Recurso de protección

Puerto Montt, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, el día 22 de agosto del año en curso, comparece la abogada Carolina Sarquis Harcha, en representación de nombre reservado Y nombre reservado , ambos padres y representantes legales del niño nombre reservado, de 8 años de edad, e interpone acción cautelar de protección en contra de doña nombre reservado, Jueza del Juzgado de Familia de Ancud, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la medida cautelar de prohibición de acercarse decretada inicialmente el día 12 de agosto y prorrogada en audiencia del día 19 de agosto hasta el 31 de diciembre en curso, que impide al niño nombre reservado acercarse a menos de 50 metros del niño nombre reservado, dispuesta en la causa P-489-2026.

Explica que el día 12 de agosto se decretó respecto del niño nombre reservado una medida cautelar consistente en prohibición de acercamiento respecto del niño nombre reservado, fijándose una distancia mínima de 50 metros, dictada en causa proteccional del menor nombre reservado que perjudica enormemente a nombre reservado, pues dada su extensión y forma de ejecución no se ha limitado en la práctica a impedir un contacto directo entre los niños, sino que además afecta aspectos esenciales de su desenvolvimiento cotidiano, porque le impide asistir al establecimiento educacional, after school y actividades de esparcimiento, o en actividades sociales en que pudiera encontrarse con el otro niño.

Detalla que el día 19 de agosto la medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre en curso en la citada causa proteccional, incluso habiéndose declarado incompetente el Tribunal para conocer de la misma, derivándola a la Oficina Local de la Niñez de Ancud.

Reclama que una medida inicialmente adoptada en carácter cautelar y preventivo se proyecta durante varios meses en la vida cotidiana de un niño de apenas ocho años, resultando relevante que la próxima audiencia referida a nombre reservado está fijada para el 2 de septiembre en curso, y hasta esa fecha o mientras dure la cautelar, continuará produciendo sus efectos. Agrega que no puede desarrollar la jornada escolar con normalidad, que sus horarios de ingreso y salida han sido modificados para evitar un eventual contacto con el otro niño; que no puede ir al after school y jugar con sus amigos y que ya no quiere ir al colegio porque no entiende estas medidas que le impiden desenvolverse con normalidad, e implica en los hechos adoptar conductas permanentes de evitación y aislamiento. Detalla por ejemplo que esta afectación también le impide participar en actividades sociales propias de su edad, como un cumpleaños del día 20 de agosto que no pudo asistir, restringiendo sus espacios de recreación.

Destaca además que el día 19 de agosto en la causa P-489-2026 relativa al niño nombre reservado, el Juzgado de Familia de Ancud se declaró incompetente y derivó los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez de Ancud, pero prorrogó la medida hasta el día 31 de diciembre de 2026; y el día 21 de agosto tuvo audiencia en la causa P-507-2026 del niño nombre reservado, oportunidad en que se solicitó alzar la medida cautelar y se suspendió por inhabilidad del curador ad litem.

Hace presente que por este recurso no se pretende determinar la veracidad o falsedad de los hechos denunciados por el niño nombre reservado, tampoco que se sustituya al Juzgado de Familia o autoridad competente, sólo que se determine si es admisible que una medida cautelar afecte de modo tan intenso y prolongado a un niño de ocho años, existiendo alternativas menos gravosas que permitan la protección del otro niño, como por ejemplo: separación física de los niños en el establecimiento, supervisión adulta, protocolos de convivencia específicos, horarios diferenciados únicamente en momentos estrictamente necesarios, etc.

Estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, porque la medida cautelar le ha generado afectación, que se ha manifestado en frustración, angustia, alteración de rutina, pérdida de actividades sociales significativas; a la igualdad ante la ley, al privarlo de sus derechos; el derecho a la educación y desarrollo integral, por las restricciones de horarios, recreos; al juego y esparcimiento, pues no puede asistir a cumpleaños o actividades recreativas; a su derecho a ser oído e interés superior.

