Protección contra Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y del Jefe de Oficina de Pr

Puerto Montt, dieciséis de agosto de dos mil doce.

Vistos:

A fojas 56 comparece doña nombre reservado, en representación de Comercial RCE Limitada, ambas con domicilio en domicilio reservado interior de esta ciudad, quien interpone recurso de protección en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y del Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos del mismo servicio, solicitando se acoja con costas esta acción en virtud de los argumentos que a continuación expone.

Refiere que la sociedad que representa cuyo giro principal es el servicio de hospedaje de personas en establecimiento de domicilio reservado de Puerto Montt, cuyo inicio de actividades data del 1° de enero de 1993, luego de casi 20 años de funcionamiento, con fecha 31 de mayo pasado fue fiscalizada por don nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien una vez que su parte le había facilitado sus documentos contables y tributarios, notificó a su parte de la infracción siguiente: “No emite, ni otorga documento tributario alguno (boleta de venta o factura) por servicio de hospedaje cancelados el día 09 de Diciembre del año 2011 en la recepción del establecimiento ubicado en Benavente 680 interior. Diferencia detectada en revisión sistema transbank versus documentos tributarios del día (boletas y facturas).”

Sostiene que lo anterior se tradujo en una notificación de infracción al artículo 97 N° 10 del Código Tributario imponiendo a su parte multa de $232.300 y clausura del establecimiento por 6 días, y citándola a la Dirección Regional para el día 7 de junio de 2012.

Indica que concurrieron de inmediato a las oficinas del Servicio a objeto de explicar que el hecho que produjo la infracción fue un error matemático involuntario y que no existía previo a ésta, infracción o sanción tributaria impuesta a la sociedad, y pidiendo por lo tanto, una condonación de la multa de acuerdo a la Circular N° 1 de 2004. Refiere que en el Departamento Jurídico se le informa que debían cumplir tres condiciones previas, a saber: demostrar la emisión de boleta y facturas en los tres últimos meses superior o igual a 12.000 unidades de fomento; regularizar deuda total; y el pago de una multa por el 300% de aumento.

Agrega que el 14 de junio siguiente presentaron una carta dirigida al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos reconociendo que se produjo un error involuntariamente en caja, formalizando solicitud por escrito de que se deje sin efecto la medida de clausura del establecimiento en consideración a los antecedentes de la sociedad y los daños que ello ocasionaría a su actividad económica. Indica que sin haber obtenido respuesta, el día 20 de junio reiteraron esta solicitud, ampliándola en el sentido de individualizar a los funcionarios del Servicio que los habían atendido, y reiterando que el cierre del local por seis días constituye una gravísima sanción a su representada.

Sostiene a continuación que el 25 de junio de 2012, el Jefe de la Oficina de Procedimientos Aministrativos, don nombre reservado, por delegación del Director Regional, emite la Resolución Nº 2012/2103010388, ordenando el giro Nº 105382355 de 23 de junio de 2012 por la suma de $693.000.- a título de multa, y la clausura del establecimiento a partir del 17 al 23 de julio del presente, en contra de su parte, argumentando: “…Que el contribuyente arriba individualizado ha sido denunciado por un funcionario de este servicio, que tiene carácter de ministro de fe por: No emite ni otorga docto. Tributario alguno por servicios de hospedaje al día 09/12/2011…Infracción que se encuentra sancionada en el artículo 97-10 del Código tributario, y visto además, la Resolución Nº 7 del 18-11-1998, del Director Regional, que delega facultades, y lo dispuesto en los artículos 107 y 165 del Código Tributario. RESUELVO: Aplícase al denunciado una multa de $693.900 y una clausura de su establecimiento por 6 días. Para el cálculo de los días de la clausura se considerarán aquellos en los cuales habitualmente se ejerce el comercio, industria o actividad. Efectúese la clausura por un funcionario competente de este servicio, pudiendo proceder con auxilio de la fuerza pública con facultad de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario, colocando sellos que impidan la entrada y carteles que indiquen la sanción aplicada. De lo contrario deberá levantarse acta. Gírese la multa aplicada”.

