Protección contra Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada

Puerto Montt, veinte de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO Y TENIENTE PRESENTE:

Con fecha 06 de octubre del año en curso comparecen Junta de Vecinos Jardín Oriente 3, persona jurídica de derecho público, representada por su presidente, don nombre reservado, Agrupación Cultural por los Humedales y Entornos Naturales, persona jurídica de derecho público, representada por su presidenta, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado (Sede Vecinal), Puerto Montt y Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, quienes recurren de protección en contra de Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ignora oficio u profesión, ambos domiciliado en Volcán Copahue esquina Volcán Lanín, comuna de Puerto Varas (en adelante, indistintamente, “Inmobiliaria GPR”), Inmobiliaria Socovesa Sur S.A, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ignora oficio u profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado (en adelante, indistintamente, “Inmobiliaria Socovesa”) y Serviu Región De Los Lagos, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Director Regional, don Hardy Grandjean Rettig, ignora oficio u profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado (en adelante, indistintamente, “Serviu”), por estimar que estos últimos –y de conformidad con lo resuelto en etapa de admisibilidad- han ejercido actos que amagan las garantías previstas por los numerales 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En primer término, señalan que la recurrida Inmobiliaria GPR es dueña del Lote A2, que forma parte de un predio ubicado en Chin Chin, comuna de Puerto Montt, de una superficie de 7,98 hectáreas, inscrita a fojas 3908, N° 5104, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2012, predio, que según consta de sus títulos, colinda al sur con calle Llantén, bien nacional de uso público ubicado en el sector de Jardín Oriente, Puerto Montt, lugar donde se encuentra emplazado un conjunto habitacional construido por uno de los recurridos, Constructora Socovesa, y cuyos habitantes (vecinos), accionan constitucionalmente representados y agrupados a través de su Junta de Vecinos, Jardín Oriente 3.

En el predio de la recurrida, existe un cuerpo de agua que ha sido denominado por los vecinos del sector y la comunidad científica como “Humedal Llantén”, el que abarca una superficie aproximada de 30 hectáreas cercanas a la calle del mismo nombre, cuyas coordenadas de ubicación son las siguientes: UTM (m) este: 673.704 y norte: RUT reservado, referida al Datum WGS 84, huso 18. Hacen presente, que existen registros fotográficos de dan cuenta de la existencia del referido humedal y que datan del año 1979.

Agregan que Inmobiliaria GPR se encuentra actualmente desarrollando y construyendo en su predio, el proyecto inmobiliario denominado “Hacienda Los Lagos”, con acceso por Avenida Austral y Sargento Silva de esta ciudad. Para los efectos de la urbanización del proyecto, la recurrida requiere recuperar los suelos ocupados constantemente por las aguas del humedal y esteros que lo abastecen, y con ese objetivo, abrió un canal de drenaje de 180 metros de largo por 2.0 metros de profundidad, el cual evacua, constantemente y hasta el día de hoy, dichas aguas con dirección noreste hacia los terrenos donde se encuentra ubicado el Colegio Da Vinci School Puerto Montt, cuyo sostenedor es uno de los recurrentes, Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada.

Señalan que la intervención en el humedal por parte de inmobiliaria GPR y el drenaje de sus aguas con dirección al Colegio Da Vinci School, fue constatada en terreno por funcionarios de la Dirección General de Aguas Región de la Región de Los Lagos (en adelante DGA), en una fiscalización realizada con fecha 29 de Enero de 2016, a raíz de una denuncia efectuada por la recurrente, Junta de Vecinos de Jardín Oriente 3, procedimiento administrativo que concluyó por resolución exenta N° 59, de fecha 14 de Febrero de 2016, la cual resolvió no acoger la denuncia formulada contra la recurrida, pues a juicio de dicho estamento público, carecen de facultades fiscalizadoras respecto de labores de drenaje de suelos húmedos en propiedades particulares.

Alegan que las obras de drenaje e intervención del humedal Llantén, afectan perjudicialmente la integridad física y psíquica de miembros de la comunidad estudiantil del colegio y vecinos, y ambientalmente todo el sistema que alberga el humedal. Que las altas precipitaciones que afectan la zona en épocas invernales sumado al drenaje de aguas del humedal generan graves problemas de anegamiento en gran parte del sector de Jardín Oriente , y por otra parte, las aguas que provienen del humedal y que escurren por una ladera hacia el Colegio Da Vinci, provocan peligro de desprendimiento y derrumbe de tierra, y además las inundaciones ya han provocado serios daños materiales en estructura de viviendas y colegios afectados, tales como daños en bienes muebles, imposibilidad de salir de las viviendas, filtración de aguas servidas, entre otros.

Indican que, producto de las constantes denuncias de anegamiento realizadas por vecinos del sector Jardín Oriente y a petición del Director Regional de Obras Hidráulicas Región de Los Lagos, según consta oficio N° 1909, fiscalizadores de la DGA, con fecha 23 de Noviembre de 2016, vuelven a realizar una inspección en calle Llantén, constatando la existencia de un cauce natural que corresponde a un estero sin nombre y cuyo trazado, aparece descrito en el plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Puerto Montt. En dicho cauce, existe una obra de descargue de aguas cuyo proyecto no ha sido aprobado por la DGA, ubicado en las coordenadas UTM (m) este: 672.614 y norte: RUT reservado, referida al Datum WGS 1984, huso 18, y que consiste en una tubería de HDPE de diámetro aproximado de 1000 mm, sin muro de boca u otra obra de soporte. Que, en contexto de esa fiscalización, Inmobiliaria GPR reconoció existencia de la obra, señalando que corresponde a una solución de evacuación de aguas lluvias del proyecto inmobiliario que desarrolla y que cuenta con autorización del Serviu. El procedimiento de fiscalización fue resuelto por la DGA, por resol exenta Nº30 de 3 de febrero de 2017, donde se identificó a Inmobiliaria GPR como responsable de la obra de descargue sobre el estero sin nombre al no contar con aprobación de la DGA para su construcción, se le ordenó presentar proyecto de modificación de cauce que asegure que éste no signifique peligro para la salud o bienes de la población, en plazo de 90 días hábiles, bajo apercibimiento de multa. Según sus antecedentes, a la fecha no hay ningún proyecto presentado, y la acción de descargue de aguas lluvias se sigue consumando día a día.

