nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN

Puerto Montt, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos A Folio 1 comparece don Sebastián Caroca Colarte, abogado, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Lagos. Impugna el rechazo de la licencia médica N° 123719345-4, extendida por treinta días, entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2025, y la Resolución Exenta N° R-01-UJU-179947-2025, de 30 de diciembre de 2025, por la cual la Superintendencia confirmó esa determinación.

Expone que la interesada se desempeña como enfermera en un equipo de salud rural municipal y que el reposo indicado se relacionaba con su proceso de estudio y tratamiento de un tumor. Refiere que una licencia psiquiátrica anterior concluía el 14 de septiembre de 2025 y que, con posterioridad, el facultativo que la atendía por la lesión extendió el reposo correspondiente a la recuperación de una biopsia. Sostiene que debía someterse a otra intervención el 15 de octubre de 2025.

Señala que el 9 de octubre de 2025 salió de su domicilio para concurrir con su madre al Hospital de Puerto Montt, al que había ingresado de urgencia un tío. Agrega que, una vez hospitalizado éste, su madre permaneció en el establecimiento y ella se trasladó a Quenuir para retirar dinero que su abuelo le prestaría para financiar la cirugía. Explica que el préstamo estaba en efectivo, que su abuelo tenía noventa años, que en esa localidad no había banco y que su padre se encontraba fuera de la ciudad por trabajo. Afirma que regresó durante la tarde y efectuó el depósito al día siguiente.

Indica que la visita de verificación de COMPIN se practicó aproximadamente a las 12:30 horas de aquel día, mientras se encontraba ausente. No controvierte haber salido, sino que la salida constituya un incumplimiento injustificado del reposo. Sostiene que respondió a la emergencia familiar y a la necesidad de obtener recursos para su tratamiento, que no tuvo finalidad recreativa y que no afectó su recuperación.

Alega que las recurridas omitieron ponderar esos antecedentes, no dispusieron las diligencias necesarias para esclarecerlos y dictaron decisiones insuficientemente fundadas. Invoca el derecho a la seguridad social, la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, y menciona un trato discriminatorio respecto de otras personas cuyas licencias habrían sido autorizadas. Solicita que se autorice y pague la licencia individualizada, con costas.

A folio 8 informando, la COMPIN Regional de Los Lagos solicita el rechazo de la acción. Identifica como licencia reclamada la N° 123719345-4 y señala que fue rechazada por incumplimiento del reposo, de conformidad con el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. Invoca las facultades de fiscalización del artículo 21 del mismo reglamento y las instrucciones de SUSESO relativas a las justificaciones de la interrupción del reposo. Estima que las razones expresadas por la recurrente no permiten excluir la causal aplicada.

A folio 12 la Superintendencia de Seguridad Social opone, en primer término, la improcedencia de la acción por referirse a una materia de seguridad social. En subsidio, informa que conoció la reclamación presentada el 22 de octubre de 2025, consideró la referencia de la cartola a la visita del 9 de octubre, las explicaciones de la interesada, el antecedente de atención de su familiar, un comprobante de depósito y el presupuesto de la intervención. Expone que confirmó el rechazo por no haberse acreditado que la ausencia correspondiera a un tratamiento ambulatorio prescrito por el profesional que extendió la licencia.

Se trajeron loa autos en relación Considerando Primero. Que la acción de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que esa disposición ampara. Su resolución exige examinar el acto cuestionado, sus fundamentos y la afectación constitucional que se le atribuye.

Segundo. Que la controversia se refiere al rechazo de la licencia N° 123719345-4, por el período de reposo indicado entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2025, confirmado mediante la resolución de SUSESO individualizada en lo expositivo. Aunque el recurso menciona también el folio N° 121457678-K, no desarrolla respecto de éste una decisión diferenciada que permita identificar otra controversia. El examen recae, por tanto, en la licencia y en el acto sobre los cuales existe coincidencia entre los escritos.

Tercero. Que el artículo 19 N° 18, relativo a la seguridad social, no integra el catálogo de garantías tuteladas por el artículo 20. Sin embargo, tal circunstancia no excluye el control de un acto administrativo de esa materia cuando se denuncia que afecta derechos comprendidos en dicho catálogo. En este caso se desarrollan alegaciones relativas a los numerales 1 y 24 del artículo 19, por lo que corresponde examinar el fondo y no desestimar íntegramente la acción por la sola naturaleza previsional de la controversia.

