nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Puerto Montt, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de don nombre reservado, individualizado en autos, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por estimar ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó durante diciembre de 2025 una solicitud destinada a obtener la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual en calidad de trabajador técnico extranjero, cuyo rechazo le fue comunicado durante enero de 2026.

Sostiene que acompañó una denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que individualiza al solicitante, contiene antecedentes relativos a su afiliación y cotizaciones, reproduce una referencia a las contingencias comprendidas en la legislación previsional venezolana e incorpora un código de verificación electrónica. Afirma que ese antecedente acredita su afiliación y cobertura respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que, por las circunstancias que describe respecto de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, le resulta materialmente imposible obtener la apostilla exigida por la Administradora. Estima que esa formalidad no se encuentra prevista en la Ley N° 18.156 y que la verificación electrónica del documento debe considerarse suficiente. Invoca las garantías contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y alude, asimismo, al numeral 26 de la misma disposición. Solicita que se reconozca la validez de la documentación acompañada, se dé curso a su solicitud y se ordene la devolución íntegra de los fondos.

A folio 06 informa Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y solicita el rechazo del recurso. Reconoce haber desestimado la solicitud, señalando que el documento presentado corresponde a una constancia electrónica de cotizaciones y no a una certificación suficiente de afiliación y cobertura previsional extranjera, y que tampoco fue acompañado apostillado o legalizado. Expone que la Administradora se encuentra sujeta a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y que no puede dar curso a una devolución sin la documentación exigida por la normativa sectorial.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien, por causa de un acto u omisión ilegal o arbitrario, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que dicha disposición ampara.

Segundo: Que el acto sometido al conocimiento de esta Corte es el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente a Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., fundado en que la documentación aportada no acreditaba, en la forma exigida por la regulación aplicable, el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio contemplado en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece, en lo pertinente, que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el respectivo contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener esa afiliación.

Cuarto: Que el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en su artículo 1°. La devolución constituye, por consiguiente, una excepción sujeta a la concurrencia y acreditación de las condiciones que la ley contempla.

Quinto: Que el artículo 94 N° 3 del Decreto Ley N° 3.500 atribuye a la Superintendencia de Pensiones la facultad de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema con carácter obligatorio para las Administradoras y dictar normas generales para su aplicación. En igual sentido, el artículo 3° letra i) del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980, le encomienda interpretar la legislación y reglamentación vigentes e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras.

Sexto: Que, en ejercicio de dichas atribuciones, el Libro II, Título XI, número 1 letra b), del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile debe acreditarse mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. A su turno, el número 2 letra b) del mismo Título ordena a la Administradora exigir la documentación pertinente para la devolución y dispone expresamente que ésta deberá presentarse debidamente legalizada, pues, en caso contrario, no podrá darse curso a la solicitud.

Séptimo: Que las instrucciones señaladas no sustituyen los requisitos sustantivos de la Ley N° 18.156, sino que regulan el modo en que la Administradora debe comprobar la afiliación, la cobertura y la autenticidad de la documentación extranjera presentada para acceder a una devolución excepcional. No se advierte, con los antecedentes de esta causa, que la exigencia aplicada por la recurrida sea ajena al objeto de la ley o que haya sido creada por la sola voluntad de la Administradora.

Octavo: Que el documento reproducido en la página 5 del recurso se denomina “Constancia Electrónica de Cotizaciones”. En él se individualiza al recurrente, se registran antecedentes relativos a cotizaciones y se incluye una referencia general a contingencias contempladas por la legislación venezolana, además de un código destinado a verificar electrónicamente el instrumento. Sin embargo, no consta que dicho documento haya sido presentado apostillado o legalizado para el procedimiento de devolución, circunstancia que el propio recurrente reconoce al fundar su pretensión en la imposibilidad práctica de cumplir esa formalidad.

