Protección contra siguientes personas

Puerto Montt, diez de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparecieron doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra de las siguientes personas: nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho que expuso, que afectan sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República.

Señalaron que conforman el equipo directivo de la Escuela Diferencial Antü Kau, la cual durante casi 30 años ha atendido a niños, niñas y adolescentes (NNA) con diversas discapacidades, siendo el sostenedor de la escuela la Corporación Municipal de Castro. Agregaron que el equipo directivo está compuesto por el director don nombre reservado, el encargado de convivencia don nombre reservado y la jefa técnica pedagógica doña nombre reservado.

Dijeron que tras la denuncia de una asistente de la educación por malos tratos físicos y psicológicos ejercidos en contra de un estudiante por la profesora nombre reservado, como equipo directivo se vieron en la obligación de presentar una denuncia ante la Fiscalía el 29 de julio de 2024 por vulneración de derechos y maltrato infantil tal como señala el artículo 175 del Código Procesal Penal y el Reglamento Interno.

Expusieron que la profesora denunciada, se habría sentido pasada a llevar por el directorio, y manifestó que habrían podido negociar el asunto, sin la necesidad de denunciar. Debido a esta denuncia, relataron que el Consejo de Profesores y Profesoras de la Escuela Diferencial Antü Kau, el 31 de julio de 2024, se reunió en el establecimiento educacional y emitió una carta dirigida a don nombre reservado, Secretario General de la Corporación Municipal de Castro, en donde se acusa al equipo directivo de cometer actos de agobio, persecución y desacreditación en contra de los profesores y profesoras. En la carta, que firman once docentes de la escuela, se expuso que el equipo directivo no aplicaría los conductos regulares internos del Reglamento de Convivencia Escolar, vulnerando el derecho al debido proceso de los profesores y profesoras, afectando el diálogo y el bienestar de la comunidad educativa.

Sin embargo, en reunión del 6 de agosto del 2024 entre docentes de la Escuela Diferencial Antü Kau y representantes de la Corporación Educacional, se concluyó que las acciones del equipo directivo habían sido conforme a las normativas legales, municipales e internas de la Escuela.

A continuación, expresaron los recurrentes que el miércoles 7 de agosto de 2024, el Directorio del Colegio de Profesores de Castro emitió una carta dirigida a la comunidad señalando que en la Escuela Diferencial Antü Kau, diez docentes se encontraban amenazadas y sus derechos estaban siendo vulnerados por parte del equipo directivo, haciendo un llamado a votar la medida de paralización de horarios no lectivos en las comunidades educativas de Castro, acción que se tomaría desde el día lunes 12 de agosto del mismo año.

El mismo día, explicaron que la Presidenta del Colegio de Profesores de Castro, nombre reservado, se dirigió a los asistentes frente a la Escuela Diferencial Antü Kau con un megáfono en mano. Durante su intervención, acusó a los y las docentes de haber sufrido agobio laboral durante años, citando la carta firmada por los educadores y alegando que estaban amenazados con acciones judiciales. En su discurso, denostó el nombre de tres de sus representados, calificándolos de "maltratadores" y "agresores sexuales". Sin embargo, ninguna de estas acusaciones ha sido formalmente denunciada ni investigada por las autoridades.

Agregaron que estas acusaciones son de conocimiento público debido a que las cartas fueron difundidas por los delegados y delegadas de los establecimientos municipales de Castro y por la manifestación del Colegio de Profesores, por lo que todo Castro conoce de esta situación. Producto de estas dos cartas que contienen denuncias falsas en contra del equipo directivo se abrió el 19 de julio del 2024 una investigación sumaria por parte de Pedro Velásquez Rojas, Fiscal de la investigación de la Corporación Municipal.

Luego, agregaron que el 22 de agosto de 2024, el Colegio de Profesores y Profesoras Comunal Castro compartió lo siguiente en su página de Facebook: "Hoy, desde la Escuela Diferencial Antü Kau, se presentó una declaración pública. La situación de conflicto ha sido algo que, como Directorio Comunal Castro, hemos estado acompañando durante meses, incluyendo la visita de nuestro presidente nacional, nombre reservado (@profesor.mario.aguilar). Hemos abierto numerosas instancias de diálogo como @colegiodeprofesores, pero ahora esperamos resultados concretos para nuestros docentes".

Asimismo, se señala que los profesores "han sido denunciados ante el tribunal penal", y que han sufrido actos intimidatorios que afectan su salud mental. Sin embargo, en ningún momento se mencionan los derechos de los NNA, o la razón que llevó a l equipo directivo a denunciar a la profesora.

