nombre reservado con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT

Puerto Montt, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos.

A folio 1 comparece nombre reservado, en representación de Cruz del Sur S.A., e interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., Administradora de Fondos de Cesantía AFC y Dirección del Trabajo, todos con domicilio en la ciudad de Puerto Montt conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone en su recurso.

Señala que, los recurridos han efectuado actuaciones arbitrarias e ilegales en contra de CRUZ DEL SUR SA., lo que amenaza en forma clara sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 número 2 , 3, 4, 21 Y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto no acataron en tiempo y forma la solicitud de eliminar de las bases de datos de Dicom Equifax una supuesta deuda previsional, que no existe. Indica que, copia del certificado de deudas emitido por Dicom Equifax se acompaña en un otrosí. Sostiene que, con fecha 30 de diciembre de 2024 tomó conocimiento de que las recurridas publicaban como morosa a su representada por las sumas y conceptos que señala en su libelo, por lo que, sostiene, concurre a las oficinas de las recurridas, y le dicen que no es posible eliminar dicha data, que está bien publicada, y que solo pagando las supuestas morosidades, se dejarán de publicar en forma automática el pago.

En cuanto al acto impugnado, argumenta que, el acto arbitrario e ilegal por el cual se solicita protección, es un hecho indubitado, ya que, indica, pese a que las recurrida han sido informados oportunamente del error en la información que transmiten, hacen aparecer a la recurrente en autos, como moroso de una deuda que no existe, y nada han hecho para evitar violarlas garantías constitucionales ya precisadas, sosteniendo que el acto impugnado constituye un acto positivo, de carácter jurídico que por su forma y contenido es ilegal y arbitrario; y que por sus efectos jurídicos vulnera importantes derechos constitucionales del recurrente.

Luego de citar doctrina y jurisprudencia al efecto, solicita se acoja el recurso y en definitiva se resuelva que las recurridas deben proceder a eliminar toda información que hace aparecer como deudora morosa de una deuda que no existe a la Sociedad Cruz del Sur S.A.

Acompaña a su recurso: 1) Certificado de informes comerciales de fecha 4 de julio de junio del 2023; 2) Estatutos de la sociedad CRUZ DEL SUR SA.; 3) Declaración Jurada de don nombre reservado, que declara haber trabajado ad honorem.

A folio 13 evacúa informe la recurrida Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso, pues el proceder de dicho Servicio se ha enmarcado en todo momento dentro de la esfera de sus atribuciones y facultades legales. En primer término, cabe precisar que en concordancia con lo establecido en el artículo 43 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es la Dirección del Trabajo la encargada de la confección, difusión o comunicación de la información contenida en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. La recopilación y administración de estos datos se efectúa para fines de fiscalización del cumplimiento efectivo de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este Servicio.

Además de la norma precedentemente citada, señala que, en nuestro ordenamiento jurídico existen numerosas disposiciones legales que autorizan a dicho Servicio a recopilar, difundir y administrar datos que versan sobre el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de salud, tales como: a) El artículo 19 del D.L. Nº 3.500, que dispuso la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo del cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores sobre la retención y pago de las cotizaciones previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyo incumplimiento se traduce en sanciones administrativas que este Servicio está facultado a aplicar; b) El artículo 30 de la Ley Nº 18.933, que dispuso la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo del cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores sobre la retención y pago de las cotizaciones para salud a las Instituciones de Salud Previsional, cuyo incumplimiento se traduce en sanciones administrativas que este Servicio está facultado a aplicar; c) El artículo 505 del Código del Trabajo, que determina que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral corresponderá a la Dirección del Trabajo, y dentro del ejercicio de esta obligación legal, lícito resulta sostener que aquélla esté facultada para llevar un registro de los infractores a las normas legales cuya fiscalización le compete; d) El artículo 20 de la Ley N° 19.628, que establece que los organismos públicos pueden efectuar tratamiento de datos personales respecto de materias de su competencia, sin requerir el consentimiento de su titular.

