nombre reservado con CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE

Puerto Montt, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio A folio 1 comparece doña nombre reservado, Jefa de Administración y Finanzas del Área de Salud de la Corporación Municipal de Educación y Servicios “Ramón Freire” de Dalcahue, quien interpone recurso de protección en contra de la referida Corporación Municipal, representada por su Alcaldesa y Presidenta, doña nombre reservado, por estimar que la Resolución N° 296, de 5 de septiembre de 2025, que le impuso la sanción de destitución, y la Resolución N° 343, que rechazó la reposición deducida en su contra, constituyen actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías del artículo 19 N° 2, N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Refiere que dichas decisiones se dictaron en el marco del sumario administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio N° 1.740, de 14 de julio de 2025.

Expone que, en el curso de dicho procedimiento disciplinario, y antes de la formalización de cargos, mediante Resolución N° 01, de 22 de julio de 2025, se le aplicó la medida preventiva de suspensión de funciones, con goce del setenta por ciento de sus remuneraciones, lo que estima contrario al debido proceso y a la presunción de inocencia, por haberse adoptado-según afirma-cuando la investigación aún se encontraba en etapa indagatoria y sin que se hubiese dictado auto de cargos.

Sostiene, además, que la Resolución N° 03, de 18 de agosto de 2025, por la cual se le formularon cargos, sería nula, por haberse infringido la normativa especial de notificación aplicable a los procedimientos disciplinarios. Señala que el Estatuto Administrativo exige como regla la notificación personal, siendo la notificación por carta certificada una forma excepcional y subsidiaria, procedente sólo en caso de no haberse habido al funcionario por dos días consecutivos en su domicilio o lugar de trabajo, debiendo quedar constancia de ello en el expediente. Añade que, no obstante aquello, el fiscal instructor dispuso directamente la notificación por carta certificada al domicilio consignado en su contrato, fundándose en el procedimiento electrónico establecido en la Ley N° 19.880, sin haber agotado previamente la notificación personal.

Agrega que dicha forma de notificación habría resultado ineficaz, atendido que su domicilio se encuentra en un sector rural donde no existe oficina de Correos ni servicio regular de cartero, de modo que, aunque el auto de cargos fue emitido el 18 de agosto de 2025 y la carta certificada despachada el día 19 del mismo mes, sólo tomó conocimiento efectivo de aquél con fecha 1 de septiembre de 2025, lo que -a su juicio- le impidió disponer en forma íntegra y oportuna del plazo legal para evacuar descargos y defensas. Añade que, en otro sumario anterior seguido en su contra por una causa distinta, las notificaciones se practicaron personalmente en su domicilio, sin dificultad alguna. Sobre esta base, afirma que se produjo una indefensión material que vicia de nulidad el procedimiento y la destitución posterior.

Refiere luego que la destitución impuesta por la Resolución N° 296 se fundó en imputaciones consistentes, en síntesis, en incumplimiento de funciones relativas a revisión y control de registros contables, cierres contables y supervisión de egresos; infracción al deber de optimizar recursos financieros; vulneración de principios contables; y transgresión grave al principio de probidad por la contratación de su cónyuge, nombre reservado, como asesor contable. Sostiene que la imposición de la máxima sanción disciplinaria resulta arbitraria e ilegal, por ausencia de proporcionalidad y por fundarse en un procedimiento que reputa viciado desde su origen.

Añade que también la notificación de la Resolución N° 296 se practicó irregularmente por carta certificada enviada a través de Correos de Chile de la comuna de Dalcahue, distinta a la de su domicilio, pese a que-según afirma-el fiscal tenía conocimiento de su solicitud para que las notificaciones se realizaran por correo electrónico, lo que la obligó a concurrir personalmente a las oficinas de Correos de Castro y Dalcahue a fin de evitar el vencimiento de los plazos.

Finalmente, sostiene que los hechos descritos vulneran la garantía de igualdad ante la ley, por haber sido sometida a un procedimiento que no habría respetado las reglas mínimas de notificación y defensa; el derecho a un procedimiento racional y justo, por la omisión de garantías esenciales del debido proceso en el sumario administrativo; y el derecho de propiedad, por la afectación de su cargo, estabilidad funcionaria y remuneraciones futuras. En definitiva, solicita que se declare ilegal y arbitraria la Resolución N° 296, se la deje sin efecto, se ordene su reintegro inmediato a sus funciones y el pago de las remuneraciones y estipendios devengados desde la separación hasta el efectivo reingreso, con costas. En el primer otrosí pide orden de no innovar para suspender los efectos de la destitución, y en el segundo otrosí acompaña las resoluciones que indica.

