nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, cinco de junio de dos mil veintiséis Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1503-2025- Protección, doña nombre reservado, abogada, por la Agente Policial acogida a retiro temporal de la Policía de Investigaciones, doña nombre reservado, dedujo acción de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado General de la PDI y nombre reservado y Soporte de Operaciones; nombre reservado, Comisario de la PDI, contralora de inspectoría Chiloé; y de nombre reservado, Subprefecto de la PDI, jefa de la Bicrim nombre reservado, ello en base a la emisión de la Resolución Exenta RA N°380/1918/2025 de la Policía de Investigaciones de Chile, que aplicó la acción de prestigio institucional.

Afirmó que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile, concretamente al Centro de Capacitación Profesional luego de sortear las etapas para ingresar como agente policial de dicha institución, poseyendo título profesional de Ingeniera en Prevención de Riesgos y Gestión de Sistemas Integrados. Lo anterior se produjo el 17 de febrero de 2022 en calidad de contrata, teniendo la actora una formación académica de un año, egresando de dicho centro y destinada a la Brigada de Investigación Criminal de nombre reservado, donde comenzó a ejercer labores el 16 de enero de 2023, percibiendo remuneración y cotizando en AFP, debido a su calidad de contrata, en el grado 18° del escalafón respectivo, pasando al grado 17 el 01 de septiembre de 2025 por la dictación de la ley 21.731 y el encasillamiento provocado por la misma, lo cual hizo operar, de pleno derecho, el goce de derechos establecidos en el DFL N°1 de 1980 del Ministerio de Defensa, Estatuto del Personal de la PDI, en relación con los derechos funcionarios de la Ley N°18.834, entre ésta la estabilidad en el empleo, ascenso, uso de feriados, permisos licencias, remuneraciones conforme al Decreto N°135 del Ministerio del Interior, asistencia por accidentes en actos de servicios, defensa, capacitación y las prestaciones sociales, estando en consecuencia, como titular de planta.

Luego, indicó que la acción de prestigio institucional no tiene una regulación especial dentro de la normativa de la PDI sino que se enmarca en la costumbre institucional que se origina por una comunicación administrativa originada por un hecho concreto, eventualmente susceptible de responsabilidad administrativa, detectado en virtud de las potestades de fiscalización del jefe de unidad o de los organismos de control interno o incluso de la propias autoridades con potestades disciplinarias, que se canaliza hasta llegar hasta la autoridad policial respectiva que emite una decisión administrativa a través de una resolución que tiene el efecto de hacer cesar de funciones a funcionarios por el llamado a retiro temporal, por considerar que los hechos afectan gravemente la probidad administrativa o el prestigio de la institución, la cual se extrae de los artículos 90 letras b) y por el articulo 93 letra c) del Estatuto del Personal de la PDI.

Sobre ello, expuso que la ley no se describe las conductas comprendidas, las cuales quedan al libre criterio de la autoridad respectiva, quedando en el afectado en indefensión cuando los hechos aseverados no son reales o distintos, pudiendo optar a la vía recursiva del al artículo 54 de la Ley N°19.880 o ejercer la acción de protección.

Luego de transcribir el contenido de la resolución exenta recurrida RA N° 380/1918/2025 que dispuso el retiro temporal de la actora, indicándose entre sus fundamentos la detección, por medio de una auditoría efectuada a las claves de acceso institucionales que la actora realizó entre el 15.12.2024 y el 08.04.2025, un total de 297 consultas por cédula de identidad, nombres y/o placas patentes de vehículos, de las cuales 61 consultas, no pudieron ser justificadas y/o asociadas a Informes Policiales, todo lo anterior mientras se encontraba cumpliendo funciones con normalidad, es decir, sin feriado legal, permisos con goce o sin goce de remuneraciones u otros, realizando búsquedas de 34 personas, algunas de las cuales fueron consultadas en más de una oportunidad, asimismo, efectuó 02 consultas en el referido sistema a una misma placa patente, entre ellas, a la de un familiar de la funcionaria recurrente y efectuada con fines particulares, disponiéndose el inicio de un sumario al respecto. Agrega la misma que la recurrente informó que a fines del 2024, formalizó ante el Servicio de Impuestos Internos su inicio de actividades, por cuanto, fuera de su jornada laboral, realiza labores esporádicas como “anfitriona”, mediante contrato en modalidad part-time, para eventos en la empresa Enjoy S.A.

