Protección contra Universidad de Los Lagos Puerto Montt

Puerto Montt, veintinueve de julio de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 5, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Universidad de Los Lagos Puerto Montt, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos, representada legalmente por el Tesorero Regional don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, toda vez que éstos han incurrido en un acto y/o omisión arbitrario e ilegal, que ha significado privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en especial la prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a fin de que se adopten todas aquellas medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 31 de mayo de 2013, consultó en la página de internet del Servicio de Impuestos Internos, respecto de su declaración de impuestos a la renta año 2013, a fin de saber cuándo le llegaría la devolución de impuestos solicitada por la suma de $ 521.657, tomando conocimiento que si bien la declaración de impuestos se encontraba aceptada por el SII, y la devolución de $ 522.700, estaba autorizada y a continuación se señalaba que Tesorería General de la República había efectuado retención por la suma de $ 522.700.

Expone que concurrió hasta la Tesorería Regional a requerir información la primera semana de junio de 2013 y se le informó que la retención correspondía a la deuda de crédito fiscal con la Universidad de Los Lagos de Puerto Montt, sin embargo dice que no tiene deuda alguna con la recurrida universidad.

Indica que el primer semestre del año 1986, egresó de su carrera y dos años después en 1988 le llegó una carta de cobro de su crédito fiscal, contactándose telefónicamente con la universidad, quienes le dieron la posibilidad de pagar la totalidad de su crédito en 8 cheques, todos los cuales fueron cobrados mensualmente en su totalidad, posteriormente le enviaron una carta de agradecimiento por el pago de esta deuda.

Agrega que alrededor del año 2003, le comenzaron a cobrar una cuota del crédito que había quedado pendiente, explicándoles que dicho crédito había sido pagado entre el año 1988 y 1989, con los 8 cheques y luego de reiteradas insistencias reconocieron y confirmaron dicho pago, el cual por error había sido imputado el año 1995, o sea, 6 años después de haberlo hecho efectivamente.

Argumenta que la deuda fue pagada íntegramente en los años 1988 y 1989, prueba de aquello es que nunca se protestó el pagaré referido a dicha deuda y que desde 1989 hasta el año 2012, nunca le había sido retenida su devolución de impuestos, menos se le notificó de alguna gestión preparatoria, demanda o cobro de ninguna especie, por lo que la universidad al ordenar a Tesorería la retención de los dineros por una deuda inexistente, ya pagada, incurrió en una conducta arbitraria e ilegal, que afecta su derecho de propiedad, pues los dineros de la devolución de impuestos de la operación renta 2013, son de su propiedad absoluta y exclusiva.

Dice que dicho actuar sería arbitrario, pues carece de toda justificación o fundamento jurídico y fáctico, dependiendo únicamente de la voluntad caprichosa, abusiva de la universidad e ilegal, porque es inconstitucional y contraria al artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política.

Solicita, se acoja el presente recurso, disponiendo se restablezca el imperio del derecho mediante la devolución y/o pago sea por la recurrida universidad o por la Tesorería Regional de Los Lagos, del total de los dineros que le fueran retenidos de $ 522.700, o por la suma que se determine conforme al mérito de autos, con costas.

A fojas 1 y siguientes, el recurrente acompaña a su recurso, los siguientes documentos:

1.- Informe de Dicom del actor, no presenta morosidades;

2.- Consulta de estado de declaraciones de renta, total a pagar $ 521.657, la cual fue aceptada por SII y 17 de mayo de 2013, Tesorería General de la República ha efectuado retención por $ 522.700, sobre el monto autorizado.

A fojas 9, se acoge a tramitación el presente recurso solicitando informe a los recurridos.

A fojas 18, don Alejandro Muñoz Gómez, abogado, en representación del Servicio de Tesorerías, evacúa el informe solicitado, señalando que el 31 de mayo del presente año, se procedió a retener la totalidad de la devolución de renta a que tenía derecho el actor por el ejercicio comercial 2012, año tributario 2013, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 1 de la Ley 19.989 que establece facultades especiales a la Tesorería General de la República, respecto del cobro de deudas con el fondo de crédito solidario.