Refiere que al día siguiente, esto es, con fecha 26 de junio de 2012, el Director Regional emite Ord. Nº 203 respondiendo las solicitudes de su parte de los días 14 y 21 de junio pasado, señalando: “En relación con la solicitud de suspensión o condonación de clausura a que se vería expuesta en vitud de la notificación de infracción folio 1129614 cursada por este Servicio con fecha 31.05.2012, informo a Ud. Que para evaluar dicha posibilidad resulta necesario que subsane las observaciones que vuestra empresa registra en los sistemas de este Servicio, así como que pague o suscriba convenio con la Tesorería General de la República por la deuda fiscal que mantiene. Una vez regularizadas dichas situaciones, podrá acogerse a los beneficios del Sistema de Aplicación de Sanciones y Condonaciones que contempla la Circular Nº 1 de 2 de enero de 2004, para lo cual deberá concurrir a la Secretaría de la Oficina de Procedimientos Adminsitrativos Tributarios de esta Dirección Regional, ubicada en domicilio reservado. Por último, cabe señalar que la infracción cursada es de carácter grave y no leve, ya que lo que se detectó fue el no otorgamiento de documento tributario por prestación de servicios de hospedaje, de acuerdo a lo establecido en el Nº 3, letra A del Capítulo IV de la referida Circular.”

En relación al acto ilegal y arbitrario que se denuncia mediante el presente recurso, precisa que por parte del Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos, éste es la Resolución Nº 2012/2103010388 de 25 de junio de 2012 y en relación al Director Regional recurrido, el Ord. Nº 203 de 26 de junio del mismo año.

Sustenta la arbitrariedad del primer documento en que no se funda en la razón puesto que no acompaña documento alguno para acreditar la infracción y sólo se basa en lo informado por el fiscalizador quien actúa como Ministro de Fe. Agrega que resulta más grave la no aplicación de la condonación que fue solicitada, que no constituye una facultad por parte del Servicio dado que fue establecida por el propio legislador en la parte final del artículo 106 del Código Tributario, que transcribe.

Refiere que el criterio de aplicación general por parte del Director es la Circular Nº 1 de 2 de enero de 2004, que fija la Política de Condonaciones, que se han cumplido por su parte salvo las propias que el Servicio señala en las letras f y g precedentes. Señala que si bien en un principio el Servicio le otorga las condiciones y plazos para poder aplicar la condonación de la multa y la reducción del plazo de la clausura, su propia voluntad va cambiando eliminando dicha opción en la citada Resolución, y que luego en el Ord. Nº 203 señala en términos generales elementos para subsanar por su representada, ajenos a las Circulares y arbitrarios, sin explicar de forma específica cuáles son ellos, privando de esta forma a su parte de optar y aplicar el sistema de condonación, que dadas las características de los hechos fiscalizados, la ausencia de intencionalidad en su comisión y la conducta tributaria intachable de la sociedad, hacía justo y racional acceder a la reducción del monto de la multa y especialmente la eliminación de los días de clausura, o en subsidio su reducción a no más de dos días.

Señala que incluso la forma de argumentar por parte de los recurridos es arbitraria, pues la Resolución se limita a señalar la infracción y las sanciones y el Ordinario sólo expone que no se aplicará el Sistema de condonación.

Sostiene que la Circular Nº 1 de 2004, señala respecto de la infracción del artículo 97 Nº 10 del Código Tributario, que ellas se clasificarán en graves, menos graves, leves y levísimas, atendiendo a la mayor o menor intencionalidad de evadir los impuestos que de ellas se desprende, a las circunstancias agravantes y atenuantes concomitantes en el hecho, y en el caso de las infracciones levísimas, se hace la recmendación de actuar a su respecto con espíritu de advertencia, que en el caso de denunciarse alguna de ellas, se sancionará con infracción leve, pudiendo condonarse el total de la sanción.