A continuación, exponen que el Humedal Llantén posee un gran valor ambiental para la comunidad, pues alberga gran variedad de fauna acuática, aves y es lugar de reproducción de la rana grande chilena, especie en peligro de extinción en la zona sur, y además CONAF ha detectado la presencia de alerce en el sector, lo que devela la importancia de su protección. Alega que la recurrida interviene en el humedal con obras de drenaje y urbanización, lo que ha generado la inmigración de la rana grande de su medio de reproducción hasta la zona de urbanización, donde muchas mueren por el tránsito de automóviles, y además en múltiples oportunidades han debido concurrir al sector de Jardín Oriente funcionarios del SAG, para recibir ejemplares de la rana que fueron encontradas por vecinos en sus viviendas.

Por otra parte, refieren que la recurrida Inmobiliaria Socovesa mantiene en terrenos de su propiedad, ubicado al costado del Colegio Da Vinci School, en las intersecciones de calle Aeródromo con avenida Austral, dos piscinas de retención con capacidad limitada, que reciben aguas lluvias de los conjuntos habitacionales de la recurrida, esto es, Jardín Oriente, Jardín Norte y Mirador de la Bahía, las cuales en periodo de fuertes lluvias son también inundadas, provocando el desborde de sus aguas hacia los terrenos colindantes de los vecinos de Jardín Oriente y el aludido colegio, lo que contribuye al anegamiento del sector, sin mecanismos de protección de sus obras para impedir o resguardar el acceso al público. Según sus antecedentes, y de acuerdo a oficio dirigido a Socovesa por el DOM, dicha entidad no tenía conocimiento de la existencia de esas piscinas de retención, pues no figuran en el plano de aguas lluvias existente en los registros, y según su conocimiento, solo una de las piscinas de retención cuenta con autorización del Serviu, quien tiene la administración de estas obras, por tratarse de la red secundaria de evacuación y drenaje de esas aguas. Agregan que dichas piscinas tienen capacidad limitada, e Inmobiliaria GPR solicitó al DOM la recepción de 50 viviendas de un total de 202 que corresponden al loteo “Hacienda Los Lagos”, cuyas aguas lluvias también serán recepcionadas por esas piscinas, que no estarían tampoco evacuando en el canal existente.

Exponen finalmente, que por resolución Nº3284 de 15 de junio de 2017, la Unidad Regional de la Contraloría General de la República, ordenó a Serviu Regional y DOM, explicar por ,qué motivo fueron aprobados los proyectos denominados “Pavimentación y Aguas Lluvias del Condominio Mirador II, Avenida Monseñor Jorge Hourton esquina Sargento Silva” y “Pavimentación y aguas Lluvias del loteo 247 Viv. Etapa I-A (79 viviendas) de la comuna de Puerto Montt”, ejecutados por las empresas constructoras Socovesa Sur S.A. y Constructora GPR limitada, sin contar con las autorizaciones a que se refiere el artículo 41 del Código de Aguas, máxime cuando la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Lagos, indica que en dichos loteos se ubica un cauce natural sin nombre que estaría siendo modificado producto de las descargas de aguas lluvias de esas obras, instruyendo también a dichos servicios, iniciar sumarios administrativo para determinar posibles responsabilidades en el otorgamiento de dichas autorizaciones.

Manifiestan que los hechos denunciados vulneran la garantía consagrada en el numeral 8º del artículo 19 de la Constitución, por los daños causados al Humedal Llantén, ya que el lugar es usado como vertedero de basura; el drenaje de sus aguas y las faenas constantes que se ejecutan con maquinaria pesada han puesto en peligro su fauna, que han debido inmigrar; generan además inundaciones, desniveles de terreno, ruidos molestos y problemas sanitarios. Agregan, asimismo, que se ha vulnerado la garantía del Nº24, pues las constantes inundaciones en periodos de altos niveles de precipitaciones, producen el ingreso de agua al interior de las viviendas, debilitando sus estructuras, humedad en el ambiente, desnivel de terrenos visible en varios sectores de Jardín Oriente y plaza de uso público, pérdida de electrodomésticos, e incluso inundaciones en el interior del establecimiento recurrente.

Piden, en definitiva, se acoja el recurso, disponiendo las siguientes medidas: a) En relación a la recurrida, inmobiliaria GPR, se le ordene abstenerse de realizar descarga de aguas lluvias en estero sin nombre, en tanto no cuente con un proyecto de modificación de causes aprobado por la DGA Región de Los Lagos. b) Se le ordene a la Recurrida, inmobiliaria GPR, abstenerse de realizar obras drenaje de las aguas del Humedal Llantén, adoptando inmediatamente medidas de mitigación a fin de procurar la protección de humedal. c) Se le ordene a la Recurrida, Inmobiliaria GPR, someter el proyecto inmobiliario “Hacienda Los Lagos”, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. d) Respecto a los Recurridos, Inmobiliarias Socovesa y Serviu Región de Los Lagos, se le ordene adoptar inmediatamente y a su costa, medidas de protección y mitigación que eviten el anegamiento de las piscinas de retención de aguas lluvias, debiendo resguardo el lugar de manera que se restringa el acceso por habitante del sector.

