Protección contra Director General de la Policía de Investigaciones de Chile

nombre reservado, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete Vistos:

Que nombre reservado, nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio particular en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en su favor en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien emitió la Resolución Exenta R 146 de 7 de septiembre de 2017 que declaró su salud incompatible con el desempeño de su cargo y procede a darlo de baja de la institución.

Explica el recurrente que fue efectivamente ha estado 244 días con licencia médica entre los años 2016 y 2017. Señala que producto de una fractura y esguince en el contexto de un accidente doméstico tuvo 109 días de reposo entre el 22 de agosto y el 9 de diciembre de 2016. Agrega que en abril de 2016 fue operado de un cáncer testicular, suministrándosele altas dosis de un antiinflamatorio, ketroprofeno, que también se le dio con ocasión de la fractura y esguince antes aludido. Ello contribuyó –según el relato del actor- al desarrollo de una enfermedad que actualmente padece, colitis ulcerosa, por la cual tuvo que hospitalizarse de urgencia en la Clínica Puerto Montt el 19 de diciembre de 2016, teniendo sangramiento intestinal, decaimiento, dolor de cabeza, vomitos y una baja de peso de 10 kilos en una semana. El actor no indica el periodo de reposo por esta última enfermedad.

Agrega el recurrente que el 17 de julio de 2017 se le notificó de la Resolución Exenta 67 de 7 de julio de 2017 por la cual la Dirección General de la PDI declara que no posee salud compatible con el desempeño del servicio por haber tenido 244 días de licencia médica. Respecto de esta resolución dice haber interpuesto recurso de reposición el cual fue desestimado por la Resolución Exenta 146 de 7 de septiembre de 2017 por no aportarse nuevos antecedentes. Sostiene el actor que el actuar del recurrido resulta reprochable por cuanto posee facultades para requerir a la Comisión Médica, Jefatura de Sanidad, todos los antecedentes necesarios para dar cuenta de los antecedentes de salud de su parte.

Sostiene que el Jefe Superior del Servicio es desprolijo en la resolución por cuanto sólo cita el artículo 151 de la ley 18.834 pero no indica a que se refiere, agregando que además desestima el informe técnico n°39 que da cuenta que sus reposos médicos están acordes al diagnóstico de un profesional, estando apto para continuar de servicio. Añade que el mero hecho de tener más de 6 meses de licencia médica en los últimos 2 años tampoco es causa en sí misma para la declaración de salud incompatible, requiriéndose antecedentes indicativos que el afectado no podrá recuperarse a un estado de salud que le permita seguir ejerciendo o desempeñando el cargo.

Indica que el actuar del recurrido no es razonable, oponiéndose al texto de los artículos 73 del DFL 1 de 15 de mayo de 1980 que establece el Estatuto del Personal de la PDI, que refiere que corresponde exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones el examen del personal de la institución informar sobre su capacidad física para continuar en el servicio. Por otra parte, el artículo 74 del Estatuto refiere que el Director General de Investigaciones determinará, previo informe de la Comisión Médica, el grado de invalidez o la irrecuperabilidad del afectado y la capacidad de éste para continuar en el servicio.

En cuanto a la normativa constitucional estima infringida las garantías previstas por los numerales 3, 7, 9, 16, 17 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política. Con todo, en etapa de admisibilidad sólo se tuvo por interpuesto el recurso respecto de la prevista en el numeral 3, 9 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la garantía prevista por el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución señala que no ha obrado ante un Tribunal imparcial, ante el cual no existe bilateralidad de la audiencia y se le impide prueba para establecer que su salud no es incompatible. Respecto de la garantía prevista por el numeral 9 del artículo 19 el Estado faltaría al deber de proteger el libre e igualitario acceso a acciones orientadas a la recuperación de su salud. Finalmente, sobre la garantía prevista por el numeral 16 del artículo 19 sostiene que se produce una discriminación laboral que no se basa en su capacidad profesional, sino en base a un mero cómputo de un plazo.

Adiciona su exposición señalando que es deber de la administración motivar sus actos y que la resolución de 7 de septiembre no dice nada respecto de las consideraciones que se tuvieron para declara su salud como incompatible y tampoco dice relación con el contexto en el que se emiten.

Finaliza su exposición señalando que los plazos previstos por la leyes deben ser, por aplicación del artículo 48 del Código Civil, completos. Por lo que no habiendo finalizado el año 2017 no puede considerarse que en los últimos 2 años ha estado con licencia médica.