La recurrente señala que es el propio servicio que exige un análisis de la intencionalidad de evadir impuestos y las circunstancias agravantes o atenuantes para poder determinar la magnitud de la infracción, y en relación a ello aplicar la correspondiente sanción y/o condonación, y sin embargo, el Director Regional explica sólo en el Ord. y no en la Resolución que sanciona, que la infracción se cataloga como grave por “no otorgamiento de documento tributario por prestación de servicios de hospedaje, de acuerdo a lo establecido en el Nº 3, letra A, del Capítulo IV de la referida Circular”, sin realizar otro análisis. Refiere que en la especie, no hubo intencionalidad de evadir impuesto por su parte e inmediatamente la sociedad compareció y reconoció su error involuntario ante el Servicio, y además se trata de la única sanción a su parte en toda su vida comercial.

Agrega que si bien la Resolución señala que no se emitieron boletas ni facturas el 9 de diciembre de 2011, ello es errado puesto que el fiscalizador solicitó todos los documentos contables y éstos se acompañaron, constando las facturas Nº 012789 y 012788 y seis boletas, de modo que fue sólo una operación por la suma de $231.300.- que se registró en el sistema Transbank respecto de la que, de manera involuntaria, no se emitió la boleta o factura correspondiente, habiéndose emitido más facturas ese día, siendo este último el comportamiento tributario habitual de su parte, demostrándose de esta forma la inexistencia de intención grave de evadir impuestos.

En cuanto a la sanción aplicada por la contraria, señala que es arbitraria si se considera que la omisión de emitir una boleta de $231.300.- obliga a pagar a su representada una multa de $693.900 más la clausura por seis días. Y sobre la clausura, teniendo presente que su parte tiene como uno de sus giros principales el hospedaje de pasajeros, por lo cual presta servicios a varios pasajeros mensualmente que hacen uso de las habitaciones existentes en el establecimiento de su representada, la medida afectaría gravemente a los pasajeros que quedarían privados de un servicio por el cual pagaron, siendo obligados a salir de sus habitaciones en el evento de hacerse efectiva la clausura, sin perjuicio de que el solo hecho de clausurar el establecimiento por seis días implica una semana sin ingresos, afectando la solvencia de la sociedad y poniendo en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones para con sus acreedores, entre quienes se cuenta al propio Fisco y 10 trabajadores.

Sostiene que el Jefe de Procedimientos Administrativos firmó la resolución señalada sin fundamentación alguna en relación a la sanción que impuso.

A continuación, el recurrente señala que también se deduce el recurso en contra de la Resolución 2012/2103010388 por calificarla como ilegal, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, puesto que el legislador ha determinado la competencia del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, habiéndose derogado el artículo 116 del Código Tributario que otorgaba la facultad de delegar la facultad de aplicar sanciones debiendo ejercerse dicha prerrogativa por el propio Director, y sin embargo en el presente caso, la resolución es firmada por don nombre reservado, Jefe de Oficina de Procedimiento Administrativos.

En cuanto a las garantías constucionales que estima conculcadas, invoca las establecidas en los números 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Finaliza solicitando que acogiéndose el presente recurso, se dejen sin efecto la Resolución y Ordinario señalados, o reducir la multa al mínimo y el plazo de clausura al mínimo de dos días, o se disponga cualquier otra medida para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas del recurso.

A fojas 72 se declara admisible el recurso y a fojas 73 se decreta orden de no innovar.

A fojas 84 informan don Christian Soto Torres y don nombre reservado, Director Regional X Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos y Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos del mismo servicio, respectivamente, quienes previo a referir las razones por las cuales estiman que el recurso debe ser rechazado, efectúan una relación de los antecedentes que dieron origen a las actuaciones que por esta vía se impugnan, atendida las imprecisiones que observan del libelo del recurso.

En ese orden, expresan que el 31 de mayo de este año, un funcionario del servicio notificó al actor la infracción sancionada en el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario, consistente en no emitir documento tributario alguno, esto es boleta de venta o factura, por los servicios de hospedaje prestados el 9 de diciembre de 2011 en el establecimiento de domicilio reservado, por un monto de $231.300, infracción que se detecta por la comparación del informe de transacciones por el sistema Transbank en relación a los documentos tributarios emitidos el día en cuestión. Indican que el contribuyente es citado para el 7 de junio siguiente en las oficinas del servicio, notificación que es recibida por empleado del hotel, quien además emite boleta por la diferencia de la transacción transbank, reconociendo con ello la infracción.