Argumenta que, consecuentemente, en virtud de los preceptos señalados, la Dirección del Trabajo se encuentra legalmente facultada para publicar las deudas laborales y previsionales informadas por las instituciones acreedoras en el Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional, situándose esta labor dentro de las funciones fiscalizadoras respecto de materias propias de su competencia. Se trata pues de información de carácter público, que puede ser consultado por toda la ciudadanía, contribuyendo dicho registro a evitar la morosidad previsional, al pago de la deuda previsional y, al pago de las multas cursadas por esta institución, y como consecuencia, a la observancia de la legislación laboral y previsional, y, por ende, al cumplimiento efectivo de la finalidad de la Dirección del Trabajo, señalando que, para el debido cumplimiento de esta labor, la Dirección del Trabajo entregó la elaboración, administración, distribución y difusión del Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional a la empresa Servicios Equifax Chile Ltda., a través de Convenio de Prestación de Servicios celebrado con fecha 14 de febrero de 2019, aprobado por Resolución Exenta N° 423, de fecha 20 de marzo de 2019, de dicho Servicio, por lo que se procedió a la publicación en dicho Boletín de una deuda previsional de la recurrente por concepto de imposiciones impagas, informadas por la AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A. y Administradora de Fondos de Cesantía. Ahora bien, indica que la recurrente reprocha a dicha Dirección el no haber verificado la existencia de las deudas informadas por la Administradora de Fondos de Pensiones antes de proceder a su publicación, y al respecto, sostiene que es importante indicar que las deudas que se publican en el Boletín de Infractores a Ia Legislación Laboral y Previsional son de responsabilidad de cada una de las entidades acreedoras informantes, esto es, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud Previsional, Instituto de Previsión Social, Administradora de Fondos de Cesantía, Fondo Nacional de Salud, Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Mutuales de Seguridad y la Dirección del Trabajo, pero en el caso de su representada, esta responsabilidad recae únicamente sobre sus propios datos o registros consistentes en deudas por el no pago de multas administrativas que cursa en razón de su labor fiscalizadora, lo que no ocurre en el caso de autos, ya que las deudas materia de la presente acción de protección y que se consignan como impagas por parte de la recurrente, han sido informadas por la AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A. y Administradora de Fondos de Cesantía, al tratarse de deudas por cotizaciones previsionales.

Por lo anterior, indica que la circunstancia de que deudas previsionales de la recurrente hayan sido difundidas en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional no se debe a una acción u omisión que pueda reprochársele a su Servicio, siendo la Administradora de Fondos de Pensiones, en uso de sus propias atribuciones legales, quien la incluyó en las nóminas de empleadores morosos que se remiten al Servicio, el cual si bien es receptor de dicha información, no tiene injerencia en el contenido de ella ni posee la facultad para calificarla o cuestionarla, por lo que el obrar de la Dirección del Trabajo se ha efectuado en función del cumplimiento de sus objetivos institucionales establecidos en el D.F.L. N° 2 de 1967 y facultades fiscalizadoras contempladas en el artículo 19 del D.L. N° 3.500, artículo 30 de Ia Ley N° 18.933, artículo 10 de la Ley N° 19.728 y artículo 505 del Código del Trabajo, por lo que forzoso es concluir que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno.

Solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

A folio 14 evacúa informe la recurrida Administradora de Seguros de Cesantía AFP Chile, solicitando el rechazo del recurso, indicando que la Sociedad Administradora, según expresamente lo dispone el artículo 30 de la Ley N° 19.728 que establece un seguro de desempleo, tiene como objeto exclusivo, por una parte, administrar dos Fondos de Cesantía, que se denominan Fondo de Cesantía (integrado por las Cuentas lndividuales por Cesantía) y Fondo de Cesantía Solidario (integrado por aportes de empleadores y el Estado) y por otra, otorgar y administrar las prestaciones que establece la Ley, por lo que sostiene, el artículo 11 de la Ley establece que la Sociedad Administradora está obligada a seguir las acciones judiciales en contra de los empleadores que declaren y no paguen las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Asimismo, indica que el referido artículo en su inciso final establece que esta Sociedad Administradora estará obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a lo Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos, siendo aplicables en este último caso las disposiciones de la Ley N° 19.628.

