nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN

Puerto Montt, nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 26 de julio de 2019 comparece don Juan Uribe Andrade, abogado, en representación de don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chaitén, representada legalmente por su Alcalde Subrogante don Alejandro Avello Bascur, domiciliado en domicilio reservado, de Chaitén, solicitando sea acogido el recurso y ordenar cesar la medida de traslado al Corral Municipal y entrega del inmueble fiscal, declarando el reintegro a su lugar de trabajo y que no se solicite la entrega del inmueble fiscal, se le instruya a la recurrida que sus facultades disciplinarias no pueden ser ejercidas en términos que vulneren las garantáis constitucionales de los miembros de la Municipalidad imponiendo sanciones ilegales y arbitrarias. Fundamenta que su representado fue citado con fecha 5 de julio, a una reunión con el Alcalde Subrogante de la I. Municipalidad de Chaitén, en donde se le exhibió el Decreto Alcaldicio N°967, informándole que a contar del uno de agosto sería destinado como encargado de la administración y operación del Corral Municipal, dejando de prestar servicios en el Sector de Las Termas El Amarillo.

Relata que el recurrente ingresó a trabajar el año 1998 a la I. Municipalidad de Chaitén. Su labor era en esa época de encargado de la mantención, administración y construcción sobre el complejo Termas El Amarillo, mediante contrato de trabajo. En el año 2003 asumió mediante decreto Alcaldicio N°1149 como encargado en forma transitoria de las Termas el Amarillo. En el año 2005, por decreto Alcaldicio N°183, es contratado como vigilante de las Termas El Amarillo, labor que realiza hasta el día de hoy. Añade que año a año es desvinculado y vuelto a contratar, de esta forma y según contrato de fecha 3 de enero de 2011, existió un acuerdo con la recurrida, en el pago de las horas extraordinarias y el derecho a un feriado legal. Explica que el día 1 de julio de 2019, solicitó una reunión con la Alcaldesa, con la intención de zanjar los temas de pagos de las horas extraordinarias, los días domingos y feriados, que tenía acumulados por la alta demanda que hubo en el complejo de las termas en los años anteriores. No fue atendido en dicha oportunidad. Posteriormente fue citado, el día 5 de julio de 2019, y el alcalde subrogante le informa según decreto Alcaldicio que sus funciones de vigilante en las termas terminaban, y sería trasladado al Corral Municipal como administrador y operario de ésta. Afirma se le indicó que como su empleador tenía la facultad de trasladarlo a cualquier lugar donde necesiten de sus servicios. Además que debería hacer entrega de la casa Municipal ubicada en las termas a más tardar el día 31 de julio del presente. Refiere que se retiró sin firmar el decreto, dado que se sintió muy afectado en su integridad psicológica, concurrió a la posta del sector a solicitar una licencia médica.