Sostuvo la pérdida de vigencia de la medida, toda vez que el sumario administrativo diluye la gravedad de las imputaciones, dado que el mismo aplicó como sanción dos días de permanencia en el cuartel pero no la separación del cargo o baja por mala conducta y razonando que los hechos no afectan a la probidad administrativa, agregando que el caso de la iniciación de actividades ante el SII, es incorrecta, toda vez que si bien existe una iniciación de actividades, es de fecha 14 de diciembre de 2019 al igual que la emisión de una única boleta de honorarios del mismo año, es decir previo a su ingreso a la Institución, por lo que el fundamento para su retiro temporal carece de proporcional y justificación, refiriéndose a antecedentes tributarios previos a su ingreso a PDI.

Afirmó la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución Política, razón por la cual solicita que se acoja la presente acción, dejando sin efecto la Resolución Exenta RA N° 380/1918/2025.

Al evacuar el informe de rigor, don nombre reservado, abogado, por don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señalando que mediante el Oficio (R) N°122, de 31 de julio de 2025, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, se informó a la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, de los hechos en los cuales participó la recurrente de dotación de la Brigada de Investigación Criminal nombre reservado, habiéndose detectado por la Contralora de la Prefectura Provincial Chiloé por medio de una auditoría efectuada a las claves de acceso institucionales de la funcionaria en referencia, que en el Sistema Integrado de Búsqueda de Información, realizó entre el 15.12.2024 y el 08.04.2025, un total de 297 consultas por cédula de identidad, nombres y/o placas patentes de vehículos, de las cuales 61 consultas, no pudieron ser justificadas y/o asociadas a Informes Policiales, todo lo anterior mientras se encontraba cumpliendo funciones con normalidad, es decir, sin feriado legal, permisos con goce o sin goce de remuneraciones u otros, reiterando lo señalado por la actora en su recurso.

Por lo anterior, expuso que, sin perjuicio de las eventuales sanciones administrativas y/o penales que pudiesen derivar de los hechos descritos, se adquirió la convicción que la recurrente habría tenido conductas inaceptables y contrarias a la doctrina Institucional, al haber transgredido el principio de la probidad administrativa, contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 52 y siguientes de la Ley Nº 18.575 y artículo 136 bis, del DFL Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, así como el Estatuto de Ética de la informante.

En virtud de ello, se estimó procedente la aplicación del retiro temporal de la actora mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 93 letra c) del del DFL Nº 1 que fija el estatuto de la PDI, disponiéndose a su vez de un sumario administrativo cuyo dictamen, de fecha 10 de octubre de 2025, sancionó a la recurrente con dos días de permanencia en el cuartel a recurrente, por cuanto se logró establecer que ésta efectuó treinta y cuatro (34) consultas sin justificación en las fuentes de información institucionales, haciendo con ello un uso injustificado e indiscriminado de las claves institucionales, determinándose además que no se logró establecer una ganancia pecuniaria en la entrega de la misma a personas naturales o bien, facilitación de dicha información que sea constitutivo de riesgo para el desarrollo de las investigaciones policiales.

Agregó que el artículo 93 letra c) del D.F.L. N° 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, faculta al director general para disponer el alejamiento de los servidores de nombramiento institucional, como es el caso de la actora, medida estatutaria que no constituye la aplicación de una sanción disciplinaria conforme lo dispuesto en el Dictamen N° 15.684, de 2011, de la Contraloría General de la República. Ello es una facultad entregada por ley y no se corresponde a lo que la recurrente llama acción de prestigio institucional que no encuentra regulación legal, no siendo caprichosa la resolución objetada por aquella.

