nombre reservado con BANCO FALABELLA

Puerto Montt, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Mauricio Alexis Mejías Hermosilla, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra del Banco Falabella S.A., empresa del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que su representada visitó las dependencias del Banco Santander en Puerto Montt, con la intención de obtener una tarjeta de crédito, sin embargo se le denegó esta posibilidad, pues se encontraba morosa en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero por una deuda en el Banco Falabella de $10.410, entidad financiera de la cual no era clienta. Indica que pese a su sorpresa, se dispuso a saldar dicha cifra con la finalidad de ser retirada del registro de morosos de Equifax (DICOM), y así poder acceder a los productos bancarios que necesitaba con premura.

Agrega que igualmente, su representada presentó un reclamo en el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en contra del Banco Falabella, para que regularizara su situación, ya que nunca contrató servicio alguno con la entidad, solicitando además el reembolso del dinero pagado para saldar una deuda creada por un tercero. Además, indica que si bien el Banco Falabella cumplió el requerir su exclusión de Equifax (DICOM), las consecuencias negativas del registro de morosidad persisten en contra de su representada, lo cual se constata en el intento de acceder a una tarjeta de crédito con el Banco ITAU, pero su requerimiento fue negado, en consideración a que se evalúa el comportamiento financiero de los solicitantes por un lapso de dos años, y en su caso la deuda originada por la cuenta del Banco Falabella afectó el historial comercial de la recurrente. Agrega que lo mismo se repitió en los Bancos Santander y BICE, entidades en las cuales la recurrente igualmente pretendía abrir cuentas de crédito, negándose el acceso al figurar con un mal comportamiento.

Señala que por lo antes indicado efectuó un reclamo ante el Banco Falabella, y se vio en la necesidad de solicitar ser cliente en dicha institución para verificar si efectivamente existía una cuenta a su nombre, y una vez como cliente solicitó que se le entregará el estado de cuenta del producto fraudulento, en la que se acreditó la realización de depósitos anteriores en este, y que se generaron intereses por concepto de mantención. Cuestiona el hecho de la apertura de una cuenta en el Banco Falabella exclusivamente con su RUN, pues los protocolos de seguridad suponen alguna foto, huella, firma o fotocopia de la cédula de identidad del peticionario, lo que según sus dichos no pudo acontecer en este caso, además, de que la solicitud debe realizarse en presencia de un ejecutivo bancario que permita el contrato de prestación de servicios.

Expone que la situación provocó en su representada un sin número de consecuencias negativas en el mercado financiero, como también dificultades en el desarrollo de su vida personal, ya que le restringe el acceso a los principales bancos del país por un hecho ajeno a su voluntad como lo es abrir una cuenta de forma fraudulenta por un tercero, por lo que efectuó dos reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el primero con fecha 31 de julio de 2023 y el segundo con fecha 10 de noviembre de 2023; señalando que no obstante la eliminación del boletín comercial, su representada aún no puede acceder a productos financieros ofrecidos por otros bancos, con motivo de una deuda generada sin su consentimiento, y tampoco Banco Falabella ha realizado la devolución del dinero pagado para regularizar su estado, situación por la que estima existe una omisión del recurrido con fecha 13 de noviembre 2023, pues no adoptó las medidas pertinentes para solucionar las dificultades mencionadas que se han provocado exclusivamente por su negligencia grave.

Como garantías constitucionales vulneradas, señala la existencia de una afectación a los derechos constitucionales previstos en los números 1, 2, 4, 21, 23, del artículo 19 de la Carta Fundamental, es decir, por omisión arbitraria y/o ilegal del Banco Falabella, se habrían vulnerado los derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra, libertad a desarrollar una actividad económica lícita y a la propiedad de su representada, los cuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, se encuentran protegidos por la presente acción de protección. Los referidos derechos habrían sido conculcados en la forma que en detalle explica en su libelo, ante las acciones y omisiones de la recurrida Banco Falabella.

