I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, DOM con nombre reservado

Puerto Montt, once de septiembre de dos mil veinte Visto:

A folio Nº 1, comparece la abogada María Verónica Martínez, en representación de la Municipalidad de Puerto Montt, e interpone acción constitucional de protección en contra de Yisel nombre reservado y en favor del hijo o hija de ésta que está en gestación, por estimar que aquella ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en oponerse de manera sistemática a las prestaciones ofrecidas por el equipo multidisciplinario del CESFAM en que controla su embarazo, lo que asociado a la información recabada por profesionales del municipio y del Hospital de esta ciudad, se encuentra en una situación muy precaria tanto económica como de vivienda, lo que pone en riesgo la vida del que está por nacer, conculcando así en perjuicio suyo y de éste, la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que dentro de la facultad conferida al municipio por el artículo 4º letra b) de la Ley Nº18.695, se encuentra aquella destinada al desarrollo de la salud pública, por lo que es prestadora directa a través del CESFAM Carmela Carvajal, órgano que atendió a la recurrida el 28 de julio constatando entre otros antecedentes que aquella tiene otros 3 hijos de 9, 7 y 3 años, todos al cuidado de sus abuelas paternas por medidas de protección decretadas en sede de familia; que reporta consumo de tabaco diario, alcohol, marihuana y cocaína, no obstante señalar que cesó en ellos hace uno o dos meses; que presenta en pauta de riesgo aplicada ideación suicida por lo que se le derivó de inmediato con el sicólogo del centro de salud, rechazando la usuaria su intervención; y que carece de redes de apoyo por problemas que mantiene con su madre, quien es consumidora dependiente de alcohol y drogas.

Por su parte, la trabajadora social del Hospital de Puerto Montt les remitió como antecedentes obtenidos en entrevista con la recurrida el 29 de julio del presente año, que aquella estuvo hospitalizada entre el 11 y 14 de junio por crisis epilépticas convulsivas; que fue luego hospitalizada el 14 de julio, pero se fuga, retornando ante nuevas crisis epilépticas el día 20 del mismo mes; y que se presenta ante la entrevista como desafiante, hostil y poco cooperadora.

Asimismo, se pudo recabar que habita en situación precaria, arrienda habitación en una casa por $100.000 mensuales, la que no tiene calefacción, comparte baño, cocina; se encuentra sin trabajo, pero percibe pensión básica solidaria de invalidez por $141.374, además de haber recibido bono COVID e Ingreso Familiar de Emergencia, no obstante que el padre del nasciturus está cesante hace tres meses.

Finalmente, la recurrida sufre de epilepsia y sífilis, por lo que estima que las conductas desplegadas por la recurrida pueden traer consecuencias de salud en su futuro hijo o hija, de manera que pide se acoja el recurso y se ordene la internación de la gestante en el Hospital de esta ciudad para hacer seguimiento de sus patologías y adicciones hasta el nacimiento, o en subsidio, se ordene su ingreso a un tratamiento de alcohol y drogas, así como también para la sífilis en el mismo recinto asistencial, evaluándose su internación al octavo mes de gestación.

Acompaña informe de asistente social del CESFAM Carmela Carvajal.

A folio Nº 3, se declaró admisible el recurso y se le pidió informe a la recurrida y al Hospital de Puerto Montt.

Asimismo, se remitieron los antecedentes al Juzgado de Familia de esta ciudad para su conocimiento y fines pertinentes respecto de la protección de los sujetos de derechos en situación de vulnerabilidad.

A folio Nº 13, el Hospital de esta ciudad remite informe elaborado por su asistente social, pero no informa sobre el recurso al tenor de lo solicitado a folio Nº3.

A folio Nº 17, atendido el tiempo transcurrido, se declaró incursa a la recurrida y encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº 20, se pidió complementar el informe al Hospital de Puerto Montt, al tenor del recurso, más allá de remitir el informe de su asistente social.

A folio Nº 24, se evacúa aquel reiterando los antecedentes de contexto ya expuestos en el recurso y haciendo presente las consideraciones del Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia en torno a que la paciente presenta baja adherencia a la internación ambulatoria para el control de cuadro de epilepsia convulsiva en la UTI del recinto, sin perjuicio que luego de su alta se ha mantenido bajo control.

