Protección contra Servicio Local de Educación Pública de Chiloé

Puerto Montt, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, asistente de la educación, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, representado por don nombre reservado, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001, de 24 de septiembre de 2025, que rechazó la reposición deducida en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 29 de agosto del mismo año, mediante la cual se le aplicó la sanción disciplinaria de cese o destitución por una supuesta vulneración al principio de probidad administrativa.

Expone que la decisión recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto carece de fundamentación suficiente, no se hace cargo de sus descargos ni pondera las circunstancias concretas del caso, limitándose a una enumeración formal de antecedentes.

Señala que, si bien salió del país encontrándose con licencia médica, ello ocurrió el último día de la licencia, un viernes después de terminada su jornada laboral y fuera del horario de clases, tratándose únicamente de algunas horas y no de una conducta de entidad suficiente para justificar la sanción más gravosa del régimen administrativo.

Añade que el SLEP habría aplicado la destitución de manera uniforme a todos los funcionarios en situaciones similares, sin considerar particularidades individuales, lo que configuraría desviación de poder, arbitrariedad y falta de proporcionalidad, más aún si se atiende a su irreprochable conducta anterior y a la ausencia de dolo o de una conducta desleal hacia su empleador.

Sostiene que el acto administrativo vulnera los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, al carecer de una motivación real, circunstanciada y razonable, y que la resolución impugnada no analiza la prueba ni los argumentos defensivos, en especial aquellos relativos a la inexistencia de una infracción grave a la probidad.

Agrega que la medida disciplinaria vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al establecer una diferencia arbitraria y privarla de su estabilidad en el cargo, remuneraciones y asignaciones.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se declaren ilegales y arbitrarias las resoluciones impugnadas, se ordene su reincorporación inmediata en el mismo grado y condiciones que mantenía antes de la destitución o, en subsidio, se sustituya la sanción por una de menor entidad, con costas.

Acompaña: 1) Resolución Exenta Nº NUM000 de fecha 29 de agosto del año 2025 2) Resolución Exenta Nº NUM001 de fecha 24 de septiembre del año 2025.

A folio 6, evacua informe la recurrida Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, representado por su Director Ejecutivo don nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte las garantías invocadas.

Expone, en primer término, el marco normativo de la Ley N° 21.040 que creó el Sistema de Educación Pública y reguló el traspaso de establecimientos, personal y recursos desde las municipalidades y corporaciones municipales a los Servicios Locales, precisando que el SLEP Chiloé entró en funcionamiento el 30 de junio de 2024 y que la recurrente fue traspasada desde la Corporación Municipal de Quellón al referido Servicio.

Señala que, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 6 de junio de 2025, se instruyó sumario administrativo en contra de la actora por haber salido del país durante la vigencia de una licencia médica; que, concluido dicho procedimiento, se dictó la Resolución Exenta N° NUM000, de 29 de agosto de 2025, aplicándole la medida de cese de pertenencia a la dotación, conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, en relación con el principio de probidad administrativa; y que el recurso de reposición interpuesto fue rechazado por Resolución Exenta N° NUM001, de 24 de septiembre de 2025.

Indica que las resoluciones impugnadas fueron dictadas por autoridad competente, dentro de un procedimiento regular, con fundamento en antecedentes objetivos, entre ellos certificado migratorio, licencias médicas y declaración de la propia recurrente, que acreditarían su salida del país el 6 de julio de 2024 durante reposo laboral.

Afirma que no existe desviación de poder, pues el sumario tuvo origen en instrucciones institucionales derivadas de antecedentes remitidos por Contraloría y su finalidad fue hacer efectiva la responsabilidad administrativa por infracción al principio de probidad, sin que exista sustento para afirmar que la sanción obedeció a razones presupuestarias.

Agrega que la medida aplicada fue proporcional, razonable y debidamente fundada, toda vez que viajar al extranjero durante una licencia médica constituye una conducta objetivamente incompatible con los deberes del cargo, sin que sea exigible acreditar dolo directo ni concurran circunstancias que justifiquen atenuar la responsabilidad.

Asimismo, sostiene que las resoluciones sí se hicieron cargo de los descargos de la recurrente, de la prueba rendida y de la normativa aplicable, cumpliendo con los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, sin que pueda exigirse a un acto administrativo el mismo estándar formal propio de una sentencia judicial.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por cuanto la actora fue sometida a un procedimiento legalmente tramitado y la pérdida del cargo y remuneraciones constituye una consecuencia prevista por el ordenamiento ante una infracción grave, solicitando en definitiva el rechazo íntegro de la acción constitucional y acompañando copia del expediente sumarial.

