nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Puerto Montt, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 2 de agosto de 2019, comparece el abogado RODRIGO ALEJANDRO HIGUERA MUÑOZ, en representación convencional de nombre reservado, cesante, R.U.N. RUT reservado, quien recurre de protección en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, en razón del rechazo del reclamo interpuesto con fecha 12 de julio de 2019, que tenía que ver a su vez con un rechazo a la solicitud de postulación realizada por su representada al beneficio denominado Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), regulado en la Ley 20.743 de 21 de marzo de 2014.

En cuanto a los antecedentes de hechos, expone que con fecha 12 de julio del año 2019, su representada presentó un reclamo administrativo en contra del Instituto de Previsión Social por cuanto dicho Servicio se negó a otorgarle el beneficio denominado Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), regulado en la Ley 20.743, ello pese a que cumpliría con todos los requisitos legales para acogerse a dicho beneficio, negativa que sería debido a que doña nombre reservado no habría presentado finiquito de contrato de trabajo que acredite que no tiene relación laboral vigente.

No obstante lo anterior, ante dicho requerimiento se explicó que era imposible contar con el mencionado documento, debido a que no fue despedida por su último empleador, sino que operó para la desvinculación el denominado auto despido, por carta de fecha 9 de febrero de 2018, posteriormente demandó a su ex empleador por el cobro de las prestaciones adeudadas, en razón de ello el único documento con el cual se cuenta para acreditar el término de la relación laboral, es la sentencia ejecutoriada recaída en causa RIT T 67-2018, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.

Agrega que hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta alguna por parte del Servicio al reclamo interpuesto, por lo que estima que de manera arbitraria se le está negando el derecho a poder acceder a este beneficio, además de discriminatorio frente a otras personas que también fueron desvinculadas pero no se auto despidieron.

Sostiene que en específico se denuncia la falta de respuesta al reclamo presentado, el cual solicitaba que el Servicio aludido se pronunciara sobre la solicitud de la recurrente de poder acogerse al beneficio citado, silencio el cual conforme a lo señalado en el artículo 65 de la Ley 19.880, constituye un rechazo al tratarse de una petición que afecta el patrimonio fiscal.

En cuanto a las normas legales y garantías infringidas, se sostiene en el recurso que en primer lugar se afecta lo prescrito en la Ley N° 20.743, que regula el beneficio ya aludido, y cuyo texto señala en lo pertinente “Artículo 1º.- Concédese, por una vez cada año en el mes de marzo, un aporte familiar permanente a quienes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a su otorgamiento sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020; y a quienes, a dicha fecha, sean beneficiarios de asignación familiar o asignación maternal establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban dichas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Asimismo, recibirá este aporte familiar permanente cada persona o familia que al 31 de diciembre del año anterior a su otorgamiento, sea usuaria del subsistema "Seguridades y Oportunidades", creado por la ley Nº 20.595, independientemente de si perciben a esa fecha transferencias monetarias por esta causa, y las familias que, a esa fecha, estén participando en el subsistema "Chile Solidario", siempre que se trate de familias que no sean beneficiarias de alguno de los subsidios o asignaciones a que se refiere el inciso anterior. El aporte familiar permanente será de $40.000.- por cada causante de subsidio familiar o de asignación familiar que el beneficiario tenga al 31 de diciembre del año anterior a su otorgamiento. En el caso del inciso segundo, dicho aporte ascenderá a $40.000.- por familia. El referido aporte familiar no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.” En este sentido, señala la recurrente que se cumple con el requisito de ser beneficiaria de la asignación familiar, el cual, según se acreditará, fue recibido por su representada durante el año 2018. Asimismo la actitud de la recurrida desconocería lo señalado en el artículo 171 del Código del Trabajo donde se regula la figura del auto despido como causal del término del contrato de trabajo y acreditar el tramo de ingresos señalados en el inciso primero de la norma ya citada, se realiza fehacientemente con la sentencia ejecutoriada en causa RIT O-67-2018 de Jugado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, así como también con la carta de auto despido de fecha 9 de febrero de 2018.