Cuarto. Que los artículos 1 y 17 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, regulan la licencia médica como un derecho vinculado con una indicación profesional y con la autorización del organismo competente, y distinguen la justificación de la ausencia laboral de los efectos económicos que correspondan en cada régimen. Su artículo 16 atribuye a la COMPIN las facultades de pronunciamiento sobre las licencias. Por su parte, los artículos 2 letra c) y 27 de la Ley N° 16.395 sustentan la intervención de SUSESO en la revisión administrativa de estas materias. Tales competencias no excluyen el control judicial de sus decisiones.

Quinto. Que el artículo 55 letra a) del citado reglamento contempla el incumplimiento del reposo como causal de rechazo o invalidación y exceptúa expresamente la asistencia a tratamientos ambulatorios prescritos por quien extendió la licencia. Esta regla debe examinarse junto con las justificaciones por caso fortuito o fuerza mayor reconocidas en el Compendio de SUSESO invocado por COMPIN. El artículo 45 del Código Civil exige, para esta última calificación, un acontecimiento imprevisto e irresistible. Por ello, la falta de asistencia a un tratamiento ambulatorio no agota el examen de los motivos de la salida.

Sexto. Que la ausencia del domicilio durante la visita del 9 de octubre de 2025 no se deduce únicamente de que la interesada no hubiera respondido a un llamado. La propia recurrente admite que salió y explica los lugares y fines de sus desplazamientos. Ese reconocimiento permite tener por establecido el hecho material, pero no equivale a aceptar que estuviera injustificado. Tampoco dispensa de valorar las explicaciones ofrecidas ni permite afirmar, por sí solo, que toda actuación de fiscalización cumplió sus exigencias formales.

Séptimo. Que, en lo relativo a la excepción médica expresamente prevista, el relato de la interesada no sitúa un tratamiento, control o examen propio el día de la visita. Distingue atenciones anteriores, la salida para asistir a su familiar y obtener dinero, y la cirugía posterior. La realidad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento no se desconocen por esa circunstancia, pero no demuestran que los desplazamientos del 9 de octubre correspondieran a la atención ambulatoria que contempla el artículo 55 letra a). Resta, en consecuencia, examinar las otras razones que se invocan.

Octavo. Que la emergencia de un familiar puede constituir una circunstancia relevante para justificar una interrupción del reposo y no cabe descartarla únicamente por afectar a un tercero. Sin embargo, el ingreso hospitalario de ese familiar y la decisión de acompañarlo no demuestran, por sí solos, el carácter inevitable de la intervención personal de la recurrente en las condiciones de la ausencia examinada. Su relato explica la gravedad de la contingencia y la participación de su madre, pero no permite establecer qué actuación indispensable e impostergable debía ejecutar personalmente la interesada. Esta conclusión no supone afirmar que otros familiares estuvieran disponibles, sino distinguir el motivo humanitario del presupuesto de irresistibilidad invocado.

Noveno. Que el traslado para obtener el préstamo también debe ponderarse atendiendo a su finalidad sanitaria. Las circunstancias expuestas acerca de la edad del abuelo, la entrega en efectivo, la falta de banco en la localidad y la ausencia del padre explican la gestión y no pueden ser ignoradas. Con todo, el presupuesto y el depósito descritos en los escritos se vinculan con el destino de los fondos, sin que esa descripción permita establecer que el desplazamiento personal del 9 de octubre fuera una actuación impostergable cuya omisión hiciera inevitable frustrar la intervención programada. No se afirma que el préstamo fuera prescindible, que existiera una alternativa bancaria disponible o que la cirugía pudiera postergarse. Se concluye únicamente que la relación del gasto con la salud no basta para demostrar el carácter irresistible de aquella interrupción concreta del reposo.

Décimo. Que las referencias a la salud mental exigen distinguir las licencias. El relato de la recurrente sitúa el término de la licencia psiquiátrica anterior el 14 de septiembre y vincula la siguiente con la recuperación de la biopsia. Las alusiones posteriores a un especialista en salud mental no identifican de manera concordante una indicación de esa naturaleza para el folio aquí revisado. No es posible extender a éste, por esa sola mención, la regla administrativa sobre salidas durante licencias por patologías psiquiátricas. Este razonamiento no constituye una determinación clínica ni desconoce la existencia de los tratamientos que la interesada refiere.

Undécimo. Que el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 permite disponer medidas destinadas al mejor acierto de la resolución, sin exigir que se practiquen indistintamente todas las diligencias que enumera. Ello no elimina la obligación especial de su inciso final ni el deber de instruir los hechos relevantes, conforme a las normas supletorias de la Ley N° 19.880. La falta de una nueva pericia dirigida únicamente a confirmar la patología no constituye, por sí misma, el vicio alegado, porque la causal examinada no cuestiona el diagnóstico, sino una ausencia reconocida y sus justificaciones. Distinto sería omitir un antecedente necesario para precisar el reposo prescrito o resolver una circunstancia determinante; no cabe presumir esa omisión a partir de la sola ausencia de un nuevo examen clínico.

