Protección contra Servicio de Salud del Reloncaví

Puerto Montt, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado y nombre reservado

Castillo, abogados, mandatarios judiciales del recurrente nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quiénes interponen acción de protección en contra del Servicio de Salud del Reloncaví, representado legalmente por su director nombre reservado, por la dictación de dos actos administrativos, singularizados como Acta de Conclusiones y Acuerdos de reunión de Comité de Análisis y Resolución de Casos establecidos en la Ley 19.664, Decreto 91 y los artículos 24 y 25 del Decreto 507/90, de fecha 11 de noviembre 2021; y Oficio Ordinario Nº NUM001, de fecha 07 de diciembre de 2021, los cuales rechazaron ilegal y arbitrariamente la solicitud de modificación del Periodo Asistencial Obligatorio, presentado con fecha 14 de octubre de 2021 al aludido Servicio de Salud por parte del recurrente.

Señala que, el actor se tituló como médico cirujano el 19 de abril del 2013, especializándose posteriormente en el área de ginecología y obstetricia por beca de especialización en la Universidad de Chile, adjudicada el 2018 y que se llevaría a cabo mediante modalidad de "misiones de estudio", que según la Ley 19.378 constituye "una especie de comisión de servicio, en cuya virtud el funcionario para los efectos de dar cumplimiento a su obligación de perfeccionamiento o capacitación, relacionado con los fines del organismo que las ordena y con las funciones que el servidor debe desarrollar según su carga, se desplaza a cumplir labores formativas, en una entidad diversa a la que pertenece." Del mismo modo, entre el 04 de mayo del 2015 al 31 de marzo del 2018, el recurrente trabajó en calidad de contrata en el CESFAM de Puerto Varas de 44 horas inicialmente, y rebajada a 33 horas de manera posterior, y el 01 de abril de 2018, inició el programa de especialización indicado, cuyo financiamiento fue adjudicado en concurso público a médicos que se hayan desempeñado en la atención primaria de salud, por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud del Reloncaví, quién a su turno había celebrado un convenio con la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas.

El recurrente indicó que, su participación en el programa de especialización se haría mediante la figura de misiones de estudios señaladas, manteniendo su calidad de funcionario público y siendo procedente el pago de horas extraordinarias que no se han efectuado hasta la fecha. Y con fecha 06 de agosto del 2021 recibió su especialización, razón por la que debía cumplir con el período de devolución obligatoria el que, mediante escritura pública firmada con el Servicio de Salud señalado, debía ser efectuado en el CESFAM de Puerto Varas.

Sin perjuicio de ello, con fecha 14 de octubre del 2021, y debido a motivos graves de salud, solicitó al Servicio de Salud realizar la devolución de algún recinto de la Región Metropolitana de Santiago, donde actualmente tiene domicilio dado que debe seguir un tratamiento médico para tratar un carcinoma y un grave cuadro ansioso-depresivo que padece, siendo imposible efectuar aquello en la ciudad de Puerto Varas dada la prescripción médica de permanecer en Santiago, fundando aquello en el artículo 20 del Decreto Supremo N° 91 del Ministerio de Salud.

Respecto del tratamiento del carcinoma indicado, señala que aquel fue detectado a los 15 años, requiriendo un equipo multidisciplinario para su tratamiento que solo existe en Santiago y con controles frecuentes de acuerdo a informe médico emitido el 13 de abril del 2021 y corroborado por el médico tratante con fecha 25 de mayo del 2021. A mayor abundamiento, con fecha 04 de diciembre del 2021, se le diagnostica un posible cuadro de síndrome vertiginoso con observación de origen en el sistema nervioso central, lo cual da cuenta que el actor no cuenta con un diagnóstico histológico adecuado, motivo por el que debe estar realizándose exámenes periódicamente con el mismo cuerpo médico ubicado en Santiago y que las restricciones sanitarias y de desplazamiento adoptadas por la Autoridad como consecuencia de la enfermedad por COVID-19, que se mantienen hasta hoy, hacen imposible que aquello se pueda realizar desde la ciudad de Puerto Varas en virtud de viajes que no habría podido efectuar y la falta de horas médicas con los especialistas respectivos en esta última ciudad, Indica que, de acuerdo al listado de cupos definitivos de especialización dictado por el Ministerio de Salud el 22 de diciembre de 2017, la beca en su origen no estaba ligada a un Servicio de Salud en particular, sino que es algo circunstancial que el recurrente debía devolver su especialización en el CESFAM de Puerto Varas atendido a que el actor se encontraba trabajando en dicho lugar de manera previa, no siendo un cupo generado por las necesidades particulares del Servicio de Salud del Reloncaví, por lo que no existe una necesidad de devolución en dicho lugar por requerimiento de la red asistencial.

