Protección contra Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chaitén

nombre reservado, veintiocho de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

Que a fojas 64 comparece ante esta Corte don Luis Mencarini Neumann, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, quien deduce recurso de protección en nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Eñizabeth nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos funcionarios públicos municipales, y en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, ex funcionarios municipales, y en favor de los funcionarios municipales afectados por los hechos que en el recurso se indican; dirigido en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chaitén, don nombre reservado, y de la Municipalidad de Chaitén, representada por el Alcalde ya individualizado, ambos domiciliados en domicilio reservado; en base a los argumentos que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Impugna, por este acto, los decretos alcaldicios N°547 y 548, ambos de 4 de marzo del presente, mediante los cuales se ordena poner término al pago del incremento previsional a los funcionarios de dicha municipalidad, y ordena a los que individualiza restituir las sumas percibidas por el mismo concepto, conforme al detalle que indica para cada uno, y que corresponde a las cancelaciones efectuadas por los meses de febrero a diciembre de 2008, y de noviembre de 2010 a junio de 2011.

Detalla los antecedentes que motivaron el conflicto entre la Municipalidad y sus funcionarios respecto de la forma de cálculo del incremento remuneracional derivado de lo dispuesto en el Decreto Ley 3.501, que, en la especie, dio origen a la causa Rol C-9-2011 de ingreso ante el Juzgado de Letras de Chaitén, pleito que finalizó mediante resolución de fecha 30 de enero de 2012, que aprobó transacción celebrada el 6 de enero de aquel año, mediante la cual la Municipalidad reconoció el derecho de los funcionarios a percibir dicho incremento remuneracional a ser calculado sobre el total de las asignaciones y conceptos imponibles que componen la remuneración o ingreso mensual de cada uno de ellos de acuerdo a su contrato y cargo, se obligó al pago a los demandantes de lo devengado entre los meses de febrero de 2008 y diciembre de 2011, ambos inclusive, pagándose, las que se devengasen en lo sucesivo, conjuntamente con las demás prestaciones que correspondan. Como contraprestación, los demandantes renuncian al resto de los beneficios reclamados en la demanda, y a los intereses y reajustes ya devengados.

Precisa que, en ese estado de cosas, el pago a que se obligó la Municipalidad no obedece a una facultad del Alcalde o a una resolución administrativa de dicha entidad, sino que tiene como fundamento una sentencia judicial que se encuentra ejecutoriada.

Estima que, así, los actos impugnados son ilegales, en primer lugar por haberse desconocido el efecto de la sentencia antes referida, desconociendo los hechos amparados por el contenido de la sentencia judicial, basada en un contrato de transacción plenamente válido. Además, refiere que estos actos tienen como fundamento lo señalado por la Contraloría General de la República, organismo que carece de facultades para formular interpretaciones en materia previsional, además de tener vedado el inmiscuirse en asuntos sometidos al conocimiento de la justicia ordinaria, tal como es el caso, además de existir una serie de dictámenes, los que individualiza, donde el órgano contralor manifestó conclusiones distintas a las aquí cuestionadas.

Indica que los decretos impugnados son también arbitrarios e ilegales por infringir el principio de irretroactividad de los efectos del acto administrativo, consagrado en la ley 19.880, mediante el cual la administración no puede extender los efectos de los actos que de ella emanen a situaciones anteriores a su vigencia, salvo cuando estos beneficien a los interesados y no lesionen derechos de terceros, excepción que en este caso no concurre pues se afecta las remuneraciones ya percibidas por los funcionarios, las que constituyen un derecho adquirido y parte integrante de su derecho de propiedad, remuneraciones que poseen un carácter inalterable, según se desprende de la legislación laboral púbica y privada.

Arguye que el proceder de los recurridos implica arrogarse facultades jurisdiccionales al vulnerar con su actuar una decisión judicial, tal como previamente se ha referido, motivo por el cual el Alcalde se ha constituido en una comisión especial, institución proscrita por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, por otro lado, los actos contravienen lo dispuesto en los artículos 92 y 95 de la ley 18.883, normas que establecen el derecho de los funcionarios municipales a percibir sus remuneraciones y prohíbe efectuar descuentos sobre ellas, salvo los expresamente contemplados en la ley, contravención que se ha materializado sin la debida fundamentación exigible a todo acto administrativo.

Concluye estimando como vulnerados sus derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°3, 24 y 26, además de lo dispuesto en el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, motivo por el cual solicita que, acogiéndose el recurso, se ordene dejar sin efecto los decretos impugnados, disponiéndose se dé cumplimiento a lo resuelto por sentencia judicial ejecutoriada que legitimó y reconoce el derecho de los funcionarios a percibir esa parte de sus remuneraciones, mientras ella no sea dejada sin efecto, debiendo continuar la Municipalidad pagando las remuneraciones en la forma que lo hacía antes de dictarse los decretos cuya nulidad se pretende, sin perjuicio de otras medidas que se estimen pertinentes para los mismos fines, condenando a los recurridos al pago de las costas de la causa.

Que a fojas 150 se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó informar a la recurrida, denegándose la orden de no innovar solicitada.

