abogado Mauricio Oliva Alarcón, en favor y representación de Ganadera El Corral SpA, quién interpone acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Los Lagos, por los hechos que expone en su acción.

La parte recurrente expone como fundamento esencial de su pretensión la supuesta ilegalidad del actuar respecto del funcionario fiscalizador señor nombre reservado, fundando su acción en la supuesta vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3, que garantiza el debido proceso, y el artículo 19 N°21, que consagra el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica lícita. La recurrente señala que, con fecha 28 de octubre de 2024, y sin que mediara fiscalización previa, notificación formal ni procedimiento administrativo alguno, el referido funcionario instruyó, mediante correo electrónico dirigido a la empresa Feria Ganadera Osorno S.A., la retención del cien por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a operaciones comerciales efectuadas por la sociedad ese mismo día, invocando como fundamento que Ganadera El Corral SpA se encontraría incluida en la nómina de contribuyentes calificados como de difícil fiscalización.

Agrega la recurrente que dicha categorización carece de sustento fáctico, jurídico y procedimental, toda vez que la sociedad fue constituida formalmente apenas una semana antes de los hechos, no registra antecedentes tributarios negativos, ha operado conforme al ordenamiento jurídico vigente mediante la emisión de guías de despacho y facturas válidas en formato electrónico autorizadas por el propio Servicio, y no ha sido objeto de citación, requerimiento, ni procedimiento fiscalizador alguno por parte de la Administración Tributaria. Añade que el Servicio de Impuestos Internos, pese a contar con herramientas como la Carpeta Tributaria Electrónica y mecanismos digitales de control, no ha expresado en ningún momento los hechos ni el derecho que justificarían su incorporación a la referida nómina, lo cual vulnera el derecho a la información clara, el principio de publicidad y transparencia, y la presunción de buena fe del contribuyente, consagrados en el ordenamiento tributario.

En este contexto, la recurrente estima que la actuación del Servicio, al ordenar una medida que implica privación de liquidez sin procedimiento formal, equivale a una sanción administrativa encubierta, impuesta de manera arbitraria y sin la debida fundamentación, afectando gravemente la continuidad y viabilidad de su actividad económica, en circunstancias que el orden jurídico nacional exige, para toda actuación restrictiva de derechos, un procedimiento legalmente tramitado y fundado en hechos y derecho pertinentes. Considera, por ende, que se ha vulnerado gravemente el principio de legalidad administrativa y el derecho a ejercer libremente una actividad económica lícita, sin interferencias indebidas de la autoridad fiscal.

En consecuencia, la recurrente solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación del Servicio de Impuestos Internos, ordene su exclusión de la nómina de contribuyentes de difícil fiscalización, disponga la restitución inmediata de los montos retenidos por concepto de IVA en la operación de fecha 28 de octubre de 2024, y ordene al Servicio, si lo estima necesario, someter cualquier acción fiscalizadora futura al procedimiento regulado ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en respeto de las garantías constitucionales y legales del debido proceso administrativo tributario.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso, solicitando informe a la parte recurrida.

A folio 10, consta informe evacuado por el Director Regional (S) de la Dirección Regional de Los Lagos, donde se indica que la actuación cuestionada por la recurrente se refiere a la inclusión de la empresa Ganadera El Corral SpA. en la Nómina de Contribuyentes de Difícil Fiscalización. Esta medida fue adoptada con fecha 28 de octubre de 2024, por el fiscalizador señor nombre reservado, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución Exenta SII N°141 de 2019, dictada en virtud de las facultades legales de fiscalización administrativa conferidas al Servicio.

Dicha incorporación, según se expone, se sustentó en diversos antecedentes objetivos que se encontraban disponibles en los sistemas informáticos del propio Servicio, los cuales revelaban indicios de un comportamiento tributario irregular por parte de la sociedad y de las entidades directa o indirectamente vinculadas a ella, especialmente en lo relativo al historial del gerente general, don nombre reservado. Este último registra múltiples anotaciones negativas en calidad de representante legal o socio en otras sociedades, anotaciones asociadas a las causales 4113, 51 y 52, todas ellas relativas a incumplimientos tributarios o situaciones anómalas en la documentación respaldatoria.