A folio 15 comparece don Carlos Andrés Muñoz Klenner, abogado, en representación de la recurrida Corporación de Educación y Servicios “Ramón Freire” de Dalcahue, quien evacúa informe en estos autos sobre recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, solicitando su rechazo, con costas. Expone, en primer término, que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes frente a actos arbitrarios o ilegales, y que, por su naturaleza urgente, no corresponde a una instancia declarativa de lato conocimiento, de manera que sólo procede respecto de derechos indubitados y frente a actuaciones manifiestamente contrarias a derecho o carentes de razonabilidad.

Refiere que la recurrente atribuye ilegalidad y arbitrariedad a la Resolución N° 03, de 18 de agosto de 2025, mediante la cual se le formularon cargos; a la Resolución N° 296, de 5 de septiembre de 2025, que le impuso la sanción de destitución; y a la Resolución N° 343, de 2 de octubre de 2025, que rechazó la reposición deducida en su contra. Sostiene, sin embargo, que tales actos fueron dictados dentro de un procedimiento sumarial regularmente instruido, en el que la recurrente fue formalmente inculpada, tuvo acceso al expediente, pudo presentar descargos y ejercer su defensa, y además interpuso reposición, la que fue resuelta mediante acto fundado.

Señala que los cargos formulados a la recurrente fueron claros y concretos, consistiendo, en lo sustancial, en la falta de información fidedigna y oportuna a la alcaldesa y presidenta de la Corporación acerca del déficit presupuestario real; la existencia de inconsistencias y descuadres en las conciliaciones bancarias de los períodos revisados; la falta de supervigilancia, revisión y control de cierres contables mensuales y de cuentas contables; la falta de supervisión en declaraciones de impuestos, veinte de las cuales habrían sido impugnadas por el Servicio de Impuestos Internos; la omisión en la tramitación de devoluciones de bonificaciones por contratación de mano de obra establecidas en el Decreto Ley N° 889 de 1979; la contratación de don nombre reservado como asesor contable, siendo éste cónyuge de la recurrente; y, en general, hechos que, según afirma, atentaron contra los principios de responsabilidad administrativa, control, eficiencia, eficacia y probidad, existiendo presunciones fundadas, precisas y directas de participación y responsabilidad de la funcionaria en ellos.

Añade que tales hechos, acreditados en el sumario, constituyen infracción grave al principio de probidad administrativa, en los términos del artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, en relación con los artículos 58 letra g) y 123 de la Ley N° 18.883 y el artículo 52, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, por lo que-a su juicio-la Corporación no tuvo otra alternativa que aplicar la medida de destitución, atendida la gravedad de la conducta atribuida. Invoca al efecto diversos dictámenes de la Contraloría General de la República y el Oficio N° E89569/2025, del que desprende que, tratándose de infracciones graves al principio de probidad administrativa, la autoridad disciplinaria se encontraría en el imperativo de disponer la sanción prevista por la ley, sin posibilidad de sustituirla por otra medida.

En cuanto a la alegación de indefensión formulada por la recurrente, el informe sostiene que ésta fue debidamente notificada y emplazada durante la tramitación del sumario. Expone que fue citada a declarar con fecha 21 de julio de 2025, dejando constancia de su firma en la respectiva citación; que fue notificada de la Resolución N° 1, de 22 de julio de 2025, que dispuso su suspensión preventiva con goce del setenta por ciento de sus remuneraciones; y que el mismo día presentó un escrito al fiscal solicitando ampliación para ejercer su defensa, petición que fue acogida por resolución de 23 de julio de 2025, ampliándose el plazo hasta el 31 de julio de 2025, resolución que igualmente sería notificada por carta certificada. Afirma que, no obstante ello, la recurrente no compareció a declarar ni hizo uso de esa primera oportunidad defensiva.

