nombre reservado CONTRA DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU REGION DE LOS LAGOS DON nombre reservado

Puerto Montt, veintiocho de junio de dos mil once.

Vistos:

A fojas 9 comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien solicita recurso de protección en contra del Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos. Expone que es socia del Comité Agrupación Blanca Esperanza de la comuna de Ancud, por el lapso de tres años a la fecha y después de haber postulado al subsidio Fondo Solidario reuniendo todos los requisitos exigidos por la contraria, esto es, “Familia Vulnerable, sin casa, socialmente de extrema pobreza, con un puntaje de 2878 puntos en mi ficha de protección social” en el mes de noviembre de 2009 fue beneficiada con el indicado subsidio. Refiere que a fines de 2009 se empezó a construir la domicilio reservado se realizó el sorteo de las casas, siendo asignada a su parte la N° 100 del Pasaje Hereich esquina Teresita de Los Andes, y en mayo de 2011 se le comunica que la entrega de su casa se realizaría el 6 de ese mes en ceremonia presidida por el Sr. Director Regional.

Sostiene luego, que no obstante lo anterior, una semana antes el Servicio le comunica que no se le entregaría la casa puesto que ella tenía una propiedad de 200 metros cuadrados en pleno centro de Ancud, en calle San Carlos. Indica que tuvo que rogar para que se revisara su situación, y lo hicieron concurriendo a la notaría, quedando en evidencia que se trataba de una equivocación, por lo que el serviu le manifestó nuevamente que se le entregaría su casa, sin embargo, tres días antes del 6 de mayo de nuevo le dicen que ella aparece con un sitio en el sistema, lo que la actora reconoce que es efectivo pero que lo vendió “con promesa de venta ante notario de la ciudad de Ancud”, sin embargo la compradora se demoró en inscribir la propiedad por razones económicas” puesto que el trámite de la compra venta sólo se realizó en octubre de 2010 y la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces el 15 de abril de 2011.

Refiere que por este motivo no se le entregó su casa, indica que ella jamás ha ocultado información dado que había vendido el sitio. Refiere que vive en domicilio reservado metros cuadrados, sin baño y en un lugar indigno por la que paga 35 mil pesos mensuales en tanto que sólo recibe una pensión asistencial de 75 mil pesos, estando además enferma. Refiere que tenía la esperanza que tendría una casa para sus últimos años de vida, indica que estima se han violado sus derechos constitucionales referente al derecho de ser pobre el estado le otorgue una vivienda digna. Solicita se le otorgue lo solicitado para poder en juicio justo.

A fojas 13 se declara admisible el recurso.

A fojas 37 informa don nombre reservado, casado, arquitecto, en su calidad de Director del Serviu Región de los Lagos, quien pide el rechazo con costas del recurso de protección interpuesto en su contra. Argumenta que no existe en la especie una acción u omisión ilegal o arbitraria, citando al respecto las disposiciones contenidas en el DS 174 de 2005 (V. y U.) y sus modificaciones posteriores, que Reglamentan el Programa de Fondo Solidario de Vivienda, en particular sus artículos 1, 2, 6, disposición esta última que establece quienes no pueden acceder a este subsidio.

Explica que la actora postuló al programa regulado en este DS como miembro e integrante del Comité Allegados Agrupación “Blanca Esperanza” de Ancud, representada por la EGIS Proyecto Sur, incluyendo en su postulación una declaración jurada simple en la que reconocía que ni ella ni su cónyuge ni ninguno de los integrantes de su grupo familiar acreditado en la postulación, a la fecha de la declaración, es decir, al 1 de junio de 2006, era propietario o asignatario de vivienda, aún cuando la asignación provenga de una cooperativa. Sostiene que revisado el sistema computacional el 29 de mayo de 2009, se comprobó que la recurrente no tenía propiedades, sin embrago, estando las viviendas prácticamente terminadas y asignadas cada una a los integrantes del Comité de Allegados, durante abril de 2001 se revisaron los antecedentes de los beneficiados para verificar el cumplimiento de los requisitos del DS 174, figurando que la actora era propietaria de un inmueble del sitio número ocho, manzana L del Loteo Municipal de la Población Bonilla de la ciudad de Ancud, de 150 metros cuadrados que había sido adquirida por compra a la I. Municipalidad de Ancud, de acuerdo a Escritura Pública de 16 de septiembre de 1988, propiedad que figuraba inscrita a su nombre a fojas 383 vuelta N° 477 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ancud de 1988. En cuanto a por qué esta información no aparecía al momento de la postulación, refiere que se debe a la actualización de los datos y en la coordinación de la información que a través de los años se ha logrado con el Servicio de Impuestos Internos, que a la fecha de la postulación no se había completado.