Se acompañan al recurso, Resolución Exenta DGA N° 59, de fecha 4 de Febrero de 2016; Catastro de especies de aves realizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero; Carta denuncia de la junta de vecinos dirigida a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, de fecha 02 de Febrero de 2016; Oficio N° 47 de fecha 04 Febrero de 2016, dirigido por el Seremi de Medio Ambiente Región de Los Lagos al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Denuncia realizada ante la Superintendencia de Medio Ambiente, de fecha 22 de Febrero de 2016; Informe sobre la rana grande chilena, realizado por instituto de ciencias marinas y limnológicas de la Universidad Austral de Chile; 6 actas de Movimiento de Fauna Silvestre, del Servicio Agrícola y Ganadero; Acta de fiscalización o Verificación de fecha 17 de Marzo de 2016, del Servicio Agrícola y Ganadero; Estudio Descriptivo del Humedal Llantén, Marzo de 2016, Universidad Austral de Chile; Resolución Exenta DGA N° 260, de fecha 20 de Abril de 2016; Carta dirigida al encargado municipal de medio ambiente, don nombre reservado, de fecha 2 de mayo de 2016; Carta N° 139-2017, Corporación Nacional Forestal, Región de Los Lagos, de fecha 25 de Julio de 2017; Resolución DGA exenta N° 30, de fecha 3 de Febrero de 2017; Antecedentes sobre requerimiento de acceso a información, N° 3834, de fecha 7 de Julio de 2017, Contraloría General de la República, Unidad Regional Los Lagos, Resolución ordinaria DGA N° 89, de fecha 16 de Mayo de 2017; Oficio del DOM N° 1080, de fecha 21 de Junio de 2017. Municipalidad de Puerto Montt; Denuncia Junta de Vecino Jardín Oriente dirigida a la Secretaria Ministerial de Educación y Gobernación de Llanquihue, de fecha 21 y 23 de Agosto de 2017; Set de fotografías correspondientes al Sector Jardín Oriente y Humedal Llantén; Respuesta del Serviu Región de Los Lagos, por piscinas de retención de aguas lluvias, de fecha 28 de Julio de 2017; Resolución DOM N° 2030 y 1241, de fecha 18 y 19 de Julio de 2017; Respuesta de Serviu Región de Los Lagos, de fecha 28 de Julio de 2017; Carta dirigida por Inmobiliaria Socovesa al DOM, de fecha 21 de Marzo y 3 de Abril de 2016; Resolución DOM N° 406 y 747, de fecha 04 de Abril y 10 de Junio de 2016.

Que con fecha 02 de noviembre de 2017, informa en representación de la recurrida Serviu Los Lagos, el abogado don Marcelo Vega Díaz, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Aclara que solo informarán respecto al punto relativo al rebalse de la piscina de retención de aguas lluvias, pues únicamente tendrían vinculación con aquello. Manifiesta que el inmueble en el cual se emplaza la piscina de contención, al costado del Colegio Da Vinci, es de dominio de Inmobiliaria Socovesa S.A., la cual fue habilitada como parte del plan de solución de aguas lluvias del loteo Jardín Oriente y que fue autorizado por el Serviu bajo el N°575, por lo que al ser dicha piscina administrada por la referida empresa sobre ella no tiene injerencia alguna el servicio. Indica que el proyecto inicial contemplaba que la piscina retuviese las aguas lluvias del proyecto inmobiliario antes referido traspasando solo el caudal igual al existente antes de la urbanización del terreno, por lo cual no se consulta modificación de cauce. Aclara asimismo que el proyecto aprobado por el Serviu contempla solo una laguna, y la segunda laguna descrita por los vecinos corresponde a un terreno de propiedad del municipio, el cual fue transferido por Socovesa, y aparentemente correspondió a un pozo de lastre, el que se encuentra con acumulación de aguas lluvias porque terceros intervinieron la solera ubicada al oriente de calle Aeródromo, dejando pasar en forma gravitacional las aguas lluvias que escurren superficialmente por dicha calle, pero en caso alguno son obras aprobadas por ellos y menos forman parte de la solución de aguas lluvias del sector.

Indica que en la actualidad Socovesa, en su calidad de responsable por la mantención y buen funcionamiento de la solución, ha realizado en los últimos años obras de complementación, dentro de las cuales está el entubamiento de la evacuación de aguas de rebalse de la laguna por un terreno vecino al Colegio Da Vinci, proyecto que no fue ingresado al Serviu para su revisión. Ese entubamiento fue tapado posteriormente en su salida por la intervención de un tercer propietario, quien realizó movimientos de tierra que generaron un tapón en la salida y un aumento considerable en la cota del terreno existente, ocasionando con ello que las aguas no pudieran escurrir en forma natural. Esa es la causa principal de las inundaciones que se denuncian. Señala que se produjo un desvío de tubería que conducía las aguas rebalsadas hacia un sector más bajo, desvío que se produjo con ocasión de la construcción del Colegio Da Vinci, y que finalmente fue conducido hacia un sector en el cual se han realizado trabajo de estabilización de terrenos aumentando su cota, que habrían sido ejecutados por terceros. Señala que estos trabajos si bien fueron ejecutados en una zona aledaña a las inundaciones, debieron contar con autorización de los órganos públicos competentes, respecto de los cuales solicita informe.