Sobre la forma de las notificaciones posteriores, sostiene que la recurrente tenía la carga de fijar, en su primera comparecencia, un domicilio dentro del radio urbano de Dalcahue, donde el fiscal ejercía sus funciones, para que pudieran practicarse notificaciones personales. Añade que, al no haber cumplido con esa carga, correspondía aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del texto refundido de la Ley N° 18.834, de manera que las actuaciones siguientes podían notificarse por carta certificada al domicilio registrado en la institución, entendiéndose notificadas cumplidos tres días desde su despacho. En concepto de la recurrida, esa modalidad fue empleada en forma plenamente ajustada a derecho.

Agrega que la tesis de desconocimiento del procedimiento no resulta compatible con la actuación de la propia recurrente, pues ésta habría deducido paralelamente otro recurso de protección ante esta Corte, Rol N° 996-2025, dando cuenta allí de los actos administrativos que dieron inicio al procedimiento administrativo disciplinario y de la medida cautelar de suspensión, de manera que -según afirma- no puede sostener válidamente que ignoraba que se le instruía sumario o que se encontraba citada a declarar. Sobre esa base, la recurrida concluye que el fiscal, por aplicación del principio de celeridad, debía continuar con la sustanciación del procedimiento aun frente a la rebeldía de la funcionaria.

En relación con la proporcionalidad y legalidad de la destitución, el informe sostiene que los cargos fueron acreditados y que, por su gravedad, se resolvió aplicar la máxima sanción disciplinaria, luego de un análisis acabado. Añade que la Contraloría Regional de Los Lagos, mediante Oficio N° E417298, de 2023, habría requerido cuenta acerca de medidas adoptadas por la Corporación a propósito de hallazgos relativos a infracciones al principio de probidad, particularmente vinculadas con contrataciones de familiares de la recurrente, lo que -según señala- reforzaría la gravedad de los antecedentes. Afirma, en consecuencia, que la decisión final se fundó en los antecedentes reunidos por el fiscal instructor y fue revisada posteriormente por la autoridad mediante recurso de reposición, el que fue rechazado fundadamente, de modo que se habrían cumplido las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.883.

Respecto de la alegación de persecución política, expresa que se trata de una imputación que, por su naturaleza, no corresponde discutir en esta sede, reiterando que el sumario fue instruido por existir antecedentes constitutivos de infracción administrativa y que su tramitación se ajustó a la normativa aplicable, particularmente al D.F.L. N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, modificada por la Ley N° 20.880 sobre probidad en la administración pública y prevención de conflictos de interés.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito o conveniencia de una sanción administrativa, ni para sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, especialmente cuando el ordenamiento prevé otras vías de impugnación, como la reclamación ante la Contraloría General de la República, que-según indica-no fue ejercida por la recurrente. Añade que ésta invoca de manera extensa diversas garantías constitucionales, pero no explica de qué forma concreta la resolución impugnada las vulnera, concluyendo que no concurren los presupuestos indispensables para la procedencia del arbitrio, esto es, la existencia de una acción u omisión imputable a la recurrida, que ésta sea ilegal o arbitraria y que cause afectación actual de un derecho indubitado. En mérito de todo ello, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, acompañando en el primer otrosí las resoluciones N° 3, N° 296 y N° 343, el expediente sumarial y el Oficio N° E417298 de la Contraloría Regional de Los Lagos.

La recurrida acompaño, copia de sumario administrativo y copia de sentencia proteccional en causa rol 996-2025 de esta I Corte de Apelaciones.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar y extraordinaria destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza de las garantías allí señaladas. Por su naturaleza, no constituye una instancia declarativa de lato conocimiento ni resulta idónea para resolver controversias que exijan un examen íntegro y exhaustivo de procedimientos administrativos complejos.

Segundo: Que la recurrente construye su arbitrio, en lo sustancial, sobre la base de sostener que la formulación de cargos contenida en la Resolución N° 03, de 18 de agosto de 2025, no le habría sido válidamente notificada, lo que le habría impedido evacuar oportunamente descargos y ejercer adecuadamente su defensa, viciando de nulidad el procedimiento sumarial y la posterior sanción de destitución.