Sostiene que una vez que se informó a la recurrente a través de la Egis correspondiente, ésta argumentó que el año 2002 había suscrito una promesa de compraventa sobre el inmueble, contrato se perfeccionó en octubre de 2010, de modo que a su juicio cumplía con los requisitos para ser asignataria del subsidio. Al respecto, la recurrida sostiene que por aplicación de las disposiciones ya citadas, la contraria no sólo no cumple los requisitos del DS 174 sino que además ocultó información en su postulación acompañando una declaración jurada falsa.

Refiere que a la fecha de la postulación, la actora era propietaria de un inmueble que después vendió, venta que no la excluye de la inhabilitación en la que se encuentra y encontraba para ser beneficiaria de un subsidio habitacional, existiendo además otra justificación para tomar la decisión de proceder a su reemplazo como beneficiaria del subsidio habitacional que se desprende de los contratos de promesa de compraventa y de compraventa misma del inmueble, que enajenó en 4 millones quinientos mil pesos, suma que le fue íntegramente cancelada, recibiendo la recurrente a la fecha de suscripción del contrato, esto es, al 18 de octubre de 2010, RUT reservado, según reconoce en la cláusula tercera de la escritura de Compraventa, situación que no se compadece con su puntaje de ficha de protección social.

A continuación, sostiene que como Director del Serviu de la Región de los Lagos, le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de subsidios, las que en la especie fueron cumplidas.

Sostiene que una vez detectada a situación que afectaba ala recurrente, la Egis Proyecto Sur solicitó al Serviu un pronunciamiento sobre la situación de la ctira y mediante Ord. N° 1703 de 3 de junio de 2011, se respondió esta consulta confirmando la improcedencia de la asignación de la vivienda a doña nombre reservado por no cumplir los requisitos legales.

Por último, sostiene que en este caso no se han violados derechos de a recurrente, quien no tiene derechos sobre la vivienda que pretende dado el incumplimiento a los requisitos establecidos en el DS 174.

A fojas 47, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo: Que, en la especie, ha concurrido a solicitar amparo constitucional por esta vía doña nombre reservado, quien manifiesta que el Director del Serviu de la Región de los lagos ha violado sus derechos constitucionales, al privarla de un subsidio habitacional al que había postulado y que a su vez había obtenido, y que estando determinada la casa que se le entregaría e incluso la fecha de esta entrega mediante ceremonia pública, se le comunica por la contraria que en definitiva no se efectuaría la mentada entrega en atención a haberse advertido por el servicio su condición de propietaria de un inmueble en la comuna de Ancud, situación que la recurrente no controvierte, señalando sobre la indicada propiedad, que la vendió a través de una promesa de compraventa el año 2002, efectuándose los pagos que el mismo contrato establece, suscribiéndose el contrato de compraventa en octubre de 2010 y la inscripción en el registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ancud el 15 de abril de 2011. Por último, agrega que no ha ocultado información, que sólo tiene en una casa de 9 metros cuadrados, que percibe una pensión solidaria y que se encuentra enferma.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida indica que no se han violado derechos de la recurrente, teniendo en consideración que al no reunir los requisitos para obtener un subsidio en el Programa de Fondo Solidario de Vivienda regulado en el DS 174 y sus modificaciones, no le asiste el derecho sobre la vivienda que pretende, explicitando al respecto que, si bien es efectivo que la recurrente postuló al citado programa, como miembro del Comité Allegados Agrupación “Blanca Esperanza” de Ancud, representada por la Egis Proyecto Sur, resultando preseleccionada, y habiendo acompañado ésta una declaración jurada en la que manifiesta no ser ella, su cónyuge ni integrantes de su grupo familiar, propietarios de ninguna vivienda, en la revisión de los antecedentes en abril de este año, se constató que sí era dueña de un inmueble de 150 metros cuadrados en la comuna de Ancud, constando la inscripción registral a su nombre del año 1988.

