nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Puerto Montt, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, cédula nacional para extranjeros N°RUT reservado, en favor de don nombre reservado, venezolano, empleado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual.

Funda su acción en que la recurrida, con fecha 20 de octubre de 2025, rechazó la solicitud de retiro de fondos previsionales por la falta de apostilla del certificado de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, requisito que —según expone— no se encuentra contemplado en la Ley N°18.156. En tal sentido, asegura cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la citada ley para solicitar la devolución de sus fondos, habiendo acompañado a su solicitud los documentos exigidos por la normativa vigente, incluyendo el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero. Sin embargo, sostiene que la exigencia de apostilla de este documento resulta arbitraria e imposible de cumplir, atendido que el sistema de su país de origen no contempla dicho trámite para este tipo de documentos, lo que configura un caso fortuito.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto impone requisitos no previstos en la ley, efectuando una interpretación restrictiva de la normativa aplicable y privando al recurrente del ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, vulnerando así las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Pide se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y se siga con la tramitación de su solicitud a fin de que dentro de un plazo razonable se le efectúe la devolución de los fondos de pensión.

A folio 8 evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sosteniendo, en primer término, la improcedencia de la acción de protección por estimar que la materia debatida corresponde a un asunto de lato conocimiento que requiere de un procedimiento declarativo, al no existir un derecho indubitado del recurrente.

En cuanto al fondo, niega haber incurrido en un actuar ilegal o arbitrario, afirmando que ha dado cumplimiento estricto a la normativa vigente, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Decreto Ley N°3.500 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Aduce que la devolución de fondos previsionales constituye una excepción al régimen general del sistema, por lo que su procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos legales, entre ellos, la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación emitida por la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada.

Indica que la solicitud del recurrente fue rechazada por cuanto la documentación acompañada no cumplía con tales exigencias, al tratarse de una constancia electrónica de cotizaciones que carece de firma, no se encuentra legalizada ni apostillada y no acredita de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley, limitándose a señalar de forma genérica las prestaciones del sistema previsional extranjero. Agrega que la exigencia de apostilla o legalización de documentos extranjeros deriva de las normas generales sobre valor probatorio de dichos instrumentos en Chile, en particular de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y en la Convención de La Haya sobre Apostilla, resultando obligatorio su observancia para otorgarles validez jurídica.

Precisa que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones obligatorias para las administradoras en esta materia, exigiendo que la acreditación de afiliación previsional en el extranjero se realice mediante documentos debidamente legalizados, los que deben dar cuenta específica de la cobertura exigida por la ley. Finalmente, afirma que no se configura en la especie ninguno de los presupuestos de procedencia del recurso de protección, toda vez que no existe acto ilegal ni arbitrario, ni afectación de garantías constitucionales, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen su ejercicio.

Segundo: Que, el recurrente sostiene que la decisión de la AFP recurrida de rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales es ilegal y arbitraria. En tal sentido, asegura haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, en tanto que la exigencia de apostilla de la documentación constituye un presupuesto no contemplado en la normativa, de cumplimiento imposible en su caso. Adujo vulneración a las garantías constitucionales de propiedad y de igualdad ante la ley.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida ha sostenido que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse de una materia de lato conocimiento. En cuanto al fondo, afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, sino que ha actuado en estricto apego a la normativa vigente, señalando que la documentación presentada por el recurrente no cumple con los requisitos legales para acreditar su afiliación a un sistema previsional extranjero, al carecer de legalización o apostilla y no dar cuenta específica de la cobertura exigida por la ley.

Cuarto: Que, en tales condiciones, la controversia se circunscribe a determinar si la negativa de la recurrida a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, fundada en el incumplimiento de requisitos formales relativos a la acreditación de su afiliación previsional en el extranjero constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, o si, por el contrario, dicha decisión se ajusta a la normativa vigente.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a la causa se desprende que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, en calidad de técnico extranjero, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Consta que dicha solicitud fue rechazada por la recurrida, fundada en que la documentación acompañada carecía de legalización o apostilla y no daba cuenta específica de la cobertura previsional requerida. Asimismo, se desprende que el recurrente acompañó a su solicitud, entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Sexto: Que, en lo que atañe al marco normativo aplicable, cabe tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que permite a los trabajadores extranjeros solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados en una AFP, siempre que cumplan copulativamente los requisitos previstos en su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación, lo que debe ser acreditado en la forma que la normativa exige.

Asimismo, corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar administrativamente la normativa del sistema previsional e impartir instrucciones obligatorias para su correcta aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y en el artículo 3° letra i) del D.F.L. N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En ejercicio de dichas atribuciones, dicho órgano ha dictado las normas contenidas el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual, en su Libro II, Título XI, N°1, relativo a la exención de cotizaciones previsionales de trabajadores técnicos extranjeros, dispone que la acreditación del cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional en el extranjero debe efectuarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste que el trabajador cuenta con cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Luego, en el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017 ha instruido que “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156”. Asimismo, más recientemente el oficio N°12954 del 17 de julio de 2025 ha señalado que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión.

De lo anterior, se desprende que la jurisprudencia administrativa del órgano fiscalizador ha sido uniforme en exigir que los documentos acompañados por el solicitante cumplan con las formalidades legales determinadas para producir efectos en Chile, careciendo de valor probatorio aquellos instrumentos que no se encuentren debidamente legalizados o apostillados, o que no den cuenta de manera específica de la cobertura previsional exigida, especialmente cuando se trata de certificaciones electrónicas que no cuentan con firma de la autoridad emisora.

Séptimo: Que, de lo expuesto se concluye que la negativa de la AFP recurrida aparece plenamente justificada en la normativa citada, no pudiendo calificarse su actuar como ilegal o arbitraria desde que, al rechazar la solicitud, se limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, en armonía con la jurisprudencia administrativa vigente en la materia.

Octavo: Que, en relación con la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla de los documentos provenientes de su país de origen, cabe señalar que, conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, dicha circunstancia, aun cuando pueda dificultar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, no lo torna imposible, existiendo mecanismos alternativos para la obtención de tales certificaciones, ya sea a través de representaciones consulares en terceros países, como Colombia o Perú, o bien mediante los canales habilitados por las autoridades extranjeras competentes, presentando los documentos físicos a través de terceras personas (Rol N°7.983-2026).

Noveno: Que, en consecuencia, no configurándose un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Rol Protección N°1457-2025.