Agregan que ese día 7 de junio, concurre al servicio don nombre reservado en representación de la recurrente, a quien se explica que para acceder a una rebaja de acuerdo a la Circular N° 1 de 2004, en este caso $223.999.- de multa y 2 días de clausura, su parte debía pagar la deuda que mantenía con tesorería, en el plazo de 10 días contados desde ese mismo día. Indican que también se le explica que para obtener la condonación total de la clausura debía demostrar la emisión de boletas y facturas en los tres últimos meses igual o superior a 12.000 documentos, y finalmente, se le indica la posibilidad de reclamar ante el Tribunal Tributario, pero que en el caso de perder el juicio, se la aplicaría la sanción sin rebaja.

Sostienen que el 19 de junio el actor concurre nuevamente al servicio, indicando que aceptaría la sanción porque no le era posible cumplir los requisitos señalados, y por ello se le informa que dado que a esa fecha no había regularizado su situación, se le aplicaría la sanción completa.

Indican que el 25 de junio se emite la Resolución 2012/2103010388 por la que se aplica la sanción ya citada.

Señala que el 14 de junio, el recurrente solicita al Director Regional que deje sin efecto la clausura y aplique la multa correspondiente a una sanción leve, solicitud complementada por presentación del 20 de junio, solicitudes resueltas mediante Ord. 203 de 26 de junio, en el que se aclara al contribuyente que para evaluar la suspensión o condonación de la clausura, debía subsanar las observaciones que la empresa registraba en los sistemas del servicio y pagar o suscribir convenio con Tesorería por la deuda fiscal que mantiene. Se le informa también que puede acogerse a los beneficios del Sistema de Aplicación de Sanciones y Condonaciones que contempla la Circular N° 1 de 2 de enero de 2004, sólo una vez regularizadas dichas infracciones, y que su infracción es calificada como grave y no leve de acuerdo al N° 3 Letra A del Capítulo IV de la misma circular.

Señalan que la recurrente registra infracciones anteriores de idéntica naturaleza en el Sistema de Información Computacional del Servicio (SIIC).

A continuación, los recurridos argumentan que el recurso es improcedente al no ser la vía idónea para conocer la materia de autos. Sobre el Ordinario N° 203, manifiestan que constituye una mera comunicación escrita cuya finalidad es informar o resolver una consulta planteada por el propio actor, de modo que no puede lesionar algún derecho de los protegidos por esta acción constitucional. Sobre la Resolución N° 2012/2103010388, expresan que es susceptible de la acción especial prevista en los artículos 165 y siguientes del Código Tributario, es decir, existe un procedimiento específico para impugnar dicha actuación en sede jurisdiccional, recordando al efecto el carácter especialísimo que reviste el recurso de protección.

Luego, argumentan que no concurre la arbitrariedad y/o ilegalidad denunciada en el recurso. En relación a la Resolución recurrida, indican que constituye un acto que se enmarca dentro de las facultades que la ley otorga al Servicio de Impuestos Internos, de carácter fundado y conforme a derecho, no siendo pertinente la alegación del actor referida al artículo 116 de Código del Trabajo, que se relaciona con las facultades del Director Regional en calidad de Tribunal Tributario, en tanto que la resolución de que se trata es un acto de administración por el que se ejercen las atribuciones conferidas al Director Regional en el artículo 6 letra B N° 3 del Código Tributario, y en este caso fueron delegadas de acuerdo al N° 7 de dicha disposición.

En cuanto a la arbitrariedad que se alega respecto a la negativa de condonar o rebajar las sanciones aplicadas, expresan que lo resuelto se funda en lo dispuesto en el artículo 106 del Código del ramo, que dispone que las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajadas o suspendidas, a juicio exclusivo del Director Regional, si el contribuyente probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere incurrido o si el implicado se ha denunciado y confesado la infracción y sus circunstancias. Refieren que esta política de aplicación de sanciones se contiene en la Circular N° 1 de 2 de enero de 2004 de acuerdo a la cual la condonación de las multas por las infracciones a la ley tributaria se fijará en dos tercios del monto de la sanción aplicada, salvo en los casos en que, específicamente se determina un porcentaje diferente, y en cuanto a la clausura, procede en los casos de infracciones previstas en el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario, y se considera la condonación total o parcial, según la gravedad de la infracción cometida y el número de denuncios anteriores dentro de los últimos 24 meses. Refieren que entre otros requisitos, la circular señala que deben cumplirse copulativamente los siguientes: que el contribuyente no se encuentre observado en el sistema computacional del servicio y que no esté en mora en la declaración y/o pago de impuestos que fiscaliza el servicio, ni en el pago de multas que éste le haya aplicado.