Luego, agregaron que hay una serie de otras publicaciones por parte presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, nombre reservado, del Colegio de Profesores y Profesoras Comunal Castro y del Colegio de Profesores y Profesoras a nivel nacional, en que se refieren a la situación de la Escuela Antü Kau, en donde entregan informaciones falaces, fuera de contexto o incompletas, y que evita el verdadero problema: los profesores buscan evitar que se aplique el protocolo y lo establecido por la ley, que exige denunciar cualquier acto de maltrato infantil o violencia grave.

Concluyeron que las acciones del Colegio de Profesores y Profesoras, tanto a nivel comunal como nacional, no solo distorsionan gravemente los hechos, sino que también demuestran una preocupante falta de responsabilidad al priorizar intereses gremiales y políticos por encima de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, dijeron que se han visto obligados a recurrir a esta vía debido a que las acusaciones del Consejo de Profesores y Profesoras de la Escuela Diferencial Antü Kau y del Directorio del Colegio de Profesores de Castro, han resultado en un atropello grave a los derechos fundamentales de los recurrentes, quienes han sido juzgados públicamente sin el amparo de un debido proceso, ni pruebas concluyentes, lo que constituye una violación flagrante de los principios básicos de justicia y respeto por la dignidad humana.

Señalaron como vulneradas las garantías del artículo 19 N°1, en relación con la integridad física y psíquica, el 19 N°4 en relación con el derecho a la honra y vida privada y el 19 N°16, en relación a que se ha sepultado su reputación profesional al haber sido denostados públicamente.

Previas citas legales, pidieron que se acoja el recurso y se ordene el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando la eliminación de la publicaciones, comentarios, cartas que mantengan en contra de los recurrentes en toda red social, y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones al tenor de lo que motivó el presente recurso, en redes sociales o cualquier medio de comunicación, que incluya manifestaciones en la vía pública, o cartas dirigidas a la comunidad, además de disponer de todas las medidas que se consideren necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Acompañaron al recurso los siguientes documentos: 1.- Carta Consejo de Profesores y Profesoras de la Escuela Diferencial Antü Kau dirigida a don nombre reservado 31 de julio de 2024. 2.- Carta Directorio Comunal Castro Colegio de Profesores y Profesoras, dirigido a la comunidad 07 de agosto de 2024. 3.- 3 Imágenes de manifestaciones e instagram del Colegio de Profesores y Profesoras de Castro. 4.- Protocolo y procedimientos en casos de maltrato escolar y/o violencia escolar escuela Antü Kau. 5.- Denuncia al Ministerio Público por caso de maltrato escolar y/o violencia escolar contra un estudiante. 6.- Informe médico de nombre reservado. 7.- 14 Capturas de pantalla perfil en Facebook colegio de Profesores y Profesoras de Castro y Colegio de Profesores de Chile. 8.- Certificado de atención y procedimientos nombre reservado.

A folio 5 se declaró admisible el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

A folio 6 se otorgó la orden de no innovar solicitada, sólo en cuanto que los recurridos deberán abstenerse de seguir efectuando publicaciones en contra de los recurrentes mientras se tramita el recurso.

A folio 15 evacuó informe la recurrida nombre reservado, presidenta comunal del Colegio de profesores y profesoras, quien expresó que, dado que los hechos por los que se presenta el recurso son de agosto de 2024, a noviembre de 2024 ya no sería la acción de protección la vía idónea para el resguardo de los derechos supuestamente afectados.

A continuación, sobre el fondo del recurso, respecto de las referidas acusaciones, señaló que el perfil de Instagram @colegiodeprofesoresyprofesorascomunaldecastro, no existe, según puede verificarse en la referida red. Por otra parte el perfil, @profesormarioaguilar, es un Instagram, en el cual no tiene ninguna injerencia, ya que corresponde al Presidente del Directorio Nacional Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Respecto a la cuenta de Facebook mencionada, indicó que no tiene la calidad de administradora, por lo que las referencias al medio supuestamente empleado en las que se contienen comportamientos irrespetuosos de su parte, al no tener existencia la primera de ellas, ni tener injerencia alguna respecto de las segundas, no le es posible intervenir tampoco respecto de su contenido.

Luego, indicó que en su rol de presidenta comunal de la asociación gremial Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, es su deber velar por las condiciones laborales de los profesores asociados, y es por ese motivo que el 4 de septiembre 2024 se realizó una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Castro.