Refiere que, con el objeto de mejorar esta situación, Socovesa ingresó a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas un proyecto de sistema de bombeo que permitiría mantener el nivel de las aguas lluvias del cuerpo receptor, conectándose a la red existente en el camino a Alerce a la altura de Avenida Austral, evitando las inundaciones por desborde. De la respuesta de la Dirección se desprende que el colector no es parte de la red primaria, por lo que dicha solución está en revisión por el Serviu, debiendo corroborar que ésta no generaría una modificación de cauce, pues en tal caso Socovesa deberá tramitar ante la Dirección General de Aguas su autorización, lo que conllevaría un plazo estimado mínimo de 6 meses.

Concluye, en definitiva, que el rebalse se origina en la obstrucción de la única vía de evacuación existente en caso de rebalse de la piscina de retención, pero esta no puede ser atribuida a los recurridos, sino que a terceros que han ejecutado las obras de movimiento de material y habilitación de explanada, aumentando con ello la cota del terreno, y más aún si los propios recurrentes señalan que la piscina se emplaza en terreno de Socovesa, siendo administrada de manera exclusiva por ésta.

Acompaña a su informe el plano que singulariza el proyecto de recepción de aguas lluvias del loteo “Jardín Austral 147 viviendas”, en el cual se considera la piscina de retención objeto del recurso.

Que con fecha 02 de noviembre de 2017, informa también en representación de la recurrida Inmobiliaria Socovesa Sur S.A., continuadora legal de Inmobiliaria Socovesa Valdivia S.A., el abogado don Rolando Reyes Campos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Solicita desde ya el rechazo del recurso, por no existir relación de causalidad entre el hecho y los derechos que se señalan como vulnerados, al haber sido interpuesto el recurso con carácter genérico, siendo además varias de las imputaciones conocidas por los órganos administrativos respectivos.

Refiere que en el marco del desarrollo de los proyectos habitacionales Loteo Jardín Oriente I, aprobó mediante Resolución N°575 de septiembre de 2002 del Serviu Región de Los Lagos, un proyecto de evacuación de aguas lluvias, que ha servido y fue diseñado además para los sucesivos y ya recepcionados Loteos Jardín Oriente II, Jardín Norte I y II, Mirador de la Bahía I, Mirador de la Bahía II y Mirador de la Bahía III. Dicha solución de aguas lluvias aprobadas contempló la construcción de un estanque de retención, ubicado en Avenida Austral esquina Calle Aeródromo, que inicialmente tendría capacidad de retener aporte de aguas lluvias de una superficie aproximada de 72 hectáreas que refieren a los loteos anteriores, con volumen aproximado de diseño de 2.000 m3. Agrega que la solución comprendía una tubería de rebalse para conducir las aguas hacia el cauce natural ubicado por el límite norte del inmueble, es decir, alcanzada la cota de retención despichaba a través del cauce por la tubería.

Expone que la red de evacuación de aguas lluvias fue construida por Socovesa de acuerdo a proyectos aprobados por Serviu, y posteriormente recibidos por éste y la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Puerto Montt, según consta en antecedentes que detalla.

Alega que, si bien es cierto que la piscina se encuentra en terreno de propiedad de Socovesa, la administración, cuidado y mantención de ella corresponde actualmente al Serviu Región de Los Lagos, por acuerdo de las partes y por así mandatarlo la normativa sectorial vigente, lo que ha sido reconocido por los propios actores en su recurso. De la administración y mantención, además de las aprobaciones y recepciones ya referidas, da cuenta el Acta de Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2003, remitida por el Director de Obras Municipales, donde asistieron como interesados e intervinientes Socovesa, Minvu, Serviu, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio de Salud Llanchipal, CONAMA y Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Puerto Montt. Allí se estableció una administración por 5 años por Socovesa Valdivia S.A. (Hoy Inmobiliaria Socovesa Sur S.A.), fecha desde la cual sería administrada por Serviu Región de Los Lagos, por ser este organismo quien aprobó dicha solución de aguas lluvias, administración que se llevó sin problemas entre los años 2003 a 2008.

Expone que la solución de aguas lluvias es una piscina de rebalse de retención de aguas limitada, que en los últimos años se ha visto impedida de ejercer correctamente su función por dos factores: uno, que la Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada, recurrente y vecina de la piscina de retención, a través de la construcción del Colegio Da Vinci de su propiedad, rellenó y tapó, y en definitiva intervino y eliminó sin autorización alguna, el cauce natural por donde escurrían las aguas lluvias una vez que la citada piscina alcanzaba su fase de evacuación o despiche, impidiendo la evacuación de aguas de los loteos señalados, produciendo los anegamientos que informan; y dos, porque la solución fue aprobada con capacidad limitada de recepción/retención de aguas lluvias, solo para los loteos referidos, pero desde el año 2015 detectaron la incorporación de otros aportantes no contemplados. De esta manera, la empresa GPR Puerto Varas Limitada, a través de su Loteo Hacienda Los Lagos, se ha incorporado a la red a través de aportes que confluyen a la piscina, sobrepasando su capacidad limitada de retención, lo que ineludiblemente en época de mayores lluvias ha hecho colapsar la piscina, provocando los rebalses e inundaciones ya conocidos.

Refiere que, por lo anterior, el 21 de marzo de 2016, Socovesa a través de su Gerente General, dirigió una misiva al Serviu, administrador de la piscina, informando la incorporación de puntos de conexión.