Refirió, además, que el retiro temporal es independiente de la responsabilidad administrativa, lo cual estaría avalado por jurisprudencia que invoca en tal sentido, agregando que la desvinculación de la recurrente se ha efectuado conforme a la ley, no existiendo en definitiva vulneración a las garantías fundamentales invocadas en la especie.

Asimismo, al evacuar el informe don nombre reservado, abogado, por doña nombre reservado, reiteró los hitos que dan origen a la resolución impugnada en los términos señalados por la actora y el informe que consta a folio 15, agregando que el artículo 93 letra c) del D.F.L. N° 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile le confiere al señor Director General la facultad para disponer el alejamiento de los servidores de nombramiento institucional, calidad que tenía la recurrente de autos.

Luego, indicó que dicha atribución, considerada una medida estatutaria a través de la cual esa superioridad ordena la baja de un funcionario, no constituye la aplicación de una sanción disciplinaria, sino que se trata de una determinación que tiene por objeto resguardar el prestigio de esa entidad policial y prevenir el perjuicio que podría acarrear la mantención de empleados involucrados en hechos inconvenientes, lo que ocurrió en la especie, citando jurisprudencia administrativa a dichos efectos.

En cuanto a cada uno de los argumentos vertidos por la actora en estos autos, reiteró las alegaciones señaladas en el informe que consta a folio 15 de estos autos, insistiendo en la inexistencia de vulneración de garantías fundamentales en la especie, solicitando tener por evacuado el informe solicitado a su parte.

Finalmente, consta informe evacuado por nombre reservado, abogado, por doña nombre reservado en los mismos términos de los otros recurridos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción de Protección de Garantías Constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de tutela urgente de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, y de lo referido en sus respectivos libelos, es posible establecer que la actora ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile en el año 2022, primero en calidad de contrata, para luego, en 2023, luego de la respectiva formación académica, ser destinada a la Brigada de Investigación Criminal de nombre reservado, desde el mes de enero de 2023, pasando al grado 17, el 01 de septiembre de 2025 por la dictación de la ley 21.731.

Asimismo, se estableció que, mediante el Oficio (R) N°122, de 31 de julio de 2025, emanado de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, se informó a la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, de los hechos en los cuales participó la recurrente de dotación de la Brigada de Investigación Criminal nombre reservado, habiéndose detectado por la Contralora de la Prefectura Provincial Chiloé por medio de una auditoría efectuada a las claves de acceso institucionales de la funcionaria en referencia, que en el Sistema Integrado de Búsqueda de Información, realizó entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de abril de 2025, un total de 297 consultas por cédula de identidad, nombres y/o placas patentes de vehículos, de las cuales 61 consultas, no pudieron ser justificadas y/o asociadas a Informes Policiales, todo lo anterior mientras se encontraba en funciones.

Producto de lo anterior, se dictó la Resolución Exenta RA N°380/1918/2025 de la Policía de Investigaciones de Chile, que aplicó a la recurrente la acción de prestigio institucional y dispuso el retiro temporal de la actora. Asimismo, se inició un procedimiento administrativo el que finalizó con la aplicación de una sanción de dos días de permanencia en el cuartel respectivo.

Cuarto: Que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y de los antecedentes aportados por las partes, es posible concluir que la denominada acción de prestigio institucional no tiene una regulación especial dentro de la normativa de dicha institución, sino que se enmarca en la costumbre institucional que se origina por una comunicación administrativa originada por un hecho concreto, eventualmente susceptible de responsabilidad administrativa, detectado en virtud de las potestades de fiscalización del jefe de unidad o de los organismos de control interno o incluso de la propias autoridades con potestades disciplinarias, que se canaliza hasta llegar hasta la autoridad policial respectiva que emite una decisión administrativa a través de una resolución que tiene el efecto de hacer cesar de funciones a funcionarios por el llamado a retiro temporal, por considerar que los hechos afectan gravemente la probidad administrativa o el prestigio de la institución, la cual se extrae de los artículos 90 letras b) y por el articulo 93 letra c) del Estatuto del Personal de la PDI.