Agregó que la acción constitucional de los recurrentes deja en evidencia el desconocimiento del rol fundamental de una asociación gremial esto, es defender a los y las docentes de todo tipo de vulneración laboral y menoscabo a su integridad.

Pidió el rechazo del recurso con costas y acompañó a su informe: 1.-Declaración jurada Instagram @colegiodeprofesoresyprofesorascomunaldecastro. 2.- Oficio IPT Castro, Denuncia Escuela Antü Kau. 3.- Resolución que ordena instruir investigación sumaria Nº961 de 6 de agosto del presente año.

A folio 17 los recurrentes acompañan el Oficio Ordinario Nº1005-38936/2024 de la Inspección Local del Trabajo de Castro.

A folio 20 los recurrentes acompañan dos registros audiovisuales relativos a las manifestaciones en contra de éstos.

A folio 21 se evacúa informe por el resto de los recurridos en conjunto, quienes expresaron que sobre los términos imputados ("acosador", "agresor sexual", "maltratador”), negaron de manera enfática haber utilizado estos calificativos para referirse a los recurrentes en cartas, declaraciones públicas o reuniones, agregando que tampoco el recurso identifica quién o quiénes serían los responsables de emitir estos comentarios, ni el sujeto pasivo de las mismas.

Sostuvieron que las comunicaciones realizadas por el Consejo de Profesores han estado dirigidas a solicitar el mejoramiento del clima laboral, sin emitir descalificaciones personales y siempre utilizando un lenguaje respetuoso y por lo demás, con las mismas palabras que usa la Ley, como agobio y otros.

Agregaron que los perfiles de Instagram señalados en el recurso no corresponden a ninguna de los informantes, y se nos ha indicado que el perfil de Instagram @colegiodeprofesoresyprofesorascomunaldecastro, no existe, según puede constatarse en la misma red y el perfil @profesormarioaguilar, es un Instagram, en el cual no tienen relación alguna, pues corresponde al Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile y dicho dirigente no ha sido objeto de este recurso.

Respecto al Facebook mencionado, arguyeron no tener la calidad de administradores, ni pueden escribir nada en él, por lo cual no es posible intervenir en su contenido. No se ajusta a Derecho, entonces, que el equipo directivo hable de “funas” o “acusaciones falsas” a través de redes sociales, utilizando como evidencia una serie de capturas de imágenes a las redes sociales personales de algunas profesoras y del colegio de profesores en las que sólo se comparte información, no se entregan opiniones personales en su contra, descalificaciones y menos se utilizan los datos de identificación de los directivos. Argumentó en ese sentido, que lo que se pretende es limitar el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

Explicaron cómo cada hecho denunciado como acción ilegal o arbitraria no contiene ninguna alusión en términos denostativos a los recurrentes, y que el objetivo de la carta y de la reunión era buscar el diálogo para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional. Mencionaron que, ante este hecho ocurrido, los representantes de la Corporación mantuvieron silencio, generando en los y las docentes un sentimiento de desprotección, mayor incertidumbre e inseguridad.

Además, explicaron que dichas reuniones finalizaron sin acuerdo entre las partes, no hay ningún acta que pueda decir lo contrario, y finalmente sólo contribuyó a empeorar las relaciones interpersonales y el clima laboral, afectando de manera significativa la salud emocional y mental de las profesoras y profesores. Rechazaron que sus actuaciones se deban a motivos políticos, se ha manipulado la información que ellos han entregado y no hay prueba explícita que sustente dichas aseveraciones.

Asimismo, rechazaron que las licencias médicas presentadas sean falsas o que no se preocupen de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Alegaron que no se ha aplicado el protocolo de maltrato escolar adecuadamente, el cual fue modificado unilateralmente por el equipo directivo del colegio y que la asistencia del Consejo de Profesores al Consejo Municipal fue para tratar de buscar soluciones a los problemas.

Expresaron que no son "funas" las actuaciones realizadas por estos recurridos, pues se ha tratado de acciones legítimas, fundamentadas y realizadas por los canales disponibles en el Derecho, arguyendo que, si la información compartida públicamente está respaldada por antecedentes objetivos, verificables y se realiza de manera proporcional, implica sólo un ejercicio válido de la libertad de expresión. Dijeron que el recurso interpuesto solo da cuenta de ejercicio de denuncias y declaraciones públicas dadas en contexto de información no señalando hechos concretos que podrían configurar la vulneración a la honra en la forma pretendida en el recurso.