Solicita se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en concreto: 1) que se ordene al recurrido Banco Falabella informar directamente a todas las instituciones bancarias y financieras del país, en especial a los bancos ITAU, Santander y BICE, el hecho de la defraudación generada por un tercero en contra de su representada, y que el historial comercial comunicado en su oportunidad a Equifax (DICOM) no se condice con la realidad financiera de su representada, pues la deuda comunicada se generó sin su voluntad y conocimiento; y 2) que se requiera al Banco Falabella emitir un certificado firmado y timbrado por alguno de sus jefes de sucursales ubicadas en la comuna de Puerto Montt donde se certifiquen las circunstancias mencionadas. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas que se estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condenación en costas. Acompaña a su presentación: 1) Reclamo SERNAC R2023W8389781; 2) Reclamo SERNAC R2023W8648372; 3) Cartola histórica Banco Falabella; 4) Informe de deudas CMF.; 5) Set de imágenes deuda pagada.

A folio 6 se declara admisible el recurso de protección en contra de la recurrida Banco Falabella, solicitándose el respectivo informe.

A folio 17 evacua informe Banco Falabella, indicando que entre el banco y la recurrente existe un contrato de cuenta corriente a que se refiere el numeral 1) del artículo 69 de la Ley General de Bancos y su regulación se encuentra en el DFL 707 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y en el Título II del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la CMF, señalando que la cuenta corriente bancaria es un contrato de confianza en virtud del cual el Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago del cliente hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado. Además, señala que en el marco del contrato de cuenta corriente existen otro contratos de productos financiero asociados a ella, los cuales describe, explicando además en su informe el modo de uso de la cuenta corriente, y en particular la forma de contratación, donde existe la forma tradicional, presencial o bien una forma de contratación a distancia o no presencial.

Agrega, entre otras cosas, que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la presente controversia, ya que la acción cautelar incoada da origen a un procedimiento de urgencia con el objeto de proteger las garantías constitucionales de quien solicita su tutela judicial efectiva, porque se la ha afectado en el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales preexistentes e indubitados en una determinada situación, señalando que el fundamento del recurso dice más bien relación con el producto financiero línea de crédito asociada a tarjeta de crédito emitida por Promotora CMR Falabella S.A., que con productos financieros del banco propiamente tal, según se entiende del relato del recurso y de los documentos acompañados, especialmente del INFORME DE DEUDAS - Nro. 9902927 emitido por la CMF el 12 de julio de 2023, donde es precisamente respecto de Promotora CMR Falabella S.A. que aparece informada una deuda morosa, la misma que se expone en autos.

No obstante lo expuesto, indica que uno de los presupuestos para que esta acción cautelar sea procedente, es que no haya controversia en los presupuestos fácticos que le sirven de fundamento pues, de otra forma, se requiere un juicio de lato conocimiento para determinar por el sentenciador los hechos de la causa, mediante la rendición de la prueba correspondiente por la parte que tenga la carga de hacerlo. Otro de los presupuestos, según indica, es que exista alguna medida que se pueda adoptar por los Tribunales Superiores para cautelar los derechos indubitados que se indican como conculcados.

Agrega que con fecha 19 de octubre de 2022 se suscribió de forma remota o electrónica el “Contrato Unificado de Productos Banco Falabella”, certificado por la empresa certificadora de firma electrónica avanzada, simple y otras, llamada “Acepta”, documento que acompaña a su informe, e indica que fue en virtud del cual se contrató cuenta corriente y tarjeta de crédito, señalando que dentro de los ámbitos que requieren previa determinación en juicio de lato conocimiento se encuentra la afirmación expuesta en variadas partes del recurso: hecho de haber experimentado defraudación generada por un tercero y estar ante un delito de suplantación de identidad, afirmación que se hace sin siquiera acompañarse una denuncia, querella o una mera constancia. Indica entre otras cosas, que tal afirmación no puede solicitarse que se efectúe al resolver un recurso de protección o bien se obligue a la recurrida a consignarla en un certificado, habida consideración de que la declaración de la existencia de un delito de usurpación de identidad, es privativo de la sede penal.