Argumenta que, de acuerdo con los antecedentes registrados en la base de datos de su representada, el recurrente presentó en dicha Sociedad Administradora 5 planillas de Declaración y No Pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores mencionados en su presentación, correspondientes a los períodos enero, marzo y abril de 2022, por un valor nominal de $171.000, acompañando las referidas planillas. Por tal motivo, señala que dicha Sociedad Administradora inició las acciones de cobranza judicial en contra del recurrente en los términos que ordena la Ley y el Compendio, iniciando el proceso judicial en causa RIT P-21093-2022, ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, sosteniendo que la demanda ejecutiva ingresada al Tribunal se tuvo por interpuesta en contra del recurrente, y en el proceso judicial se despachó mandamiento de ejecución y embargo en contra de éste, por tratarse de obligaciones líquidas, exigibles y no encontrarse prescrita la acción al momento de iniciarse el respectivo cobro.

Agrega que, pese a las reiteradas gestiones de su representada para obtener el pago de lo adeudado, ello no se logró puesto que en el proceso judicial se intentó notificar a la recurrente en el domicilio que ésta había indicado en las referidas planillas de declaración y no pago -esto es, domicilio reservado, Santiago- resultando frustradas las referidas diligencias por no corresponder a su domicilio. Sostiene además, en cuanto a la obligación que la Ley impone a dicha Sociedad Administradora en orden a informar a la Dirección del Trabajo los empleadores morosos en el pago de cotizaciones previsionales, su representada ha cumplido con tal obligación dentro de plazo y forma legal, como lo establece el inciso último del artículo 11 de la Ley y el Compendio, informando la deuda previsional del recurrente al organismo ya mencionado, el que la incluyó en la publicación del Boletín N° 210 sobre Empleadores lnfractores de la Legislación Laboral y Previsional.

Finalmente, sostiene que el recurrente señala que pagó las indicadas cotizaciones, sin embargo, no acompañó a su presentación ningún antecedente que acredite el pago de las referidas cotizaciones, por lo que, en consecuencia, dicha Sociedad Administradora ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas, indicando además que lo que ha hecho es cumplir con las disposiciones de carácter obligatorio establecidas en el Compendio, dictado para fines normativos del sistema de seguro desempleo por la Superintendencia de Pensiones, no existiendo a la fecha del recurso, fundamento alguno que sustente los hechos alegados.

A folio 16 informa la recurrida A.F.P. Provida S.A. solicitando el rechazo del recurso, indicando, entre otras cosas que, la vía idónea para presentar antecedentes y desvirtuar lo indicado en certificado emitido por Boletín Laboral, son los juicios de cobranza previsional, de acuerdo a procedimiento establecido en la Ley N° 17.322, por lo que esta acción evade la tramitación normal y el debido proceso que ha sido establecido por el legislador. Señala que, no ha tenido un actuar ilegal y/o arbitrario, sosteniendo que la conducta de su representada está ajustada a la normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y en los sus artículos 46 y 47 de la Ley N° 20.255.

Sostiene que, revisada su base de datos, se pudo constatar que la deuda en AFP PROVIDA que se pretende eliminar por la vía del recurso de protección, ha sido generada respecto de afiliado nombre reservado, RUT: RUT reservado, y no respecto de la recurrente y socia doña nombre reservado, Rut RUT reservado, y dicha Administradora, ha generado deuda en contra Cruz del Sur S.A., Rut: RUT reservadoen su calidad de empleadora, quien registra efectivamente deuda previsional con AFP ProVida por cotizaciones previsionales obligatorias por los periodos de enero y marzo del año 2022, por la suma total de $844.077.