Señala en cuanto al marco legal, son aplicables la Ley 19.848 que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior, publicada en Diario Oficial con fecha 27 de diciembre del año 2002, y la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General respecto de la recaudación de las sumas adeudadas por concepto de crédito fiscal universitario, publicada el 31 de diciembre de 2004.

En cuanto al fondo, y a la supuesta ilegalidad o arbitrariedad de la retención, no concurre en este caso, pues actuación del servicio es ajustada a derecho, pues en virtud del artículo 1 de la Ley 19.989, se procedió a retener la devolución de remante de renta a que tenía derecho el actor, por lo que mal podría calificarse el acto como ilegal o arbitrario.

En cuanto al supuesto pago de la deuda que motivó la retención de fondos, ello no consta al servicio de Tesorerías, más aun considerando que la retención de fondos se realiza por requerimiento expreso de la universidad.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso por no existir acto ilegal o arbitrario del recurrido.

A fojas 15 y siguientes, Tesorería Regional acompaña una consulta de estado de renta del actor, señalando deuda con la Universidad de Los Lagos por 43,18 UTM, y consulta de estado de retenciones por $ 522.700.

A fojas 33, don nombre reservado, rector de la Universidad de Los Lagos, evacúa el informe solicitado, señalando que el actor tiene un crédito fiscal universitario según pagaré N° folio 009435, de 1982, por 11,60 UTM, pagaré N° 52208 de 1983, por 12,12 UTM, pagaré N° 0108274 de 1984 por 5,47 UTM, los cuales a la fecha se encuentran en morosidad, por lo cual se procedió a informar a través de publicación en diario La Nación de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 297, que indica el procedimiento para avisar de retenciones de devolución de impuesto a la renta por parte de Tesorería General de la República, publicación que se efectuó en los dos últimos años a través del Consejo de Rectores, y las fechas para la publicación año 2012, fue 10 de febrero 2012 y para año 2013, el 11 de febrero 2013. Además dice que no se ha recibido interposición de aclaración de la retención publicada a efectuar.

Señala que a la fecha se encuentra el actor con la totalidad de su crédito en cobro, habiendo pagado las cuotas de los años 1989 a 1994 y aún mantiene morosidad de las cuotas de 1995, 1996 y 1997, y la morosidad publicada en diario es actualizada con los intereses penales al mes de marzo.

Dice que se han efectuado 8 pagos y cancelado por ende las cuotas de los años 1989 a 1994, por lo que se efectuó la retención, la cual se ha rebajado de su deuda de crédito en forma proporcional al capital e interés penal que corresponde abonar a la fecha en que se hace efectiva la retención, la cual se realizó el 17 de mayo de 2013, por $ 522.700.

Hace presente que la razón por la cual la deuda ha crecido, es debido a la aplicación de los interese penales aplicados de acuerdo a la Ley de Crédito Fiscal, que indica una tasa de 1,5% por mes o fracción de mes que se atrase el deudor en el pago de la cuota calculada desde el vencimiento de la misma, señalando que se modificó el interés por un 1% desde marzo de 2012 por aplicación de la Ley de Reprogramación N° 20.572 del año 2012.

A continuación detalla deuda del actor con la universidad, del año 1995 correspondiente a 1,979 UTM, año 1996 por 14,434 UTM y año 1997 por 13,801 UTM, y que la retención de la devolución de impuesto del actor fue abonada a la cuota del año 1995 por 3,195 UTM, lo que se envió a la domicilio reservado, por lo que al no existir actualización de la dirección del recurrente, se procede a publicar en un diario de circulación nacional, de que mantiene a la fecha deudas con la universidad.

Agrega que de acuerdo a legislación vigente se procedió a informar a través de las publicaciones en diario la retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de Tesorería.

