Protección contra Director General de la Policía de Investigaciones de Chile

Puerto Montt, cuatro de abril de dos mil veinticuatro Vistos:

A folio 1, con fecha 8 de diciembre de 2023, compareció la Abogada Karen Delgado Gómez, quien actuando en representación convencional de nombre reservado, interpone acción cautelar de protección en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, por estimar que aquél incurrió en una actuación ilegal y arbitraria en la Dictación de la Resolución Exenta N° 347 de 6 de noviembre de 2023, que negó, por improcedente, su petición de reapertura de un sumario administrativo que se siguió en su contra.

Explica el actor que es Inspector (R) de la Policía de Investigaciones y contextualiza los hechos señalando que el 4 de julio de 2021 participó en una actividad con otros compañeros de trabajo de la Policía de Investigaciones, excediendo su ingesta de alcohol, pinchando con un destapador dos neumáticos del automóvil de una persona que, conforme se desarrolla con posterioridad en el recurso, pertenecía a una Subinspectora de la Institución policial. Ello activó un procedimiento policial, cuyas características de legalidad cuestiona, en el que se le atribuyó el daño, además de dos procesos administrativos en su contra.

En el primero, de 5 de julio de 2021, el instructor solicitó se le cursara su retiro temporal de conformidad con lo establecido por el artículo 90 letra b) del Estatuto del Personal de la PDI, sobre la base de un hecho que el recurrente dice es falso, cual es que la Subinspectora Galdames Arredondo, quien tendría la calidad de víctima, solicitó a la Fiscalía una medida de protección que fue acogida y ejecutada por Carabineros, por un lapso de 10 días, por posibles amenazas y hostigamientos. Esta investigación concluyó con la emisión de un Decreto de 25 de agosto de 2021 de la Subsecretaría del Interior que dispuso su retiro temporal, la que se le notificó en septiembre de 2021.

En relación con el segundo proceso administrativo, en el cual incide su petición de reapertura denegada por la autoridad recurrida, el actor señaló -en lo pertinente- que fue instruido inicialmente por el mismo Subprefecto del sumario anterior y que tenía por objeto determinar su responsabilidad administrativa por su participación como autor de un delito de daño simples de vehículos de otros funcionarios de la PDI, conforme se desprende de la resolución acompañada al recurso. Este proceso concluye por resolución de término del Director de la Policía, de fecha 12 de julio de 2023 N°340-2021/11-2023, la que en su parte resolutiva CONFIRMA la medida disciplinaria de SEPARACIÓN del recurrente de la institución. Ello sin perjuicio, como se expuso con mayor claridad por el recurrido, que se declaró que dicha medida no se haría efectiva dado que previamente la Subsecretaría del Interior había dispuesto el retiro temporal del recurrente.

No obstante la anterior, la abogada que recurre en favor del ex Inspector señaló que este se querelló en contra del Subprefecto Venegas, instructor de los sumarios, y todos quienes resulten responsables, pues en la investigación penal fue víctima de un allanamiento irregular, prevaricación y otras falsedades, lo que dio origen a la causa RIT 2128-2022 del Juzgado de Garantía de Arica, en tramitación a la fecha de presentación de la acción cautelar.

En relación con lo resuelto en este segundo sumario administrativo, señala que bajo la causal prevista por el inciso segundo del artículo 139 del Estatuto del Personal de la PDI pidió la reapertura del sumario, indicando que la norma faculta al funcionario para ejercer la acción de reapertura cuando se disponga una medida de separación y exista un proceso penal que haya concluido con anterioridad al proceso administrativo sobre los mismos hechos.

Agrega, el recurrente, que bajo el amparo de esta norma y en concordancia con jurisprudencia administrativa que cita, correspondía además la reincorporación del funcionario.

Así, el recurrente sostiene que los requisitos de procedencia para la reapertura son tres:

En primer término, la existencia de una resolución con efecto de cosa juzgada en sede penal. Cuestión que concurre en la especie, dado que fue sobreseído definitivamente de los hechos atribuidos en julio de 2021, por resolución de 9 de agosto de 2022 en la causa RIT 2332-2022 del Juzgado de Garantía de Arica. Según explica, dicho proceso penal culminó con un acuerdo reparatorio cumplido, dictando por el tribunal resolución de sobreseimiento definitivo.

En segundo lugar, que la petición se haga al emitirse el acto terminal del sumario administrativo, que disponga la separación o el retiro y;

En tercer lugar, la existencia de un proceso administrativo que verse sobre los mismo hechos materia del proceso penal.