Transcribe a continuación lo estatuido en el N° 3 letra A del Capítulo IV de la Circular N° 1 de 2004, que señala: “Considerando que los contribuyentes que emiten una gran cantidad de documentos tienen una mayor posibilidad de cometer errores, tendrán también la posibilidad de optar entre las multas y clausuras rebajadas calculadas según las instrucciones anteriores o la aplicación sin rebaja de la multa y la condonación total de la clausura, siempre que se trate de la primera o segunda infracción de esa misma especie denunciada en los últimos 24 meses. Para calcular la multa sin rebaja, deberán considerarse los máximos establecidos en el numeral 3.1 de este Capítulo, y en el caso que el 50% del monto de la operación sea superior a dichos máximos, se condonará la parte que exceda de los referidos máximos. En este último caso, en el recuadro “Sanción”, de la resolución que se dicte, se anotará el 50% del monto de la operación o el máximo legal de 40 UTA, en su caso, en el recuadro “Sanción Rebajada”, el máximo para la multa sin rebaja del párrafo 3.1 citado, y en el recuadro “Condonación”, la diferencia entre las dos cantidades. Para estos efectos se considerarán los contribuyentes que han emitido en los últimos 3 meses más de 12.000 facturas y/o boletas, dato que se tomará del Libro de Compras y Ventas que el denunciado debe exhibir en la entrevista. Para aplicar este beneficio se considerará la casa matriz y cada sucursal como establecimiento distinto, y por lo tanto el requisito de cantidad de documentos emitidos debe cumplirse considerando sólo los emitidos en la casa matriz o sucursal en que se incurrió en la infracción denunciada”.

Sobre la alegación del actor en cuanto a que la resolución no es fundada al no acompañar documento que acredite la infracción, refieren que ella supone desconocer lo dispuesto en los artículos 86 del Código Tributario y 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos, que otorgan el carácter de ministro de fe a los funcionarios de éste, sin perjuicio de que en la especie, es el propio recurrente el que reconoce haber incurrido en incumplimiento.

Agregan que los requisitos que se impusieron al contribuyente para acceder a una rebaja o condonación no son antojadizos, sino que se fundan en criterios generales establecidos en la Circular N° 1 de 2004.

Finalmente, controvierten la existencia de afectación a derechos del recurrente, primero porque las sanciones impuestas no impiden al actor continuar con su actividad económica una vez cumplida la clausura por 6 días, que tampoco se explica en el recurso cómo la Resolución y el Ordinario podrían significar una discriminación en materia económica, y porque las sanciones impuestas no tienen un carácter expropiatorio o privativos de su patrimonio.

A fojas 95, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que, en la especie, ha concurrido a solicitar el amparo constitucional por esta vía doña nombre reservado a favor de Comercial RCE Ltda., sociedad constituida con fecha 10 de septiembre de 1991, entre cuyos giros se cuenta el hospedaje de pasajeros en su establecimiento ubicado en domicilio reservado interior de esta ciudad. Dirige el recurso en contra del Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos del Servicio de Impuestos Internos, don nombre reservado y en contra del Director Regional del mismo servicio, don Christian Soto Torres, por haber pronunciado la Resolución N° 2012/2103010388 de 25 de junio de 2012, y el Ordinario N° 203 de 26 de junio de 2012, respectivamente. Mediante el primero se sanciona a la contribuyente por haber incurrido en infracción al artículo 97 N° 10 del Código Tributario al pago de una multa de $693.000.- y clausura del establecimiento desde el 17 al 23 de julio del presente. Mediante el segundo, se resuelven las solicitudes de suspensión o condonación de clausura formuladas por el actor a través de presentaciones de 14 y 20 de junio de 2012.