Continúa refiriendo a que desde el año 2020, el actor se encuentra en un tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de un grave cuadro ansioso y depresivo que tiene, el cual se detonó a raíz de la serie de problemas y discusiones que tuvo y que sigue actualmente teniendo con los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, debido al no pago de horas extraordinarias y constantes amenazas recibidas para firmar la escritura pública de beca si no quería perder su especialidad, contemplando aquella una multa cuyo cálculo es erróneo, situación que es conocida por el Servicio de Salud y la Municipalidad y la cual nunca ha sido entregada al recurrente y que afectó incluso la relación sentimental con su ex pareja y que vive en Puerto Varas. Así, se encuentra con tratamiento psiquiátrico y psicológico con profesionales que atienden solamente en Santiago, quiénes dan cuenta que dicho cuadro se ha desarrollado como consecuencia de los hechos señalados.

Así, el actor a inicios del año 2021 efectuó una solicitud de traslado ante el Servicio de Salud del Reloncaví, dicho organismo sólo se limitó a señalar por medio del Oficio Ordinario NUM002 de fecha 24 de junio de 2021, que los argumentos para rechazar la solicitud de traslado estaban contenidos en el Oficio Ordinario Nº NUM003, el que a su vez indica que "En opinión de esta autoridad y analizados los argumentos esgrimidos por el solicitante, se puede concluir que un quiebre sentimental no logra ser una razón fundada, para modificar el convenio del programa de especialidad del Sr. nombre reservado." Ante ello, el 14 de octubre del 2021 se presenta una nueva solicitud de modificación del período asistencial obligatorio ante la recurrida, expresándose nuevos antecedentes que basados en razones de salud del actor, que es ratificado con diagnóstico evacuado con fecha 29 de octubre del 2021 que da cuenta de grave cuadro psiquiátrico que padece, llevándose a cabo el 02 de diciembre del 2021 una audiencia con funcionarios del servicio, el que finalmente, con fecha 15 de diciembre del 2021 mediante correo electrónico, informa decisión de rechazar solicitud de modificación sin ningún fundamento al respecto.

De este modo, Acta de Conclusiones y Acuerdos de reunión de Comité de Análisis y Resolución de Casos establecidos en la Ley 19.664 Decreto 91 y los artículos 24 y 25 del Decreto 507/90", de fecha 11 de noviembre 2021; y Oficio Ordinario Nº NUM001, de fecha 07 de diciembre de 2021 no hacen alusión alguna ni dan razones respecto del rechazo de los antecedentes entregados por el actor sobre su petición, habiendo omisión en la prueba documental entregada al respecto y una falta de motivación de los mismos. Al respecto, señala que existe la posibilidad de efectuar devolución del período asistencial obligatorio en el Hospital El Carmen de Maipú, existiendo fondos y cargo disponible para ello.

De este modo, el actuar de la recurrida se torna ilegal y arbitrario mediante los actos administrativos indicados, vulnerándose las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 sobre del derecho a la vida e integridad física y psíquica; N° 2 de igualdad ante la ley; N° 3 sobre un debido proceso; N° 24 sobre el derecho de propiedad. Precisa, a su vez, una conducta arbitraria e ilegal en el no pago de la jornada extraordinaria de trabajo que el actor realizó según se señaló, atendido a que el programa de especialización contemplaba una jornada de 44 horas semanales más 20 de turno a la semana, excediendo con creces la jornada bajo la cual se encontraba contratado originalmente y que serían procedente según informó la Contraloría General de la República a requerimiento efectuado por el actor.