Por lo dicho, solicita acoger el recurso, disponiendo el cese inmediato de los efectos de la prohibición de acercamiento en cuanto impida o restrinja desproporcionadamente la asistencia normal de nombre reservado a su establecimiento educacional, su participación en recreos y actividades escolares, su asistencia al after school y su participación en actividades sociales y recreativas propias de su edad: y disponer que la medida cautelar sea sustituida, adecuada o complementada por una medida menos gravosa que permita impedir el contacto directo entre ambos niños, pero que permita a nombre reservado desarrollar normalmente su vida escolar y social y que el establecimiento educacional adopte medidas razonables de separación, supervisión y prevención entre ambos niños, evitando que la protección de uno de ellos se traduzca en la exclusión escolar y social del otro, o cualquier otra medida que se estime necesaria. Acompañó en su oportunidad: 1. Acta de audiencia de fecha 19 de agosto de 2026, correspondiente a la causa RIT P-489-2026 del Tribunal de Familia de Ancud. 2. Resolución de fecha 12 de agosto de 2026, correspondiente a la causa RIT P-489-2026. 3. Certificado de nacimiento de nombre reservado. 4. Acta de audiencia causa P-507-2026 llevada a cabo el día 21 de agosto de 2026. 5. Informe Psicológico del niño, emitido por la Psicóloga Clínica nombre reservado, de fecha 31 de agosto de 2026 Solicitada orden de no innovar, ésta fue denegada a Folio 5.

A folio 9, el día 27 de agosto, informa la jueza recurrida doña nombre reservado, quien da cuenta de los antecedentes de la causa P-489-2026, que se inició a partir de un requerimiento de medida de protección efectuado por la madre del niño nombre reservado, de seis años de edad, a raíz de antecedentes relativos a una situación ocurrida con el niño, nombre reservado, con quien comparte establecimiento educacional y espacio de cuidado extraescolar, after school, oportunidad en que luego de examinar los antecedentes y lo informado por el Consejo Técnico, y las presentaciones de ambos padres, el 12 de agosto el Tribunal advirtió la existencia de una situación de riesgo respecto del niño sujeto de protección que resultaba necesario prevenir, decretando, conforme a los artículos 13, 16 y 71 de la Ley N°19.968, una prohibición de acercamiento de nombre reservado respecto de nombre reservado, a una distancia no inferior a cincuenta metros.

Precisa que dicha medida no tuvo ni tiene naturaleza sancionatoria, ni contiene declaración alguna de responsabilidad respecto de nombre reservado, y su fundamento es exclusivamente cautelar, preventivo y protector, orientado a evitar la materialización o reiteración de una situación de riesgo mientras se evaluaban adecuadamente los antecedentes. Agrega que nunca se ordenó que nombre reservado dejara de ir al colegio, que se modificara su jornada, que fuera apartado de sus compañeros o se le privara de recreos o restringir su interacción con otros niños, tampoco que dejara de concurrir al after school o actividades propias de su edad, sino que conscientes de su edad y que eran dos niños que compartían espacios relevantes de la vida cotidiana, se ordenó expresamente al Colegio nombre reservado y al After School “nombre reservado” adoptar las medidas organizativas, preventivas y de supervisión necesarias para asegurar el cumplimiento de la prohibición de acercamiento, estableciendo además que tales medidas debían ejecutarse con estricta reserva, resguardando la dignidad, intimidad e integridad emocional de ambos niños y evitando cualquier forma de exposición, señalamiento, segregación o estigmatización.

Se dispuso igualmente que el cumplimiento de la cautelar debía ser gestionado por los adultos responsables y funcionarios correspondientes, procurando expresamente que las medidas adoptadas interfirieran lo menos posible en la vida escolar, actividades educativas y espacios de participación de los niños, por lo que niega que hubiere dispuesto la exclusión escolar o social que el recurso describe.

Reitera que nunca ordenó que se modificara el horario escolar de nombre reservado, o que fuera separado físicamente de sus compañeros, o que se prohibiera su ingreso al after school, cumpleaños o actividades sociales, y si las medidas adoptadas en su ejecución excedieron esos parámetros - circunstancia que no corresponde tener por establecida por la sola afirmación de la recurrente - tales actuaciones no fueron dispuestas en resolución alguna y serían incluso contrarias a las instrucciones expresamente impartidas. Agrega que, sin perjuicio de ello, los padres de nombre reservado optaron por suspender su asistencia al after school, por la afectación que esa situación le estaba generando.

