Protección contra Servicios Equifax Chile Limitada

Puerto Montt, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 11 de septiembre del presente año, comparece nombre reservado, en representación legal de SERVIVEN Ltda., sociedad comercial con domicilio en domicilio reservado e interpone acción de protección de garantías constitucionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana y también en domicilio reservado, de esta comuna; por estimar que la recurrida ha incurrido en un acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la publicación en el registro de deudas que lleva, de carácter público, de una morosidad inexistente a su juicio, relacionada con dos facturas que habrían sido emitidas indebidamente por la empresa Inmobiliaria Puente Limitada, pidiendo se acoja el recurso y se ordene a la recurrida se abstenga de seguir publicando la deuda, con costas.

Funda lo anterior en que el día 29 de agosto del año en curso la recurrida publicó las facturas Nº10.233 de 11 de julio de 2018 y Nº11.231 de 27 de julio del mismo año, ambas emitidas por la empresa Inmobiliaria Puente Limitada.

Lo dicho, a su juicio consiste en una acto ilegal y arbitrario desde que aquellas facturas aparecen como pagadas al contado en el portal de consulta del Servicio de Impuestos Internos, por lo que carece de mérito su publicación en el boletín de morosidades de que es titular la denunciada.

Asimismo, refiere que las facturas serían ideológicamente falsas y que no cumplen los requisitos para la publicación en el boletín DICOM ya que no constituyen por sí solas un título ejecutivo perfecto que justifique su inclusión, al no estar expresamente contempladas en el artículo 17 de la Ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales, por lo que para su publicación se requiere la autorización expresa del titular de los datos.

Arguye además que de conformidad a la doctrina y jurisprudencia mayoritarias, la preceptiva en comento resultaría aplicable a las personas jurídicas; citando dos obras, una mexicana y otra chilena, que se refieren en términos amplios a la titularidad de las personas jurídicas respecto de ciertos derechos fundamentales y una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol 1951-2014.

Por lo tanto, al publicar la recurrida una morosidad que emana de una factura, sin constar con la autorización del titular de los datos, infringe lo dispuesto en el artículo 17, en relación con los artículos 2 y 4 de la Ley Nº19.628, por lo que su conducta vulnera el derecho a la honra de la actora, consagrada en el artículo 19 Nº4 de la Carta Política y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, prevista en el artículo 19 Nº21 de la Norma Fundamental, por lo que insta porque se acoja el arbitrio constitucional deducido, ordenando a la denunciada cesar en la publicación de la morosidad ya señalada, con costas.

Acompaña a su recurso informe de la recurrida de fecha 03 de septiembre del presente año, copia de las facturas publicadas, comprobantes del Servicio de Impuestos Internos que da cuenta del pago en efectivo de las referidas facturas, además de documentos fundantes de la personería que invoca.

Solicitada orden de no innovar en el sentido de suspender la publicación de la morosidad ya señalada, se le negó lugar por implicar una resolución anticipada del recurso.

Evacuando informe la recurrida refiere que se le pidió a la empresa informante de las facturas los antecedentes de respaldo de las mismas, cuestión que no fue cumplida dentro de plazo, por lo que se eliminó la información relativa a la morosidad de las facturas a que hace mención la recurrente, instando por el rechazo del recurso por no concurrir actuación ilegal o arbitraria de su parte.

A mayor abundamiento señala que la responsabilidad por la información publicada es en último término de la empresa informante, en la especie Inmobiliaria Vivocorp S.A., ya que no existe un examen previo de racionalidad de la deuda.

Finalmente cita abundante jurisprudencia de tribunales superiores y doctrina, conteste en el hecho que el tenor literal de lo dispuesto en el artículo 2º letra ñ) de la Ley Nº19.628, excluye de su aplicación a las personas jurídicas.

Con fecha 04 de octubre, el recurrente pide se tenga presente que se han informado nuevas morosidades a partir de las facturas cuestionadas, por lo que no sería cierto lo señalado por el recurrido en cuanto a que ha cesado el hecho que se denuncia como ilegal o arbitrario.