Finalmente, invoca que la multa contemplada en la escritura pública de Beca (6.287 UF) es totalmente errada, contraviniéndose así el principio de tipicidad y de legalidad de la sanción, infringiéndose así la garantía del debido proceso, y adoleciendo de un error de cálculo debiendo Resolución Exenta Nº NUM004 que aprueba Programa de Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas de fecha 31 de diciembre de 2015, que la fija en 54 veces la remuneración promedio mensual percibida en los últimos seis meses anteriores al otorgamiento de la Beca, expresado en UF, dando un valor de 3853 UF.

Por estas consideraciones, solicita que se acoja la presente acción, decretando: 1º. Se ordene al recurrido invalidar o dejar sin efecto el Acta de Conclusiones y Acuerdos de reunión de Comité de Análisis y Resolución de Casos establecidos en la Ley 19.664 Decreto 91 y los artículos 24 y 25 del Decreto 507/90, de fecha 11 de noviembre 2021; y el Oficio Ordinario Nº NUM001, ambos dictados por el Servicio de Salud del Reloncaví, por ser actos administrativos que contravienen las garantías constitucionales del recurrente, contempladas en los artículos 19, numerales Nº 1, 2, 3 inciso 5, y 24 de la Constitución. 2º. Decretar las medidas conducentes a evitar que las conductas contra las cuales se recurre se repitan en lo sucesivo, garantizando el respeto efectivo a los derechos señalados, ordenando a la recurrida cesar inmediatamente los actos u omisiones en que han incurrido. 3º. Decretar cualquier otra medida de protección tendiente a proteger o cautelar las garantías constitucionales del recurrente, cuya vulneración es objeto de este recurso. 4º. Se ordene al recurrido que instruya de oficio un Sumario Administrativo, con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas en las que han incurrido funcionarios del Servicio de Salud del Reloncaví, incluyendo su Director, tales como: La falta de respuesta y de entrega de información en tiempo y forma, el no cumplimiento de los dictámenes de la Contraloría en lo relativo al pago de horas extraordinarias de médicos especialistas, la no corrección de la multa estipulada en la escritura pública de Beca la cual se encontraba mal calculada. Dicha situación, fue incluso informada por correo electrónico al director del Servicio de Salud del Reloncaví y a varios de sus funcionarios, quienes no han hecho nada al respecto. 5º. Condenar al recurrido al pago de las costas de esta causa A folio 3, se tuvo por interpuesto el presente recurso, con excepción de la garantía del artículo 19 N° 1.

A folio 7, consta informe evacuado por el Servicio de Salud del Reloncaví, el cual señala que su actuar no es ilegal respecto de la decisión de no aceptar el traslado solicitado por el actor de la obligación de devolver beca como especialista en ginecología y obstetricia, en el CESFAM de Puerto Varas, que según su respectivo convenio debía realizarse a contar de abril de 2021, fecha que luego fue diferida a junio del mismo año.

Señala que, el actor es médico perteneciente a la dotación de la Municipalidad de Puerto Varas, y en tal condición accedió a una beca en ginecología y obstetricia otorgada por el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud del Reloncaví para su formación como especialista en la Facultad de medicina de la Universidad de Chile, entre el 2 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2021, suscribiendo para ello el "Convenio sobre derechos, obligaciones y garantía de profesional funcionario de atención primaria ley 19.378 en Programa de Especialización", otorgado por escritura pública con fecha 8 de junio de 2021, y en la misma se dejó establecida la obligación de cumplir con su periodo asistencial obligatorio de seis años, en el CESFAM Puerto Varas, cuya remuneración durante la especialización y hasta el día de hoy, la ha continuado pagando la mencionada Municipalidad.