Por último, en cuanto a las garantías constitucionales vulneradas por la recurrida, se configuraría un acto discriminatorio, que conculca la Garantía del Artículo 19 Nº 2, de igualdad ante la ley, ya que al exigirle un “finiquito”, documento el cual nunca fue emitido por el empleador, y por lo cual se debió recurrir a juicio, constituye una discriminación ilegal y arbitraria al no permitirle a su representada acogerse al beneficio mencionado, pese a que cumpliría con todos los requisitos legales para ello.

Por lo anterior y previas citas legales, solicita que el recurso sea acogido y se ordene a la recurrida permita a su representada acogerse al beneficio del Aporte Familiar Permanente, regulado en la Ley 20.743, con expresa condenación en costas.

Acompaña al recurso, 1.-Copia Carta de autodespido de fecha 9 de febrero de 2018. 2.-Copia de sentencia ejecutoriada en causa RIT O-67-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas y certificado de ejecutoria; 3.-Copia de reclamo ante Instituto de Previsión Social de fecha 12 de julio de 2019; 4.- Copia de correo informando depósito de aporte familiar permanente de fecha 15 de marzo de 2018.

Con fecha 7 de agosto de 2019 se declaró admisible el recurso teniéndose por interpuesto y ordenándose informe a la parte recurrida, quien lo evacua con fecha 23 de agosto del mismo año, por la abogada y funcionaria del Instituto de Previsión Social nombre reservado, quien solicita el rechazo de la acción exponiendo previo a la discusión de fondo, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto jurídico de autos, toda vez que de la simple lectura del recurso, y en particular de su parte petitoria, se colige que lo que en concreto pretende la recurrente, es que se le otorgue un beneficio de seguridad social, lo que excede con creces el ámbito de aplicación del recurso de protección, resultando evidente que el conflicto jurídico de autos, es una materia de lato conocimiento que necesariamente debiese ventilarse en un juicio ordinario, dado que en este caso en concreto no se estaría en presencia de un derecho indubitado y el recurso de protección no corresponde a una instancia de declaración de derechos.

Expone que en el mismo sentido, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado en causa Rol de Ingreso 20.235-2014 que, para poder acogerse una acción cautelar “debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado”, requisito que sostiene la recurrida, no se cumple en estos autos, puesto que se persigue simplemente que se declare la procedencia del pago del Aporte Familiar Permanente.

Como segundo fundamento para la solicitud de rechazo, la recurrida expone que en cuanto al fondo del asunto jurídico sometido a la decisión de esta Corte de Apelaciones, una ausencia de acto ilegal o arbitrario, ya que no se ha efectuado ningún de ese tipo que lesione alguna garantía constitucional de la recurrente, toda vez que su parte en todo momento ha actuado dentro de las obligaciones y facultades que le han sido legalmente concedidas. Consta en los registros de la Institución que en efecto la recurrente solicitó en la sucursal de Puerto Montt que se le pagase el beneficio de Seguridad Social denominado Aporte Familiar Permanente, el que no le fue pagado pues de conformidad con la legislación vigente, la señora nombre reservado no es actualmente beneficiaria del mismo, además que el Instituto de Previsión Social no es quien otorga el beneficio, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.743 “La Superintendencia de Seguridad Social proporcionará al Instituto de Previsión Social las nóminas de los beneficiarios y sus causantes del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020, de la asignación familiar y de la asignación maternal establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que tengan derecho al aporte familiar permanente. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social remitirá al Instituto de Previsión Social las nóminas de beneficiarios del aporte familiar en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º”, de manera tal que su parte tiene la calidad de ente pagador respecto de las personas que sean señaladas por la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social, según corresponda, como beneficiarias del Aporte Familiar Permanente, situación que tiene su fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 4° de la referida Ley N° 20.743 que dispone que “El aporte familiar establecido en esta ley será de cargo fiscal y su pago se efectuará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota”, en relación con el ya citado artículo 5°.