Manifiesta que, en definitiva, ha sido el actuar de uno de los recurrentes, y aportes no contemplados generados por Inmobiliaria GPR los causantes de los señalados rebalses.

Alega asimismo la falta de legitimación pasiva, pues la inmobiliaria no tiene la custodia, supervisión, ni obligación legal de mantención de bienes nacionales de uso público ni de la red secundaria de evacuación de aguas lluvias. Todas las calles del citado loteo Jardín Oriente I fueron aprobadas y recepcionadas municipalmente, y en virtud de ello estima que todas las calles, avenidas, áreas verdes, obras de alimentación y desagüe de aguas lluvias, y demás espacios públicos en general, contemplados en el proyecto han pasado a ser bienes nacionales de uso público, según lo prescrito en el artículo 135 de la Ley General de Urbanismos y Construcciones, por lo que no corresponde a Inmobiliaria Socovesa Sur S.A., custodiar o mantener calles ya recepcionadas municipalmente, siendo responsable la respectiva Municipalidad o el correspondiente Servicio de Vivienda y Urbanización de la mantención de dichos bienes nacionales de uso público. Por otro lado, el artículo 1° de la ley N° 19.525 que Regula Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias del Ministerio de Obras Públicas, indica que la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponderá al Ministerio de Obras Públicas. Agrega que tal norma señala que la red secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a quien le corresponderá, directamente, su planificación y estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación y mantención de la misma. Destaca que la norma antes transcrita señala que la mantención de la red secundaria de evacuación de aguas lluvias, es competencia del correspondiente Servicio de Vivienda y Urbanización, para este caso, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Lagos. Conforme a aquello, no puede el particular, existiendo una recepción de obras de urbanización afirme, mantener a perpetuidad la custodia o mantención de dicha red, sus drenajes, sumideros o limpieza de estos.

Por último, solicita el rechazo por inexistencia de actos u omisiones arbitrarios e ilegales, toda vez que afirma que ninguno de los hechos invocados por la parte recurrente resultan ser arbitrarios o ilegales. Reitera que Socovesa Valdivia S.A., hoy Inmobiliaria Socovesa Sur S.A., desarrolló el año 2002, el Loteo Jardín Oriente Primera Etapa, a través del Permiso de Obras de Urbanización N° 1 de fecha 19 de febrero del año 2002 de la Dirección de Obras Municipales de Puerto Montt el cual fue recepcionado a través de la recepción de obras de urbanización y aprobación de Loteo N° 25 de fecha 30 de septiembre del año 2002, de la Misma Dirección de Obras Municipales, antecedentes que están debidamente archivados bajo los números 1054 y siguientes del archivo de documentos anexos del Registro de Propiedad del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Estima entonces que correspondió a Inmobiliaria Socovesa Valdivia S.A.. en ese entonces, en su calidad de propietario del predio aludido y como urbanizador de las obras antes señaladas, la obligación legal de desaguar la aguas lluvias según dispone el artículo 134 de la LGUC, siendo en consecuencia las obras de urbanización ejecutadas por Socovesa, debidamente aprobadas por el órgano respetivo y actualmente recepcionadas (hace 15 años), resultó ser nada más que la ejecución y desarrollo de un imperativo legal que tanto la Ley General de Urbanismo y Construcción como su ordenanza y normativa sectorial al efecto, imponen a todo urbanizador propietario del terreno.

Que, en mérito de lo informado por Socovesa, por resolución de seis de noviembre del año en curso, se ordena al recurrido Serviu ampliar su informe, a la cual éste señala con fecha 10 de noviembre que Inmobiliaria Socovesa presentó el día 3 de octubre a dicho servicio, un proyecto de bombeo de emergencia de aguas lluvias, memoria que fue ingresada a la Dirección de Obras Hidráulicas el 10 de octubre, organismo que por Ord. N°1.741 devolvió dicho proyecto por carecer de competencias sobre la materia. En atención a ello, el proyecto se encuentra en poder del Serviu, para su revisión, debiendo emitirse un pronunciamiento definitivo en las próximas semanas.

Por su parte, con fecha 10 de noviembre del año en curso, informa don Gonzalo Alonso Valdés, abogado, en representación de la recurrida Inmobiliaria GPR Puerto Varas Ltda., señalando en primer término, que existen errores en cuanto a la individualización del terreno de que es dueña, pues el lote A2 que señalan los recurrentes, fue totalmente construido y enajenado, manteniendo la propiedad de otro terreno, Lote 10, el cual se subdividió en lotes 10A y 10B, siendo este último donde se denuncia la existencia de un humedal, que tendría una superficie aproximada de 20.000 metros y no de 30 hectáreas, como equivocadamente indica el recurso.

Expone que actualmente desarrolla un proyecto inmobiliario denominado Hacienda Los Lagos, que se ubica en el Lote 10A, en el cual se desarrolló un estudio para el lote 10 completo denominado Informe de Consulta Geotécnica, el que concluye en febrero de 2010 que en el sector del Lote 10B no se verifica la existencia de un humedal. Que el Seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos en carta enviada al Alcalde de Puerto Montt con fecha 4 de febrero de 2016, señala que el supuesto humedal se habría originado después del año 2002, producto de la construcción del camino, de origen antrópico. Por lo anterior, señala que existen antecedentes que apuntan a que la acumulación de agua en ese sector es producto de la obstrucción del desagüe natural del terreno por la intervención humana. De modo que su acción como propietario del predio fue remover los cierres artificiales de los cauces de agua y permitir que éstas escurrieran de forma natural, como hacían antes de haber sido intervenidas, lo que ha estado en conocimiento de las autoridades.

