nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 12 de agosto del presente año, comparece doña nombre reservado, matrona, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de don nombre reservado, liquidador, en base a los hechos que relata en su libelo.

Refiere que el año 2019 inició un procedimiento de liquidación voluntaria, con el objeto de arreglar su situación financiera y recuperar su solvencia económica, causa Rol C-6481-2019 del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt. Agrega que se acogió a la ley 20.720 porque en ese momento estaba desafectada de su empleo como funcionaria civil de Carabineros y además coincidió con la crisis social, pero en abril de este año logró su reincorporación a Carabineros y empezó a pagar sus deudas en bancos, instituciones financieras y retail.

Relata que el procedimiento de liquidación voluntaria continuó, y el Tribunal ordenó el día 4 de junio la resolución de liquidación de bienes. Ante ello, presentó escrito de desistimiento del procedimiento concursal, alegando aplicación de los artículos 12 del Código Civil y 148 del Código de Procedimiento Civil, porque la ley 20.720 no establece procedimientos o requisitos distintos para dicho desistimiento. Argumenta además que es posible el desistimiento porque fue iniciado de manera voluntaria por su parte, tampoco se afectan derechos de terceros, y no existe prohibición alguna en la normativa.

Señala que se dio traslado de su solicitud al liquidador, recurrido en autos, quien se opuso, y el día 12 de agosto, vía Zoom, incautó sus bienes. Lo anterior dice, afecta su libre capacidad económica y no puede ejercer libremente la administración de sus bienes, ni tampoco sus remuneraciones. Agrega que, al momento de la audiencia, incluso el recurrido le pidió dar cuenta de sus últimas tres remuneraciones a pesar de ser inembargables, y además le pidió cuenta de su vehículo y la casa en que reside junto a sus hijos de 6 y 11 años.

Argumenta que se le provoca un fuerte agravio, al no poder disponer libremente de sus bienes, pues ha continuado pagando sus deudas, y recuperado su empleo, y no se le permitió desistirse, sin siquiera escuchar a los acreedores. Reitera que no podrá disponer de su remuneración, ni de su vehículo con el cual se traslada a su trabajo, y tampoco puede disponer de sus bienes de la forma que desea, incluso con el objeto de reorganizar su estado financiero y continuar pagando sus deudas, lo que menoscaba su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y derecho de propiedad.

Alega que el recurrido el responsable de la incautación, y no el juzgado donde se inició la causa, pues se encuentra en una etapa en que el liquidador dirige las acciones. Dice que además debe representar judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor, en cuanto puedan interesar a la masa, y jamás ha buscado un acuerdo, y tampoco dio la oportunidad a los acreedores de allanarse a su desistimiento.

Arguye que el acto arbitrario e ilegal está en el hecho que el recurrido no ha seguido el espíritu de la ley, cual es que los deudores tengan la oportunidad de reorganizarse económicamente, y no simplemente liquidarlo para velar por los intereses de los acreedores. Agrega que los bienes incautados son los únicos que posee, sus deudas las está pagando, ha logrado reorganizarse financieramente con su remuneración, y manteniendo la administración de sus bienes puede solventar sus deudas. Dice además que entorpecer su desistimiento es un capricho y arbitrariedad del liquidador recurrido, a quien solo le interesó incautar sus bienes para los acreedores, señalándole incluso expresamente en la audiencia “a mí me nombraron para liquidar todos los bienes suyos y para hacerle pago a sus acreedores”.

Pide acoger el recurso, y ordenar al recurrido se suspenda el procedimiento de incautación de la causa C-6481-2019 del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt; que no siga adelante con las incautaciones pendientes y le devuelva la administración de los bienes ya incautados, todo con costas.

Solicitada orden de no innovar, fue ésta denegada.

Evacuando informe el recurrido, liquidador concursal, pide el rechazo del recurso, con costas. Reconoce que efectivamente la actora, deudora por solicitud voluntaria, se dictó resolución de liquidación en la causa referida por ésta el día 4 de junio de 2020. Dicha resolución está firme a la fecha, produciendo sus efectos de conformidad a los artículos 129 y 130 de la Ley 20.720, entre ellos que queda inhibida de la administración de los bienes que tenía al momento de la liquidación. Además, dicha resolución de liquidación afecta igualmente el derecho de terceros acreedores, fijando irrevocablemente sus derechos.