Niega de igual forma que la cautelar sea una sanción para nombre reservado, sólo se adoptó ante una situación de riesgo que debía ser prevenida, en protección del niño nombre reservado, sujeta además a revisión judicial. Agrega que además se adoptaron en la misma resolución mecanismos destinados a compatibilizar y permitir el desenvolvimiento cotidiano de ambos niños, y además se ordenó expresamente proteger la dignidad, intimidad e integridad emocional de ambos niños, evitando toda exposición, señalamiento, segregación o estigmatización y procurando interferir lo menos posible en la vida escolar y espacios de participación de ambos, buscando compatibilizar ambos intereses en juego: proteger a nombre reservado frente al riesgo advertido y, simultáneamente, evitar que el cumplimiento de aquella protección generara consecuencias innecesarias o estigmatizantes para nombre reservado.

En el mismo sentido, reconoce que en audiencia del 19 de agosto se dispuso activar la intervención de la Oficina Local de la Niñez para que evaluara la situación actual de nombre reservado, determinara sus necesidades de apoyo y los factores protectores y de riesgo presentes en sus entornos familiar, educacional y social, adoptando las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, haciendo presente que el niño mantendría atenciones psicológicas, y se prorrogó la medida cautelar en idénticos términos hasta el 31 de diciembre en curso, pues alzar automáticamente la cautelar por el solo hecho de transferir la intervención a la Oficina Local de la Niñez habría significado hacer desaparecer el mecanismo de resguardo durante el período de transición hacia la intervención administrativa.

Finalmente, reconoce que en la causa P-507-2026 no correspondía modificar o dejar sin efecto la medida, porque era una cautelar dispuesta en otro procedimiento, y además esa audiencia se suspendió por inhabilidad del curador ad litem porque representaba al otro niño involucrado, precisamente para que contara con un abogado que representara sus derechos e intereses.

Niega cualquier vulneración de derechos del recurrente, reiterando que las decisiones adoptadas responden al deber reforzado de protección que corresponde al Tribunal respecto de niños cuyos derechos se encuentran involucrados, procurando compatibilizar el interés superior de ambos y evitando tanto un vacío de protección respecto de nombre reservado como afectaciones innecesarias respecto de nombre reservado.

Acompaña Ebook de las causas P-489-2026 y P-507-2026 del ingreso de ese Tribunal.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, a partir del relato de las partes y de los antecedentes acompañados a estos autos, se desprende lo siguiente: 1.- Que el hijo de los recurrentes, de nombre nombre reservado, nació con fecha NUM000 de 2018, por lo que tiene 9 años de edad actualmente, y ante el Juzgado de Familia de Ancud se tramita a su respecto la causa RIT P-507-2026, ingresada con fecha 17 de agosto de 2026 2.- Que el niño nombre reservado, nació con fecha NUM001 de 2019, por lo que tiene 6 años de edad actualmente, y ante el Juzgado de Familia de Ancud se tramita la causa RIT P-489-2026, ingresada con fecha 12 de agosto de 2026.

Tercero: Que, en la causa sobre medida de protección RIT P-489-2026, seguida respecto de nombre reservado, se dictó por el Juzgado de Familia de Ancud la resolución de fecha 12 de agosto de 2026 que prohibió el acercamiento del niño nombre reservado respecto del niño nombre reservado, ordenando que debe mantenerse a una distancia no inferior a 50 metros de éste, de su domicilio ubicado en domicilio reservado, de su establecimiento educacional y de cualquier otro lugar en que se encuentre, incluso por motivos meramente circunstanciales, cuya duración se fijó hasta el día 19 de agosto de 2026, misma fecha en que se desarrolló la audiencia preparatoria.

En dicha audiencia de 19 de agosto, el Juzgado de Familia se declaró incompetente para continuar conociendo de la causa y dispuso la remisión del asunto a la Oficina Local de la Niñez de Ancud, a fin de que proceda su evaluación e intervención dentro del ámbito de sus competencias administrativas. Entre los fundamentos otorgados, se alude a que la Ley 21.302 contempló la protección administrativa, reservando la intervención judicial para situaciones de mayor gravedad que requieran el ejercicio de las facultades jurisdiccionales establecidas en los artículos 68 y 71 de la Ley 21.430.