Pese a ello, la reapertura del sumario fue rechazada mediante la Resolución Exenta 347, que es contra la cual se recurre, por estimarla improcedente, de conformidad con sus consideraciones sexta y séptima, que en lo pertinente -conforme se lee de la propia resolución acompañada- discurren en el sentido que la resolución de agosto del año 2021, por la cual se dispuso su retiro temporal, no constituye una sanción disciplinaria de carácter expulsiva, sino una potestad establecida en el artículo 90 letra b) del Estatuto del Personal de la PDI para prevenir el perjuicio que podría conllevar la mantención de la persona en hechos inconvenientes, siendo ello una acción de resguardo al prestigio y doctrina institucional. Luego, la resolución refiere que el artículo 139 exige para la reincorporación del funcionario o la reapertura que aquel sea sancionado con una medida de carácter expulsiva, lo que no ocurrió en la especie, dado que servicio policial del funcionario cesó por el retiro temporal, aplicando criterio de Contraloría en Dictamen 2748 de 2019 que en lo sustancial, señala que el ejercicio de la facultad del artículo 90 B del Estatuto no constituye un castigo por no encontrarse en el catálogo de sanciones previstas por el artículo 140 del Estatuto.

En sentido contrario, sostuvo la recurrente, los fundamentos de la decisión constituyen una actuación de mala fe y una puesta en escena dilatoria, ya que conforme el artículo 94 e) del Estatuto del Personal de la PDI, si el retiro temporal se prolonga por más de tres años, de transforma en un Retiro Absoluto y pasado ese tiempo el funcionario no puede ser reincorporado.

En este orden de cosas, alega que en la resolución se incurre en un error de derecho, afectando su derecho a ser oído, dejándolo en indefensión, no otorgándole un justo procedimiento, aplicando una medida desproporcionada e impone como condición para la reapertura del sumario una condición que estima como incierta en el sentido que el retiro temporal previamente impuesto impediría la aplicación de la confirmada medida de separación.

Luego de indicar la forma en la que estima afectados sus derechos fundamentales, contenidos en los numerales 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pide se ordene al recurrido que disponga la reapertura del sumario administrativo, designe un nuevo fiscal no implicado y se supriman los actos administrativos que considera ilegales.

A folio 11 informó el recurso el recurrido, quien pidió el rechazo de la acción cautelar interpuesta, señalando como defensas preliminares que ésta no constituye una vía de impugnación de sumario ni constituye una nueva instancia administrativa.

En cuanto al fondo, explica que el 25 de agosto de 2021, el Ministro del Interior dictó, por orden del Presidente de la República, el Decreto Exento RA 280/1275/2921 por el cual se dispuso el retiro temporal del actor. De conformidad con dicho decreto, el retiro temporal se dispuso por los hechos acaecidos el 4 de julio del año 2021 en Arica; indicando que la Subinspectora Galdames Arredondo realizó una denuncia por daños, dado que un vecino le informó que las ruedas del costado derecho de su automóvil estaban pinchadas, pudiendo luego de una revisión constatar que también lo estaban las ruedas del automóvil de su conviviente, el Subinspector Bascur Valenzuela, atribuyendo tales hechos, previa revisión de las cámaras de seguridad, al Inspector nombre reservado.

Señala el recurrido que tales hechos motivaron la instrucción de UN SUMARIO ADMINISTRATIVO por orden del Jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, que concluyó con resolución de término de 12 de julio de 2023, por la cual se confirmó la medida disciplinaria de separación del Ex Inspector nombre reservado, por asistirle responsabilidad administrativa en los hechos investigados acaecidos el 4 de julio de 2021, conducta que infringe el Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Ello sin perjuicio de declararse que la medida no se haría efectiva, toda vez que de conformidad con el Decreto Exento de 25 de agosto de 2021 de la Subsecretaría del Interior, se dispuso el retiro temporal del Ex Inspector.

En cuanto a la solicitud de reapertura de este sumario, señaló que ella fue negada por la resolución que se impugna, teniendo en consideración que al tenor de lo establecido por el artículo 139 del Estatuto, para que el funcionario sea reincorporado o se proceda a la reapertura, es necesario que sea sancionado con una medida de carácter expulsiva, lo que no ocurrió en la especie dado que aquel cesó en sus funciones por el retiro temporal dispuesto por orden del Presidente de la República en agosto del año 2021. Agregando dentro de sus fundamentos que conforme a Dictámenes de Contraloría N°69.277 de 2009, N°6.439 y N°46.640 del año 2012, concurriendo DOS CAUSALES de RETIRO, debe primar la que operó en primer lugar en el tiempo. Sin perjuicio además que en la resolución de término se señaló expresamente que por ello la medida de SEPARACIÓN no se haría efectiva.