Noveno: Que la posibilidad de verificar electrónicamente la correspondencia del documento con una base de datos no permite, por sí sola, reemplazar la certificación individualizada ni la legalización exigidas por la normativa que la Administradora debe observar. Se trata de mecanismos que cumplen finalidades distintas, pues la verificación electrónica se refiere a la comprobación del registro consultado, mientras que la legalización o apostilla constituye el medio previsto para acreditar la autenticidad del instrumento extranjero en el procedimiento de que se trata.

Décimo: Que el artículo 17 del Código Civil, invocado por el recurrente, dispone que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados, pero distingue esa forma de la autenticidad del instrumento. Por ello, esa regla no autoriza a prescindir de los requisitos de acreditación que la normativa chilena aplicable establece para que el documento sea utilizado ante una Administradora de Fondos de Pensiones con el objeto de obtener la devolución de fondos.

Undécimo: Que la dificultad o imposibilidad práctica de obtener la apostilla, aun cuando explique la situación descrita por el actor, no confiere a la recurrida una potestad para dispensarlo unilateralmente de una exigencia obligatoria. En los antecedentes no se identifica una norma vigente que permita a la Administradora sustituir, en este caso particular, la documentación y formalidades previstas por una constancia presentada en condiciones diversas.

Duodécimo: Que las decisiones judiciales invocadas por las partes fueron dictadas en otros procesos y sobre la base de los antecedentes propios de cada uno de ellos. Tales pronunciamientos no sustituyen el examen de la documentación acompañada en esta causa ni establecen, por sí solos, una excepción general a las reglas que la Administradora se encuentra obligada a aplicar.

Décimo tercero: Que, establecida la falta de acreditación documental en la forma exigida, no resulta necesario emitir un pronunciamiento definitivo acerca de las demás materias controvertidas, entre ellas el momento en que el recurrente habría expresado su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero. La ausencia de acreditación suficiente de uno de los requisitos copulativos impide acceder a la devolución solicitada.

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, el rechazo cuestionado no aparece contrario a la Ley N° 18.156 ni desprovisto de fundamento racional, pues responde a la constatación de que la solicitud no se encontraba respaldada por la documentación que la regulación vigente exige a la Administradora para verificar la afiliación y cobertura previsional extranjera. No se configura, por tanto, un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta acción cautelar.

Décimo quinto: Que tampoco se advierte vulneración de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. El rechazo se sustenta en requisitos generales aplicables a quienes solicitan la devolución regulada por la Ley N° 18.156, y el recurrente no individualiza una persona que, habiendo presentado documentación jurídicamente equivalente, hubiese recibido de la misma Administradora un trato diferente. Las sentencias pronunciadas en otros procesos no constituyen, por sí mismas, un término de comparación fáctico respecto de la conducta recurrida.

Décimo sexto: Que, en cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, la titularidad del afiliado sobre los fondos acumulados en su cuenta individual no supone la facultad de retirarlos al margen de las modalidades y condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico. El artículo 7° de la Ley N° 18.156 reconoce una devolución especial condicionada al cumplimiento de los requisitos de su artículo 1°, de manera que la negativa a efectuar el retiro cuando éstos no se encuentran acreditados no constituye una privación ilegítima del dominio, permaneciendo los fondos sujetos al régimen previsional que los regula.

Décimo séptimo: Que la garantía contemplada en el artículo 19 N° 26 de la Constitución, invocada asimismo por el recurrente, no se encuentra comprendida entre aquellas que el artículo 20 tutela directamente mediante el recurso de protección. En todo caso, la exigencia cuestionada no proviene de una condición impuesta discrecionalmente por la recurrida, sino de la regulación sectorial dictada por el órgano fiscalizador dentro de sus atribuciones legales.

Décimo octavo: Que, por las razones expuestas, no se ha establecido la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 números 2 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156; en el artículo 17 del Código Civil; en el artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980; en el artículo 3° letra i) del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980; y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, individualizado en autos en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 147-2026.