nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS

Puerto Montt, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece don Paulo Igor Uribe Ojeda, abogado, quien deduce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado, el Sindicato de Trabajadores Independientes, Ayudantes de Buzos y Dueños de Embarcaciones San Pedro, la nombre reservado y la nombre reservado, todos en cuanto usuarios consuetudinarios del borde costero y titulares de derechos que estiman reconocidos por la Ley N° 20.249.

La acción se dirige en contra de doña nombre reservado; de la nombre reservado Lauquen Mapu, en su calidad de administradora de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios; de la Capitanía de Puerto de Ancud, dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; de la Ilustre Municipalidad de Ancud; y del Gobierno Regional de Los Lagos.

Expone que el recurso se relaciona con la situación que afectaría a diversas comunidades, sindicatos y vecinos del borde costero del sector denominado Golfete de Quetalmahue, comuna de Ancud, quienes habrían ejercido históricamente labores de pesca artesanal y recolección de recursos hidrobiológicos en áreas actualmente comprendidas dentro de los ECMPO denominados “Quetalmahue” y “Buta Lauquen Mapu”.

Señala que el ECMPO “Quetalmahue” fue otorgado mediante Decreto Exento N° 319 de 2023, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para su administración por la nombre reservado Lauquen Mapu, respecto de un sector de playa de 189.042,87 metros cuadrados. Agrega que existe otro ECMPO, “Buta Lauquen Mapu”, otorgado mediante Decreto Exento N° 2.346 de 2016, para ser administrado por la misma comunidad, respecto de una superficie de 61,67 hectáreas.

Sostiene que ambos espacios costeros se encuentran funcionalmente vinculados y que su administración conjunta por la nombre reservado Lauquen Mapu habría originado conflictos, exclusiones y restricciones respecto de otros usuarios consuetudinarios del territorio, entre ellos comunidades indígenas, sindicatos, pescadores, recolectores y habitantes ribereños de los sectores Calle, Guabún, Quetalmahue, Pulalún, Chucalén y Mar Brava.

Afirma que, desde la entrada en funcionamiento de los referidos ECMPO, la comunidad administradora habría incurrido en prácticas excluyentes, arbitrarias y contrarias al espíritu de la Ley N° 20.249, afectando el acceso al borde costero y el desarrollo de actividades tradicionales de pesca artesanal, recolección de mariscos, algas y otros recursos hidrobiológicos.

Entre los hechos denunciados, refiere la expulsión de usuarios históricos y socios fundadores de la Comunidad Buta Lauquen Mapu, entre ellos don nombre reservado y su familia, quienes habrían sido excluidos de toda participación, impedidos de ingresar al ECMPO y privados de participar en reuniones de la organización, sin procedimiento formal previo.

Asimismo, denuncia prohibiciones generales de acceso al borde costero, negativas de ingreso a vecinos que históricamente habrían utilizado el espacio marino, imposición de reglas internas, multas, cobros y amenazas de pérdida de calidad de usuario, todo ello, según afirma, sin respaldo legal ni procedimiento alguno. Agrega que existiría una administración personalista y excluyente de los ECMPO, en que las decisiones serían adoptadas unilateralmente por la dirigencia de la comunidad administradora, sin participación plural de los usuarios consuetudinarios del territorio.

Expone, además, que se habrían intervenido o ampliado de hecho áreas fuera del polígono originalmente autorizado, reduciendo el acceso de usuarios tradicionales; y que existirían actos de hostigamiento, amenazas y violencia hacia usuarios no titulares, incluyendo un episodio ocurrido el 16 de febrero de 2024, en que vecinos de la localidad de Calle habrían sido agredidos con arma de fuego al intentar acceder al borde costero, hecho que se encontraría en investigación judicial.

Aduce que tales actos han afectado el derecho al trabajo y al sustento familiar de los recurrentes, impidiéndoles continuar con actividades de pesca artesanal y recolección intermareal, así como su dignidad, identidad cultural, forma de vida tradicional y cohesión comunitaria, generando temor, división, hostilidad y sensación de abandono institucional.

Alega también omisiones ilegales y arbitrarias de los órganos públicos recurridos, por cuanto, pese a haberse presentado denuncias, reclamos, cartas y solicitudes formales ante SUBPESCA, SERNAPESCA, Capitanía de Puerto de Ancud, DIRECTEMAR, CONADI, Municipalidad de Ancud y Gobierno Regional de Los Lagos, no se habrían adoptado medidas efectivas de fiscalización, respuesta, mediación, control o resguardo.

En particular, reprocha a la autoridad marítima no haber fiscalizado los límites espaciales de los ECMPO ni el cumplimiento del régimen de uso de bienes nacionales de uso público; a SUBPESCA y SERNAPESCA, no haber verificado el funcionamiento de los planes de administración y consejos de gestión; a CONADI, no haber resguardado la participación de otras comunidades indígenas; y a la Municipalidad de Ancud y al Gobierno Regional de Los Lagos, no haber facilitado instancias de diálogo o resguardo institucional.

Invoca como garantías constitucionales afectadas las contempladas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, relativo a la vida e integridad física y psíquica; N° 21, sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita; N° 22, que el libelo vincula con igualdad de trato; y N° 8, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En el desarrollo del recurso alude, además, al derecho de petición del artículo 19 N° 14.

Solicita, en definitiva, que se acoja la acción, se declaren ilegales y arbitrarios los actos de la nombre reservado Lauquen Mapu y las omisiones de los órganos públicos recurridos, y se adopten medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho. En especial, pide que se ordene el cese de las prohibiciones de acceso al borde costero, la reincorporación de socios expulsados, particularmente don nombre reservado, y la abstención de aplicar multas o sanciones internas sin base legal.