Expone que, ratificando aquello, la Dirección General de Aguas de la región realizó una fiscalización el 16 de diciembre de 2015, con ocasión de denuncia realizada por los vecinos recurrentes, y concluyó por resolución exenta N°59 de 14 de febrero de 2016, que no acogía el hecho denunciado por carecer de facultades fiscalizadoras, por ser terrenos privados, y cuyos trabajos de drenaje no requieren autorización de la DGA, por lo que cualquier problema debía ser resuelto por las partes o mediante intervención de tribunales. A causa de nuevas denuncias, la DGA realizó una segunda fiscalización el 29 de enero de 2016, concluyendo por Resolución Exenta N°260 de 20 de abril del mismo año, en que nuevamente no acoge la denuncia, reiterando el criterio, y en relación a la descarga de aguas en el estero sin nombre, señala que su cauce se encontraría fuera de los límites de la propiedad de GPR, y que el lecho intervenido corresponde más bien a un dren que evacúa las aguas hacia el cauce natural. Finalmente el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, emite el 10 de agosto de 2017, un Informe de Terreno, en el cual los fiscalizadores municipales revisan el drenaje de las aguas del terreno, indicando que con respecto al desagüe del supuesto humedal, con toda el agua caída, el caudal que escurre hacia el oriente es absolutamente insignificante, adjuntando fotografías, documento que además, en su parte final, da cuenta que GPR tiene la voluntad de llegar a un acuerdo con el municipio en relación a la conservación del sector aludido.

Respecto a la acusación referida a que utilizan una tubería para realizar descargas ilícitas de agua sin conocimiento ni aprobación de la DGA, esa denuncia se refiere a otro terreno, el A-2, en el cual desarrollaron un proyecto habitacional de 247 viviendas, ya vendidas, no teniendo ningún tipo de propiedad en dicho inmueble. Los proyectos de pavimentación y aguas lluvias fueron aprobados por el Serviu, así como las obras de edificación fueron recepcionadas por la Dirección de Obras en agosto de 2014, y finalmente, señala que la mencionada descarga de agua estuvo en todo momento en conocimiento de los organismos públicos competentes. Agrega que, con fecha muy posterior, por otra denuncia de los mismos vecinos, fue exigida por la DGA información relativa a la descarga de agua, pero la resolución emitida por la DGA fue recurrida vía impugnación administrativa, actualmente pendiente de resolución en la DGA de Santiago, por lo que resulta improcedente iniciar una acción constitucional si el tema está pendiente de ser resuelto.

Respecto al supuesto Humedal Llantén, señala que éste no se encuentra en el listado de humedales bajo protección ambiental, situación conocida por la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, en carta enviada al Alcalde de Puerto Montt el 4 de febrero de 2016, por lo que no es efectivo que sea un lugar de gran valor para la comunidad ambiental. Tampoco se han detectado alerces por la CONAF, sino que terceros han ingresado a la propiedad y han plantado artificialmente especies de tipo alerce para luego denunciar estos árboles, lo que fue detectado en visita técnica de octubre de 2017.

Finalmente, en cuanto al tema del rebalse de la piscina que retiene las aguas lluvias del sector, que en episodios de lluvia intensa ocasionaría la inundación del Colegio Da Vinci y sus alrededores, informa que en la ejecución del proyecto Hacienda Los Lagos, presentaron todos los antecedentes al Serviu y se obtuvo su aprobación para la solución de aguas lluvias, que contempla el uso de la mencionada piscina, documentación que se tuvo a la vista por el DOM al momento de otorgar la recepción final de obras de tales etapas, con lo que deja de manifiesto haber cumplido a cabalidad con la normativa.

Agrega que la recurrente Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Ltda, sostenedora del Colegio D Vinci, es la principal responsable de las inundaciones del sector, pues fue la construcción del colegio la que ocasionó la eliminación del desagüe de la piscina de retención construida por Socovesa, que debía mantener el despiche constante en dirección noreste, lo que se dio en la práctica hasta la construcción del colegio, siendo de allí en adelante que se han producido los anegamientos e inundaciones, lo que resulta evidente también del informe evacuado por el Serviu, refrendado por Socovesa. Lo anterior se ve refrendado en el Ordinario 1457 de 24 agosto de 2017, emitido por la Directora de Obras, y en la sentencia dictada por el 2° Juzgado de Policía Local en causa rol 5.698-2017, en el cual se denunciaba a GPR, como responsable de una inundación ocurrida el 20 de junio de 2017 en avenida Austral con calle Aeródromo, donde fue absuelta, pues con la prueba ofrecida se logró desacreditar la denuncia.

Dice que la acción además resulta improcedente, pues los organismos competentes, DGA Santiago, Dirección de Obras Hidráulicas y Contraloría, se encuentran analizando las antecedentes y aun no se han pronunciado respecto a las alternativas de solución de los distintos problemas planteados por los recurrentes, excediendo el recurso interpuesto la naturaleza jurídica de la acción constitucional.

Acompaña a su informe, copia de resolución exenta N°59, copia de resolución exenta N°260, copia de recepciones finales de obras, copia de informe de consulta geotécnica, copia de informe de terreno, copia de ordinario 1457, copia de sentencia del 2° Juzgado de Policía Local, y copia de informe técnico de inspección predial.