Agrega que en relación con los requisitos de procedencia del Aporte Familiar Permanente el artículo 1° de la ya referida ley N° 20.743 dispone expresamente que es necesario haber sido beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020 al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a su otorgamiento, razón por la cual, para que se hubiere pagado este beneficio en el mes de marzo del año en curso, era requisito, por mandato expreso de ley, que la señora nombre reservado hubiese sido beneficiaria de subsidio familiar en el mes de diciembre del año 2018, lo cual en la especie no se verificó, razón por la cual, de conformidad con la legislación vigente en la materia, no corresponde que se le otorgue el beneficio reclamado.

En lo relativo a la relación laboral, al concluir con anterioridad al mes de diciembre de 2018 y la recurrente no fue beneficiaria de subsidio familiar en dicha mensualidad, habría sido necesario que ella hubiere efectuado el trámite de seguro de cesantía una vez concluida la relación laboral aludida, para así recibir el subsidio en el mes de diciembre de 2018 y cumplir de ese modo con el requisito establecido en la ley y es en relación con esa circunstancia que se le mencionó la necesidad de acreditar el término de la relación laboral, y no con el objeto de concederle el beneficio reclamado, lo cual no sería resorte de la Institución recurrida, la cual tiene limitado su rol al pago del beneficio señalado.

Agrega que resulta importante mencionar además, que para el caso la vía administrativa no se encuentra agotada, toda vez que con fecha 12 de julio del año 2019 en curso, se presentó un reclamo administrativo en contra de su parte, encontrándose pendiente la decisión final del asunto.

En cuanto a la perturbación de la garantía constitucional citada por la recurrente, la recurrida reitera que el Instituto de Previsión Social no ha realizado ninguna acción arbitraria o ilegal, en especial la aludida igualdad ante la ley, toda vez que el no pago del beneficio de Aporte Familiar Permanente, no emana de ninguna acción de aquella naturaleza, toda vez que la solicitud del beneficio fue rechazado conforme a texto expreso de Ley, y no puede considerarse por parte de la actora que tiene derecho de propiedad sobre un beneficio previsional, y como tal de derecho estricto, respecto al que no cumple los requisitos legales para su otorgamiento.

Concluye el informe señalando, que para el improbable evento de que se acoja la acción de protección de marras, es improcedente que se condene en costas a su parte, ya que es una sanción al litigante de mala fe, consistiendo en una medida de carácter económico que no forma parte del asunto controvertido, además que el artículo 144 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil exime del pago de costas a la parte que ha tenido motivos plausibles para litigar, además de gozar de privilegio de pobreza, conforme a lo prescrito en el artículo 183° del Decreto N° 615, en relación al Decreto Ley N° 3.502.