Luego, mediante carta recibida a fines de abril del 2021 por la informante, el actor solicitó el traslado de lugar de desempeño del periodo asistencial obligatorio, invocando para ello razones de orden personal referidas a un quiebre sentimental con su pareja quien vive en Puerto varas, controles periódicos en Santiago por ser portador de un cáncer de tiroides, y razones familiares vinculadas con sus padres adultos mayores quienes viven en la ciudad de Santiago. A continuación, con fecha 05 de mayo del 2021, por medio de oficio ordinario N° NUM005, la Municipalidad de Puerto Varas comunica al Director del Servicio de Salud del Reloncaví, que no está de acuerdo con lo solicitado por el profesional, por estimar que los argumentos expuestos no logran configurar razones fundadas para autorizar un traslado para cumplir su período asistencial obligatorio en otro Servicio de Salud, y haciendo especial hincapié que conforme a dictamen N° 7123 de 2018 de Contraloría General de la República, para acceder a dicho traslado "...todas las partes deben estar de acuerdo, incluido el Municipio que accedió a enviar a uno de su funcionarios en misión de estudios", y en consecuencia, con fecha 24 de junio de 2021, el Servicio de Salud, mediante oficio N° NUM002, comunica al recurrente que su solicitud no ha sido aceptada por su empleador.

Posteriormente, con fecha 14 de octubre del 2021, el actor solicitó nuevamente a la recurrida, el traslado de lugar de desempeño del período asistencial obligatorio, invocando razones de salud, reuniéndose con fecha 11 de noviembre del 2021 el Comité de Análisis y Resolución de Casos establecidos en la ley 19.664, Decreto 91 y los artículos 24 y 25 del Decreto 507/90, invitando a la misma a funcionarios municipales pertinentes, en la cual se consideró que el actor debe devolver su tiempo de formación en el CESFAM de Puerto Varas, añadiendo que el profesional debió reincorporarse en el mes de junio de 2021, habiendo presentado licencias médicas desde esa fecha. En consecuencia, con fecha 07 de septiembre del 2021, el Servicio de Salud emitió oficio ordinario RH N ° NUM006 al recurrente, en el cual se le informa lo obrado en el Comité ya referido, reiterando la decisión de rechazar su traslado y se le insta nuevamente a presentarse en el CESFAM de Puerto Varas, lo cual hasta el día de hoy no ha ocurrido.

Indica que, el artículo 12 de la Ley 19.664 establece la obligación de los profesionales funcionarios que accedan a programas de especialización financiados por las entidades empleadoras o por el Ministerio de Salud tendrán la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas, estableciendo a su vez la excepción para cumplir en un servicio distinto mediante antecedentes calificados por resolución fundada, de acuerdo a los criterios y parámetros que señala dicha norma.

Por su parte, el artículo 20 del Decreto 91 de 2001 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en Programas de Especialización a que se refiere la Ley 19.664, dispone que los profesionales podrán presentar solicitud fundada para cumplir su obligación en un servicio distinto al que se encuentran vinculados, entre otros, por razones de salud personal del profesional. Que en concreto, la decisión de no acceder a la reubicación en otro Servicio de Salud, y consecuentemente no acceder al traslado de cumplimiento de su período asistencial obligatorio, no es sino el ejercicio de una atribución legal por parte del jefe superior de la institución, dado que para ello se requieren razones fundadas fehacientemente acreditadas que configuren un caso calificado, evaluación que en el caso del recurrente no se ha configurado de manera cabal, debiendo existir un acuerdo entre los distintos Servicios de Salud y que no ha acontecido en la especie.

Indica que, en la segunda solicitud efectuada por el actor, ahonda en su condición de ser portador de un carcinoma de tiroides, pero tampoco se advierte que dicha condición le impida trasladarse a la ciudad de Puerto Varas, a cumplir con su período asistencial obligatorio, gestionar desde ahí sus controles y trasladarse a la ciudad de Santiago, para asistir a los mismos, y para ello un profesional que se rige por la Ley 19.664, puede hacer uso de hasta doce días de permisos administrativos al año para realizar trámites de índole personal, según Protocolo Clínico de Cáncer Diferenciado de Tiroides Programa de Cáncer del Adulto 2020.

Luego, no se advierte que el Servicio de Salud esté obligado a aceptar una reubicación que implica un perjuicio para su red asistencial y salud municipal de Puerto Varas, atendida la falencia de la especialidad que cursó el actor en la citada comuna. De este modo, no se advierte la existencia de un derecho indubitado por parte del actor al no existir acuerdo entre los Servicios por la reubicación solicitada, y el actuar de la informante no resulta ser arbitraria atendido a que ella se justifica en razones de interés público propias de la red asistencial de la región, siendo el actor el que ha incumplido su compromiso de fecha 08 de junio del 2021.