Por otra parte, con fecha 16 de noviembre del año en curso, informa don Egidio Cáceres, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Puerto Montt, señalando que, revisados lo antecedentes correspondientes al rol de avalúo 2850-10, específicamente donde se emplaza el Colegio Da Vinci, predio ubicado en calle Aeródromo s/n, se constató que cuenta con Permiso de Edificación N°162 de 28 de abril de 2011 y permiso de Obra Menor N°111 de 30 de diciembre de 2014. Agrega que dentro del expediente no se encontraron autorizaciones para movimientos de tierra, tampoco información del terreno donde se señale existencia de cauce o escurrimiento de aguas, que modifiquen la topografía del lugar. Tampoco es informada la existencia de cauce en el Cambio de uso de Suelo aprobado por SAG y Minvu, previo al permiso municipal.

Respecto a la causa directa del rebalse de piscina, sería al parecer la obstrucción de la única vía de evacuación de ésta, según lo visto en el plano del proyecto de aguas lluvias aprobado por el Serviu. Evacuación se realizaba según proyecto, hacia un canal ubicado donde actualmente se encuentra construido el Colegio. Desconoce si Socovesa pidió autorización al vecino Colegio para arrojar las aguas provenientes del rebalse de la piscina, a su predio.

Hace presente que el 2 de marzo de 2016 la DOM cursó citación a la Inmobiliaria GPR al 2° Juzgado de Policía Local, por no acatar orden de paralización de obras, ejecutar obras sin permiso de urbanización e instalación de faenas. Entre éstas, por apertura de una zanja que parte desde el predio de la inmobiliaria hacia otros terrenos que evacua las aguas aposadas hacia el borde de cerro que limita con el Colegio, lo que pone en peligro de inundación al mismo, por estar emplazado en la cota inferior, lo que infringe el artículo 5.1.3. de la LGUC. Citación dio inicio a causa rol 1149-2016, en que por sentencia de 14 de junio de 2016, se condenó a la inmobiliaria al pago de una multa de 20 U.T.M.

Acompaña a su informe, copia de los documentos a que ha hecho referencia en el mismo.

Finalmente, rola informe de don nombre reservado, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, de fecha 23 de noviembre del año en curso, quien señala que no han recepcionado informes de suelos referidos a inmuebles ubicados al poniente de ruta que une a Alerce y Puerto Montt, específicamente a la altura de Avenida Austral.

Que, con fecha 24 de noviembre de 2017, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en estos autos han acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía, la Junta de Vecinos Jardín Oriente 3, la Agrupación Cultural por los Humedales y Entornos Naturales, y Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada, quienes recurren de protección en contra de Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada, Inmobiliaria Socovesa Sur S.A, y Serviu Región De Los Lagos, quienes de modo arbitrario e ilegal habrían vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como su derecho de propiedad, por la intervención del Humedal Llantén y drenaje de sus aguas por la Inmobiliaria GPR; descargue ilícito de aguas lluvias por parte de la misma Inmobiliaria y anegamiento de piscina de retención de aguas lluvias en propiedad de Inmobiliaria Socovesa y administradas por Serviu Región de Los Lagos.

TERCERO: Que, para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, respecto al primer grupo de hechos denunciados, referido a la intervención del denominado Humedal Llantén, consistente en descarga de aguas de éste a través de un cauce artificial, sin obtener las autorizaciones de la autoridad competente, labor que sería ejecutada por la empresa CPR Puerto Varas Limitada, ocasionando con ello un anegamiento en el sector, lo que se vería incrementado ante la ocurrencia de altas precipitaciones, de los antecedentes allegados al recurso, en particular del informe evacuado por el propio recurrido, se verifica que éste no controvierte que el humedal se encuentra dentro de su propiedad, pero alega que no siendo éste protegido, y siendo propietario del mismo, puede disponer libremente de las aguas que afectan a su terreno, y en cuanto a la zanja de desagüe, argumenta que el Departamento de Medio Ambiente certificó que los montos de aguas que escurren son menores.

En relación a la descarga de aguas al estero sin nombre, sin negar haber efectuado aquellas, alega que éstas siempre estuvieron en conocimiento de los organismos públicos que tienen competencia en la aprobación de los proyectos habitacionales construidos en la zona, y si bien se le ordenó por la DGA presentar un proyecto de modificación de cauce, ellos impugnaron dicha resolución, recurso que se encuentra actualmente pendiente en la DGA en Santiago.

Que, por otra parte, en relación a la descarga de aguas al estero, según informe de la DGA, se concluyó que el cauce del estero se encontraría fuera de los límites de la empresa GPR, y el lecho intervenido corresponde más bien a un dren que evacua las aguas hacia el cauce natural.

Que, por todo lo anterior, los antecedentes aportados por las partes resultan insuficientes para establecer claramente la responsabilidad del recurrido, en términos de imponerle de manera clara y precisa la obligación de cesar en ciertos y determinados actos estimados como arbitrario o ilegales, en el contexto de una acción de naturaleza eminentemente cautelar como la de protección.

QUINTO: Que, en lo relativo al rebalse de la piscina de regulación de aguas, no ha sido controvertido por los recurridos que se han producido inundaciones y desbordes en el lugar, pero nuevamente resultan insuficientes los antecedentes acompañados para establecer claramente la responsabilidad de Socovesa o Serviu, en términos de imponerles de manera clara y precisa la obligación de cesar en ciertos y determinados actos estimados como arbitrario o ilegales, en el contexto de una acción de naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia como la de protección, toda vez que por una parte Serviu alega que Socovesa es la responsable de la mantención y funcionamiento de la piscina, y ésta última alega que ello fue así hasta el año 2008, época en que debió asumir tal obligación el Serviu. A lo anterior, se suma que ambos acusan que el propio recurrente Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada habría intervenido y eliminado el cauce natural de despiche de la piscina, impidiendo evacuación de las aguas lluvias y produciéndose los anegamientos; y que el recurrido GPR se habría incorporado a la red de evacuación de aguas lluvias, sobrepasando la capacidad limitada de retención, lo que no es controvertido por éste, pero alega contar con las autorizaciones y permisos correspondientes.