Pide, asimismo, instruir a SUBPESCA y SERNAPESCA iniciar procedimientos de revisión del cumplimiento de los planes de administración y funcionamiento efectivo de los consejos de gestión de ambos ECMPO; ordenar a la Capitanía de Puerto de Ancud fiscalizar los límites espaciales de los referidos espacios costeros y el desarrollo de actividades extractivas; instruir a CONADI, Municipalidad de Ancud y Gobierno Regional de Los Lagos implementar instancias de mediación intercultural y diálogo comunitario; y resguardar el acceso libre y seguro al borde costero para los recurrentes y demás personas con vínculo consuetudinario.

A folio 13 informando, el Capitán de Puerto de Ancud solicita el rechazo íntegro del recurso en cuanto dirigido contra dicha Autoridad Marítima.

Refiere que los recurrentes le atribuyen incumplimiento del deber de fiscalización y supervigilancia del borde costero, en particular respecto de los límites espaciales de ambos ECMPO y del desarrollo de actividades extractivas dentro de las áreas autorizadas. Expone el marco de sus competencias, citando el Decreto Ley N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación; el Decreto con Fuerza de Ley N° 292 de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el Decreto con Fuerza de Ley N° 340 de 1960, sobre Concesiones Marítimas; y el Decreto Supremo N° 9 de 2018, Reglamento sobre Concesiones Marítimas.

Señala que, en el proceso de tramitación de un ECMPO, la Capitanía de Puerto emite informes técnicos a la Gobernación Marítima pertinente y al Departamento de Borde Costero, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, que a su vez emite opinión técnica a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, informando sobre potencial afectación a la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar, sobreposición con concesiones marítimas vigentes o solicitudes en trámite, existencia de ocupación irregular, cumplimiento del objeto de la concesión u otros antecedentes relevantes.

En cuanto a la fiscalización, niega categóricamente la inacción que se le atribuye. Informa que sólo durante el año 2025 se han efectuado más de cincuenta fiscalizaciones y procedimientos policiales en el sector aludido por los recurrentes, cada vez que la Capitanía de Puerto ha recibido algún requerimiento, acompañando copias de hojas de ruta de patrullajes y procedimientos de la Policía Marítima de Ancud.

Agrega que, respecto de la supuesta ampliación arbitraria de los espacios marinos autorizados, no existen registros de denuncias formales en esa Capitanía de Puerto y tal situación tampoco habría sido constatada producto de las fiscalizaciones realizadas. Añade que, en cumplimiento del artículo 175 letra a) del Código Procesal Penal, cada vez que ha constatado hechos que pueden revestir carácter de delito ha formulado las denuncias respectivas a la Fiscalía Local del Ministerio Público y al tribunal competente, remitiendo entre los años 2023 y 2024 cuatro partes policiales a la Fiscalía Local de Ancud y al Juzgado de Letras de Ancud.

A folio 23 doña nombre reservado, por sí y en representación de la nombre reservado Lauquen Mapu, comparece en su calidad de recurrida, designando abogada patrocinante y confiriendo poder a doña nombre reservado, señalando correo electrónico para efectos de notificación y acompañando documentos de individualización y vigencia de la comunidad. Dicha presentación no contiene alegaciones de fondo, defensas sustantivas ni informe circunstanciado respecto de los hechos materia del recurso.

A folio 32 informando, el Gobierno Regional de Los Lagos solicita el rechazo de la acción cautelar en todas sus partes respecto de dicho organismo, con costas.

Expone que el recurso fue deducido con ocasión de conflictos vinculados a la administración del ECMPO “Quetalmahue”, ubicado en el Golfete de Quetalmahue, comuna de Ancud, y que refiere hechos asociados a dificultades de acceso al espacio costero, prohibiciones de uso libre, amenazas, exclusiones y eventuales arbitrariedades producidas al interior de dos ECMPO establecidos al amparo de la Ley N° 20.249.

Señala que el conflicto principal denunciado se suscita entre la nombre reservado Lauquen Mapu, en su calidad de administradora de los ECMPO Buta Lauquen Mapu y Quetalmahue, presidida por doña nombre reservado, y otros usuarios del mismo espacio, quienes afirman formar o haber formado parte de los planes de administración y manejo que habilitan el uso pesquero y social de dichos espacios costero-marinos.

En cuanto a las imputaciones dirigidas específicamente contra el Gobierno Regional, señala que se le atribuye una presunta inactividad y ausencia de gestión frente a denuncias ingresadas, así como la falta de facilitación de instancias de diálogo, mediación o resguardo institucional para restablecer la paz social. Añade que la solicitud del recurso es que se instruya a CONADI, en coordinación con la Municipalidad de Ancud y el Gobierno Regional de Los Lagos, implementar instancias de mediación intercultural y diálogo comunitario.

Explica que la implementación de un ECMPO se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, interviniendo además otros servicios públicos y comisiones. En cuanto al rol del Gobierno Regional, sostiene que éste se limita a organizar y presidir, a través del Gobernador Regional, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, y a elaborar la resolución que aprueba, modifica o deniega la solicitud de establecimiento del ECMPO, velando por su compatibilidad con otros usos presentes.

Detalla que el procedimiento de establecimiento de un ECMPO contempla diversas etapas, entre ellas el ingreso de la solicitud ante SUBPESCA, la elaboración del informe de sobreposición, el informe de uso consuetudinario y consulta a cargo de CONADI, el pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, la destinación del espacio por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la elaboración y aprobación del plan de administración y, finalmente, el convenio de uso y seguimiento. Sostiene que la única etapa en que participa el Gobierno Regional es aquella relativa al pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero sobre el establecimiento territorial del ECMPO.

Informa que el ECMPO Buta Lauquen Mapu fue solicitado el 24 de enero de 2014, obtuvo acreditación de uso consuetudinario por CONADI mediante IUC N° 02/2015, fue aprobado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en sesión de 9 de julio de 2015, obtuvo destinación marítima mediante Decreto Exento N° 2.346 de 2016 y su plan de administración fue aprobado por SUBPESCA mediante Resolución Exenta N° 1.143 de 6 de abril de 2018.