Tercero: Que, el recurrente califica de arbitrarias tales actuaciones, en el caso de la Resolución sancionatoria, por no fundarse en la razón, indicando que sólo se sustenta en la información otorgada por el funcionario fiscalizador que actúa como ministro de fe, sin perjuicio de estimar además arbitraria su argumentación pues se limita a señalar la infracción y las sanciones que impone, resultando equivocada la afirmación de que el día 9 de diciembre de 2011, no se hayan emitido boletas, puesto que sí se extendieron. Asimismo califica de arbitraria la sanción impuesta atendida la falta de proporcionalidad entre el monto de la operación cuestionada y la multa y clausura aplicadas, no explicitándose fundamentación en relación a dicha sanción. Estima que la misma Resolución es ilegal, al haber sido dictada por el Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos por delegación de facultades del Director Regional no obstante la derogación del artículo 116 del Código Tributario que facultaba a este último para delegar su facultad para sancionar.

Cuarto: Que, en cuanto al Ord. N° 203 emitido por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, señala que constituye un acto arbitrario al no aplicar la condonación que fuera solicitada pese a que no constituye una facultad del servicio sino que se encuentra contemplada en el artículo 106 del Código Tributario, y cuyo criterio de aplicación se contiene en la Circular 1 de 2004. Sostiene que el mencionado ordinario no precisa a su parte los requisitos a cumplir para optar a la condonación, como tampoco considera criterios contenidos en la referida Circular del Servicio como son la ausencia de intencionalidad de su parte de evadir impuestos y su intachable conducta tributaria.

Quinto: Que, por su parte, los recurridos alegan la improcedencia del recurso en cuanto se impugna un Ordinario que constituye en los hechos una mera comunicación al contribuyente y en cuanto a la Resolución emanada del Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos, por no ser el recurso de protección la vía idónea para su reclamación, la que se encuentra establecida en los artículos 165 y siguientes del Código Tributario, alegación esta última que será desestimada, puesto que si bien el legislador tributario establece el derecho para recurrir ante el tribunal tributario competente, dicha opción no puede excluir el ejercicio de la acción de protección constitucional que tiene por objeto un pronunciamiento oportuno para proteger los derechos fundamentales que menciona el artículo 20 de la Carta Fundamental. En ese orden, la supremacía constitucional impide transformar el recurso de protección en un medio subsidiario de protección de los derechos constitucionales.

Sexto: Que, enseguida, las recurridas controvierten la existencia de arbitrariedad e ilegalidad denunciadas, así como la vulneración a garantías constitucionales.

Séptimo: Que, así las cosas, analizados los antecedentes acompañados por las partes así como los dispuestos agregar por esta Corte, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pueden darse por establecidos los siguientes hechos:

a.- Que la Sociedad Comercial RCE Ltda. fue objeto de fiscalización con fecha 31 de mayo de 2012, por parte de funcionario del Servicio de Impuestos Internos, siendo notificada por haber incurrido en la infracción al artículo 97 Nº 10 del Código Tributario por no emitir ni otorgar documento tributario alguno por servicio de hospedaje cancelado el 9 de diciembre de 2011 en la recepción del establecimiento ubicado en Benavente 680 interior, diferencia detectada en revisión sistema transbank versus documentos tributarios del día, siendo el monto de la operación la suma de $231.300.- b.- Que la contribuyente es citada para el día 7 de junio del presente.

c.- Que, tanto ante el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos en presentaciones realizadas con fecha 14 y 20 de junio, como en el libelo del recurso, la actora reconoce haber incurrido en la infracción denunciada.

d.- Que, lo anterior se ve refrendado mediante el documento tributario emitido el pasado 31 de mayo, agregado a fojas 40, esto es, Boleta N°122579 por la suma de $231.300, por concepto “Diferencia Transacción Transbank”.