Destaca que conforme al Decreto N° 297 los deudores que figuran en la nómina publicada tendrán el plazo de diez días hábiles desde la presente notificación, entendiéndose notificado el deudor desde la publicación, para solicitar por escrito al administrador general del fondo solidario respectivo, ser eliminado de los registros de retención correspondiente al respectivo año, en el evento que se encuentre en condiciones de acreditar la regularización de la deuda indicada en la mencionada nómina y a la fecha la universidad no ha recibido interposición de aclaración de la retención publicada, y como consecuencia de ello no es dable determinar que el recurrente mencione como fundamento de su recurso que se encuentra al día en el pago, por lo que es un hecho cierto que la universidad y la Tesorería han actuado amparados en disposiciones legales vigentes.

Precisa que la universidad ha dado cumplimiento a todas las exigencias consignadas en la legislación que regula la materia, y sobre esta base no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal de parte de la universidad, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas, declarando que el actuar de la universidad es ajustado a derecho, cumpliendo con todos los requisitos del Decreto N° 297.

A fojas 25 y siguientes, la universidad recurrida acompaña los siguientes documentos:

1.- Informe de don nombre reservado de 17 de julio de 2013, administrador fondo solidario de crédito universitario;

2.- Copia de tres pagarés.

A fojas 40, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquier persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del tribunal a quien el propio constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que la acción cautelar deducida, se fundamenta por la recurrente en que se habría afectado gravemente la garantía constitucional prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numeral 24, por cuanto pese a haber pagado su deuda por crédito solidario con la Universidad de Los Lagos, por medio de ocho cheques cobrados entre los años 1988 y 1989, Tesorería General de la República, por orden de la primera, retuvo su devolución de impuestos del año 2013, ascendente a $ 522.700, por supuestamente encontrase moroso en el pago de dicha deuda, lo que constituiría un acto arbitrario e ilegal, al no mantener ninguna deuda pendiente con la universidad.

CUARTO: Que corresponde en consecuencia, establecer si la medida adoptada por la Universidad de Los Lagos, a través de Tesorería General de la República, se encuentra ajustada a la normativa legal.

A este respecto, el D.F.L. N° 4, de 24 enero de 1981, fijó las normas sobre financiamiento de las universidades, en su título II, estableció un crédito fiscal universitario, e l cual rigió desde 1981 a 1986, época en la que fue sustituido por el sistema de fondo solidario de crédito universitario, regulado por Ley N° 18.591 de 1987, modificada por Ley N° 19.287, de 4 de febrero de 1994, cuyo artículo 20 estableció que para todos los efectos legales dicho fondo y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, de manera que toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecha, por el sólo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de créditos universitarios o a sus administradores generales.

A su vez, de acuerdo al artículo 9 de la Ley 19.848 que establece nuevas norma para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la Educación Superior y al artículo 1 de la Ley 19.989, que establece las facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley 19.848, se autoriza a ésta última para retener de la devolución de impuestos a la renta que correspondiera anualmente a los deudores del crédito solidario, los montos que se encuentren impagos según lo informado por el respectivo administrador del fondo solidario, en la forma que lo establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Asimismo, el artículo 1 del Decreto N° 297 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de Tesorería General de la República, establece que el administrador informará a dicho organismo de las deudas que existan, por concepto de crédito solidario universitario. De igual forma, en sus artículos 2 y siguientes se establece el procedimiento a seguir en estos casos, estableciendo que se notificará a los deudores sea por carta certificada o por aviso, que consiste en una publicación en un diario de circulación nacional. Además, una vez notificado el deudor de que será sujeto de retención de impuestos por deudas vencidas e impagas, podrá solicitar la aclaración de su situación en caso que considere la extinción de la obligación o bien porque estima que el monto es incorrecto, todo ello dentro de los días 10 siguientes, contados desde su notificación, y una vez finalizado el proceso de reclamo, se remitirán las nóminas de deudas vencidas e impagas a Tesorería General de la República, para que proceda a la respectiva retención de devolución de impuesto a la renta.