Finalmente, sostiene que el actuar administrativo se ha apegado al orden consecutivo legal sin afectar ninguna de las garantías señaladas por el actor, y que la decisión no favorable no implica que ésta sea arbitraria, irracional o injusta.

Solicita, en definitiva, que se rechace la presente acción, con costas.

A folio 8, se tuvo presente el informe evacuado y se accedió a la petición de que la I. Municipalidad de Puerto Varas diera cuenta de los hechos objeto del presente recurso.

A folio 11, evacúa informe la I. Municipalidad de Puerto Varas, indicando que Departamento de Salud Municipal, contrató mediante convenio de contrato a plazo fijo a don nombre reservado, en calidad de médico en la Categoría A, conforme al Estatuto de Atención Primaria de Salud con fecha 4 de mayo de 2015, para que prestara servicios en jornada de 44 horas semanales en el CESFAM de dicha ciudad y que se mantiene vigente hasta el día de hoy, y que en el 2018, de acuerdo a la postulación del funcionario, y debido a la necesidad de fortalecer el CESFAM de Puerto Varas y poder contar con un médico ginecólogo obstetra, se le destinó a formación de especialización en el área de obstetricia y ginecología, en el marco del Programa de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud, iniciando el proceso el 01 de abril de 2018, siendo aprobado aquello mediante convenios entre el Servicio de Salud del Reloncaví y la Municipalidad con fecha 14 de mayo de 2018 y que aprobó también su reemplazo.

La Municipalidad suscribió un convenio de prestación de servicios para la formación de médicos especialistas, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con fecha 28 de noviembre de 2018 el cual se refiere al pago que la Municipalidad debió hacer para costear la especialización del recurrente y cuyo período efectivamente culminó el 03 de junio del 2021.

Luego, en abril del 2021, se recibió la consulta del Servicio de Salud sobre el cambio de lugar donde realizar el período asistencial obligatorio por parte del actor, indicando como motivación el quiebre sentimental con su pareja y cuya familia reside en Puerto Varas, soslayando su situación de salud y vejez de los padres, ante lo cual la informante se negó por razones de servicio y bases legales principalmente lo señalado en el Dictamen de CGR N° 7.123 de 2018. Con posterioridad, en octubre del 2021, se presenta nuevamente la solicitud fundada en problemas de salud y que su condición médica no le permite vivir en la Región de Los Lagos, ante lo cual se reunió el Comité de Análisis y Resolución de Casos, al cual fueron invitados funcionarios de la municipalidad, en dicha oportunidad se volvió a negar la solicitud del funcionario, conforme al acta de fecha 11 de noviembre de 2021, previo análisis de todos los antecedentes presentados.

De este modo, el actor debió presentarse en mayo de 2021 a trabajar, pero se recibieron un total de 9 licencias, todas posteriormente rechazadas por su ISAPRE al ser ellas de origen laboral, pero revisados los datos por la mutualidad respectiva, y no habiendo trabajado más de tres años con la informante, se resolvió que la enfermedad es de carácter común, debiendo haber regresado a trabajar el 26 de diciembre del 2021, cuestión que no ha efectuado al día de hoy, informando el abogado del actor que ello no iba a suceder.

También se indica una vulneración de su derecho de propiedad al no haber pagado horas extraordinarias por el tiempo que estuvo en misión de estudios, por un total de $80.000.000.- y ante ello, efectuó dos consultas a la Contraloría, que a contrario de lo sostenido por el actor, fueron favorables para la Municipalidad, indicando que cuando el funcionario está en una misión de estudio en un servicio distinto del de origen, y debe realizar trabajos que excedan la jornada ordinaria contratada por decisión de la entidad donde cumple la comisión procede que ésta última le compense las horas extraordinarias. Luego, solicitó una reconsideración a la Contraloría Regional, la que mediante Oficio N° 5165 de 31 de julio de 2019, reiteró que es la entidad donde está en comisión de estudios, quien debe pagar las horas extraordinarias realizadas en ese lugar y que, de todos modos, ha operado la prescripción de 6 meses que señala la Ley 18.883 sobre su exigencia.