e.- Que, con fecha 25 de junio de 2012, don nombre reservado, Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos del Servicio de Impuestos Internos dicta la Resolución ROL 2012/2103010388 mediante la que, considerando que el contribuyente Comercial RCE Ltda., fue denunciado por funcionario del servicio, con carácter de ministro de fe, por no emitir documento tributarlo alguno por servicios de hospedaje del día 9/12/2011, infracción sancionada en el artículo 97 N° 10 del Código Tributario, y lo dispuesto en Resolución N°. 7 de 18-11-1998, del Director Regional, que delega facultades, y lo dispuesto en los artículos 107 y 165 del Código del Trabajo, resuelve aplicar al denunciado una multa de $693.900 y clausura de su establecimiento por 6 días, a partir del 17 de julio de 2012.

f.- Que, por su parte con fecha 26 de junio siguiente, el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, don Christian Soto Torres, contesta las presentaciones efectuadas por el contribuyente los días 14 y 21 de junio, informándole los requisitos a cumplir a fin de evaluar la posibilidad de suspender o condonar la clausura impuesta, de acuerdo a la Circular N° 1 de 2 de enero de 2004.

Octavo: Que, en las condiciones relacionadas previamente, habrá de determinarse, en primer término, si la Resolución ROL 2012/2103010388 mediante la que se sanciona a la recurrente por haber incurrido en la infracción sancionada en el artículo 97 N° 10 del Código Tributario, es ilegal y arbitraria, en los términos señalados en el recurso.

Noveno: Que, en primer término, habrá de descartarse ilegalidad en el pronunciamiento de dicha Resolución, teniendo en consideración que, tal como lo expresan las recurridas en su informe, resulta improcedente la referencia realizada al artículo 116 del Código Tributario desde que la indicada disposición, actualmente derogada, posibilitaba al Director Regional, en su calidad de Juez Tributario, a delegar tales facultades de orden jurisdiccional. En la especie, el Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos dicta la resolución cuestionada dentro del marco de las facultades previstas en el artículo 6 B N° 3 del Código de la especialidad, por delegación expresamente facultada por el legislador en el N° 7 del mismo artículo.

Décimo: Que, por su parte, también habrá de desestimarse la alegación de arbitrariedad de la misma resolución, al estimar estos sentenciadores que ella se encuentra debidamente fundada, estando la infracción sancionada acreditada, primero por el propio reconocimiento efectuado por el contribuyente y luego a partir de lo aseverado por el funcionario fiscalizador cuyo carácter de ministro de fe es reconocido por el legislador en los artículos 86 del Código Tributario y 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Servicio. En cuanto a la supuesta equivocación plasmada en la afirmación de que con fecha 9 de diciembre de 2011 no se habrían emitido otros documentos tributarios por el actor, no resulta transcendente puesto que del formulario de notificación N° 1129614 cuya copia se encuentra agregada a fojas 41, surge que la infracción se advierte precisamente por la diferencia detectada en la revisión del sistema transbank versus “los documentos tributarios del día (boletas, facturas)”. Sobre la falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada, lo cierto es que la recurrida se ha limitado a imponer las sanciones establecidas en el propio artículo 97 N° 10 del Código Tributario, esto es, “…con multa del cincuenta por ciento al quinientos por ciento del monto de la operación, con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades tributarias anuales”.

Décimo Primero: Que, en cuanto se impugna a través del presente recurso el Ordinario N° 203 emanado del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, habrá de desecharse asimismo el recurso debido a que se trata de la mera comunicación realizada al contribuyente recaída en las presentaciones efectuadas por éste con fechas 14 y 21 de junio del presente año, careciendo por lo tanto de la eficacia para constituir una perturbación a garantías constitucionales del actor.

Décimo Segundo: Que, en consecuencia, no concurriendo los presupuestos de procedencia del recurso de protección, éste habrá de rechazarse, lo que se declarará en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto a fojas 56 por doña nombre reservado, en representación de Comercial RCE Limitada, en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos y del Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos del mismo servicio. No se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a fojas 73.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol N° 155-2012.

Pronunciada por los Ministros Titulares don nombre reservado y don nombre reservado y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Puerto Montt, dieciséis de agosto de dos mil doce, notifiqué por el estado la sentencia que antecede.