QUINTO: Que de acuerdo a lo señalado por el actor en su recurso, éste habría sido deudor de crédito universitario, egresando de la universidad recurrida el primer semestre del año 1986, y se le cobró dicho crédito a contar de 1988, pagando ocho cuotas de dicho crédito entre los años 1988 y 1989, sin embargo a consecuencia de la Ley 19.287, publicada el 4 de febrero de 1994 en el Diario Oficial, el actor pasó a ser deudor del fondo solidario de crédito universitario.

Asimismo, del informe de fojas 25 y siguientes de autos, de fecha 17 de julio de 2013, del administrador del fondo solidario de crédito universitario, don nombre reservado, señala que el actor a la fecha, se encuentra con la totalidad de su crédito en cobro, habiendo cancelado las cuotas de los años 1989 a 1994, al hacerse ocho pagos, manteniendo morosidad de las cuotas años 1995, 1996 y 1997, por lo cual habiéndose notificado al actor por medio de publicación en Diario La Nación respecto de la retención a la devolución de impuesto a la renta, esto al no existir una actualización por parte del actor respecto a su domicilio, quien además no interpuso una aclaración, con lo cual se procedió a la retención de su devolución de impuestos por $ 522.700. Agrega que la deuda ha crecido producto de la aplicación de intereses penales.

SEXTO: Que todo lo anterior, permite concluir que el actor mantiene una deuda por fondo solidario crédito universitario, correspondiente a los años 1995 a 1997 ascendente a 30,214 UTM, incluidos los intereses penales, lo que en pesos y de acuerdo al valor de UTM a fecha de la retención de la devolución de impuestos correspondería aproximadamente a $ 1.217.201, por lo que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de los recurridos, por cuanto de la normativa mencionada en el considerando cuarto, se estima que su accionar se encuentra plenamente facultado por el artículo 9 de la Ley 19.848 y artículo 1 de la Ley 19.989, así como el Decreto N° 297, por cuanto de acuerdo a los antecedentes que se acompañan, lo que procedía era luego de su inclusión en la nómina de deudores morosos de crédito universitario solidario, retener su devolución de impuestos correspondiente al año 2013, atendida su morosidad en el pago de dicho crédito.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, el actor no acreditó haber pagado la totalidad del crédito, sólo menciona haber realizado pagos con ocho cheques entre los años 1988 y 1989, lo que se condice con lo señalado por el administrador del fondo solidario de crédito universitario, en cuanto a que se habrían solucionado ocho cuotas, correspondientes a los años 1989 a 1994, sin que se acreditara el pago de las restantes, lo que de acuerdo al artículo 14 de la Ley 19.287, ello se documenta con el certificado que emita el administrador general de cada fondo. Además correspondía al actor la obligación de actualizar su domicilio ante el ente administrador de dicho fondo, a fin de realizar las notificaciones pertinentes, y así mantenerlo informado de su situación de morosidad, lo que no hizo, por lo que se le notificó de dicha retención, por medio de avisos en un diario de circulación nacional, de acuerdo artículo 3 del Decreto N° 297, sin perjuicio que las nóminas de deudores morosos son públicas, de acuerdo a los artículo 14 D.F.L. N° 4 de 1981, del Ministerio de Educación y el artículo 15 de la ley N° 19.287.

OCTAVO: Que por lo señalado anteriormente, no se aprecia una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 numeral 24 de nuestra Constitución Política, al no existir un acto arbitrario o ilegal por parte de los recurridos, por lo que de acuerdo a lo razonado precedentemente, estos sentenciadores, deberán rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 5, por don nombre reservado, en contra de la Universidad de Los Lagos Puerto Montt, representada por don nombre reservado, y de la Tesorería Regional de Los Lagos, representada por don nombre reservado .

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Presidenta doña nombre reservado.

Rol N° 150- 2013.- Pronunciada por la Primera Sala integrada por la Presidenta doña nombre reservado, el Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo, y el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García. Autoriza el Secretario Subrogante don Juan Pedro Cárdenas Bahamonde.

En Puerto Montt, a veintinueve de julio de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.