Con fecha 18 de octubre el recurrido hace presente que la inclusión nuevamente de una de las facturas objeto de la presente acción se debió a un error, por lo que fue eliminada del informe del actor, según documento que acompaña de fecha 16 de octubre del año en curso y que ello se debió a que con posterioridad a la interposición del recurso la empresa Vivocorp S.A. informó nuevamente morosidades basadas en las facturas cuestionadas, por lo que se llevó a cabo el mismo procedimiento anterior de solicitar información de respaldo, la que al no ser entregada dentro de plazo hizo que se eliminaran dichas publicaciones.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de esta Primera Sala.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de protección se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, que determina su tramitación y fallo, irguiéndose como la vía procesal cautelar de urgencia destinada a obtener el restablecimiento del imperio del derecho que se ha quebrantado, vulnerando los derechos y garantías constitucionales del actor, motivándose así el ejercicio de las facultades conservadoras que le asisten a los tribunales superiores de justicia.

En ese ámbito, son requisitos de la acción de marras la existencia de un derecho indubitado de que sea titular el actor y la ocurrencia de una actuación ilegal o arbitraria del recurrido que tenga la aptitud suficiente para vulnerar los derechos y garantías fundamentales del recurrente.

Son además requisitos previos de procesabilidad, el que la acción se haya deducido dentro del plazo de treinta días contado desde la ocurrencia del hecho u omisión que se estima ilegal o arbitrario, o desde su conocimiento; así como la legitimidad activa del recurrente, en su calidad de titular del derecho fundamental que se invoca como vulnerado y el que la Corte se encuentre en posición de desplegar de manera eficaz su actuación cautelar, esto es, que la acción en definitiva sea oportuna.

Segundo: Que en la presente causa se deduce la acción cautelar de protección por parte de una persona jurídica que alega se han incluido en su informe comercial por parte de la recurrida Dicom Equifax, facturas que se encontrarían impagas, según información proveída por un tercero ajeno al proceso, denominado Vivocorp S.A.

Estima la actora que dichas facturas se han informado mediante un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida por cuanto se encuentran pagadas y además, porque atendida la naturaleza jurídica de dichos instrumentos, se requiere la autorización del titular de la deuda, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de la Ley Nº19.628.

Tercero: Que al evacuar informe la recurrida manifiesta que no obstante no ser aplicable en la especie las disposiciones citadas por la actora, por ser aquella una persona jurídica; y que tampoco le es imputable responsabilidad por la publicación de las facturas desde que ella no está obligada a hacer un examen previo de razonabilidad de la deuda que se informa, siendo ello sólo resorte de quien informa la morosidad, señala que se le ha pedido a la empresa informante los antecedentes de respaldo de la deuda que consta en las facturas singularizadas por la recurrente, la que no ha aportado una respuesta dentro del plazo otorgado, por lo que se procedió a la eliminación de la información erróneamente incluida.

Lo anterior, consta en informe de deudas actualizado al 16 de octubre del año en curso, acompañado por la denunciada junto a un escrito de “se tenga presente” de fecha 18 del mismo mes y año.

Cuarto: Que así las cosas, siendo ésta una sede cautelar y por ende, resultando impertinente obtener en ella una mera declaración de ilegalidad, deberá estarse a lo informado por la recurrida en cuanto a que ha cesado de informar las morosidades que se denuncian como fundamento de su supuesto actuar ilegal y arbitrario, atendido que así ello consta en el informe de deudas acompañado con fecha 18 de octubre último.

De esta suerte, careciendo de objeto la tutela cautelar que se ha solicitado, la presente acción constitucional ha perdido oportunidad, como se dirá, estimándose improcedente emitir un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido.

Quinto: Que habiendo fundamento plausible en tanto en la acción impetrada como razonabilidad en la conducta desplegada por la recurrida, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1 y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo de la presente acción cautelar, se declara:

I.- Que se rechaza la acción deducida por nombre reservado, en representación legal de SERVIVEN Ltda., en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, representada por nombre reservado, por haber perdido ésta oportunidad, en virtud de los antecedentes que obran en la causa.

II.- Que cada parte pagará sus costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Pedro Campos Latorre.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº1522-2018