Dice que acudió a aclarar ciertas prestaciones laborales, recibiendo por parte de su empleador una actitud de castigo por el reclamo presentado, trasladándolo a un lugar que está en condiciones inhumanas, que no tiene las mismas condiciones de habitabilidad de donde ha prestado sus servicios por más de 20 años, trabajando inclusive los días domingos, festividades, realizando labores que no le corresponde como recaudar los dineros día a día, y rendir cuenta de éstos, entre otras funciones. Sobre los fundamentos de derecho da cuenta que si bien existe una facultad discrecional del Alcalde de administrar el funcionamiento de las unidades, oficinas y departamentos de la Municipalidad establecida en el artículo 53 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y artículo 13 del Estatuto Administrativo Municipal, la que se enmarca en las llamadas “necesidades del servicio”, no obstante, éstas no han variado durante el presente año, y menos durante los otros 15 años en que ha prestado servicios a la Municipalidad. No existen antecedentes que justifiquen el cambio de funciones y tampoco existen fundamentos en la decisión Alcaldicia. Agrega que concurre el principio de confianza legítima, que exige que la decisión del Alcalde Subrogante debe ser motivada y fundada. En consecuencia, alega falta de fundamentación del acto, dado que no señaló las causas y antecedentes particulares del caso que llevaron a la recurrida a tomar la decisión señalada.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala la del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, en relación a lo señalado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, en particular, afirma que la decisión del traslado de su lugar de trabajo donde mantiene todas las condiciones para resguardar su integridad física a un lugar donde las condiciones de habitabilidad no son las mismas, implica arriesgar seriamente la integridad física (salud) de su representado. Por otra parte el no conocer cuál es la real motivación de su traslado lo ha afectado psicológicamente, más aún el haber trabajado por más de 15 años en el sector, ha creado en él un apego a dicho lugar donde se desarrolló como persona y familia. Por otra parte aduce la vulneración de su derecho a no ser discriminado, consagrado en el artículo 19 N°16 inciso 2 y siguientes de la Constitución, ya que su representado fue objeto de actos de discriminación arbitraria, como por ejemplo: El hecho de habérsele solicitado directamente que firmara un nuevo decreto, cambiando arbitrariamente las condiciones laborales; No fundar el acto administrativo tanto es sus aspectos de hecho como derecho; No existir una trasparencia y publicidad en la decisión del acto. Finalmente aduce la vulneración de su derecho a la libertad de trabajo y su protección consagrado en el artículo 19 N°16 inciso 4 de la Constitución, dado que al no encontrarse fundado el decreto Alcaldicio, interpreta que el traslado decretado no se debe a un mejor funcionamiento del servicio, sino a un castigo por reclamar prestaciones laborales adeudadas. Acompaña los documentos en funda su recurso.

En folio 3, con fecha 29 de julio de 2019, se declara admisible el recurso, a excepción de la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

Evacuando informe la recurrida solicita el rechazo del recurso. Argumenta que el recurrente, prestó servicios desde el año 2002, bajo la modalidad de Contrato de trabajo, realizando funciones de “encargado de las termas del Amarillo”. Indica que es contratado transitoriamente y luego es contratado como “vigilante de las termas el Amarillo”. Así pasaron los años y fue contratado por decreto N°90 de fecha 19 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2010, y por Decreto N°16 de fecha 4 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2011. Explica que a través de decreto Alcaldicio N°3017 de fecha 24 de diciembre de 2014, se contrató al recurrente en calidad de contrata y mientras sus servicios sean necesarios, bajo la Ley N°18.883, para prestar servicios como recaudador en termas de Río Amarillo, recinto de propiedad municipal, desde el 2 de enero del año 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, prorrogándose su contratación de forma anual, hasta el año 2019 mediante decreto Alcaldicio N°1245 de fecha 29 de noviembre de 2018.

Refiere que con fecha 1 de Julio 2019 a través del Memorándum N°81, de parte del Alcalde Subrogante de la Municipalidad de Chaitén dirigido a la Jefa del Departamento de Personal se indica: “Junto con saludar, por medio del presente, solicito a usted notificar al Sr. nombre reservado, funcionario Municipal administrativo grado 17° ERM, de su nueva destinación para el desarrollo de sus labores funcionarias, el que estará a cargo de la administración y operación del corral municipal, a contar del 1 de agosto de 2019, en la ciudad de Chaitén, lo anterior se instruye, dadas las necesidades superiores del municipio y como también por la premura de contar con un responsable administrativo del corralón municipal”. Indica que el día 5 de julio tuvo una reunión con el funcionario recurrente para comunicar y explicar el acto administrativo de destinación, lo que no prosperó, ya que se emite posteriormente el siguiente certificado N°384 de fecha 5 de julio de 2019, que indica: “Que siendo las 12.15 del día de hoy, se efectúa una reunión con el funcionario don nombre reservado, con el objeto de informarle respecto al traslado de sus funciones, desde las termas del amarillo al corral municipal. Que así las cosas, se le informa las garantías del mismo, que es un traslado necesario y que se sitúa dentro de lo establecido en las leyes y demás normas jurídicas que avalan el proceso. Que, enseñándole el decreto Alcaldicio N°967 de fecha 05 de julio del presente año, en el cual se decreta su traslado, el funcionario se niega a firmar la notificación del mismo, alterándose por tal motivo. Que, se extiende el presente certificado, con el objeto de dar fe de la negativa a firmar la notificación por parte del señor nombre reservado, para los efectos administrativos correspondientes” Firmando el Alcalde Subrogante, Directora de Dideco, encargado de seguridad comunal y Jefe de Gabinete respectivo. Aclara que al momento de tener la reunión de fecha 5 de julio 2019, con el funcionario recurrente se le comenzó a explicar el decreto Alcaldicio N°967, sus servicios, beneficios, plazo concedido para el cambio y donde sería trasladado, lo que no prosperó alterándose, retirándose del lugar sin dar motivo, solo negándose a firmar.