SEXTO: Que, en efecto, como deviene de lo sostenido por el recurrido Socovesa, así como lo afirmado por los recurridos GPR y Serviu Región de Los Lagos, existe por una parte una piscina de contención situada en un predio de propiedad de la inmobiliaria Socovesa, cuyo rebalse desemboca en calles que por cierto son bienes nacionales de uso público, de conformidad al artículo 589 del Código Civil y el artículo 135 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, a través de las cuales penetra el agua en viviendas del sector. Pero alegan éstos que el desagüe de la piscina fue tapado por la construcción del Colegio Da Vinci, del cual es sostenedora la recurrente Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada.

Por tanto, no resulta claramente establecida la responsabilidad, al menos única, de la inmobiliaria Socovesa o de Serviu, en términos de dirimir precisamente en que momento cesa el deber de resguardo de la recurrida Socovesa y comienza a regir la responsabilidad de organismos públicos, bien sean la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt o Serviu Región de Los Lagos. Todos estos puntos por lo demás deben ser materia de un juicio de lato conocimiento, en que primarán juntamente con criterios jurídicos aquellos de nivel técnico, máxime si como fluye de los antecedentes acompañados, y en particular del propio reconocimiento efectuado por la recurrida GPR, existen otras empresas que han construido canales de desagüe de manera irregular en el sector, que podría también explicar, al menos parcialmente, las anegaciones denunciadas por los recurrentes.

SEPTIMO: Que, como puede apreciarse, en la especie falta un requisito básico para el planteamiento de la acción deducida, esto es, la existencia de un derecho indiscutido, pues mientras las recurrentes responsabilizan a las recurridas de la intervención del humedal Llantén, de la descarga de aguas en el estero sin nombre, y del anegamiento sufrido por vecinos del sector Jardín Oriente I, los recurridos rechazan su responsabilidad, argumentando, por una parte, que el supuesto humedal se ubica en terreno privado, donde puede disponer libremente de las aguas; que por otra parte el cauce estaría fuera de los límites de su propiedad; que por su parte la mantención de la piscina de regulación de aguas lluvias es responsabilidad de Socovesa, pero ésta a su vez alega que son organismos públicos quienes deben conservar y mantener adecuadamente los bienes nacionales de uso público involucrados, destacando que el artículo 1° de la ley N° 19.525, encomienda al Ministerio de Obras Públicas la mantención de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias y la red secundaria al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

OCTAVO: Que, finalmente, y sumado a todo lo antes dicho, es preciso tener en consideración la naturaleza de esta acción cautelar, a saber, sujeta a una tramitación rápida, eficaz y de urgencia; y el hecho que las partes no han acompañado al proceso mayores antecedentes que lo expuesto en cada una de sus presentaciones, sumado a los documentos acompañados, de los cuales no es posible constatar la existencia del acto ilegal y/o arbitrario en los términos que se acusa.

Por lo anterior, esta acción cautelar no resulta tampoco la vía idónea para resolver un asunto como el expuesto en autos, quedando a salvo el derecho de recurrir a las instancias correspondientes para ejercer las acciones que estimen pertinentes ya sea de índole administrativas o judiciales, junto con acompañar los medios probatorios de que dispongan, teniendo presente a que en la puesta en práctica de labores de mitigación por parte de los recurridos deben intervenir organismos técnicos del sector público para su adecuada fiscalización.

NOVENO: Que, no obstante lo anterior, conforme lo expresado por los recurrentes, y lo expuesto por los recurridos en sus alegatos, se apercibirá a estos últimos a seguir participando de la mesa de trabajo organizada por la Dirección de Obras Municipales destinada a coordinar a las diversas entidades involucradas, a fin de precaver situaciones como las denunciadas, así como seguir trabajando en el proyecto de ingeniería actualmente en revisión por parte del Serviu relativo al proyecto de bombeo de emergencia de aguas lluvias, con compromiso para su ejecución antes del invierno 2018.

Asimismo, se apercibe a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Puerto Montt, y al Director Regional del Serviu, a dar cumplimiento estricto a los acuerdos adoptados, de que dan cuenta los Ordinarios Nª2030 y Nº1241, de 18 y 19 de julio de 2017, respectivamente.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que se rechaza el recurso de protección interpuesto con fecha 6 de octubre de 2017 por la Junta de Vecinos Jardín Oriente 3, la Agrupación Cultural por los Humedales y Entornos Naturales, y Sociedad Educacional nombre reservado Contreras Limitada, en contra de Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada, Inmobiliaria Socovesa Sur S.A, y Serviu Región De Los Lagos.

II. Que, no obstante lo anterior, los recurridos deberán seguir participando de la mesa de trabajo organizada por la Dirección de Obras Municipales de esta ciudad, destinada a coordinar a las diversas entidades involucradas, a fin de precaver situaciones como las denunciadas, así como seguir trabajando en el proyecto de ingeniería actualmente en revisión por parte del SERVIU, con compromiso para su ejecución antes del invierno 2018.

III. Que no se condena en costas a las recurrentes.

Redactado por el Abogado Integrante don Jaime Ulloa Uribe.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 1485-2017.