Tercero: Que, sin embargo, del mérito del expediente sumarial acompañado aparece que la propia recurrente, con fecha 1 de septiembre de 2025, presentó un escrito titulado “Materia: Solicita prórroga de plazo para evacuar descargos”, dirigido al fiscal instructor, en el cual expresó que el oficio de cargos fue remitido mediante carta certificada a través de Correos de Chile con fecha 19 de agosto de 2025 y que, atendida la complejidad de los hechos investigados y la necesidad de recopilar numerosos antecedentes y gestiones administrativas, solicitaba se le concediera prórroga del plazo legal para evacuar sus descargos y acceder íntegramente al expediente administrativo. Dicho escrito rola a fojas 506 del sumario.

Cuarto: Que el mismo antecedente vuelve a ser consignado expresamente en la vista o dictamen fiscal, donde se deja constancia de que “el día lunes 01 de septiembre de 2025 se presentó doña nombre reservado, presentando un breve escrito solicitando prórroga del plazo para evacuar descargos”, agregándose que el plazo para contestar los cargos vencía el 4 de septiembre de 2025 y citándose, además, el artículo 27 de la Resolución N° 510, de 2013, de la Contraloría General de la República, que aprueba el reglamento de sumarios que instruye la contraloría General de la República.

Quinto: Que estos antecedentes impiden sostener, en los términos propuestos en el recurso, que la recurrente haya quedado en estado de indefensión material. En efecto, aun cuando la actora controvierte la regularidad formal de la notificación por carta certificada-sosteniendo que la notificación personal constituía la regla y que aquélla sólo procedía subsidiariamente, previa constancia de intentos fallidos-, lo cierto es que, una vez conocida la formulación de cargos, compareció por escrito solicitando prórroga del plazo para evacuar descargos. Ello revela que tuvo conocimiento efectivo de la imputación y que estuvo en situación de ejercer actos concretos de defensa dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Por consiguiente, aun si pudiera discutirse la corrección formal de la modalidad de notificación empleada, no aparece configurada una afectación real, actual y decisiva del debido proceso que justifique la tutela cautelar impetrada.

Sexto: Que a lo anterior se suma que la propia estructura del procedimiento administrativo disciplinario seguido en autos da cuenta de la existencia de instancias de contradicción y defensa. Así lo confirma, además, el informe de la recurrida, que indica que la actora interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución N° 296, el que fue conocido y rechazado por la Resolución N° 343, circunstancia que demuestra que la afectada tuvo conocimiento de la decisión sancionatoria y acceso a los mecanismos impugnatorios previstos en el mismo procedimiento.

Séptimo: Que lo anterior no significa que los actos dictados en procedimientos administrativos disciplinarios queden sustraídos, por su sola naturaleza, del control cautelar de esta Corte. En efecto, el recurso de protección puede prosperar cuando se advierta una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de una garantía constitucional. Sin embargo, en este caso concreto, las alegaciones relativas a la suficiencia de los cargos formulados, la regularidad íntegra de las notificaciones, la proporcionalidad de la destitución, el mérito del sumario y la incidencia que los eventuales vicios procedimentales pudieron tener en la decisión final, suponen un examen detenido y exhaustivo del expediente administrativo, incompatible con la naturaleza urgente y cautelar de esta acción constitucional.

Octavo: Que, por lo demás, los antecedentes acompañados por la recurrida dan cuenta de que la medida disciplinaria impugnada se inserta en un sumario administrativo seguido por hechos que el órgano instructor calificó como graves, vinculados, entre otros aspectos, con deficiencias en la gestión financiera, inconsistencias contables, declaraciones tributarias observadas y una contratación que se estimó contraria al principio de probidad administrativa, materias todas que fueron formalmente incorporadas al procedimiento y sobre las cuales se emitió dictamen o vista fiscal previo a la aplicación de la sanción. Con ello, esta Corte no valida el mérito disciplinario de la decisión ni sustituye a la autoridad administrativa en la apreciación de los antecedentes sumariales, sino que únicamente constata que, en el estado de estos autos, los elementos acompañados impiden calificar la actuación recurrida como manifiestamente ilegal o arbitraria en sede de protección.

Noveno: Que, en consecuencia, no verificándose en la especie un acto ilegal o arbitrario que, de manera manifiesta, haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías invocadas por la recurrente, el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación y Servicios “Ramón Freire” de Dalcahue.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes No firma el Sr. Ministro Titular don Jaime Meza Sáez, quien concurrió a su vista y acuerdo por encontrarse con licencia médica.

Rol N° Protección-1485-2025.