Se hace presente, además, que la sociedad Servicios Macusa SpA., única accionista de la empresa recurrente, también registraba antecedentes desfavorables, entre ellos la anotación correspondiente a la causal 52, la cual fue ingresada el 25 de octubre de 2024, esto es, antes del acaecimiento de los hechos que motivan el presente recurso. Sobre la base de estos elementos, la recurrida sostiene que la medida adoptada no debe entenderse como una sanción en sentido estricto, sino como un mecanismo de control tributario preventivo que tiene por finalidad resguardar el interés fiscal y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Dicho control, además, no acarrea pérdida del derecho al crédito fiscal, ni representa una afectación sustancial a la continuidad operativa de la contribuyente en el desarrollo de sus actividades económicas.

En esa línea, la autoridad administrativa aclara que el mecanismo de cambio de sujeto del IVA dispuesto por la normativa vigente no es de carácter permanente, y que la inclusión en la nómina referida produce efectos inmediatos por medio de la notificación a los agentes retenedores designados, sin que se requiera notificación directa o previa al contribuyente incorporado. Añade también que no se ha vulnerado la garantía constitucional prevista en el número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el Servicio de Impuestos Internos no ejerce funciones jurisdiccionales, ni actúa como comisión especial, habiéndose limitado a adoptar una medida dentro del marco de sus competencias legales y conforme al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° del texto constitucional.

En cuanto a la eventual transgresión del derecho consagrado en el numeral 21° del mismo artículo constitucional, relativa a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, la recurrida sostiene que el acto impugnado no impide ni obstaculiza de manera efectiva el giro habitual de la contribuyente, quien puede seguir desarrollando su actividad económica con normalidad, sin que se le haya privado del derecho a recuperar su crédito fiscal. Este derecho puede ser ejercido conforme a los procedimientos establecidos por la propia normativa administrativa, incluida la Resolución Exenta N°141, de 2019, la cual contempla expresamente dicha posibilidad, regulando incluso el mecanismo de devolución de créditos acumulados cuando no existen débitos fiscales suficientes para su imputación.

Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos afirma que la acción de protección no es el mecanismo procesal idóneo para resolver la controversia planteada, toda vez que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento específico ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros para conocer de eventuales actos u omisiones arbitrarias o ilegales de la Administración Tributaria, conforme lo establece el artículo 155 del Código Tributario. Dicho procedimiento especializado garantiza el debido proceso, la contradicción y la revisión por un órgano jurisdiccional competente en la materia, debiendo por tanto canalizarse por esa vía cualquier reclamo relativo a afectaciones de derechos vinculados al actuar del Servicio en materia tributaria.

A folio 11, se traen los autos en relación.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente fundamenta su solicitud en el hecho de que, con fecha 28 de octubre de 2024, el funcionario fiscalizador nombre reservado, adscrito a la Dirección Regional del SII en Los Lagos, instruyó —de forma unilateral, sin procedimiento previo, sin fiscalización formal y sin notificación alguna a la afectada— a la empresa Feria Ganadera Osorno S.A. retener la totalidad del Impuesto al Valor Agregado generado en las operaciones comerciales de compraventa de ganado realizadas por la recurrente, bajo el supuesto de que ésta se encontraba incluida en la nómina de contribuyentes de difícil fiscalización.

La recurrente sostiene que dicha inclusión es carente de sustento fáctico y jurídico, pues la sociedad fue legalmente constituida pocos días antes de los hechos, carece de anotaciones negativas en el sistema tributario, ha emitido documentos tributarios válidos conforme a la normativa vigente, y no ha sido objeto de ninguna fiscalización, citación o requerimiento por parte de la autoridad administrativa. En ese sentido, denuncia una completa ausencia de motivación formal y material en el acto impugnado, lo cual contraviene los principios estructurales del debido proceso administrativo y tributario, así como el principio de presunción de buena fe del contribuyente, ambos reconocidos en el Código Tributario y en los principios generales del derecho público.