Por otra parte, señala que en relación a que la recurrida se obligue a suscribir un documento donde se indique que su historial financiero era intachable, lo que no consta a la recurrida ni a Promotora CMR Falabella S.A. no procedería por lo expuesto en su informe, y que además porque no sería objeto de esta acción cautelar. Señala que el objeto pedido por la recurrente, más que remediar una situación de hecho que afecta derechos fundamentales, pretende que se impongan obligaciones de hacer propias de un juicio declarativo, agregando que el recurso carece de oportunidad en cuanto a acción cautelar de urgencia, pues no existe información morosa de ninguna especie que requiera aclaración en la actualidad, y que producto del mismo relato de la recurrente queda claramente establecido que la adecuada resolución de este conflicto requiere que se determinen como en derecho corresponde los hechos de la causa, para poder tener claridad sobre los derechos y obligaciones que indubitadamente corresponden a cada parte, agregando que los hechos en que se funda el recurso son materias propias de la Ley N° 19.946, sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, normativa que tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. Indica que lo único indubitado en este caso es que entre las partes existe una relación crediticia, a la que es aplicable las regulación prevista en la Ley 19.496, por tratarse de un acto mercantil para la recurrrida y para el consumidor quien ha accionado en autos, encontrándose todos los hechos en controversia y en la necesidad que respecto de ellos se dicten una sentencia definitiva con efecto de cosa juzgada sustancial que determine la verdad judicial sobre ellos.

Concluye señalando que una controversia como la de autos debe ser resuelta de acuerdo a la legislación aplicable que corresponda, que en este caso es la Ley 19.496, el que cuenta con regulación de acciones y procedimientos en los artículos 50 y siguientes, agregando que también existe un elemento especial que se adiciona a los fundamentos que harían improcedente el recurso, el que eventualmente diferentes bancos hubiesen rechazado solicitudes de créditos, pese a que ya no existe morosidad publicada o informada, lo que tampoco consta en autos. En este sentido, indica que es improcedente que esto sea materia del recurso porque se trata de decisiones de terceros de acuerdo a sus propias políticas de análisis crediticio, desconociéndose también si la contraria acreditó otros requisitos que se suelen analizar para este efecto.

Señala que no se cumplen los requisitos de procedencia del recurso de protección, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del Acta 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, que fijó el texto refundido del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, indicando que además de los requisitos de procedencia normativos, se agrega que el recurso sea oportuno, en el sentido de que debido a que se trata de una acción cautelar de urgencia de carácter constitucional, para que pueda ser acogida, los requisitos deben existir y encontrarse vigentes no solo al momento de interponerse la acción constitucional, sino que durante toda su tramitación, pues, de otra manera, dejan de existir medidas que pueda adoptar el Tribunal Superior de Justicia para restablecer el imperio del derecho por haber cesado la situación de facto que lo ameritaba. Por último, hace alusión a que el recurso se ha deducido de forma extemporánea, señalando que la contraria ha elegido un hito para computar el plazo, pero que además es posterior a aquellos en los cuales consta efectiva y objetivamente el conocimiento del hecho que funda su recurso, citando jurisprudencia al efecto.

Solicita el rechazo del recurso, requeriendo además se oficie a la Comisión de Mercado Financiero, para que remita informe de deudas actualizado de la recurrente.

A folio 28 la recurrente solicita informes a los Bancos Santander, Banco Itau y Banco BICE, para que dichas instituciones informen los motivos de su negativa a otorgar productos financieros a la recurrente.