Respecto del ECMPO Quetalmahue, indica que fue solicitado el 24 de agosto de 2015, obtuvo acreditación de uso consuetudinario por CONADI mediante IUC N° 3/2017, y que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, en sesión de 13 de mayo de 2018, resolvió aprobar la solicitud con modificaciones significativas, reduciendo su extensión a 18,9 hectáreas mediante Resolución Exenta N° 1.378, con el objeto de armonizar los intereses de la comunidad solicitante con los de organizaciones de pescadores del sector, permitiendo el establecimiento de un área de caleta en la zona desafectada. Agrega que mediante Decreto Exento N° 319 de 2023 se estableció la destinación, encontrándose pendiente el proceso de aprobación del plan de administración ante la Comisión Intersectorial.

Añade que, una vez conocidos los hechos denunciados, actuó dentro del marco de sus atribuciones, pues el 16 de diciembre de 2023 ingresaron formalmente cuatro cartas de denuncia de usuarios del ECMPO Buta Lauquen Mapu, referidas a hostigamientos, cobros indebidos y expulsiones presuntamente atribuidos a doña nombre reservado, antecedentes que fueron remitidos al organismo competente mediante Oficio N° 4573, de 21 de diciembre de 2023, dirigido al Subsecretario de Pesca y Acuicultura. Refiere, además, que el 19 de febrero de 2024 participó en un seminario organizado por SUBPESCA en Ancud, destinado a difundir el marco normativo de la Ley N° 20.249.

Concluye que no le corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre las controversias denunciadas, por exceder sus atribuciones legales; que su competencia se limita al pronunciamiento sobre la solicitud de establecimiento del ECMPO conforme al artículo 8° de la Ley N° 20.249; y que el seguimiento y fiscalización de los planes de administración y manejo corresponde a la Comisión Intersectorial, SERNAPESCA o la Autoridad Marítima, según el caso.

A folio 35 evacuando el informe requerido, doña nombre reservado, directora regional de Los Lagos (S) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, señala que su presentación tiene por objeto poner en conocimiento de esta Corte los antecedentes técnicos y administrativos que obran en poder del Servicio respecto del funcionamiento, fiscalización y cumplimiento normativo de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios Buta Lauquen Mapu y Quetalmahue.

Expone, en primer término, el marco normativo y la competencia de SERNAPESCA, indicando que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios se rigen por la Ley N° 20.249 y su reglamento; que la administración del ECMPO corresponde a la nombre reservado titular, conforme a un Plan de Administración aprobado por la autoridad competente; que los conflictos de uso derivados de la aplicación de dicho plan son de conocimiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; y que la competencia de SERNAPESCA se circunscribe exclusivamente a la fiscalización de las normas legales y reglamentarias relativas a la pesca y explotación de recursos hidrobiológicos, sancionándose las infracciones asociadas al incumplimiento del Plan de Administración conforme al artículo 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Añade que, en virtud de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, el Servicio carece de facultades para resolver conflictos de carácter organizacional, expulsión de socios o soberanía territorial interna de la comunidad, por tratarse de materias ajenas a su competencia.

Enseguida, informa, en cuanto al ECMPO Buta Lauquen Mapu, que éste se ubica en el sector Calle, comuna de Ancud; que la nombre reservado Lauquen Mapu es titular del espacio; que cuenta con plan de administración, convenio de uso suscrito con SUBPESCA y plan de manejo y explotación aprobados durante el año 2018; y que dicho ECMPO contempla usuarios titulares y no titulares reconocidos en los instrumentos aprobados, además de actividades extractivas de pelillo, almeja y ostra chilena y otros usos establecidos en el respectivo plan de administración. Respecto del ECMPO Quetalmahue, refiere que se encuentra también en el sector Calle, comuna de Ancud, que fue establecido mediante Decreto Exento N° 319 de 2023, y que, si bien la nombre reservado Lauquen Mapu es igualmente su titular, a la fecha del informe no cuenta con plan de administración ni plan de manejo aprobados ni con convenio de uso suscrito con SUBPESCA, razón por la cual no se encuentran autorizadas actividades extractivas de recursos hidrobiológicos en dicho espacio.

A continuación, sostiene que, contrariamente a la tesis de la recurrente, SERNAPESCA ha ejercido permanentemente sus labores de fiscalización, lo que, según expresa, se acredita con el registro de fiscalizaciones acompañado como anexo. Indica que la comunidad titular ha cumplido con la obligación de informar al Servicio, con a lo menos setenta y dos horas de anticipación, el inicio de actividades extractivas y de muestreo, observándose un incremento significativo del control, con treinta y un avisos en el año 2024 y cuarenta y dos avisos en el año 2025, sin detectarse incumplimientos en esta obligación. Agrega que durante los años 2024 y 2025 se realizaron operativos en terreno, entre ellos: una inspección preventiva de 30 de mayo de 2024 en el ECMPO Quetalmahue, para asegurar la inexistencia de extracción ilegal, atendido que no posee plan aprobado; una fiscalización de 19 de junio de 2024, en la cual se cursó una falta menor a un armador artesanal por realizar extracción de recursos dentro del límite del ECMPO sin autorización; una fiscalización de 19 de noviembre de 2024, ocasión en que se cursó citación y notificación N° 135419 a una persona no usuaria por extracción ilegal de ostra chilena dentro del espacio protegido; y una fiscalización de 14 de enero de 2025, en la que se constató que la extracción se efectuaba fuera de los perímetros de los ECMPO, descartándose en esa instancia la alegada ampliación arbitraria del área por parte de la comunidad. Precisa que, como resultado de las fiscalizaciones efectuadas, sólo se cursaron dos citaciones por extracción no autorizada dentro del ECMPO, una por falta menor y otra por denuncia, ambas respecto de personas ajenas a la comunidad titular.