Al mismo tiempo, el Juzgado de Familia prorrogó la prohibición antes indicada por el niño nombre reservado respecto del niño nombre reservado, en idénticos términos, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cuarto: Que, la protección preventiva del niño nombre reservado constituye un objetivo legítimo y necesario frente al riesgo que apreció el Juzgado de Familia llamado a proteger sus derechos. Asimismo, en la materialización de las medidas adoptadas para el cumplimiento de dicho fin deben adoptarse los recaudos respectivos a fin de evitar una eventual amenaza o vulneración del niño nombre reservado.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que aquella orden de conservar -el hijo de los recurrentes- 50 metros de distancia respecto de nombre reservado, en su colegio y cualquier lugar en que se halle, aún por coincidencias circunstanciales, se proyecta sobre espacios que ambos niños comparten cotidianamente.

Al efecto, si bien la resolución de 12 de agosto instruyó al colegio y al after school a actuar con reserva, supervisión y mínima interferencia, dejó a esos terceros la determinación de la organización concreta de lo ordenado, sin fijar las medidas específicas que exige el artículo 71 letra g) cuando los niños asisten al mismo establecimiento. Por ende, aquel mandato general y abierto no despeja cómo el niño nombre reservado puede concurrir y participar normalmente a sus rutina escolar, ni cómo se mantendrá el resguardo efectivo de nombre reservado en salas, recreos, ingresos, salidas y actividades extraescolares.

Sexto: Que, si bien en el informe de la jueza recurrida se sostiene -con evidente razón- que lo ordenado no correspondió a la exclusión, aislamiento ni segregación de nombre reservado, el control de una medida cautelar comprende sus consecuencias previsibles y la posibilidad real de ser cumplida, y al efecto, la fórmula de los 50 metros, extendida a todo lugar y a encuentros fortuitos, crea una interferencia objetiva con la asistencia y participación de quien comparte esos espacios. Además, al efectuar el mandato al establecimiento sin un control posterior efectivo, impide verificar si las exigencias respecto a la ejecución con estricta reserva, y resguardo de la dignidad, intimidad e integridad emocional de ambos niños se concreta efectiva y adecuadamente en la práctica.

Séptimo: Que, el informe psicológico de fecha 31 de agosto pasado, basado en dos sesiones, registra antecedentes de tristeza de nombre reservado por haber dejado de asistir a la guardería o cuidado extraescolar, no conocer el motivo de aquello y por extrañar a sus amistades, además de describir un estado adaptativo y emocional inestable leve; antecedente que permite avizorar la necesidad de revisar de manera individual la implementación y los efectos prácticos de la orden del tribunal ante una eventual amenaza y/o vulneración a los derechos de nombre reservado producto del cumplimiento material de la medida cautelar.

Octavo: Que, por su parte, en la causa P-507-2026 iniciada respecto de nombre reservado, se celebró una audiencia con fecha 21 de agosto de 2026 -dos días después de aquella en que se prorrogó la cautelar de prohibición de acercarse hasta el 31 de diciembre- la cual fue suspendida, al advertirse el conflicto de intereses del curador inicialmente nombrado.

Que, de los antecedentes que se allegaron en esta sede no se advierte que antes ni después de prorrogar la medida de restricción de nombre reservado por más de cuatro meses, se le hubiese oído en una forma adecuada a su edad ni se hubiese contado con una representación independiente de sus intereses para discutir una modalidad específica y viable de resguardo.

Si bien ello no invalida la adopción de una medida urgente, sí aumentaba la exigencia de una pronta revisión de la prolongación de la medida cautelar y su forma de ejecución en el ámbito educacional.

Noveno: Que, adicionalmente, el artículo 71 letra g) de la ley N° 19.968 faculta para prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño sujeto de protección y a otros lugares que éste frecuenta, pero agrega expresamente que, si ambos concurren al mismo establecimiento, el “juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos”.

La misma disposición exige fundar la cautelar en antecedentes suficientes, dejados expresamente consignados, y establece que en ningún caso podrá durar más de noventa días; sin embargo, la prórroga de la medida decretada el 12 de agosto pasado hasta el 31 de diciembre de 2026 excede ostensiblemente aquel máximo legal de noventa días.