Que fojas 159 informa don René Fuchslocher Raddatz, abogado, en representación de los recurridos, quién insta por el rechazo del recurso, precisando que los referidos incrementos previsionales sí se pagan a los actores, motivo por el cual la acción constitucional carece de toda justificación y fundamento, además de invocarse, en la práctica el derecho estatuido en el N°8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra garantizado en el catálogo del artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Señala, como primer argumento de fondo, que las prestaciones que se discuten no corresponden a un derecho indubitado que se vea bajo amenaza o vulneración, sino que su determinación corresponde a un juicio de lato conocimiento de carácter laboral, de conformidad al artículo 420 del Código del Trabajo.

Expone, en segundo orden, los pormenores de lo dispuesto en el decreto ley N°3.501, precisando que, a través de él, a partir del 1 de marzo de 1981 el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social de los funcionarios municipales fue de cargo de los trabajadores, garantizándose, acto seguido, que sus remuneraciones líquidas se mantendrían inalterables, disponiéndose, para tal efecto, el incremento de dichas remuneraciones, cuyo efecto era sólo mantener el monto líquido que al 28 de febrero de 1981 tenían las remuneraciones, beneficios y prestaciones imponibles de los beneficiarios del incremento.

Agrega que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y las disposiciones que refiere de su ley orgánica constitucional, a la Contraloría General de la República corresponde dictaminar e informar respecto de las asignaciones que pueden percibir los funcionarios públicos, y, en ejercicio de tal facultad, el organismo contralor efectuó una fiscalización al macro proceso de recursos humanos de la Municipalidad recurrida, emitiendo un informe de fecha 30 de diciembre de 2013, en el cual se concluye que se incluyó erróneamente diversas asignaciones en la base de cálculo del incremento previsional, las que detalla, todas las cuales no eran imponibles al 28 de febrero de 1981; informe que resulta obligatorio para los recurridos.

Expone, acto seguido, los pormenores de la transacción referida por el recurrente, concluyendo que este acto no cumple con los requisitos comprendidos en el artículo 2446 del Código Civil, pues los demandantes poseían sólo una pretensión contenida en la demanda presentada, más no un derecho adquirido, por lo que no existen prestaciones recíprocas entre las partes, misma conclusión a la que arribó en su informa la Contraloría, texto que transcribe.

Estima que el actuar de los recurridos no puede ser considerado como ilegal o arbitrario, pues se han limitado a dar cumplimiento a la ley de acuerdo a lo ordenado por la Contraloría General de la República, rigiendo, respecto de la Municipalidad, el principio de legalidad que debe orientar su actuar, el que se encuentra fiscalizado por el referido órgano contralor, siendo vinculantes sus determinaciones para la entidad edilicia.

Por estas consideraciones, y estimando, además, que en la especie no se ha vulnerado ninguno de los derechos invocados por el recurrente, solicita tener por informado el recurso y, en definitiva, rechazarlo con expresa condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía don Luis Mencarini Neumann, abogado, en representación de 25 funcionarios municipales, 4 ex funcionarios municipales y, en general, en favor de los funcionarios municipales de la I. Municipalidad de Chaitén afectados por los actos impugnados; en contra de dicha Municipalidad y de su Alcalde, al haber estos dictado los decretos alcaldicios N°547 y 548, ambos de 4 de marzo del presente, mediante los cuales se ordenó poner término al pago del incremento previsional a los funcionarios de dicha municipalidad, y se ordenó a los funcionarios que individualiza restituir las sumas percibidas por el mismo concepto, acto que estima ilegal y arbitrario y vulneratorio de derechos, de la forma como se ha detallado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que la transacción se encuentra definida por el artículo 2446 del Código Civil como “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”, mientras que el artículo 2460 del mismo cuerpo normativo prescribe que “la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes”.

QUINTO: Que, en la especie, la transacción aludida por el actor ha sido acreditada mediante la documental de fojas 54 y siguientes, acto que se encuentra formalmente vigente, y cuya validez o nulidad no puede ser discutida a través de esta vía meramente cautelar y de urgencia.

SEXTO: Que habiéndose acreditado, en consecuencia, la existencia de una actuación procesal revestida de efecto de cosa juzgada y mérito ejecutivo, puede constatarse que lo perseguido por el recurrente es su cumplimiento, al que obstaría la conducta de los recurridos; asunto para el cual la ley contempla el procedimiento idóneo, reglado en el Título XIX del Libro I o en el Título I del Libro III, ambos del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso, no siendo el recurso de protección la vía pertinente para ello, al escapar tal pretensión a su naturaleza.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, el presente recurso necesariamente deberá ser rechazado, de la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 64 por don Luis Mencarini Neumann, abogado, en nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Eñizabeth nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, y en favor de los funcionarios municipales afectados por los hechos que en el recurso se indican; en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chaitén, don nombre reservado, y de la Municipalidad de Chaitén.

II. Que no se condena en costas a la recurrente al haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redactado por el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García.

Rol 149-2014.

Resuelto por la Primera Sala, integrada por el Presidente don nombre reservado, la Ministra doña Teresa Mora Torres y el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

nombre reservado, veintiocho de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que precede.