En lo relativo a las denuncias y conflictos de uso, manifiesta que las presentaciones ingresadas ante SERNAPESCA por usuarios no titulares del ECMPO Buta Lauquen Mapu se refieren principalmente a restricciones de acceso y prohibiciones de actividades extractivas impuestas por la comunidad titular. Afirma que tales materias no constituyen infracciones fiscalizables por el Servicio, sino conflictos de uso derivados de la aplicación del Plan de Administración, razón por la cual fueron derivadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y a la Comisión Regional del Uso de Borde Costero, mediante los oficios que individualiza en su presentación.

En cuanto a las alegaciones contenidas en el recurso de protección, el informe expresa que, respecto de la supuesta incorporación de personas ajenas al grupo de beneficiarios del ECMPO Buta Lauquen Mapu y de un uso contrario a la finalidad de la Ley N° 20.249, el Servicio señala categóricamente que tales hechos no han sido constatados en las fiscalizaciones realizadas. Añade que las inspecciones efectuadas por SERNAPESCA, tanto de manera autónoma como en conjunto con la Autoridad Marítima, no han evidenciado irregularidades en la operación del ECMPO ni en las actividades desarrolladas por la comunidad titular. Del mismo modo, sostiene que, frente a la alegación referida a un supuesto incumplimiento del deber de respuesta administrativa, el Servicio ha dado respuesta oportuna por sus canales formales, informando a los peticionarios que la resolución de los conflictos de uso corresponde a la autoridad técnica competente, esto es, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Agrega, asimismo, que, en lo concerniente a denuncias de agresiones con armas de fuego, SERNAPESCA carece de potestades de orden público, por lo que tales hechos corresponderían a la jurisdicción de la Autoridad Marítima, de las policías y del Ministerio Público. Señala también que, durante el año 2023, a través de la oficina de SERNAPESCA Ancud, participó en instancias interinstitucionales destinadas a abordar denuncias vinculadas al funcionamiento del ECMPO y que, en el mismo período, dicha oficina, en conjunto con CONADI, sostuvo reuniones con la nombre reservado titular para tratar materias de fiscalización y gestión de recursos, tales como cumplimiento de tallas mínimas, vedas, administración de áreas libres y del propio ECMPO, así como aspectos asociados al Registro Pesquero Artesanal, incluidas sustituciones y reemplazos. Finalmente, indica que durante el año 2023 el Director Regional, junto al Director Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos, sostuvo reuniones con usuarios titulares y no titulares del ECMPO Buta Lauquen Mapu, con el objeto de propiciar instancias de diálogo y alcanzar acuerdos entre los distintos usuarios y usuarias del espacio.

Concluye el informe señalando que SERNAPESCA ha ejercido de manera permanente y diligente sus funciones, que no se han constatado infracciones por parte de la comunidad titular, que las citaciones cursadas han recaído en actores externos y que las controversias de administración han sido correctamente derivadas a SUBPESCA conforme al procedimiento legal. Sobre la base de lo anterior, afirma que no se advierte vulneración alguna de garantías constitucionales imputable a dicho Servicio y solicita, en definitiva, el rechazo del recurso en lo que respecta a SERNAPESCA.

A folio 39 informando, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicita el rechazo del recurso deducido en su contra, con costas, por estimar que no concurren los presupuestos de procedencia de la acción cautelar respecto de dicho organismo.

Expone el marco normativo aplicable a los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, regulados por la Ley N° 20.249 y su reglamento, contenido en el Decreto N° 134 de 2008. Señala que dicha ley creó la figura del ECMPO como un espacio marino delimitado cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes hayan ejercido uso consuetudinario del espacio, con el objeto de resguardar tal uso, mantener las tradiciones y permitir el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.

Precisa que el procedimiento de establecimiento de un ECMPO involucra la intervención de diversos órganos públicos, entre ellos la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Comisión Regional de Uso del Borde Costero respectiva, además del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante como órganos proveedores de información y entidades de fiscalización, dentro de sus competencias.

Explica que, una vez destinada el área como ECMPO, la comunidad o asociación asignataria debe presentar un plan de administración, el que debe contener los usos a realizar por la comunidad asignataria, las actividades de usuarios no titulares cuando existan acuerdos previos, los estatutos de la comunidad y las normas de solución de conflictos internos y de uso. Si se contempla la explotación de recursos hidrobiológicos, debe existir además un plan de manejo que asegure la conservación de dichos recursos. Aprobados los planes respectivos, corresponde a la Subsecretaría suscribir el convenio de uso con la comunidad o asociación asignataria.

Respecto del ECMPO “Buta Lauquen Mapu”, informa que fue otorgado en destinación marítima a la Subsecretaría mediante Decreto Exento N° 2.346 de 2016; que por Resolución Exenta N° 1.143 de 2018 se aprobó el plan de administración presentado por la comunidad asignataria, reconociéndose como usuario no titular a la nombre reservado para el desarrollo de las actividades contempladas en dicho plan, y a un listado de personas naturales para determinadas actividades, todo sujeto a las condiciones allí establecidas; que por Resolución Exenta N° 2.430 de 2018 se aprobó el convenio de uso celebrado con la nombre reservado asignataria; y que por Resolución Exenta N° 3.859 de 2018 se aprobó el plan de manejo y explotación referido a determinados recursos hidrobiológicos.

Añade que el plan de administración del ECMPO “Buta Lauquen Mapu” contempla mecanismos de solución de conflictos, tanto respecto de conflictos internos de la comunidad como de conflictos entre la comunidad asignataria y otros usuarios, previendo instancias ante el Consejo de Gestión, mecanismos de mediación y, en último término, la intervención de tribunales conforme a la Ley N° 20.249. Señala que la comunidad asignataria ha presentado informes de actividades y de seguimiento, los que han sido aprobados por resoluciones de la Subsecretaría, encontrándose pendiente la entrega del cuarto informe dentro del plazo correspondiente.