Expresa que, dado que la resolución de liquidación reconoce el estado de insolvencia en una época precisa de la persona deudora, no es relevante al respecto si la solicitud de tal situación fue realizada en forma voluntaria o forzosa, pues en ambos casos se exponen al Juez los antecedentes fundantes que ameriten tal reconocimiento, produciéndose en ambos casos los mismos efectos jurídicos frente a la resolución de liquidación. Estos efectos determinan, que una mejora económica futura del deudor no es relevante ni afecta su estado de insolvencia resuelto. Agrega que, además, la confesión de la deudora, que ante la obtención de ingresos económicos hizo pago a acreedores, podría constituir inclusive la comisión de un delito concursal, conforme al artículo 463 bis 3° del Código Penal, además de adulterar la equidad entre los acreedores.

Argumenta que en este caso ya no procede el desistimiento, porque la norma citada por la actora supone un procedimiento aún no resuelto, siendo que la resolución de liquidación es precisamente el fallo del procedimiento, en este caso firme y ejecutoriado, no existiendo ya procedimiento de qué desistirse. No hay posibilidad en la normativa de desistirse del concurso mismo, posterior a la resolución de liquidación, que es un proceso de carácter ejecutivo, incluso donde todo pago a los deudores debe hacerse obligatoriamente a través del liquidador.

En cuanto a que supuestamente se habría opuesto a la solicitud de desistimiento, dice que, evacuando el traslado conferido, solo hizo ver al Juez en su calidad de liquidador, que se habían producido ya los efectos de la resolución de liquidación, y el Juez fallando el incidente coincidió con su interpretación jurídica. Alega que no es aceptable que solo por haber evacuado el traslado dando su parecer, se recurra de protección en su contra, por cumplir su deber y no estar de acuerdo con la deudora, pues no fue él quien denegó su desistimiento sino el Juez. En cuanto a los actos de incautación, dice que todos son propios de la Ley 20.720 y normas especiales, y son obligaciones propias del cargo, ante las cuales, de existir alguna irregularidad, la deudora debe reclamarlo directamente al Juez de la causa, conforme artículo 131 de la citada ley, y no mediante este recurso que tiene otra finalidad.

Finalmente, dice que en ningún caso podría llegar a un acuerdo con un deudor en cuanto a un desistimiento o respecto de bienes que ingresan o no al concurso, pues son materias reguladas en la ley y que deben ser resueltas por el Juez de la causa; y tampoco es su facultad dar oportunidad a los acreedores de allanarse al desistimiento, derecho que corresponde al Juez determinar y conocer. Agrega que además la normativa otorga diversos procedimientos de reorganización o renegociación previos a la liquidación; y a los liquidadores les da un rol final de liquidar los bienes en un concurso estrictamente normado y fiscalizado, a efectos de liberar finalmente al deudor de las obligaciones impagas con la liquidación de sus bienes existentes a la fecha de la resolución de liquidación, limitando su actuar al cumplimiento de ese objetivo.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho que el recurrido incautó bienes a la actora, en el marco de un procedimiento de liquidación voluntaria tramitado ante el Primer Juzgado Civil de esta ciudad, Rol C-6481-2019, y además se le imputa haber entorpecido un desistimiento presentado en dicha instancia, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de liquidación.

Lo anterior, por cuanto la recurrente estima que aquello vulnera el derecho de propiedad y su derecho a desarrollar una actividad económica; al haber actuado el recurrido de manera arbitraria y fuera de la legalidad, apartándose del espíritu de la Ley 20.720, y mirar solo al interés de los acreedores.

Pide, ordenar al recurrido se suspenda el procedimiento de incautación de la causa C-6481-2019, que no siga adelante con las incautaciones pendientes y le devuelva la administración de los bienes ya incautados, todo con costas.

Tercero: Que, por su parte, evacuando el informe solicitado, el recurrido señala en lo pertinente, que en causa Rol C-6481-2019, se dictó resolución de liquidación el día 4 de junio de 2020, la que está firme a la fecha, produciendo sus efectos de conformidad a los artículos 129 y 130 de la Ley 20.720, entre ellos que queda inhibida la deudora de la administración de los bienes que tenía al momento de la liquidación. Además, dicha resolución de liquidación afecta igualmente el derecho de terceros acreedores, fijando irrevocablemente sus derechos.