A folio Nº 26, se agregó extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra Yisel nombre reservado y en favor del hijo o hija de ésta que está en gestación, por cuanto aquella es una persona de alta vulnerabilidad social que presenta conductas de consumo de alcohol y drogas sumado a una diagnóstico de epilepsia con presencia de crisis convulsivas y sífilis latente, lo que sumado a deficientes condiciones de vivienda y escasez de recursos hacen que su embarazo se torne riesgoso, por lo que se pretende por parte del Municipio de esta ciudad, en el marco de las acciones de prestación de servicios de salud públicas, que se interne a la recurrida hasta que de a luz o bien se le ordene someterse a un tratamiento para el consumo de alcohol y drogas, evaluando su ingreso a maternidad en carácter de internada a contar del octavo mes de embarazo.

Segundo: Que, debidamente notificada la recurrida no evacuó informe.

Tercero: Que solicitado informe al Hospital de Puerto Montt, éste remitió los antecedentes obtenidos mediante su asistente social respecto de la paciente y señala que es efectivo su baja adherencia a tratamiento ambulatorio por crisis epilépticas no obstante que una vez dada su alta, se ha mantenido bajo control.

Cuarto: Que el artículo 1º de la Constitución Política de la República señala en su inciso segundo que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y agrega en su inciso cuarto que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Quinto: Que, por su parte el artículo 19 Nº1 de la Carta Fundamental refiere que: “La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”.

Sexto: Que a su vez, el artículo 75 del Código Civil prescribe: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”.

Séptimo: Que, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 4º que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

Octavo: Que en la audiencia celebrada en esta sede, la apoderada de la recurrente solicita que se considere la internación en el Hospital de esta ciudad al menos hasta el día 23 de octubre, fecha en que se encuentra programada una audiencia ante el tribunal de familia de esta ciudad, en que se puedan adoptar otras medidas de intervención con la recurrida, lo que a su vez resguarda también el legítimo ejercicio de los derechos de ésta mediante el principio de inmediación que no ha podido garantizarse en esta sede ante la incomparecencia de la recurrida.

Noveno: Que, así las cosas, estimando estos sentenciadores que se encuentran en una posición jurídico normativa que les impone el deber de adoptar todas aquellas medidas que aparezcan como necesarias e urgentes para el resguardo de los derechos del que está por nacer, propendiendo de esta forma a asegurar el futuro ejercicio de sus derechos fundamentales y siendo aquella una finalidad prevalente del Estado, es posible adoptar aquellas acciones tendientes brindar la debida protección de las condiciones de gestación que le permitan aumentar las probabilidades de un desarrollo adecuado y por ende, disminuir aquellas en torno a la existencia de riesgos asociados a las conductas desplegadas por la madre.

Décimo: Que lo razonado, debe ponderarse además con el derecho de la recurrida a no verse expuesta a ningún tipo de violencia estatal, ya sea farmacológica, obstétrica o de cualquier otra índole, lo que se desprende de la aplicación cabal del contenido obligacional que emana de la Convención de Belem do Pará, por lo que debe tenerse en consideración la aplicación de las medidas que se decreten buscando asegurar la vida del que está por nacer a través de la menor intervención estatal en la esfera privada de la recurrida.

Undécimo: Que en ese orden de ideas, aparece como debidamente justificada y proporcional en relación al riesgo que se denuncia, la internación de la recurrida en el Hospital de esta ciudad hasta la celebración de la audiencia citada ante el Tribunal de Familia que conoce del caso, a celebrarse el día 23 del mes de octubre del presente año, debiendo ser conducida de manera compulsiva solo en el caso que sea necesario y se adopten las medidas que sean pertinentes y legales para el cumplimiento de aquella hasta la data indicada, sin perjuicio de propender a la menor intervención posible en el marco de lo señalado en el basamento precedente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se acoge la acción interpuesta a folio Nº1, por la abogada María Verónica Martínez, en representación de la Municipalidad de Puerto Montt, en contra de Yisel nombre reservado y en favor del hijo o hija de ésta que está en gestación.

II.- Que en consecuencia, se ordena la internación de la recurrida en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Puerto Montt o en aquel que determine la jefatura de dicho centro asistencial, hasta la celebración de la audiencia del próximo día 23 de octubre del presente año ante el Tribunal de Familia de esta ciudad y sin perjuicio de las medidas que se dispongan por dicho órgano jurisdiccional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante doña María Herna Oyarzún Miranda.

Rol Protección Nº1517-2020