Respecto del ECMPO “Quetalmahue”, informa que fue otorgado en destinación marítima a la Subsecretaría mediante Decreto Exento N° 319 de 2023, encontrándose pendiente, a la fecha de su informe, la aprobación del plan de administración y la consecuente firma del convenio de uso.

En cuanto a las imputaciones, sostiene que para configurar una omisión ilegal o arbitraria debía existir una obligación jurídica concreta de actuar, lo que, a su juicio, no ocurre en los términos planteados por los recurrentes. Expone que su rol en el procedimiento ECMPO es instructor y normativo, consistente en tramitar solicitudes, aprobar planes de administración y manejo, aprobar convenios de uso y pronunciarse sobre informes de actividades y seguimiento, dentro de la habilitación legal y reglamentaria expresa.

Afirma que no todos los recurrentes tienen la calidad de usuarios no titulares reconocidos en el plan de administración del ECMPO “Buta Lauquen Mapu”, por lo que no podrían invocar válidamente un derecho de acceso o uso del ECMPO si no se encuentran contemplados en el estatuto vigente aplicable. En cuanto a la fiscalización y sanción de eventuales infracciones, indica que el artículo 15 de la Ley N° 20.249 atribuye tales competencias a la Autoridad Marítima o al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, según corresponda, y no a la Subsecretaría.

Finalmente, niega vulneración de las garantías constitucionales invocadas, afirmando que los hechos denunciados no son atribuibles a la Subsecretaría; que el derecho a desarrollar una actividad económica lícita debe ejercerse conforme a las normas legales que regulan la actividad; que no se advierte afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y que el derecho de petición no se encuentra comprendido dentro del catálogo de garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución.

A folio 54 informando, la Ilustre Municipalidad de Ancud solicita el rechazo del recurso en todas sus partes respecto de dicha entidad, con expresa condena en costas.

Expone que no existen antecedentes en poder de la Municipalidad de Ancud respecto de los hechos reclamados; que los hechos y actos jurídicos en que se funda la acción no fueron conocidos, realizados, resueltos ni tramitados por dicho municipio; y que no existe vínculo convencional o legal que lo ligue con los recurrentes en el contexto descrito en el libelo. Agrega que los recurrentes afirman haber presentado diversas solicitudes al municipio, pero no individualizan materias concretas ni acompañan copia de presentaciones efectuadas en tiempo y forma.

Alega falta de legitimación pasiva, sosteniendo que la Municipalidad de Ancud es una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinta de las demás recurridas. Añade que éstas poseen competencias, potestades y regímenes propios, sin que exista norma que vincule al municipio con los actos u omisiones que se les imputan.

Plantea, además, la extemporaneidad del recurso, señalando que los actos u omisiones denunciados se remontarían a septiembre de 2023, febrero de 2024 y diciembre de 2024, en circunstancias que la acción se interpuso el 17 de noviembre de 2025, transcurrido el plazo de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Sostiene que la Ley N° 20.249 contempla mecanismos específicos de resolución de conflictos de uso en los ECMPO, citando los artículos 14 y 15 de dicho cuerpo legal, y que los recurrentes pretenden transformar la acción constitucional en un procedimiento ordinario para conocer asuntos litigiosos respecto de los cuales existen vías administrativas y judiciales específicas, materias que no correspondería conocer ni resolver a la Municipalidad de Ancud.

A folio 56 informando, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.

En primer término, alega extemporaneidad, sosteniendo que los hechos reclamados habrían surgido a partir del otorgamiento de los ECMPO mediante Decreto Exento N° 319 de 2023 y Decreto Exento N° 2.346 de 2016. Agrega que las situaciones específicas denunciadas, tales como la expulsión de socios fundadores, la supuesta ampliación del área de administración, los hechos de hostigamiento, amenazas y violencia hacia usuarios tradicionales, y las denuncias o solicitudes formuladas ante autoridades, se remontarían a fechas anteriores al plazo previsto en el Auto Acordado.

Sostiene que el asunto sometido al conocimiento de la Corte es de lato conocimiento o corresponde a materias propias de la autonomía interna de las comunidades indígenas involucradas. Indica que varios de los hechos denunciados no serían susceptibles de ser resueltos por medio de una acción cautelar y urgente, sino que requieren procedimientos ordinarios o las vías previstas en los instrumentos aplicables al ECMPO.

Expone que el plan de administración del ECMPO Buta Lauquen Mapu, aprobado por Resolución Exenta N° 1.143 de 2018, contempla un reglamento general con normas específicas para la solución de conflictos de uso entre la comunidad y otros usuarios, y que, conforme a dicho reglamento, si los conflictos no pueden solucionarse por los protocolos internos, debe recurrirse primero a mecanismos de mediación, previa solicitud a CONADI, y, de no prosperar éstos, a los tribunales nacionales conforme al marco legal vigente, mecanismos que no habrían sido invocados.

Agrega que parte de las materias denunciadas corresponderían a asuntos internos de la nombre reservado Lauquen Mapu, tales como la expulsión de socios fundadores, la participación en reuniones, la imposición de multas, cobros o eventuales amenazas de pérdida de calidad de usuario. Al respecto, señala que CONADI carece de competencia para resolver disputas internas de comunidades indígenas en el ejercicio de sus estatutos, pues la determinación de sus miembros y su funcionamiento interno corresponden a la autonomía de cada comunidad.