En cuanto a las presuntas irregularidades del sumario administrativo que se tramitó en su contra señala que aquellas no se relacionan con el acto administrativo que impugna, sin perjuicio que ya interpuso una acción cautelar por las aquellas aparentes irregularidades, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción causa Rol 2263-2022 el 22 de marzo del 2022, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema el 14 de abril de 2022.

En relación con el argumento de que la Policía estaba obligada al tenor de lo establecido por el artículo 139 del Estatuto del Personal de la PDI a disponer la reapertura del sumario, indicó que ello no se desprende de la norma, cuyo inciso segundo transcribe: “En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, podrá pedir la reapertura del Sumario Administrativo y, si en éste también se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados”

En el mismo sentido señala se ha pronunciado Contraloría General a propósito del este inciso del artículo 139 del Estatuto en Dictamen N° 17.717 de 13 de julio de 2018, señalando “la atribución para decretar la reapertura que se pretende, se encuentra radicada en la autoridad sancionadora, siendo a ella a quien le compete establecer si hay elementos que tengan la condición de sucesos no conocidos ni ponderados en su momento, y discernir si son de relevancia tal que permitan modificar lo resuelto”

En segundo orden de cosas, advierte que el funcionario en esa época ya había sido sujeto de una orden de retiro temporal de la institución, cuestión de la cual se hizo cargo la resolución impugnada, citando los Dictámenes de Contraloría al efecto en el sentido de que al concurrir de causales de retiro debe primera la primera de ellas, es decir, la de agosto de 2021.

En relación a ello, puntualiza que el retiro temporal es una decisión adoptada por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 90, letra b) del Estatuto del Personal. Decisión que no constituye un castigo, dado que no se encuentra contemplada dentro del catálogo de medidas disciplinarias del artículo 140 del Estatuto. En este orden de cosas, advierte que, al no tratarse de una medida disciplinaria, es independiente de otras responsabilidades, como la civil, penal o administrativa que pudiera afectarle al funcionario respectivo; pues sólo tiene por objeto prevenir el perjuicio institucional que podría acarrear la mantención en actividad de funcionarios involucrados en hechos inconvenientes para la Institución. Todo ello también fue debidamente explicado en la resolución que por esta vía se impugna.

Finalmente, en cuanto a la acusación de que el Director de la PDI se ha excedido de sus atribuciones, sostiene que ello no puede prosperar dado que aquel sólo se ha limitado a aplicar la ley y los Dictámenes de Contraloría.

Culmina su exposición señalando que no se ha vulnerado en forma ilegal o arbitraria algún derecho fundamental del recurrente, pidiendo el rechazo de la acción constitucional.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que el recurrente no obstante señalar que impugna el acto administrativo del recurrido por el cual denegó la reapertura del sumario administrativo incoado en su contra para el establecimiento de su responsabilidad administrativa en determinados actos que habrían acaecido en julio del año 2021; en su petitorio solicita la designación de un nuevo fiscal instructor y se supriman ciertos actos administrativos que considera ilegales.

Cuarto: Que previo al fondo del asunto se debe puntualizar que de los antecedentes acompañados se advierte que sólo se tramitó un sumario administrativo para establecer la responsabilidad que en dicho ámbito le pudiera corresponder al recurrente; no siendo la solicitud de retiro temporal de fecha 05 de julio de 2021, que culminó con la dictación del Decreto Exento RA 280/1275/2921 de 25 de agosto de 2021, por el cual se dispuso el retiro temporal del actor, una medida disciplinaria, sino que el ejercicio de una facultad que posee el Presidente de la República, otorgada por el artículo 90, letra b) del Estatuto del Personal, que lo habilita para disponer la separación del servicio de los funcionarios, ponderando libremente los antecedentes en que apoya su decisión.

Quinto: Que en lo que dice relación con el fondo del asunto, tal y como observó el recurrido en su informe, los aspectos relacionados con la deficiente tramitación e instrucción del sumario incoado para establecer la responsabilidad administrativa del actor exceden del contenido de la presente acción cautelar, dado que respecto de aquel se dictó resolución de término el 12 de julio de 2023; siendo así dicha alegación extemporánea, dada la fecha en la se presentó esta acción cautelar. Por otro lado, resulta también impertinente, en atención al fundamento de la acción cautelar, el cual se ha desarrollado en torno a la existencia de un acto administrativo que niega la reapertura de un sumario administrativo.

En cualquier caso, como se indica además por la recurrida, el asunto ya fue debatido en causa de protección Rol 2263-2022 de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

En este orden de cosas, tanto la petición de designación de un nuevo instructor del sumario, como aquella por la cual se pretende la nulidad de ciertos actos administrativos, que por lo demás no se desarrolla con claridad, serán desestimadas.