Con fecha 27 de agosto de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 6 de septiembre de 2019 se ordenó como trámite en sala, oficiar al Instituto de Previsión Social Oficina Puerto Montt con la finalidad de que informara oportunamente lo resuelto respecto del reclamo administrativo incoado por la recurrente con fecha 12 de julio de 2019, el que no habría sido formalmente resuelto según expuso la propia recurrida, el que es cumplido mediante informe de fecha 27 de septiembre pasado, en el cual la abogada y funcionaria de la recurrida nombre reservado, expone que a través de Oficio Ordinario N° 857, de fecha 11 de septiembre de 2019, remitido mediante carta certificada y correo electrónico por el Jefe de Sucursal (S) de IPS Puerto Montt a la señora nombre reservado, documento que además acompaña, el Servicio recurrido informó formalmente a aquella que el beneficio previsional de Aporte Familiar Permanente solicitado no le fue otorgado por cuanto “…para tener derecho a este aporte, el requisito fundamental es tener la o las cargas autorizadas, activas, pagadas e informadas por el empleador, a través de planilla de pago de cotizaciones, a Diciembre del año anterior, en este caso Diciembre de 2018. En su caso particular, esta situación no ocurría, por cuanto al revisar el sistema, su último pago de cotizaciones fue realizado en marzo de 2018”. Añade que del mismo modo en dicha comunicación se informó formalmente a la señora nombre reservado, dando respuesta a la reclamación por ésta realizada, que su reclamo debía ser resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, la que podría acceder a lo requerido sólo cuando cumpliese con los requisitos legales contemplados en la Ley N° 20.743. Finaliza sosteniendo que y reiterando que la recurrida es la entidad estatal encargada del pago de este beneficio, pero la institución que aprueba el beneficio a cada usuario que cumple los requisitos que señala la Ley antes citada, es la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que señala a esta fecha, que en su caso no corresponde por no cumplir aun con los requisitos. Con ello, según expone la recurrida, ha quedado debidamente aclarado que el Instituto de Previsión Social no ha efectuado ningún acto ilegal o arbitrario que lesione alguna garantía constitucional de la señora nombre reservado, toda vez que dicha Institución en todo momento ha actuado dentro de las obligaciones y facultades que le han sido legalmente concedidas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en que se habría afectado gravemente su garantía constitucional prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El acto ilegal y arbitrario de la parte recurrida, consistente en la ausencia de pronunciamiento y posterior rechazo de su solicitud de acogerse al beneficio de Aporte Familiar Permanente de que trata la Ley N° 20743, ello no obstante cumplir con los requisitos para ello. Al informar la recurrida sostuvo, primero, la falta de idoneidad del medio para la declaración pretendida, al discutirse la titularidad de derechos previsionales especiales. Segundo, la ausencia de actos ilegales y arbitrarios, pues en los antecedentes institucionales la recurrente no es titular del derecho, agregado a que su parte no es la entidad que otorga el beneficio, asistiéndole solamente la calidad de pagadora del mismo, por lo que sostiene como tercer punto la inexistencia de vulneración o perturbación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos por las partes y medios de convicción acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, con fecha 12 de julio de 2019 a recurrente ingresó un reclamo ante el Instituto de Previsión Social, a fin de que se le pagase el beneficio denominado Aporte Familiar Permanente, el que no le fue pagado debido a que no era a esa fecha beneficiaria del mismo.

2º Que, con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante Oficio Ordinario N° 857 la recurrida informa que dicho beneficio no le fue otorgado por cuanto no cumplía con los requisitos legales, del mismo modo se le informó que su reclamo debía ser resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.743.

CUARTO: Que, consecuentemente con lo concluido en el motivo anterior, en cuanto a los hecho materia del recurso, se puede determinar que no ha precedido acto ilegal o arbitrario, condición insoslayable para procedencia de este recurso, calificación que puede concurrir cuando una acción es indebida, bien, por ser contraria al ordenamiento jurídico, o bien, por carecer de justificación y razonabilidad; mas, ninguno de estos aspectos han resultado ser acreditados, sino desvirtuados, en la medida que el Instituto recurrido ha probado que el recurrente no ha configurado los supuestos legales habilitante para que dicha institución proceda al pago del beneficio en cuestión, ello desde que según las potestades que le confiere la Ley N° 20.743 en su artículo 4°, establece que reviste el carácter de entidad pagadora del aporte, siendo a su vez la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social, quienes proporcionan al Instituto de Previsión Social las nóminas de los beneficiarios.

QUINTO: Que, en consecuencia y al no aparecer que se ha ocasionado en la actora, la conculcación de la garantía que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 7, 19 N° 2° y, 20 de la Constitución Política de la República; artículos 4 y 5 de la ley 20.743; y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por el abogado RODRIGO ALEJANDRO HIGUERA MUÑOZ, en representación de nombre reservado en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

II. Que se exime al recurrente del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para recurrir.

Redacción del Ministro Señor Jorge Pizarro Astudillo.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa por encontrarse con permiso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL 1531-2019 PROTECCIÓN. –