Niega la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios imputables a CONADI, señalando que el libelo no individualiza ninguna solicitud concreta dirigida a dicho servicio, ni de los documentos acompañados se desprende carta, requerimiento o presentación específica ante CONADI que hubiere quedado sin respuesta. Precisa que, conforme a la Ley N° 20.249, sus competencias se refieren a la emisión del informe de uso consuetudinario y a la convocatoria a consulta de las comunidades indígenas próximas al espacio costero marino de pueblos originarios, sin que exista obligación legal de facilitar espacios de diálogo entre comunidades indígenas en conflicto más allá de las competencias expresamente previstas en dicha normativa.

Que se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

Primero Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma indica, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que produzcan privación, perturbación o amenaza. Su finalidad no es reemplazar los procedimientos administrativos o jurisdiccionales especialmente previstos por el ordenamiento jurídico, ni constituirse en una instancia declarativa destinada a resolver controversias complejas de hecho, de titularidad, de pertenencia comunitaria, de delimitación territorial o de cumplimiento de planes de administración, cuando tales materias requieren debate, prueba y decisión por la autoridad competente o por el tribunal llamado por la ley.

Segundo. Que el libelo cita, además, la Ley N° 18.971. Sin embargo, la presentación se dedujo y fue tramitada como recurso de protección, de modo que la sola invocación de dicho cuerpo legal no altera la naturaleza del arbitrio sometido a conocimiento de esta Corte. En cualquier caso, aun examinada la alegación desde la perspectiva del artículo 19 N° 21 de la Constitución, no se configura un derecho indubitado a desarrollar actividades extractivas dentro de los ECMPO al margen de la Ley N° 20.249, su reglamento, los planes de administración, los planes de manejo y las autorizaciones que correspondan.

Tercero. Que, en cuanto a la oportunidad de la acción, cabe advertir que varios de los hechos invocados por los recurrentes aparecen referidos en el propio libelo a períodos anteriores al plazo de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, particularmente hechos situados en septiembre de 2023, febrero de 2024 y diciembre de 2024. Sin perjuicio de ello, atendido que los actores sostienen que la afectación sería actual y permanente, esta Corte no fundará exclusivamente el rechazo en la extemporaneidad alegada por algunas recurridas, desde que, aun entrando al análisis de fondo, los antecedentes acompañados no permiten tener por configurados los presupuestos de procedencia de la acción constitucional.

Cuarto. Que de los antecedentes allegados aparece que la controversia se vincula con la administración, ejecución y eventual fiscalización de dos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios: el ECMPO “Buta Lauquen Mapu”, que cuenta con plan de administración, convenio de uso y plan de manejo aprobados por la autoridad sectorial; y el ECMPO “Quetalmahue”, cuya destinación marítima fue otorgada, pero respecto del cual se informó que se encuentra pendiente la aprobación del plan de administración y la suscripción del convenio de uso.

Así, mientras respecto del primero existen instrumentos administrativos vigentes que regulan usos, usuarios y mecanismos de solución de conflictos, respecto del segundo no consta aún un plan de administración aprobado que permita afirmar, por esta vía cautelar, el incumplimiento de órganos o instancias de gestión cuya constitución o funcionamiento dependa precisamente de dicho instrumento.

Quinto. Que la Ley N° 20.249 y su reglamento estructuran un procedimiento especial para el establecimiento, administración, seguimiento y término de los ECMPO, asignando competencias diferenciadas a distintos órganos de la Administración. En lo que interesa a este caso, el plan de administración debe contener los usos y actividades a desarrollar, identificar a los usuarios no integrantes de la comunidad asignataria cuando corresponda, sujetar tales usos a la normativa sectorial vigente y contemplar normas de solución de conflictos internos y de uso. A su vez, la aprobación de dicho plan debe ser remitida al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la Autoridad Marítima para fines de fiscalización en el ámbito de sus competencias.

Sexto. Que, de este modo, la existencia de un vínculo histórico o consuetudinario con el borde costero, aun cuando revista relevancia para los procedimientos previstos en la Ley N° 20.249, no habilita por sí sola a la Corte, en sede de protección, para reconocer directamente la calidad de usuario, modificar planes de administración, reincorporar socios a una comunidad, sustituir mecanismos internos o sectoriales de solución de conflictos, ni ordenar el acceso o explotación de recursos respecto de personas u organizaciones cuya situación específica debe determinarse conforme a los instrumentos y procedimientos legalmente establecidos.

Séptimo. Que, en este orden de ideas, las pretensiones dirigidas a obtener la reincorporación de socios expulsados, la revisión de multas o sanciones internas, la determinación de la calidad de usuario del ECMPO, la procedencia de autorizaciones para extracción de recursos hidrobiológicos, la existencia o no de acuerdos previos con la comunidad asignataria, el funcionamiento de consejos de gestión, la extensión efectiva de los polígonos y la eventual ampliación material de las áreas administradas, exceden el marco propio de esta acción constitucional. Todas ellas suponen determinar hechos controvertidos, interpretar instrumentos administrativos, estatutos comunitarios, planes de administración y planes de manejo, y apreciar prueba que no puede ser rendida ni contradictoriamente debatida en esta sede cautelar.

Octavo. Que lo anterior no importa desconocer la relevancia social, económica y cultural del conflicto descrito por los recurrentes, ni la necesidad de que las autoridades competentes ejerzan las atribuciones que la ley les confiere. Sin embargo, para acoger un recurso de protección no basta la existencia de un conflicto comunitario o territorial, ni la alegación genérica de inactividad estatal, sino que debe aparecer claramente establecido un acto u omisión preciso, ilegal o arbitrario, imputable a una persona o autoridad determinada, que cause privación, perturbación o amenaza actual en el legítimo ejercicio de una garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución. Ese estándar no se satisface en autos.