Sostiene que el proceder del órgano recurrido reviste el carácter de una sanción administrativa encubierta, arbitraria y sin soporte normativo expreso, configurando una actuación de facto que ha impedido el legítimo desarrollo de su giro comercial. Así, el acto administrativo impugnado vulnera gravemente el derecho a ejercer libremente una actividad económica no prohibida por la ley, conforme al artículo 19 N°21 de la Constitución, así como el derecho a ser juzgado únicamente mediante procedimientos legales y ante órganos jurisdiccionales competentes, de acuerdo al artículo 19 N°3 del mismo texto constitucional.

CUARTO: Que en informe evacuado por el Servicio de Impuestos Internos se indica que la inclusión de Ganadera El Corral SpA. en la Nómina de Contribuyentes de Difícil Fiscalización fue decidida el 28 de octubre de 2024, conforme a la Resolución Exenta SII N°141 de 2019, en base a antecedentes tributarios objetivos obtenidos del sistema institucional. Entre estos, destaca el comportamiento tributario irregular de su gerente general, nombre reservado, quien registra múltiples anotaciones negativas.

Asimismo, Servicios Macusa SpA., titular del 100% de la propiedad de la recurrente, presentaba registros negativos previos. El SII afirma que dicha inclusión no constituye una sanción, sino una medida preventiva de fiscalización que no impide el uso del crédito fiscal ni obstaculiza las operaciones económicas de la empresa.

El cambio de sujeto del IVA, de carácter transitorio, se aplica con la sola notificación al agente retenedor, sin exigencia legal de notificar previamente al contribuyente. Por ello, no se configura infracción a la garantía del artículo 19 n°3° de la Constitución, dado que el Servicio actuó dentro de sus facultades legales y no ejerció funciones jurisdiccionales.

Tampoco se afecta la garantía del número 21° del mismo artículo, pues la recurrente puede continuar su giro y ejercer su derecho al crédito fiscal conforme al procedimiento vigente.

Por último, se argumenta que la acción de protección no es el medio adecuado para resolver esta controversia, existiendo un procedimiento especial ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros conforme al artículo 155 del Código Tributario.

QUINTO: Que para la procedencia de la acción de protección constitucional resulta ineludible la demostración de un acto u omisión arbitrario o ilegal que afecte de manera irrazonable el disfrute de un derecho fundamental indiscutido. En el caso sub examine, el Servicio de Impuestos Internos ha obrado estrictamente dentro del ámbito de sus competencias, tal como lo consagran los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, así como el artículo 1º del Código Tributario, en su función administrativa de interpretación y aplicación de las normas tributarias. Esta actuación, revestida de presunción de legalidad, solo podría reputarse arbitraria frente a prueba concluyente en contrario, circunstancia ausente en la presente causa.

En consecuencia, la inclusión de Ganadera El Corral SpA. en dicha nómina y la retención provisional del IVA por parte de Feria Ganadera Osorno S.A. obedece a motivaciones lícitas, proporcionadas y limitadas en el tiempo, orientadas exclusivamente a garantizar la correcta exacción tributaria, sin que se altere irreversiblemente la actividad económica del contribuyente ni se menoscabe su crédito fiscal.

SEXTO: Que el Código Tributario establece mecanismos especializados de impugnación, incluyendo la facultad de solicitar el levantamiento de anotaciones y el cese del cambio de sujeto pasivo, mediante tramitación fundamentada ante el director regional.

Dicho procedimiento, dotado de plazos claros y garantías procesales, asegura una tutela eficaz y especializada de las controversias derivadas de actuaciones fiscalizadoras.