Agrega que en ningún caso el traslado se debe a algún castigo, ni menos un desalojo, sino por las necesidades superiores del municipio y también por la premura de contar con un responsable encargado administrativo a cargo del corral municipal. Respecto a las prestaciones laborales que el recurrente indica señala que el funcionario deberá solicitarlas de acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, como todos los dependientes del ente Edilicio por canal formal a la respectiva unidad de personal municipal. Por otra parte desmiente que las condiciones del corral municipal sean inhumanas, se encuentra en buenas condiciones, con construcción emplazada en el lugar, cercos, suministro de agua potable, baño, ducha, lavamanos, alcantarillado, empalme a la red eléctrica, iluminación, con inmobiliario disponible, ubicado en el radio urbano de la ciudad de Chaitén, a diferencia de las termas del Amarillo que se encuentran alejadas a unos 28,8 kilómetros de la ciudad, en un sector rural.

En cuanto al derecho, afirma que el acto administrativo materializado en el decreto Alcaldicio N°967 de fecha 5 de julio de 2019, es facultad legal y privativa del Alcalde, mediante la dictación del decreto correspondiente, no solo designar al personal de su dependencia, sino ubicarlos y destinarlos en aquellas áreas en que sean necesarios sus servicios, para la adecuada gestión municipal, así la decisión del Edil no puede devenir en un acto arbitrario. En el caso concreto, una nueva destinación no sólo debe cumplir las exigencias legales, sino que también debe evitar causar menoscabo laboral o profesional al funcionario, lo que no ocurre en este caso ya que el funcionario continúa trabajando y se le destinaría dentro del radio urbano de Chaitén con condiciones más favorables inclusive.

El Decreto Alcaldicio 967 de fecha 5 de julio 2019, fue dictado ajustado a derecho y conforme a la normativa de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley que Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen Los Actos de los Órganos de La Administración del Estado, como también conforme a la Constitución Política de la República. El acto recurrido no ha afectado garantía constitucional alguna, más aún cuando el recurrente continúa ejerciendo funciones bajo el alero del Municipio, teniendo un plazo considerable para asumir sus funciones con los beneficios que la ley otorga. En cuanto a la confianza legítima afirma que no procedería respecto al acto administrativo recurrido, por no darse los presupuestos de dicho caso, sosteniéndose por sí solo el acto sin necesidad de reparo o modificación por la autoridad, ya que el acto se encuentra motivado y fundado, exteriorizando los sustentos en las “necesidades superiores del Municipio y como también la premura de contar con un responsable administrativo para dar continuidad al servicio en el Corral Municipal” el cual se encuentra ubicado en el radio urbano de Chaitén. Finalmente afirma la inexistencia de actos arbitrarios o ilegales que se puedan reprochar, que afecten garantías constitucionales, ya que el acto fue fundado, dictado conforme a la ley y por autoridad competente, inclusive otorgando plazos y beneficios para su traslado en área urbana con mejores condiciones y accesibilidad al igual de los demás dependientes del Municipio de Chaitén. Acompaña documentos para acreditar los hechos afirmados en su informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que en la especie se desprende de la presentación efectuada por la recurrente y los antecedentes aportados, que el acto materia de este recurso dice relación con el haberse dispuesto el traslado de funciones y lugar físico en que el recurrente se encontraba realizando actualmente, desde las Termas El Amarillo como vigilante, hacia el Corral Municipal como encargado y administrador del mismo, lo que a juicio del recurrente constituye un acto arbitrario e ilegal, dado que la decisión fue infundada y carente de motivación, sin considerar las condiciones particulares en que éste ejerció sus labores en dicho lugar.