Cuarto: Que, en ese orden, cabe señalar que el subsidio al que postula la recurrente se encuentra regulado en el DS 174 (D.S.) de 2005, denominado Programa Solidario de Vivienda, estableciendo su artículo 1° que “…está destinado a dar una solución habitacional preferente a las familias del primer quintil de vulnerabilidad, tratándose del programa Fondo Solidario de Vivienda II, regulado por el Capítulo Segundo, y de proyectos de Construcción Colectiva en Zonas Rurales, estará destinado preferentemente a la atención de familias del primer y segundo quintil de vulnerabilidad”. Por su parte, el artículo 2° del mismo cuerpo normativo señala: “Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: Programa Fondo Solidario de Vivienda I o FSVI: el programa que regula el capítulo Primero, destinado a prestar atención habitacional a familias que viven en condiciones de pobreza o indigencia de acuerdo al instrumento de caracterización Socioeconómica, en el cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo participará otorgando subsidios habitaciones para su financiamiento y en el caso de proyectos de construcción efectuando la Inspección Técnica de Obras o contratándola por su cuenta y cargo”. Además, el artículo 6 indica expresamente quienes no podrán acceder a este subsidio, señalando su numeral tercero: “si el postulante o su cónyuge fuesen propietarios o asignatarios de una vivienda o de una infraestructura sanitaria, así cuando la asignación provenga de una cooperativa; si hubiese obtenido del Serviu, o de sus antecesores legales, o de las Municipalidades, o del Ministerio de Bienes Nacionales, o a través de los mecanismos del Impuesto habitacional, una vivienda o una infraestructura sanitaria, o un sitio, salvo que ese sitio sea parte del proyecto que se desarrollará; como tampoco se hubiesen adquirido o construido una vivienda con aplicación de un subsidio habitacional o de una vivienda con aplicación de un subsidio habitacional o de una subvención municipal, a través de cualesquiera de los sistemas que regulan o hayan regulado dichos beneficios, o con financiamiento proveniente de un préstamo habitacional obtenido del Serviu o de sus antecesores legales, sea directamente o a través de cooperativas de vivienda, Todas esta prohibiciones regirán aunque la vivienda hubiere sido transferida…”.

Quinto: Que, del examen de las normas transcritas en concordancia con los antecedentes acompañados por las partes, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, surge que la recurrida, en su calidad de Director del Serviu de la Región de Los Lagos, se ha limitado a ejercer sus atribuciones en el marco de la competencia que le asiste, debiendo velar por el cumplimiento de los requisitos que la ley prevé para el otorgamiento de los subsidios que correspondan.

Sexto: Que, en ese orden, no se encuentra controvertido en autos que la recurrente, al postular al subsidio regulado por el DS 174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo , era propietaria de un inmueble en la comuna de Ancud, inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ancud, situación expresamente proscrita en el artículo 6° del citado Reglamento, de modo tal que la recurrida no podía apartarse de la aplicación de la normativa vigente, otorgando una vivienda a quien se encuentra inhabilitada para obtenerla por la vía del citado subsidio.

Séptimo: Que, en las condiciones relacionadas previamente, no puede haberse vulnerado derecho alguno de la actora, quien si bien no invoca derecho o garantía constitucional específica, puede entenderse que sustenta su recurso en la supuesta vulneración al establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por el hecho de habérsele informado que no sería favorecida con el beneficio al que había postulado y que en principio había sido conferido a su nombre, por no reunir las condiciones necesarias para recibirlo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto a fojas 9 comparece doña nombre reservado, en contra del Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Titular doña Teresa Mora Torres.

Pronunciada por los Ministros Titulares doña Teresa Mora Torres y don nombre reservado y el abogado integrante don Emilio Pérez Hitschfeld.

Rol N° 143-2011