Duodécimo. Que los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 exigen fundamentos de hecho y de derecho que permitan comprender y controlar la decisión. No basta la sola cita de la causal ni la enumeración de documentos; se requiere una relación inteligible entre los antecedentes relevantes y la conclusión. Ese deber debe cumplirse en el acto y no puede darse por satisfecho exclusivamente mediante explicaciones incorporadas después al informe judicial.

Decimotercero. Que, según el contenido de la resolución reproducido por la propia recurrente, SUSESO identificó la visita, consignó los dos motivos de la ausencia y los antecedentes presentados para sustentarlos, y explicó que éstos no acreditaban asistencia a un tratamiento ambulatorio. Se trata de una motivación individualizada, aunque su suficiencia pueda ser discutida. Examinadas también en esta sede las justificaciones de necesidad expuestas en el recurso, por las razones de los considerandos precedentes no se advierte que su rechazo sea una conclusión carente de sustento racional. No se atribuye a la resolución un examen expreso de fuerza mayor que las transcripciones no contienen ni se incorporan hechos nuevos para justificarla.

Decimocuarto. Que, respecto de COMPIN, el recurso identifica como fundamento del rechazo el mismo episodio de ausencia y dirige su objeción a la calificación de sus motivos. El informe de esa entidad confirma la causal, pero no reemplaza el acto original ni permite dar por comprobado cada aspecto de su tramitación. Dentro de la impugnación así planteada, los antecedentes coincidentes sobre la ausencia y las razones examinadas no permiten establecer una ilegalidad o arbitrariedad atribuible a ese organismo que justifique ordenar la autorización solicitada.

Decimoquinto. Que la referencia del informe de SUSESO a un viaje al extranjero no concuerda con la relación del caso contenida en los escritos y no se utiliza como fundamento de esta decisión. Tampoco se asume una afiliación previsional específica a partir de alusiones generales del informe. El examen se limita a la licencia individualizada, a la visita domiciliaria y a los desplazamientos que la recurrente reconoce, sin extenderse a conductas distintas ni a otras licencias.

Decimosexto. Que, en cuanto al artículo 19 N° 1 de la Constitución, la seriedad del cuadro de salud descrito no se confunde con la calificación jurídica de la salida. La acción no se dirige contra la denegación de una prestación médica determinada, sino contra el rechazo de la licencia. Examinada su fundamentación, no se ha establecido que las recurridas hayan causado, mediante un acto ilegal o arbitrario, la afectación de integridad que se invoca. Esta conclusión no niega la situación de salud relatada ni contiene una valoración médica sobre su recuperación.

Decimoséptimo. Que el análisis del artículo 19 N° 24 no puede descansar en considerar válida la decisión por el solo hecho de que siga produciendo efectos. Es consecuencia del examen precedente: no habiéndose establecido la ilegalidad o arbitrariedad denunciada respecto del rechazo, no procede ordenar por esta vía la autorización y el pago que se solicitan como efectos de esa licencia. Ello no importa negar en general la titularidad de derechos remuneratorios de la recurrente, determinar su estatuto laboral ni pronunciarse sobre descuentos o reintegros específicos que no son objeto de esta decisión.

Decimoctavo. Que la mención a otras personas cuyas licencias habrían sido aprobadas no viene acompañada de una individualización de situaciones equivalentes ni de las razones de esos pronunciamientos. No permite establecer que existiera un tratamiento diferente carente de justificación. Por ello, tampoco se configura una vulneración de la igualdad ante la ley sobre la base de esa afirmación general.

Decimonoveno. Que, por las razones expuestas y dentro del objeto delimitado, no se encuentran establecidos los presupuestos del artículo 20 de la Constitución para adoptar las medidas solicitadas. El rechazo no se funda exclusivamente en que la controversia se relacione con la seguridad social ni en la mera ausencia del domicilio, sino en el examen conjunto de la causal aplicada, de las explicaciones de la interesada y de las razones de la decisión que constan reproducidas en los antecedentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, N° 2, N° 18, N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en el artículo 45 del Código Civil; en los artículos 1, 11, 34, 35 y 41 de la Ley N° 19.880; en los artículos 2 letra c) y 27 de la Ley N° 16.395; y en los artículos 1, 16, 17, 21 y 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Lagos.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes.

No firma el Ministro suplente don Juan Carlos Orellana Venegas, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 148-2026.

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