Indica que, al conferirle traslado del desistimiento presentado por la actora, solo manifestó su opinión, en el sentido que aquel no era procedente por encontrarse ya en etapa de liquidación de bienes, pero ello en caso alguno implica un actuar ilegal y arbitrario de su parte; y tampoco lo es la incautación llevada a cabo, que es solo uno de los pasos estrictamente reglados del proceso de liquidación.

Estima que no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos respecto de la recurrente, siendo del todo improcedente la acción de protección, pues de existir alguna irregularidad, la deudora debe reclamarlo directamente al Juez de la causa, conforme artículo 131 de la ley 20.720.

Cuarto: Que de lo expuesto, y conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar en autos Rol 7.980-2018, aparece que el conocimiento del asunto sustantivo que sirve de fundamento a la acción constitucional se encuentra radicado en el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, en el marco de la causa C-6481-2019 sobre liquidación de bienes, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento judicial correspondiente, que otorga a las partes las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

Quinto: Que, en este sentido, conforme se puede apreciar de la revisión vía interconexión de la causa C-6481-2019, se dictó resolución de liquidación el día 4 de junio de 2020 respecto de doña nombre reservado, persona natural contribuyente del artículo 42 N° 2 de la ley sobre impuesto a la renta, empresa deudora para los efectos de la ley 20.720, resolución firme y ejecutoriada según certificación del día 13 de agosto del año en curso.

Con fecha 4 de agosto de 2020, el abogado de la actora presentó escrito de solicitud de desistimiento del procedimiento de liquidación, del cual se confirió traslado al liquidador, y recurrido en esta causa, quien por presentación del día 10 del mismo mes indicó que debía tenerse presente el artículo 130 de la ley 20.720, en cuanto a los efectos de la resolución de liquidación sobre los bienes del deudor.

La solicitud de desistimiento fue resuelta el día 11 de agosto de 2020, por la Jueza doña Erika Stillner, quien no dio lugar a la misma y ordenó continuar con el procedimiento de liquidación, por estimar en definitiva que, desde la resolución de liquidación, que considera sentencia firme, el deudor queda inhibido de la administración de sus bienes. El día 12 de agosto la deudora repuso y apeló en subsidio de dicha resolución, cuestión que fue resuelta el día 17 de agosto del año en curso, rechazándose la reposición, y concediéndose la apelación subsidiaria en el solo efecto devolutivo.

Asimismo, se llevó a efecto audiencia de incautación de los bienes de la deudora, y el día 14 de agosto se llevó a efecto junta de acreedores, en la cual el liquidador dio cuenta de los bienes incautados, y se dejó constancia que, atendido que el abogado de la persona deudora, presentó una solicitud de desistimiento, la cual está pendiente de resolver, el remate de los bienes incautados deberá celebrarse una vez que se resuelva el desistimiento presentado, como los respectivos recursos, que recaigan en dicho incidente.

Sexto: Que, de lo expuesto precedentemente, y del libelo de la actora, debe tenerse en consideración que lo atacado por esta vía son resoluciones judiciales y actuaciones del liquidador, dictadas y efectuadas en un proceso legalmente tramitado, lo cual supone que las mismas están sometidas a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación, como hizo la actora precisamente al apelar de la resolución que no dio lugar a su desistimiento.

Séptimo: Que, desde este punto de vista, no aparece lógico ni acertado que por esta vía constitucional de protección se adopten decisiones de índole jurisdiccional, que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos legalmente tramitados.

Octavo: Que, de esta forma, tratándose de actuaciones y resoluciones judiciales, y encontrándose la situación controvertida actualmente bajo el imperio del derecho, sumado a la circunstancia que la recurrente ha apelado de la negativa a su desistimiento, cuestión que en definitiva permitió que el procedimiento concursal, con la correspondiente incautación siguiera adelante, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar.

A mayor abundamiento, la propia Ley 20.720, en su artículo 131 establece expresamente que todas las cuestiones que se susciten entre el Deudor, el Liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación serán resueltas por el tribunal en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que la propia norma establece.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Redacción a cargo de la Ministra Titular doña Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Protección Rol Nº 1510-2020.