Acompaña copia del expediente sumarial.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla. Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que surge de lo expuesto que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que el acto que motiva la presente acción cautelar consiste en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 29 de agosto de 2025, por la cual el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé aplicó a la recurrente la sanción disciplinaria de cese o destitución, y de la Resolución Exenta N° NUM001, de 24 de septiembre de 2025, que rechazó la reposición deducida en su contra, ambas fundadas en haber salido del país durante la vigencia de una licencia médica, conducta que la autoridad estimó constitutiva de una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Cuarto: Que, a su turno, la recurrida argumenta que las resoluciones impugnadas fueron dictadas por autoridad competente, dentro de un procedimiento administrativo regularmente tramitado, con respeto del derecho a defensa de la actora y con fundamento en antecedentes objetivos, consistentes en el certificado migratorio, licencias médicas y declaración de la propia recurrente, que darían cuenta de su salida del país el día 6 de julio de 2024, mientras se encontraba haciendo uso de reposo laboral. Agregó que no existió desviación de poder ni falta de fundamentación, pues la instrucción sumarial tuvo por objeto hacer efectiva la responsabilidad administrativa derivada de una infracción al principio de probidad, y que la sanción aplicada resultaba proporcional y razonable.

Quinto: Que, el artículo 8° de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

A su turno, el artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que el principio de probidad administrativa consiste precisamente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública, con preeminencia del interés general sobre el particular. En dicho contexto, la licencia médica, en cuanto autoriza la ausencia laboral remunerada del funcionario para la recuperación de su salud, debe ser utilizada conforme a su finalidad propia, de manera que su empleo para fines incompatibles con el reposo prescrito puede comprometer los deberes de lealtad, honestidad y probidad que rigen el ejercicio de la función pública.

Sexto: Que, en la especie, no se advierte que las resoluciones impugnadas adolezcan de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, desde que fueron dictadas en el marco de un sumario administrativo instruido por autoridad competente, en el cual la recurrente pudo ejercer su derecho a defensa, formular descargos y hacer valer sus alegaciones. Asimismo, el hecho esencial que sirvió de fundamento a la sanción, esto es, la salida del país durante la vigencia de una licencia médica con reposo prescrito, que según el mérito de los antecedentes aquello aconteció entre los días 19 de mayo de 2023 al 22 de mayo de 2023, cuando contaba con licencia médica otorgada por tres días a contar del día 17 de mayo de ese mismo año, aquello aparece sustentado en antecedentes objetivos y no ha sido sustancialmente controvertido por la actora, quien más bien cuestiona la entidad de la infracción, la ponderación de sus circunstancias personales y la proporcionalidad de la medida aplicada.

Tales alegaciones, sin embargo, no logran desvirtuar la existencia del hecho basal acreditado por la autoridad administrativa, ni permiten concluir que la decisión recurrida sea producto del mero capricho o se encuentre desprovista de fundamento racional.

Séptimo: Que, por otra parte, la presente vía cautelar no se encuentra destinada a sustituir a la autoridad administrativa en la apreciación del mérito de los antecedentes reunidos en un procedimiento disciplinario, ni a revisar de manera amplia la ponderación probatoria efectuada en el sumario o la graduación de la sanción aplicada, salvo que de ello derive una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

En el caso concreto, las resoluciones impugnadas expresan las razones fácticas y jurídicas que condujeron a estimar configurada una infracción al principio de probidad administrativa, haciéndose cargo de la conducta atribuida a la recurrente y de su incidencia en los deberes funcionarios, sin que aparezca acreditado que la sanción obedeciera a una finalidad diversa, a una discriminación arbitraria o a una ausencia absoluta de motivación. Por consiguiente, al no advertirse un derecho preexistente e indubitado amagado por un acto manifiestamente ilegal o arbitrario, la acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé.

Decisión adoptada con la prevención de la Abogada Integrante Sofía Bohle Pérez, quien concurre al rechazo del recurso, teniendo además presente que, a su juicio, el carácter cautelar de la acción de protección no impide examinar la proporcionalidad de la medida disciplinaria cuando se alega que ésta afecta garantías fundamentales. Sin embargo, en la especie, aun efectuado dicho análisis, estima que la sanción aplicada no aparece desprovista de razonabilidad ni manifiestamente desproporcionada, atendida la naturaleza de la conducta reprochada, su vinculación con el uso de una licencia médica y la afectación de los deberes de probidad administrativa exigibles a quienes se desempeñan en la función pública.

Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila y la prevención de su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Rol Protección Nº 1445-2025.