Indica que, dicha deuda fue generada en virtud de Resoluciones N° 81325211 y N°81331729 que se encuentran actualmente judicializadas, y en cumplimiento a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, solicitaron a la Dirección del Trabajo la incorporación del recurrente en los registros de empleadores morosos de cotizaciones previsionales. Señala que, la recurrente indica que con fecha 30 de diciembre de 2024 toma conocimiento de la publicación que las instituciones previsionales recurridas, realizaron en Boletín Laboral, por lo que las alegaciones de la recurrente discurren principalmente sobre la calidad de socio, y no trabajador dependiente de su afiliado, quien de acuerdo a los estatutos societarios acompañados, no se encuentra dentro de la individualización de los socios, por haber sido solo parte del Directorio provisional, por lo que la Administradora debe continuar la cobranza previsional.

Pide el rechazo de la acción de protección, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio que deben ajustarse al procedimiento establecido en la Ley N° 17.322 de cobranza previsional, y en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que un estricto cumplimiento a la normativa previsional vigente. Acompaña: Dictamen 42.0053-2007 de la Superintendencia de Pensiones.

A folio 31 informa la recurrida A.F.P. Modelo S.A., quienes solicitan el rechazo del recurso, señalando -entre otras cosas- que, su representada, tiene la obligación de informar en virtud del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en Libro II, Título X, Letra A Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, capítulo, agregando que, según consta en sus registros de deudas actualizadas a la fecha 12 de febrero de 2025, el empleador RENT CAR CRUZ DEL SUR SA, registra deuda total nominal de $522.180, por los siguientes trabajadores: nombre reservado, por los periodos: 01/2022; 03/2022; 04/2022; Don nombre reservado, por los periodos: 03/2022, 01/2022, señalando que esta deuda tiene su origen en las planillas electrónicas de declaración y no pago efectuadas por el mismo empleador RENT CAR CRUZ DEL SUR SA, declaradas según lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 19 del Decreto Ley 3.500, las cuales acompaña.

Sostiene que, fue el propio empleador el que, por medio de las mencionadas declaraciones, admitió la existencia de una deuda previsional, y consultados los certificados de cotizaciones previsionales históricos de los trabajadores mencionados, que acompaña, consta las cotizaciones pagadas por el empleador Rent Car Cruz del Sur S.A. Rut RUT reservado, que menciona en su informe. Señala que, dicha Administradora en su deber normativo de cobranza de cotizaciones adeudadas, inicia acciones para la recuperación en las siguientes causas de cobranza previsional: Causa Rit P-30507-2022, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago iniciada por resolución Nº 594521; Causa Rit P-16496-2022, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, iniciada por resolución Nº 580816. Que a la fecha del recurso, la parte recurrente no ha opuesto una excepción que desvirtúe la obligación de pagar lo adeudado.

Indican que, el recurso de protección presentado por el recurrente, no es la vía para resolver este asunto litigioso, siendo una acción de lato conocimiento en sede Cobranza Previsional, el procedimiento correcto para resolver el presente conflicto, y el actuar de su representada ha sido conforme a las normas, en especial al Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, por lo que se debe descartar un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales del recurrente.

Solicita el rechazo del recurso, con costas. Acompaña: 1) Copia de escritura pública donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo, de fecha 16 de marzo de 2023, Repertorio 11304- 2023, de la Notaría de doña nombre reservado; 2) Certificado de deudas actualizadas al 12 de febrero de 2025, de Rent Car Cruz del Sur S.A. Rut RUT reservado; 3) Certificado de cotizaciones de doña nombre reservado y don nombre reservado; 4) Declaración Electrónica de No Pago de Cotizaciones Previsionales de RENT CAR CRUZ DEL SUR SA, Folio 2009202201077500, respecto del periodo 01/2022; 5) Declaración Electrónica de No Pago de Cotizaciones Previsionales de RENT CAR CRUZ DEL SUR SA, Folio 2009202203061002, respecto del periodo 03/2022.