Continúa efectuando consideraciones legales sobre el programa misiones de estudios, donde la conclusión es que el actor se encuentra en la obligación de retornar a su establecimiento de origen, por un período de 6 años a objeto de hacer su devolución o período asistencial obligatorio (PAO) en el lugar que dispone la normativa vigente, y que está claramente establecido en la escritura pública de fecha 08 de junio de 2021.

Indica la inexistencia de una actuar ilegal o arbitrario de su parte que implique la privación o perturbación de alguna garantía del actor, razón por la cual solicita, en definitiva, que se rechace la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, los actos que se denuncian como ilegales y arbitrarios mediante este recurso dicen relación con el pronunciamiento, por parte del Servicio de Salud del Reloncaví, a la negativa, sin fundamento ni análisis de los antecedentes aportados por el actor, a la petición de cumplimiento de su periodo asistencial obligatorio en un recinto hospitalario diverso al que se encuentra originalmente comprometido a efectuarlo, a saber, el CESFAM de la comuna de Puerto Varas, mediante el Acta de Conclusiones y Acuerdos de reunión de Comité de Análisis y Resolución de Casos establecidos en la Ley 19.664 de fecha 11 de noviembre del 2021 y de Oficio Ordinario Nº NUM001, de fecha 07 de diciembre de 2021.

CUARTO: Que, al respecto, son hechos de la causa que entre el actor y la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas existe una relación contractual vigente al día de hoy desde el 4 de mayo de 2015, momento en el cual es contratado aquél para que prestara servicios en jornada de 44 horas semanales en el CESFAM de dicha ciudad. Del mismo modo, con fecha 01 de abril del 2018, el actor inició su especialización como Gineco-Obstetra en la Universidad de Chile en el marco del Programa de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud, y que con fecha 29 de junio del 2021 se dictó la resolución N° 2347 que aprueba el "Convenio sobre derechos, obligaciones y garantía de profesional funcionario de atención primaria, Ley N° 19.378 en programa de especialización", concedido por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud del Reloncaví y el actor, nombre reservado, el cual contiene escritura pública entre las mismas partes de fecha 08 de junio del 2021. En dicho instrumento, se contempla, entre otras cuestiones, el hecho de realizar un período asistencial obligatorio a continuación del período formativo del programa de especialidad, en calidad de profesional funcionario con jornada completa en el establecimiento en el cual se encuentra contratado por un plazo igual al doble de duración de su beca.

También se aprecia que con fecha 24 de junio del 2021, mediante ordinario NUM002 del Servicio de Salud del Reloncaví, se resuelve rechazar una primera petición del actor de cumplir con su período asistencial obligatorio en un recinto distinto al del CESFAM de Puerto Varas, por no estar suficientemente justificada su petición, previo informe que evacuó la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas atendida su calidad de empleadora.

Finalmente, con fecha 07 de diciembre del 2021, mediante Ordinario NUM001 del Servicio de Salud del Reloncaví, vuelve a rechazar una nueva petición de traslado formulada por el actor, de acuerdo con el mérito de los antecedentes revisados y de lo obrado en acta de conclusiones y acuerdos de reunión de comité de análisis y resolución de casos de fecha 11 de noviembre del 2021.

QUINTO: Que, en este caso en particular, se aprecia que el actor efectivamente cursó una beca de especialización en el marco regulatorio de la Ley 19.664, atendida su calidad de funcionario público regido por la Ley 19.378, ello bajo la figura denominada como misión de estudios, manteniendo con ello vinculación con su actual empleador, que en este caso es la I. Municipalidad de Puerto Varas.