Quinto: Que, en la especie, del examen de la resolución objeto de esta acción, esto es, la RA N° 380/1918/2025, es posible desprende que el retiro temporal de la actora se fundó en que, por medio de una auditoría efectuada, se pudo detectar que la recurrente, en el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de abril de 2025, efectuó consultas por cédula de identidad, nombres y/o placas patentes de vehículos, de las cuales 61 de ellas, no pudieron ser justificadas y/o asociadas a Informes Policiales, todo lo anterior mientras se encontraba cumpliendo funciones. Asimismo, efectuó 02 consultas en el referido sistema a una misma placa patente, entre ellas, a la de un familiar de la funcionaria recurrente y efectuada con fines particulares. Agrega la misma, que la recurrente informó que, a fines del 2024, formalizó ante el Servicio de Impuestos Internos su inicio de actividades, por cuanto, fuera de su jornada laboral, realiza labores esporádicas como “anfitriona”, mediante contrato en modalidad part-time, para eventos en la empresa Enjoy S.A.

Sexto: Que según lo reconocido por las propias recurrida, dichos hechos dieron inicio a un sumario administrativo que culminó con la sanción de dos días de permanencia en el cuartel respectivo, sin que se haya sancionado con la separación del cargo o baja por mala conducta.

Séptimo: Que, de esta forma, aparece que efectivamente la recurrida si bien cuenta con habilitación legal para disponer el retiro temporal, a juicio de esta Corte, dicha facultad no se encuentra justificada en la especie, por cuanto, no obstante los hechos denunciados, estos culminaron con la imposición de una sanción de menor entidad, lo que ratifica la idea de la concurrencia de una falta que no es posible enmarcar como grave, teniendo además presente que la responsabilidad administrativa es independiente a otro tipo de responsabilidad.

De tal manera que, habiéndose afinado el respectivo sumario administrativo, no procede la mantención del retiro temporal, resultando desproporcionado, máxime si se le aplicó una sanción de entidad menor por los hechos que motivaron el respectivo retiro temporal.

No es posible, en esta sede, dar plausibilidad a lo dicho por el apoderado de la recurrida en estrados, en el sentido de que se habría reabierto el sumario administrativo, por no haberse acompañado ningún antecedente que sustentara dicha alegación.

Octavo: Que, por lo expuesto, aparece que la decisión de la recurrida relativa al retiro temporal de la actora carece de proporcional y justificación, pues la desvinculación de la institución queda supeditada, en definitiva, al mero capricho de la recurrida, sin tomar en consideración lo que se resolvió en la instancia administrativa sumarial.

La facultad que se ejerció debía cumplir con los requisitos legales y ser debidamente fundada, lo cual, esta Corte estima no ha ocurrido en la especie, lo que ha devenido en la dictación de un acto arbitrario e ilegal, que vulneró las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debiendo, por tanto, acogerse la acción constitucional en los términos que se indicarán.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se acoge la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de nombre reservado General de la PDI y nombre reservado y Soporte de Operaciones; nombre reservado, Comisario de la PDI, contralora de inspectoría Chiloé; y de nombre reservado, y, en consecuencia, se les otorga tutela urgente en el sentido que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N° 380/1918/2025 de fecha 26 de septiembre de 2025, que dispuso su retiro temporal de la institución, sin perjuicio de lo ya resuelto en el sumario administrativo afinado que le aplicó la sanción de dos días de permanencia en el cuartel respectivo, por los hechos objeto de dicha investigación.

II.- Que cada parte pagará sus costas, por tener motivos plausibles para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Báez.

No firma el Ministro señor Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con feriado legal.

Rol Protección N°1.503-2025.