A folio 36 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, regulado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a resguardar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo de cautela que procede cuando los derechos afectados aparecen indubitados y requieren de la intervención jurisdiccional para restablecer su pleno ejercicio.

Segundo: Que, el acto que la parte recurrente denuncia como ilegal y arbitrario, consiste en que las recurridas han publicado como morosa a su representada por las sumas y conceptos que señala en su libelo, por lo que, sostiene, concurre a las oficinas de las recurridas, quienes le señalan que, no es posible eliminar dicha data, que está bien publicada, y que solo pagando las supuestas morosidades, se dejarán de publicar en forma automática el pago.

Tercero: Que, las recurridas piden el rechazo del recurso de protección, negando toda acción y/o omisión de ilegalidad o arbitrariedad en lo obrado, conforme a lo que indican en sus respectivos informes, señalando en cada uno de sus argumentos, que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho, dentro de sus facultades y normativa que regula a cada una, y que lo reclamado por la parte recurrente no corresponde realizarlo por la vía cautelar de la acción de protección, sino por una acción de lato conocimiento que debió ejercerse en la Sede correspondiente.

Cuarto: Que, tal como se puede advertir de los antecedentes que obran en la presente causa, el acto respecto del cual se recurre, es decir, la publicación en el boletín laboral correspondiente, se encuentra debidamente fundado y ajustado a derecho, evidenciándose la existencia de un debido proceso en cada una de las etapas, por lo que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en tal sentido, ni vulneradas ningunas de las garantías que señala la parte recurrente, razón por la cual la acción se desestimará, en los términos que se indicará.

Quinto: Que, en consecuencia, no se aprecia arbitrariedad ni una contravención a la legalidad en los términos que plantea la parte recurrente en su recurso, por cuanto las recurridas actúan conforme a derecho, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, según se advierte en los distintos cuerpos legales que resultan aplicables al caso concreto.

En efecto, el artículo 43 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sostiene claramente que, es la Dirección del Trabajo la encargada de la confección, difusión o comunicación de la información contenida en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, y que la recopilación y administración de estos datos se efectúa para fines de fiscalización del cumplimiento efectivo de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este Servicio.

Por su parte, tal como se ha sostenido por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, el artículo 505 del Código del Trabajo, determina que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral corresponderá a la Dirección del Trabajo, y dentro del ejercicio de esta obligación legal, resulta válido sostener que aquélla esté facultada para llevar un registro de los infractores a las normas legales cuya fiscalización le compete, y por su parte, también se debe tener presente que el artículo 20 de la Ley N° 19.628, establece que los organismos públicos pueden efectuar tratamiento de datos personales respecto de materias de su competencia, sin requerir el consentimiento de su titular. Lo anterior, sumado a lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y en los sus artículos 46 y 47 de la Ley N° 20.255, en relación a la función propia de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradora de Seguro de Cesantía.

Que, a mayor abundamiento, de los hechos denunciados por la parte recurrente, y lo solicitado expresamente en la parte petitoria del recurso, se desprende claramente que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, las cuales deben ajustarse al procedimiento establecido en la Ley N° 17.322 que fija las Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social.

Sexto: Que, por todo lo anteriormente señalado, el presente recurso se protección será rechazado, por cuanto las recurridas, han actuado conforme a las atribuciones que le concede la normativa aplicable al caso, la cual se ha detallado en los considerandos anteriores, y -en consecuencia- no se estiman vulneradas las garantías que son denunciadas por la parte recurrente.

Séptimo: Que, al no apreciarse la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que deba cautelarse mediante esta acción constitucional, el recurso de protección deberá ser rechazado, en la forma que se indicará en la parte dispositiva del fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de Cruz del Sur S.A., en contra de AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., Administradora de Fondos de Cesantía AFC y Dirección del Trabajo.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 15-2025.