Noveno. Que, respecto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, los antecedentes acompañados no permiten concluir que haya incurrido en una omisión ilegal o arbitraria. En efecto, se informó que respecto del ECMPO “Buta Lauquen Mapu” fueron aprobados el plan de administración, el convenio de uso, el plan de manejo y los informes de actividades y seguimiento; y que respecto del ECMPO “Quetalmahue” se encuentra pendiente la aprobación del plan de administración y la consecuente firma del convenio de uso. A ello se agrega que la fiscalización y sanción de eventuales infracciones vinculadas al impedimento de uso, navegación o contravención del plan de administración se encuentra radicada, según se informó, en la Autoridad Marítima o en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, según corresponda.

Por consiguiente, no es posible atribuir a la Subsecretaría, en esta sede, una obligación cautelar directa de autorizar accesos, ordenar reincorporaciones, resolver conflictos internos de la comunidad administradora o sancionar hechos de violencia, amenazas o delitos, materias que pertenecen a ámbitos competenciales y procedimentales distintos.

Décimo. Que, en cuanto al Gobierno Regional de Los Lagos, el informe delimita su participación a la instancia de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, relativa al pronunciamiento sobre el establecimiento territorial del ECMPO. Además, señala que las denuncias recibidas el 16 de diciembre de 2023 fueron remitidas el 21 de diciembre de ese año al Subsecretario de Pesca y Acuicultura mediante Oficio N° 4573, y que el organismo participó en una actividad de difusión normativa organizada por SUBPESCA el 19 de febrero de 2024. Tales antecedentes impiden configurar, a su respecto, una omisión manifiestamente ilegal o arbitraria en los términos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Undécimo. Que, respecto de la Municipalidad de Ancud, no se ha individualizado un acto municipal concreto ni una obligación legal específica incumplida que permita vincularla causalmente con las afectaciones denunciadas. La sola circunstancia de tratarse de un conflicto radicado territorialmente en la comuna no basta para atribuir al municipio responsabilidad cautelar por actos de una nombre reservado administradora de un ECMPO o por actuaciones que, conforme a la normativa sectorial, corresponden a otros órganos de la Administración.

Duodécimo. Que, en relación con CONADI, los antecedentes incorporados tampoco permiten tener por acreditada una omisión ilegal o arbitraria. En efecto, dicho organismo informó que sus competencias en la Ley N° 20.249 se vinculan principalmente con la emisión del informe de uso consuetudinario y la convocatoria a consulta de comunidades indígenas próximas al espacio costero, y que no se individualiza en el recurso una solicitud concreta dirigida a CONADI que hubiere quedado sin respuesta. A su vez, las cuestiones relativas a expulsión de socios, participación en reuniones, multas, cobros o pérdida de calidad de miembro corresponden, en principio, al funcionamiento interno de la comunidad respectiva o a los mecanismos que establezcan sus estatutos y el plan de administración, sin perjuicio de las acciones ordinarias que estimen ejercer los interesados.

Décimo tercero. Que, en cuanto a la Capitanía de Puerto de Ancud, el informe evacuado descarta la inactividad denunciada, señalando que durante el año 2025 se efectuaron más de cincuenta fiscalizaciones y procedimientos policiales en el sector, acompañándose hojas de ruta de patrullajes y procedimientos; que no existen registros de denuncias formales sobre una eventual ampliación arbitraria de los ECMPO y que tal circunstancia no habría sido constatada en fiscalizaciones; y que, cuando se han advertido hechos que podrían revestir caracteres de delito, se han remitido antecedentes al Ministerio Público y al tribunal competente, informándose cuatro partes policiales entre los años 2023 y 2024. Tales antecedentes, ponderados con el mérito disponible en esta sede cautelar, no permiten tener por acreditada una omisión ilegal o arbitraria de la Autoridad Marítima.

Décimo cuarto. Que, en cuanto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el informe evacuado descarta la inactividad que se le atribuye y delimita sus competencias a la fiscalización de las normas legales y reglamentarias relativas a la pesca y explotación de recursos hidrobiológicos, excluyendo materias de organización interna, expulsión de socios o conflictos de pertenencia comunitaria. Dicho Servicio informó que el ECMPO Quetalmahue no cuenta con plan de administración, plan de manejo ni convenio de uso aprobados, por lo que no existen actividades extractivas autorizadas en ese espacio; que la comunidad titular ha efectuado avisos de actividades extractivas y de muestreo; que durante los años 2024 y 2025 realizó fiscalizaciones en terreno, entre ellas una inspección preventiva de 30 de mayo de 2024 en el ECMPO Quetalmahue, una fiscalización de 19 de junio de 2024, una citación de 19 de noviembre de 2024 por extracción ilegal de ostra chilena y una fiscalización de límites de 14 de enero de 2025; y que las denuncias relativas a restricciones de acceso o prohibiciones de actividades fueron derivadas a SUBPESCA o a la instancia sectorial pertinente. Estos antecedentes, unidos a que no se informaron infracciones constatadas por parte de la comunidad titular y a que las citaciones cursadas recayeron en actores externos, impiden tener por configurada, en esta sede cautelar, una omisión ilegal o arbitraria actual imputable a SERNAPESCA.

Décimo quinto. Que, respecto de doña nombre reservado y de la nombre reservado Lauquen Mapu, la presentación acompañada no contiene informe circunstanciado de fondo. Sin embargo, ello no releva a los recurrentes de la carga mínima de aportar antecedentes suficientes que permitan tener por establecido, en sede cautelar, un acto u omisión preciso, actual, ilegal o arbitrario, y su conexión directa con la privación, perturbación o amenaza de una garantía protegida. Los hechos que se les atribuyen aparecen intensamente controvertidos y se relacionan con materias de pertenencia comunitaria, administración interna, calidad de usuario, acceso a recursos y cumplimiento de instrumentos sectoriales, cuya resolución exige un debate de lato conocimiento y la intervención de las autoridades o tribunales llamados por la Ley N° 20.249 y la normativa sectorial aplicable.