Sexto: Que el artículo 139 del Estatuto de Personal de la Policía de Investigaciones establece lo siguiente:

“La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluye la posibilidad de aplicar al empleado una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con alguna medida de carácter expulsivo como consecuencia exclusiva de hechos que revistan caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la Institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de su alejamiento o en otro de igual jerarquía, conservando todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiese estado en actividad.

En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, podrá pedir la reapertura del Sumario Administrativo y, si en éste también se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados.

Si no fuere posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de seis meses, contados desde la absolución administrativa, el empleado tendrá derecho a exigir, como toda indemnización por los daños y perjuicios que la medida disciplinaria le hubiese irrogado, el pago de la renta que le habría correspondido en su cargo durante el tiempo que hubiese permanecido alejado de la Institución, hasta un máximo de tres años.”

Séptimo: Que la cuestión planteada por el recurrente incide en el inciso segundo de la norma transcrita, pues la responsabilidad penal que se le atribuyó por los hechos sucedidos en Arica el 4 de julio de 2021, fue objeto de sobreseimiento definitivo previo acuerdo reparatorio, de conformidad con los establecido por el artículo 242 en relación con el 250 d) del Código Procesal Penal, como consta de la tramitación de la causa Rit 2332-2022 del Juzgado de Garantía de Arica, audiencias de fecha 20 de julio y 9 de agosto de 2022.

Octavo: Que, aun así, la reapertura del sumario está sujeta a una decisión facultativa y discrecional de la autoridad administrativa que debe tomar la decisión. Atribución cuyo ejercicio necesariamente debe ser fundado, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 19.880.

Por otra parte, como afirma el recurrido, la Contraloría General de la República ha señalado en Dictamen N° 11.717 de 13 de julio de 2018, que por lo demás sigue el criterio asentado por ella mediante Dictamen N° 11.716, de 2014, que la potestad para decretar la reapertura que se pretende se encuentra radicada en la autoridad sancionadora, siendo a ella a quien le compete establecer si hay elementos que tengan la condición de sucesos no conocidos ni ponderados en su momento, y discernir si son de relevancia tal que permitan modificar lo resuelto.

Noveno: Que de este modo, no se advierte del tenor del recurso interpuesto la ilegalidad que se denuncia por la recurrente, quien sostiene su alegación sobre la base de una obligatoriedad de la reapertura sumarial en la medida que se cumplan ciertos requisitos formales, que enuncia en su acción cautelar, no aportando a esta Corte ningún elemento indiciario que pudieran tener la condición de sucesos no conocidos o ponderados, con características de relevancia, como para modificar lo resuelto y con ello disponer le reapertura del sumario administrativo. Sobre todo, si tiene en consideración que la ausencia de responsabilidad penal del funcionario por los hechos atribuidos, que constituye la fuente de la alegación del solicitante, y que en la especie sólo dijo relación con la extinción de aquella responsabilidad penal por un acuerdo reparatorio cumplido, discurre por un cauce diferente del establecimiento de una eventual responsabilidad administrativa, como sucedió en la especie.

Por otro lado, tampoco se advierte la arbitrariedad denunciada, desde que la decisión del entonces Director de la Policía de la Policía de Investigaciones, manifestada en la Resolución Exenta 347 de 6 de noviembre de 2023, se encuentra técnicamente fundada, pues el funcionario ya había sido sujeto de una orden de retiro temporal de la institución, cuestión de la cual se hizo cargo la resolución impugnada, citando los Dictámenes de Contraloría al efecto en el sentido de que al concurrir dos causales de retiro debe primera la primera de ellas, es decir, la de agosto de 2021. Agregando que no siendo el retiro temporal un castigo, en los términos del artículo 140 del Estatuto de Personal, sino el ejercicio de una facultad del Presidente de la República, ella es independiente del establecimiento de la responsabilidad administrativa que se constató en la especie, más allá que la medida disciplinaria de separación no se haga efectiva, como por lo demás se indicó en la resolución de término del sumario, no impugnada por esta vía, por preferir en orden temporal la primera causal de retiro de la institución.

Décimo: Que, de conformidad con lo expuesto, el actuar del Director de la Policía de Investigaciones no excede de sus facultades que le otorga la Constitución y la Ley, encontrándose la decisión debidamente fundada, tanto en la ley como en la jurisprudencia administrativa del órgano contralor, por lo que la acción constitucional interpuesta será rechazada.

Por estas motivaciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción cautelar de protección deducida por nombre reservado en contra del Director General de la Policía de Investigaciones.

Redacción a cargo del ministro suplente Moises Montiel Torres Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el Ministro (S) don Moisés Montiel Torres, quien concurrió a la vista y acuerdo, haber cesado su cometido funcionario.

Rol Protección 1444-2023