Solicita en definitiva se deje sin efecto la resolución exenta 146 de 7 de septiembre de 2917, se ordene su reincorporación como Comisario de la PDI y se condene al recurrido a las costas de la causa.

Adjunta a su presentación copia de la resolución exenta número 146 de 7 de septiembre de 2017, la resolución exenta 67 de 7 de julio de 2017, copia del informe técnico 39 de 19 de enero de 2017, copia de certificado médico emitido el 20 de julio de 2017 y copia de su recurso de reposición presentado el 24 de julio de 2017.

Que el recurrido informa solicitando se rechace el recurso.

Como primera cuestión alega la extemporaneidad del recurso, dado que éste fue interpuesto el 20 de octubre en circunstancia que tomó conocimiento de los hechos en julio de 2017 con ocasión de la notificación de la resolución exenta número 67.

Como segunda cuestión indicó que no se advierten actos arbitrarios o ilegales que importen una vulneración de garantías del recurrente, pues el proceso administrativo no esta afinado encontrándose pendiente el trámite de toma de razón ante Contraloría. Agrega, en consecuencia, que el actor aun detenta la calidad de funcionario y percibe su remuneración. Por ello el recurso debiese declararse inadmisible.

En relación con el fondo señala que la declaración de salud incompatible con el Servicio resulta ser una cuestión de facultad discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad de la institución. El recurrente registra en los últimos dos años (22 de agosto de 2016 al 2 de mayo de 2017) 244 días de licencia por cuestiones que no dicen relación con actos del servicio o enfermedades profesionales.

En relación a la motivación del acto administrativo sostiene que la resolución 67 (de julio de 2017) es fundada y contiene las menciones propias para su debida inteligencia. Agrega, por otra parte, que resulta de sentido que en atención a las funciones que son propias de la institución se exija un estándar mayor de salud para el desempeño de sus funciones, lo que con lleva cierta discrecionalidad, pero no una arbitrariedad.

Respecto de las garantías que se estiman conculcadas refiere que el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución encuentra amparo en la acción cautelar de protección sólo en relación con el hecho de ser juzgado por comisiones especiales, no respecto del debido proceso. Finaliza señalando que tampoco se vislumbra vulneración alguna a otra garantía del recurrente.

Se trajeron los antecedentes en relación.

Previo a la vista del recurso la recurrida acompañó copia de la resolución exenta número 146 de 7 de septiembre de 2017, la resolución exenta 67 de 7 de julio de 2017 y de sus respectivas actas de notificación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que se ha solicitado amparo constitucional por cuanto la recurrida habría incurrido en un "acto arbitrario e ilegal" al declarar, mediante la Resolución Exenta N° 146 de 7 de septiembre de 2017, salud incompatible con el desempeño del cargo al acumular en el período comprendido entre 22 de agosto de 2016 al 2 de mayo de 2017, 244 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes de en acto de servicio o enfermedad profesional ni las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva Trabajo.

Tercero: Que en la especie se ha alegado la extemporaneidad del recurso por haberse interpuesto el 20 de octubre de 2017 en circunstancias que el actor tomó conocimiento de la declaración de salud incompatible y su baja del Servicio con ocasión de la notificación de la resolución exenta n°67, dictada el 7 de julio de 2017 y que fue puesta en su conocimiento el 17 de dicho mes.

Cuarto: Que, sin embargo, tal alegación será desestimada por cuanto el recurrente continuó con la tramitación administrativa vía reposición hasta la dictación del acto administrativo plasmado en la resolución exenta 146 de 7 de septiembre de 2017, que fue puesta en su conocimiento el 20 de septiembre, recurriendo respecto de éste último acto.

Quinto: Que conforme se ha expresado en las consideraciones precedentes, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Sexto: Que el acto impugnado, esto es la calificación de salud incompatible y la separación del actor del servicio, no se encuentra afinado pues, como señaló el recurrido se encuentra pendiente su tramitación en Contraloría General de la República.

Séptimo: Que en este orden de consideraciones el actor aun detenta la calidad de funcionario público y percibe su remuneración, de lo cual se desprende que no existen derechos indubitados del actor que deban ser amparados por esta vía, al menos, de acuerdo al actual estado de la tramitación administrativa.

Octavo: Que, de esta manera, no habiéndose acreditado la existencia de hechos afinados constitutivos de actos arbitrarios o ilegales sólo cabe rechazar la acción cautelar deducida por la recurrente.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, Comisario de la Brigada de Delitos Económicos en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 1555-2017