Décimo sexto. Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, relativa a la vida e integridad física y psíquica, los hechos de violencia y amenazas denunciados son de especial gravedad. Con todo, en el propio recurso se señala que el episodio ocurrido el 16 de febrero de 2024 se encontraría en investigación judicial, y la Autoridad Marítima informó haber remitido antecedentes al Ministerio Público cuando ha constatado hechos con caracteres de delito. En tales condiciones, esta Corte no cuenta con antecedentes suficientes para establecer, en esta sede, una omisión actual, ilegal o arbitraria de los recurridos que permita adoptar medidas cautelares específicas distintas de aquellas que corresponden a los órganos persecutores, policiales o administrativos competentes.

Décimo séptimo. Que, respecto del derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita del artículo 19 N° 21, debe tenerse presente que su ejercicio queda sujeto a las normas legales que lo regulan. En el caso de autos, el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y el acceso para actividades extractivas dentro de un ECMPO no se configura como un derecho absoluto ni indubitado de cualquier persona que invoque vínculo histórico con el territorio, sino que debe ejercerse conforme a la Ley N° 20.249, su reglamento, la normativa pesquera, el plan de administración, el plan de manejo y los acuerdos o reconocimientos que correspondan. Por ello, no es posible, mediante este arbitrio cautelar, ordenar un acceso general o una habilitación extractiva sin determinar previamente, por la vía idónea, la situación jurídica de cada recurrente respecto de los instrumentos aplicables.

Décimo octavo. Que, en relación con la garantía del artículo 19 N° 22, cabe precisar que ésta se refiere a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. De los antecedentes no se advierte un trato económico estatal arbitrariamente discriminatorio. Las diferencias relativas al uso o explotación de recursos dentro del ECMPO derivan del estatuto legal aplicable, de la calidad de asignatario o usuario reconocido, de los acuerdos previos, del plan de administración y del plan de manejo respectivo. En cuanto a las alegaciones sobre acceso, tránsito o libre navegación, la propia Ley N° 20.249 contempla una vía infraccional específica cuya constatación corresponde a la Autoridad Marítima o a SERNAPESCA, según la naturaleza del hecho denunciado, sin que en esta acción se hayan acompañado antecedentes suficientes para sustituir esa determinación por una orden cautelar general.

Décimo noveno. Que, en cuanto al artículo 19 N° 8 de la Constitución, el recurso lo invoca vinculándolo con un medio libre de violencia, hostilidad o perturbación de la convivencia. Sin embargo, la garantía constitucional protegida por dicha disposición se refiere al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, para efectos del recurso de protección, requiere un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. En la especie, no se han aportado antecedentes que permitan configurar una afectación ambiental por contaminación en los términos constitucionalmente protegidos por esta vía.

Vigésimo. Que, si bien el recurso alude al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución, dicha garantía no se encuentra comprendida entre aquellas amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental. En todo caso, los informes evacuados dan cuenta de que, respecto de algunos órganos, no se individualizaron solicitudes concretas pendientes de respuesta, y, respecto de otros, se informó la remisión de antecedentes a la autoridad sectorial competente, lo que resulta concordante con el deber de derivación previsto para los órganos de la Administración cuando la materia no corresponde a su competencia. Lo anterior impide acoger la acción por esta causal, sin perjuicio de las vías administrativas o jurisdiccionales que correspondan para reclamar de una eventual falta de respuesta.

Vigésimo primero. Que, por último, el artículo 14 de la Ley N° 20.249 contempla mecanismos especiales para resolver conflictos de uso al interior de los ECMPO, distinguiendo entre conflictos entre miembros de la comunidad asignataria y conflictos entre ésta y otros usuarios comprendidos en el plan de administración, sin perjuicio de la intervención del tribunal civil competente cuando corresponda. A su turno, el artículo 15 del mismo cuerpo legal regula infracciones cuya fiscalización se atribuye a la Autoridad Marítima o al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, según la naturaleza de la infracción. Tales vías específicas no pueden ser desplazadas, sin más, por una acción de protección cuyo objeto no es reemplazar la institucionalidad sectorial ni alterar, por orden cautelar, los instrumentos que regulan la administración de un ECMPO.

Vigésimo segundo. Que, en consecuencia, los antecedentes acompañados no permiten tener por acreditado un acto u omisión ilegal o arbitrario, preciso y actualmente imputable a los recurridos, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, en términos que habiliten a esta Corte para adoptar las medidas solicitadas. Antes bien, lo planteado corresponde a un conflicto complejo, de naturaleza comunitaria, sectorial, administrativa y eventualmente jurisdiccional, que debe ser encauzado por las vías especiales previstas por la Ley N° 20.249, su reglamento, los planes aplicables, la autoridad marítima o pesquera competente, el Ministerio Público si se tratare de hechos punibles, y los tribunales ordinarios cuando proceda.

Vigésimo tercero. Que, atendida la naturaleza del conflicto, su dimensión territorial y comunitaria, y la circunstancia de existir alegaciones relativas al acceso al borde costero y a actividades tradicionales de subsistencia, se estima que los recurrentes tuvieron motivo plausible para recurrir, razón por la cual no serán condenados en costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; en la Ley N° 20.249; y en el Decreto N° 134 de 2008, que aprueba su reglamento, se resuelve:

SE RESUELVE:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Paulo Igor Uribe Ojeda, en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado, el Sindicato de Trabajadores Independientes, Ayudantes de Buzos y Dueños de Embarcaciones San Pedro, la nombre reservado y la nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, la nombre reservado Lauquen Mapu, la Capitanía de Puerto de Ancud, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Ilustre Municipalidad de Ancud y el Gobierno Regional de Los Lagos.

Redacción a cargo del abogado integrante Mario Madrid Mc-innes.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro que concurre al acuerdo.

Rol Protección N° 1534-2025.