En este sentido cabe subrayar que la acción de protección no puede emplearse como vía para revisar actos sometidos a un fuero especial de impugnación, pues ello vulneraría la lógica del sistema de recursos y la seguridad jurídica. La parte recurrente no ha acreditado la inexistencia o ineficacia de estos remedios, siendo patente la posibilidad de recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero competente o de subsanar eventuales errores formales mediante solicitudes de rectificación administrativa.

De este modo, existen cauces ordinarios idóneos, suficientes y eficientes para controvertir la Resolución Exenta N°141, lo que torna improcedente la vía del recurso de protección constitucional como puerta de acceso excepcional a la revisión de actos tributarios.

SÉPTIMO: Que, para configurar la vulneración de garantías constitucionales, en particular la igualdad ante la ley y la libertad de ejercicio de la actividad económica, resulta imperativo demostrar un perjuicio efectivo, concreto e irreversible, trascendente a simples molestias temporales o contingencias administrativas. En el supuesto que aquí nos convoca, la retención provisional del impuesto al valor agregado —dispuesta en conformidad con la Resolución Exenta N°141 de 2019— no adquiere naturaleza definitiva, ni implica la pérdida permanente del crédito fiscal, toda vez que el monto retenido puede ser recuperado mediante su imputación a débito en declaraciones posteriores, conforme al procedimiento ordinario de compensación tributaria. De esta forma, atendida la naturaleza cautelar de la medida, no se verifica lesión sustancial a la libertad económica ni discriminación arbitraria en el trato tributario.

En lo que atañe al principio de debido proceso, debe precisarse que la facultad de modificar el sujeto pasivo se ejerce en virtud de razones de urgencia fiscal y control de cumplimiento, exenta de la exigencia de audiencia previa o tramitación formal. Así cabe distinguir estas medidas de aquellas que implican modificación sustancial del estado jurídico del administrado, reservando la audiencia previa para los actos sancionatorios o decisivos en la esfera de derechos. A la luz de lo expuesto, la parte recurrente no ha acreditado ni cuantificado un daño irreversible ni demostrado la imposibilidad de recurrir a los recursos ordinarios, por lo que las pretensiones de vulneración de garantías constitucionales resultan insubsistentes.

OCTAVO: Finalmente, la vocación primordial de los tribunales de alzada consiste en ejecutar un control de legalidad de los actos administrativos atendiendo a los cauces procedimentales previstos por el ordenamiento jurídico, salvaguardando el principio de separación de poderes y descartando la adopción de vías excepcionales que pudieran desnaturalizar la arquitectura recursiva diseñada por el legislador y socavar la previsibilidad normativa. El recurso de protección, concebido como tutela sumamente restringida de derechos constitucionales irrenunciables, no puede erigirse en sustituto de las instancias ordinarias de impugnación de actos tributarios; su utilización en tal dirección implicaría una quiebra de la lógica sistemática del fuero tributario y la generación de un antecedente jurisprudencial perjudicial para la estabilidad del régimen fiscal.

Asimismo, desde la perspectiva del derecho administrativo cabe subrayar que la vía constitucional extraordinaria encuentra justificación únicamente ante perturbaciones graves e irreparables de derechos fundamentales, inexistentes en el caso que nos ocupa, dado que la recurrente dispone de un conjunto articulado de medios de defensa que garantizan un examen especializado y riguroso de la legalidad de los actos impugnados, sin perjuicio de preservar la coherencia del sistema y la seguridad jurídica.

Por ende, dados la disponibilidad de cauces ordinarios idóneos, la ausencia de arbitrariedad o lesión de garantías fundamentales y la naturaleza precedida y reglada de la Resolución Exenta N°141, corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por Ganadera El Corral SpA., declarando sin lugar la acción, con expresa condenación en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas de la instancia, la acción interpuesta por el Abogado Mauricio Oliva Alarcón, en favor y representación de Ganadera El Corral SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Los Lagos.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1556-2024.