En este caso, argumentaron que los recurrentes lo han utilizado para judicializar un conflicto laboral, lo que desvirtúa la naturaleza de esta acción constitucional. Este punto ha sido reiterado por la jurisprudencia, como en el fallo Rol N°204-2019 de la Excma. Corte Suprema, que señala que los conflictos administrativos o laborales deben canalizarse por las vías pertinentes y no mediante este recurso.

Pidieron que se rechace el recurso interpuesto, por no configurar los actos denunciados una amenaza, perturbación o privación de los derechos fundamentales invocados, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el arbitrio denunciado consiste en las publicaciones efectuadas en redes sociales por los recurridos, las que, se aduce, reúnen el carácter de difamatorio en contra de los recurrentes en relación a sus labores como equipo directivo de la Escuela Diferencial Antü Kau en la comuna de Castro.

Cuarto: Que, conviene tener presente que las publicaciones que se realizan en redes sociales, por definición, distan de ser privadas, permitiendo el acceso no restringido a cualquier persona, pues están formuladas en un medio de comunicación social y masivo, lo que permite su circulación, aún en contra de la voluntad de la propia persona emisora del contenido. De esta forma, si bien puede afirmarse que la información de la red social puede ser más o menos abierta al público, ésta siempre será pública.

Quinto: Que, las redes sociales son un medio para la expresión de opiniones, y nuestra Carta Fundamental asegura dicho derecho, pero sin que ello implique una vulneración de garantías de terceras personas que no estén en una posición jurídica de tolerar dicha afectación. Por lo que corresponde analizar si las publicaciones que se acompaña y mencionan como vulneradoras de derechos, lo son, de acuerdo con su contenido.

En este caso, de los antecedentes allegados por los recurrentes se tiene por establecido que se efectuaron publicaciones en redes sociales en donde se compartieron cartas o comunicados en que se pone en conocimiento una situación de conflicto laboral entre los profesores y profesoras de una escuela y el equipo directivo, sin que en dichas cartas se advierta un ánimo denostativo que pueda afectar las garantías constitucionales de alguno de los recurrentes en específico. En este sentido, en la carta del 31 de julio de 2024, firmada por el Consejo de Profesores de la escuela, se aprecia que el objetivo de la misiva es la “búsqueda de que estas dificultades se resuelvan, manifestamos la urgencia de llevar a cabo una investigación que, de claridad a estos hechos, y así estas problemáticas tengan una adecuada solución, con el objetivo de cuidar la salud mental y la sana y adecuada convivencia de toda la comunidad educativa.”

Por su parte la carta del 7 de agosto de 2024 firmada por el Colegio de Profesores y Profesoras de Castro se refiere a la “situación” que ocurre en la Escuela Diferencial Antü Kau, pero también habla en términos generales de la situación de malestar existente en diversos establecimientos educacionales, tales como el Liceo Politécnico, Liceo Galvarino, Liceo Teresa de los Andes, Liceo Aytue, Escuela Inés Muñoz, nombre reservado y el nombre reservado de Rilán, sin dar nombres específicos de personas responsables, ni mencionar a los recurrentes directamente.

Luego, del resto de las imágenes que se acompañan, se observan reuniones que se sostuvieron para tratar los conflictos de ambiente laboral, mensajes informativos relativos a reuniones a los que se asistirá, y una pancarta o bandera colgada afuera de un portón en el cual se manifiesta un mensaje de apoyo a los profesores, por lo que no se observan publicaciones que puedan afectar las garantías enunciadas en el recurso.

Por último, en relación a los videos acompañados durante la tramitación del recurso, si bien en ellos se puede escuchar con claridad que se menciona al director de la Escuela Diferencial Antü Kau, en donde se escucha un discurso realizado por una mujer que hace referencia a la situación de los profesores, y es oída una consigna que refiere que este director es “maltratador” y “abusa de los derechos” de los docentes, no es posible con el sólo mérito del video determinar quien da ese discurso, sobre todo considerando que el video graba hacia el suelo, sin mostrar a la persona que realiza dichas declaraciones.

Sexto: Que, de todas formas, y de acuerdo con los antecedentes aportados y los alegatos realizados, se aprecia la existencia de un conflicto de índole laboral, el cual debe ser resuelto en las instancias que corresponden de acuerdo al ordenamiento jurídico, escapando el fondo del asunto a lo que puede ser analizado a través de esta acción de naturaleza cautelar y extraordinaria.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, se rechaza , sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos ya individualizados.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1432-2024.