Así las cosas, el artículo 12 de la ley 19.664 señala, en lo pertinente "Los profesionales funcionarios que accedan a programas de especialización financiados por las entidades empleadoras o por el Ministerio de Salud tendrán la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas. ... Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, los profesionales funcionarios podrán solicitar cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para ello, se requerirá el acuerdo de los respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados mediante resolución fundada. Para el ejercicio de esta facultad se requerirá que tanto el Servicio de Salud de origen como el de destino cuenten con las disponibilidades presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de origen traspasar al de destino los recursos y dotación de personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el profesional funcionario." SEXTO: Que, a su turno, el Decreto 91 del 2001, del Ministerio de Salud, que establece el reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la Ley 19.664, en su artículo 20, señala, en lo pertinente, que "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 18, los profesionales funcionarios podrán presentar una solicitud fundada ante el Director del Servicio de Salud del que dependan, adjuntando toda la documentación de respaldo pertinente, para cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio de Salud distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para los efectos de este artículo, la solicitud deberá fundarse en hechos tales como los siguientes: -Razones de salud en la persona del profesional o de familiares directos, fehacientemente acreditadas, cuyos tratamientos requieran del cambio o se vean facilitados por el mismo. -Situaciones personales relevantes, calificadas por el Director, que obliguen al cambio." SEPTIMO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, y como se ha señalado precedentemente, se aprecia por estos sentenciadores que entre las partes existen diversas obligaciones a propósito del programa de perfeccionamiento adoptado por el actor en la modalidad ya señalada, y que en lo referente al lugar donde este debe cumplir con su período asistencial obligatorio, existe el contrato suscrito entre ellas donde se indica el CESFAM de Puerto Varas como el lugar a realizarse lo anterior. Dicha obligación, por cierto, admite hipótesis de cumplimiento alternativos de acuerdo con el tenor de las normas transcritas, y que deben ser analizadas y expuestas ante la autoridad competente, cuestión que se verificó en este caso, estimándose por estos sentenciadores que la decisión adoptada por el Servicio de Salud del Reloncaví se ajusta al mérito de los antecedentes y de la legalidad imperante en la materia.

Ello, por cuanto la autoridad administrativa escuchó los argumentos esgrimidos por el actor, en dos ocasiones, en la cual fundaba su petición de traslado, valorando en ambos momentos los antecedentes acompañados por este último en cada una de las ocasiones señaladas y dictándose una resolución fundada según lo exige la ley para todo órgano de la administración.

OCTAVO: Que, de este modo, no se advierte por parte de estos sentenciadores alguna vulneración de las garantías señaladas por el actor en el rechazo sostenido por el Servicio de Salud del Reloncaví respecto de la petición de traslado sostenido por el actor para el cumplimiento de su período asistencial obligatorio, de acuerdo a los compromisos adoptados por ambas partes, al existir un acto administrativo fundado y donde sí se tuvo en consideración los antecedentes aportados, siendo ilustrativo de ello el acta de conclusiones y acuerdos de reunión de comité de análisis y resolución de casos de fecha 11 de noviembre del 2021.

NOVENO: Que, una cuestión distinta a lo anterior es que el actor considere que se deba efectuar una interpretación y aplicación diversa de las normas que regulan el cumplimiento de su programa de perfeccionamiento llevado a cabo en la modalidad señalada precedentemente, cuestión que por cierto excede con creces el objetivo que persigue esta acción cautelar de emergencia, al no estimarse vulnerado ningún derecho con carácter de indubitado por parte de la recurrida de esta causa. De este modo, las alegaciones efectuadas sobre el no pago de horas extras o el establecimiento de una multa en el convenio suscrito por las partes por fuera de los márgenes legales, es una cuestión que se debe debatir mediante alguna acción declarativa y en un procedimiento de lato conocimiento, no siendo procedente por tanto un pronunciamiento en esta sede mediante la acción cautelar intentada por el recurrente, por los motivos ya señalados.

DECIMO: Que, en definitiva, al estimarse por esta Corte que la autoridad recurrida ponderó y evaluó todos los antecedentes esgrimidos por el actor para justificar su petición de traslado al momento de rechazar dicha solicitud, los que incluyen los argumentos médicos, familiares y personales, no advirtiéndose en definitiva algún derecho indubitado que se haya vulnerado mediante algún actuar ilegal o arbitrario a su respecto; y teniendo presente lo señalado en torno a las otras cuestiones debatidas en el sentido de exceder la finalidad inherente a una acción cautelar de emergencia como ésta, se rechazará la presente acción tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N° 94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que, se rechaza la acción interpuesta por nombre reservado y nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud del Reloncaví.

II. Que, no se condena en costas a la recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Cristian Oyarzo Vera.

No firma el Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 1466-2021