Si bien pudiere lo anterior tener por finalidad evitar un vacío al momento de brindar protección al niño tras derivar el asunto para la intervención de la Oficina Local de la Niñez, ello no habilita a ampliar un límite temporal fijado sin excepción por la ley para esta clase de cautelares.

Décimo: Que, corolario de lo razonado es que el Juzgado de Familia de Ancud se ha excedido en su competencia proteccional al establecer respecto de un niño que no ha participado en la respectiva causa judicial y que no ha ejercido su derecho a ser oído, una medida cautelar que interfiere en su rutina educacional y social, excediendo el máximo legal establecido por la ley, y sin un adecuado control posterior de sus efectos hacia su integridad y el ejercicio seguro de sus demás derechos.

Tales actuaciones afectan el derecho a la integridad psíquica e igualdad ante la ley, de manera que se habrá de acoger el recurso de protección, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Undécimo: Cabe consignar que lo resuelto no supone afirmar o negar los hechos que dieron origen a las causas P-489-2026 y RIT P-507-2026, atribuir responsabilidad a nombre reservado o dejar sin resguardo a nombre reservado. Precisamente porque ambos son niños y titulares de derechos, las medidas que se adopten deben atender de manera simultánea a la seguridad del primero y a la participación, educación y estabilidad emocional del segundo.

Duodécimo: Que, en sentencia dictada en los antecedentes rol Protección N° 642-2024 de esta misma Corte, se consideró igualmente para adoptar la decisión que las facultades jurisdiccionales en el ámbito proteccional no permiten desatender los derechos de otro niño que pudiera verse afectado y que su derecho a ser oído exige una consideración efectiva cuando lo decidido involucra trasladar -sin examen- las cargas de una medida de protección al niño que no es sujeto de la causa originaria.

Décimo tercero: Que, como consecuencia de lo razonado, se acogerá la acción de protección, en cuanto deberá generarse por el Juzgado de Familia de Ancud el inicio de una nueva causa de medida de protección respecto del niño nombre reservado, producto de los hechos sobrevinientes a las causas de medida de protección ya existentes P-489-2026 y RIT P-507-2026, en la que deberá evaluarse el impacto que ha generado la implementación de la medida cautelar vigente en el ejercicio de sus derechos.

En dicha causa, sin perjuicio del procedimiento establecido en la ley 19.968 para el tipo de materias, el Tribunal deberá evaluar la mantención de la medida cautelar en una audiencia especialmente convocada para dicho fin, que deberá celebrarse en forma expedita, dentro de cinco días desde la recepción de los presentes antecedentes, en la que deberá examinar si subsiste la necesidad de mantención de la medida cautelar de prohibición de acercarse del niño; y en su caso, la fijación de un plazo de duración que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 19.968, el establecimiento de reglas específicas de coordinación y supervisión compatibles con la asistencia y participación escolar y extraescolar de ambos niños, y la evaluación de mantener el carácter absoluto del radio de cincuenta metros a los que debe extenderse la medida, considerando los espacios compartidos de ambos niños y los eventuales efectos nocivos que su implementación pudiere generar.

El tribunal contará para ello con información que previamente recabará, por la vía más expedita, del Colegio nombre reservado y del After School nombre reservado, con representantes de los intereses de cada niño, con sus opiniones obtenidas por medios apropiados a su edad -sea o no en audiencia reservada-, y sin exigir reiteración innecesaria de relatos acerca de los hechos que motivaron el inicio de las causas respectivas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con los artículos 19 N° 1 y 2 y 20 de la Constitución Política de la República; 16, 22, 69 y 71 de la ley N° 19.968; 7 y 28 de la ley N° 21.430; y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en cuanto el Juzgado de Familia de Ancud deberá dar inicio a una nueva causa de medida de protección respecto del niño nombre reservado, en la que deberá evaluarse el impacto que ha generado la medida cautelar vigente en el ejercicio de sus derechos, en los términos que se consignan en el motivo décimo tercero de esta sentencia.

II.- Comuníquese de inmediato lo resuelto al Juzgado de Familia de Ancud, quien a su vez deberá efectuar las comunicaciones respectivas al Colegio nombre reservado, al After School nombre reservado y a la Oficina Local de la Niñez de Ancud para los fines pertinentes.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1472-2026.