nombre reservado con FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE MARIA

Puerto Montt, veintiséis de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, el día 7 de diciembre de 2021, comparece nombre reservado, en representación de mi hijo menor de edad, nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, R.U.T. RUT reservado, entidad sostenedora del establecimiento educacional COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE PUERTO MONTT, cuya representante legal es doña nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, por los hechos que explica en su libelo.

Relata, en primer lugar, una reunión de su hijo Martín junto a sus compañeros de curso de nombres Agustín y Alexandra, el día 10 de octubre de 2021, en la casa del primero. Luego de aquella reunión, cerca de las 21:00 horas, reconoce que el adolescente llegó de regreso con indicios de haber bebido alcohol, y al conversar con él al día siguiente, éste luego de disculparse por haber bebido, le comentó que se había sentido muy incómodo el día anterior porque estuvo muy pendiente de su amiga Alexandra, quien había “pinchado” con Agustín, en circunstancias que pololeaba con otro niño.

Explica que, una semana después, el domingo 17 de octubre, la madre de Alexandra le informó de un supuesto abuso cometido hacia su hija el día 10 de octubre, indicándole que su hijo había sido cómplice al haber presenciado parte de los hechos, no sindicándolo en ningún momento como el autor del presunto abuso. Luego de conversarlo con su hijo, narra la versión de los hechos que éste le contó.

Precisa que, el miércoles 20 de octubre, el colegio recurrido la contacta para comunicarle que la apoderada de Alexandra había interpuesto una denuncia en el establecimiento por el supuesto abuso, ofreciéndole la oportunidad de comentar la situación ocurrida e indicándole que Martín cumpliría un rol más de testigo y no de presunto abusador, por lo cual les comentó lo que su hijo le había narrado y el estrés y miedo que la situación le provocaba. El viernes 22, dice, coordinaron una reunión con Martín por videollamada para que comentara los hechos, y él accedió sin complicaciones, llevándose a cabo finalmente la entrevista el día 08 de noviembre. Ese mismo día, agrega, la madre de Alexandra compartió en el grupo de WhatsApp del curso, la situación ocurrida, donde si bien no dio nombres ya todos sabían quienes habían participado en la junta, la que ella indicó era para hacer un trabajo, lo que no era efectivo. Reconoce que, si bien intentó contactarla, aquella estaba muy alterada, remitiendo nuevo mensaje de WhatsApp al grupo del curso, y en idéntica actuación incurrió la alumna Alexandra, según mensajes que detalla.

Refiere, en lo pertinente al fondo del recurso, que con fecha 25 de octubre de 2021 recibió una comunicación del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Montt, donde estudia su hijo, en la cual le informan las medidas disciplinarias aplicadas a su pupilo por los hechos acontecidos y que afectaron a la indemnidad sexual de una alumna, lo que le causó bastante sorpresa, pues evidenciaba que el establecimiento estaba culpando a su hijo del supuesto abuso denunciado por la madre de Alexandra. Sin embargo, alega, en dicho documento no se señalaría la falta al Reglamento Interno cometida por su hijo y, en consecuencia, el motivo por el cual se le sancionó, y únicamente se indicaría la activación del Protocolo de Vulneración de los Derechos del Niño, situación B “presunto delito” y Título XIII y XIV del Reglamento, sin más.

Señala la recurrente que, en dicha comunicación no existe ningún tipo de razonamiento que explique e identifique cuál fue la infracción cometida por su hijo en relación a los hechos ocurridos, y, por lo tanto, el fundamento para sancionarlo, limitándose únicamente a enumerar las medidas disciplinarias aplicadas, que fueron: a) Clases asincrónicas; b) Inhabilidad para permanecer o asistir a una o más actividades extra programáticas, salidas pedagógicas, ceremonias, actos de licenciatura o eventos especiales de la comunidad escolar, y c) Pérdida de la posibilidad de recibir o mantener distinciones otorgadas por el colegio.

Explica que, el mismo día el Colegio envió un comunicado público.

Indica que, ante la decisión adoptada por el establecimiento, la gravedad de las sanciones, la falta de fundamentos de éstas, y la convicción de que estaba siendo sancionado injustamente, el 02 de noviembre envió un escrito de apelación, acompañando los antecedentes de que disponía, solicitando dejar sin efecto las medidas, recurso que fue rechazado el día 09 de noviembre, sin fundamentación alguna.