A folio 29, la recurrente acompaña: 1) Hoja de vida de conductor de nombre reservado, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 29 de diciembre de 2023; 2) Captura de pantalla de la Cartola de Registro Social de Hogares de nombre reservado; 3) Captura de pantalla del sitio web del Servicio de Impuestos Internos; 4) Captura de pantalla del sitio web del Servicio Electoral que certifica los datos electorales de nombre reservado; 5) Contrato de trabajo suscrito por Tu Proyecto de Vida Spa y nombre reservado, el 24 de abril de 2023; 6) Contrato de arrendamiento suscrito por nombre reservado; y nombre reservado, el 22 de junio de 2022.

A folio 40, contesta oficio doña nombre reservado, en representación del Banco Itaú Chile, señalando que revisados los sistemas informáticos de Banco Itaú, informan que no existen ingresos o registros que den cuenta de alguna evaluación realizada a la recurrente para acceder a sus productos financieros. Agrega que en el recurso tampoco se indican fechas, medio de evaluación utilizados, sucursal o ejecutivo, mediante los cuales la recurrente habría sido evaluada, lo que impide a su representada recabar la información solicitada.

A folio 44 emite informe don nombre reservado, en representación del Banco BICE señalando que su representada no posee registros de haber recibido solicitud de apertura de productos por parte de la recurrente. Asimismo, agrega que su nombre no figura de modo alguno en los registros de evaluación crediticia y/o de contratación de productos, indicando que la recurrente tampoco es ni ha sido cliente del Banco BICE.

A folio 49 la recurrente acompaña: 1) Captura de pantalla de los vuelos en Aerolíneas Argentinas con fechas 17 y 24 de octubre de 2023; 2) Captura de imagen del evento Oktoberfest Enjoy Fest Punta del Este 2023 con descuentos a clientes ITAU; 3) Imagen de reserva del hotel Enjoy Punta del Este.

A folio 58, en atención al tiempo transcurrido y a los reiterados oficios pidiendo cuenta de los mismos, se prescinde de los informes de la Comisión de Mercado Financiero, y del Banco Santander, y con misma fecha, se traen los autos en relación.

A folio 67 se dispone se agregue extraordinariamente la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, en tal sentido, constituye un requisito indispensable en esta materia, la existencia de un derecho indubitado por parte de quien recurre, de modo de poder propiciar la protección que esta acción cautelar otorga, a través de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, requiriéndose para acoger la acción de protección, que se constate este carácter preexistente e indubitado del derecho supuestamente afectado, es decir, que el mismo no se encuentre discutido.

Tercero: Que, analizados los antecedentes del presente recurso de protección, no se advierte la existencia de un derecho indubitado por parte de quien recurre, toda vez que analizados los hechos que la recurrente plantea como controversia, implicaría discutirlos en un procedimiento de lato conocimiento, lo que es incompatible con el carácter cautelar de la acción de protección. De esta forma, lo pretendido por la recurrente es que esta Corte declare situaciones que por la naturaleza de las mismas, deben ser discutidas en otras sedes e instancias, circunstancias que no corresponde sean declaradas por este Tribunal, conociendo del presente recurso de protección.

Cuarto: Que, en efecto, lo solicitado en el recurso no se enmarca dentro de los fines del recurso de protección y no está entre las medidas remediales que esta Corte puede adoptar para evitar que se prive, vulnere o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas en la especie.

Quinto: Que, no siendo esta vía aquella apta para obtener la solución pretendida por la recurrente, deberá someterla al proceso declarativo, de lato conocimiento, en que se debata sobre la causa de los perjuicios que indica haber sufrido, sus montos y si ellos son imputables a la recurrida, de manera de verse en la obligación de indemnizarlos, cuestión sobre la que esta Corte, analizando el presente recurso, está impedida de pronunciarse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que:

I. Se rechaza, el recurso de protección interpuesto por el abogado Mauricio Alexis Mejías Hermosilla, en representación de doña nombre reservado, en contra del Banco Falabella.

II. No se condena en costas al recurrente por haber existido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo de la abogada integrante doña María Paz Olavarría Pérez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección 1420-2023.