nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Puerto Montt, siete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1480-2025- Protección, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, dedujo recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., fundado en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de trabajadora extranjera, presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Sostuvo, en síntesis, que se encuentra afiliada al sistema previsional venezolano, que sus contratos de trabajo contienen la cláusula de mantención de afiliación exigida por la ley, y que acompañó la documentación pertinente, entre ella constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, título profesional apostillado, contratos de trabajo y pasaje aéreo que acreditaría su salida definitiva del país.

Expuso que la recurrida rechazó su solicitud por estimar que no se acompañó un certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, debidamente apostillada o legalizada, exigencia que la actora estima improcedente, por tratarse de una formalidad no prevista en la ley, más aún considerando la imposibilidad material de obtener nuevas legalizaciones o apostillas por la situación diplomática existente entre Chile y Venezuela.

Agregó que la constancia acompañada emana de autoridad competente, contiene mecanismos de verificación electrónica a través del portal oficial del IVSS y acredita afiliación efectiva y continua al sistema de seguridad social de su país de origen, de modo que el rechazo obedecería a una interpretación excesivamente formalista y carente de razonabilidad, que desconoce el espíritu de la Ley N°18.156, vulnerando con ello las garantías del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene reconocer la validez de la documentación presentada, verificar la constancia de afiliación electrónica, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, en definitiva, disponer la devolución íntegra de sus fondos previsionales o adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su presentación los siguientes antecedentes: 1) nombre reservado. 2) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero. 3) Cédula de identidad para extranjeros. 4) Constancia de afiliación previsional del país de origen debidamente legalizada. 5) Título universitario apostillado. 6) Contratos y anexos de contratos de trabajo. 7) Pasaje aéreo.

Al evacuar el informe de rigor, la recurrida solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con costas, sosteniendo, en primer término, la improcedencia de esta vía cautelar por estimar que la controversia versa sobre una materia de lato conocimiento y carácter contradictorio, en la que no existiría un derecho indubitado sino una cuestión controvertida relativa al cumplimiento de los requisitos legales para la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero.

En subsidio, afirmó que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino ajustada estrictamente a la Ley N°18.156, al Decreto Ley N°3.500, al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a los oficios impartidos por dicho organismo fiscalizador, señalando que rechazó la solicitud de la actora por cuanto la constancia de afiliación acompañada se encontraba vencida al momento de presentarse la petición, superando la vigencia de 120 días reconocida por la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, lo que impedía acreditar cobertura previsional continúa durante toda su estadía laboral en Chile.

Agregó que la restante documentación acompañada, consistente en constancias electrónicas de cotización del IVSS, no resultaba suficiente por carecer de firma, no encontrarse legalizada o apostillada y no expresar de manera específica las coberturas exigidas por el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156, esto es, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período trabajado en Chile.

Expuso además que, conforme al régimen general del sistema previsional chileno, los fondos acumulados en las cuentas individuales tienen un destino legal exclusivo de financiamiento de prestaciones previsionales, siendo la devolución de fondos a técnicos extranjeros una hipótesis excepcional que exige el cumplimiento copulativo y estricto de los requisitos legales, entre ellos la calidad de técnico, la afiliación previa a un sistema previsional extranjero debidamente acreditada mediante certificación legalizada y la manifestación expresa en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación.

Finalmente, invocó oficios de la Superintendencia de Pensiones y diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones del país que, según afirma, han validado el rechazo de solicitudes semejantes cuando la documentación extranjera no cumple con las exigencias formales de legalización, apostilla, firma autorizada y acreditación específica de cobertura previsional, concluyendo que no concurre acto ilegal o arbitrario alguno ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Acompañó los siguientes documentos: copia de oficios de la Superintendencia de Pensiones N° 7253 y Nº 12954-2025, de fecha 28-04-2025 y 17-07-2025, respectivamente, que ratifica el correcto actuar de Provida en el caso de la no entrega de fondos previsionales a técnicos extranjeros que no cumplan con la normativa vigente.

Durante la tramitación de la acción deducida, la recurrente acompañó nuevos antecedentes, señalando, en primer término, que actualmente reside en la República Bolivariana de Venezuela, lo que acreditó con una Fe de Vida emitida el 17 de marzo de 2026 por la Dirección Municipal de la Parroquia Táriba, Municipio Cárdenas, Estado Táchira, y con una certificación de movimientos migratorios del SAIME de 21 de marzo de 2026, documentos que darían cuenta de su permanencia actual en dicho país.

Añadió que su salida de Chile fue definitiva, según consta del timbre de salida estampado en su pasaporte con fecha 6 de diciembre de 2025 por el Aeropuerto nombre reservado y del registro de ingreso a Venezuela el 7 de diciembre de 2025, antecedentes con los cuales pretende demostrar que ya no hace uso del sistema previsional chileno. Asimismo, reitera que cumple íntegramente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, por cuanto acreditó su calidad de profesional extranjera mediante título de Profesor, Especialidad en Informática, debidamente apostillado, acompañó constancia legalizada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que daría cuenta de afiliación continua desde 2005 con 920 semanas cotizadas y cobertura por vejez, invalidez, enfermedad y muerte, y sus contratos de trabajo contienen la cláusula expresa de mantención de afiliación al sistema previsional de su país de origen.

Finalmente, sostuvo que el rechazo de AFP Provida carece de justificación, por fundarse en una interpretación excesivamente formalista respecto de la vigencia de documentos cuya autenticidad y actualidad serían verificables en línea a través del portal oficial del IVSS, agregando que la imposibilidad de obtener nuevas apostillas o revalidaciones obedece a la suspensión de relaciones diplomáticas, circunstancia que califica como fuerza mayor y que, en su concepto, no puede perjudicar el ejercicio de su derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, por lo que solicita tener presentes dichos antecedentes al momento de resolver y ordenar la devolución íntegra de sus fondos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

Segundo: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva.

Así, la intervención de esta Corte se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega, razón por la que resulta imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitado o indubitable y no se base en meras expectativas o auto atribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

Tercero: Que, para un adecuado examen de esta acción constitución, es menester señalar que, de los antecedentes incorporados por las partes, es posible concluir que la actora presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, la que fue desestimada al no acompañar los antecedentes suficientes que den cumplimiento estricto a los requisitos copulativos establecidos en la ley N° 18.156, la que establece un procedimiento cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio debiendo la administradora, entre otras cosas, exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, para acceder al beneficio.

Cuarto: Que, por su parte, la exención establecida en la ley N°18.156 en que se sustenta la acción, altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes.

Por lo tanto, siendo una norma de carácter excepcional, debe interpretarse restrictivamente, y debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos que, copulativamente, se exigen, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; que detenten la calidad de “técnico” a lo menos, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Lo anterior, no fue cumplido por el recurrente en la especie.

Quinto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: "Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensione mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Sexto: Que tras lo expuesto, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N°18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que efectivamente exige determinadas formalidades a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, sin las cuales dichos documentos no tienen valor ni efecto en Chile.

Séptimo: Que, finalmente, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y, por el contrario, se ha limitado a exigir de la actora el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos.

Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la actora debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Noveno: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, según viene resuelto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por doña nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Báez.

No firma el Fiscal Judicial Danilo Báez Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol Protección 1480-2025.-