Tercero: Que evacuando el informe la recurrida explica el historial laboral del recurrente, y señala que fue contratado para el año 2019 mientras sus servicios sean necesarios, y considerando las necesidades de administración de la Municipalidad requeridas en el Corral de su propiedad, y siendo ésta una función y lugar de trabajo en mejores condiciones que las Termas El Amarillo, se encuentra a su juicio, debidamente motivada la resolución de traslado, considerando que la recurrente continúa trabajando en el sector urbano de la ciudad. Afirma que su decisión fue fundada y legalmente dictada conforme a las facultades conferidas en la ley, por lo que no ha vulnerado las garantías esgrimidas por la contraria.

Cuarto: Que, para dilucidar si el recurso de protección puede ser acogido en este caso, debe tenerse en cuenta los antecedentes aportados por la recurrente y recurrida, de los cuales se desprende que el Decreto N°952 de fecha 29 de noviembre de 2018 prorrogó en calidad de contrata y mientras sean necesarios los servicios del recurrente desde el 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2019, y respecto del cual, consta por decreto Alcaldicio N°967 de 5 de julio 2019 que se decretó la destinación del recurrente para hacerse cargo de la administración y operación del Corral Municipal, a contar desde el 5 de agosto del presente año, decisión que se extrae del Memorándum N°81 de fecha 1 de julio de 2019, en el cual el Alcalde Subrogante instruye a la Jefa de Departamento de Personal notificar este decreto al recurrente, “dadas las necesidades superiores del Municipio y como también por la premura de contar con un responsable administrativo del Corral Municipal”.

Así, es posible establecer apreciando la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que el recurrente se encontraba vinculado laboralmente con la recurrida, ejerciendo las labores que de los diversos decretos de nombramientos allegados a estos autos, se indican, y respecto del aquel que prorrogó la contrata del recurrente en el mes de noviembre de 2018, continuó hasta la fecha en que fue notificado del traslado del lugar de sus funciones y de las mismas, encargándole otras actividades. Al respecto el recurrente afirma que el traslado fue debido al reclamo por el pago de prestaciones laborales, fue destinado a un lugar, que a su juicio, no cumple con las condiciones mínimas para vivir y trabajar.

Quinto: Que no es posible extraer de los antecedentes allegados a los autos alguno que dé cuenta o a lo menos permita inferir algún tipo de represalia o castigo, como menciona el recurrente, por el reclamo que según sus dichos efectuó. Por el contrario, no consta haberse efectuado reclamo bajo este ítem, y consta de oficio N°771, certificado N°381 y decreto N°488 del reconocimiento del pago de licencias médicas, días feriados o vacaciones y reconocimiento de antigüedad en el cargo, que al menos, según lo aportado, no fueron reclamados.

Sexto: Que en cuanto a la falta de fundamentación del acto impugnado, aparece que la decisión fue motivada por la necesidad superior del Municipio y dentro de sus facultades legales, no habiéndose acreditado la arbitrariedad alegada ni haberse impugnado el acto administrativo por otra vía conforme a la naturaleza del mismo y el vínculo particular que refiere el recurrente con la recurrida.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anterior si lo que se pretende discutir es si se justifica el traslado del recurrente desde las Termas El Amarillo como vigilante al Corral Municipal como encargado y administrador del mismo, la acción constitucional empleada no es la vía idónea para ello, siendo esta de carácter extraordinario y de naturaleza cautelar, discusión propia de un juicio de lato conocimiento.

Octavo: Que, de lo anterior no se advierte que la recurrida haya incurrido en una acción arbitraria o ilegal, que amenace o perturbe las garantías constitucionales del recurrente, toda vez que los antecedentes valorados no dan cuenta de este actuar. De acuerdo a lo antes razonado, el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Juan Uribe Andrade, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Chaitén representada legalmente por su Alcalde Subrogante don Alejandro Avello Bascur.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez quien concurrió a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse en comisión de servicios.

Rol N° 1490-2019 Protección.