Indica la normativa que regula la materia, artículo 10, 11 y 46 letra f) del DFL N°2 de 2009; artículo 8 del Decreto N°315 de 2010; Circular N°492 de 2018 de la Superintendencia del ramo, en relación con los artículos 48 y 49 letra m) de la Ley 20.529, las cuales transcribe.

Argumenta que es, en definitiva, en contra de estos actos que deduce recurso de protección. Señala, al efecto, que si bien el Colegio recurrido cuenta con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), lo cierto es que no lo ha respetado, incumpliendo la exigencia normativa de respetar el justo y racional procedimiento, dando cuenta de las siguientes ilegalidades: a) No invocar la falta reglamentaria cometida, de aquellas enumeradas en el Título XII; b) Falta de fundamentación; c) Contravención a lo dispuesto en el protocolo 1 de Vulneración de los derechos de los niños; d) Aplicación de sanciones disciplinarias no señaladas en el Reglamento Interno, como las clases asincrónicas, que no están en listado de medidas disciplinarias, y que en la práctica implicó que desde el día 25 de octubre nunca más pudo acceder a las clases, y sólo le indicaron fechas para entrega de evaluaciones pendientes.

Finalmente, indica como Derechos Constitucionales vulnerados, los siguientes: a) Derecho a la integridad psíquica (artículo 19 Nº 1 de la CPR) dado que toda esta situación le habría provocado un daño emocional y psicológico enorme a su hijo por haber sido sancionado injustamente por el Colegio, no pudo asistir a licenciatura ni gira de estudios. b) Derecho a un procedimiento racional y justo (artículo 19 Nº3 inciso 6º de la CPR) pues se transgredió abiertamente el derecho de su hijo a un justo y racional procedimiento. c) Derecho a respetar la honra de la persona y su familia (artículo 19 Nº4 de la CPR) pues con las sanciones disciplinarias aplicadas, de manera ilegal y arbitraria, el Colegio emitió un juicio de valor respecto a los hechos denunciados, afectando gravemente la honra y prestigio de su hijo y familia. d) Derecho a la propiedad (artículo 19 Nº24 de la CPR) por considerar que todos los derechos vulnerados constituyen a su vez bienes incorporales protegidos por la acción de protección (derecho de asistir a clases, ensayos de PTU, licenciatura, material pedagógico, etc).

Reconoce que, si bien ya terminó el año escolar sin haber podido asistir a clases regulares ni ceremonia de licenciatura o gira de estudio, solicita igualmente se declare que el procedimiento adoptado por el establecimiento educacional no se ajustó a derecho, y, en consecuencia, deje igualmente sin efecto las sanciones aplicadas a su hijo, aun cuando éstas sean irreversibles, como una forma de remediar las devastadoras consecuencias que ha provocado, además de declarar que el Colegio deberá emitir un comunicado público dirigido a toda la comunidad educativa, donde se comunique el fallo, y disculpas públicas a Martín por el daño causado.

Acompaña copia de la apelación remitida al Colegio el día 2 de noviembre de 2021 y copia del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

A folio 2, se declara admisible el recurso, solicitando informe al colegio recurrido.

A folio 12, informa el recurso la parte recurrida, representada por el abogado don Andrés Vera, señalando que no se pronunciará acerca de los hechos que dieron origen a la denuncia remitida al Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 175 del Código Procesal Penal, por considerarlo impertinente a los fines del recurso y tratarse de involucrados menores de edad.

En segundo lugar, recalca que no se ha conculcado derecho constitucional alguno, pues efectivamente recibieron una denuncia de una apoderada de 4° Medio A, que involucraría a su hija y otros 3 integrantes del curso, y conforme lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar 2021 (RICE), se procedió a activar el protocolo por vulneración de derechos ante posible comisión de un delito, derivando todos los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de rigor, de acuerdo a la legislación vigente. Y, adicional a ello, a fin de cautelar los derechos de todos los estudiantes involucrados, se separó a los estudiantes para que tuvieran clases virtuales de manera exclusiva, y evaluaciones, pero absteniéndose de participar en actividades presenciales o extraprogramáticas, para evitar la victimización secundaria de la afectada, viendo además el inminente egreso.

Explica que, la resolución del Colegio persiguió siempre como objetivo la restauración del ambiente escolar seguro entre los miembros de la comunidad, entregar contención emocional a la presunta víctima y garantizar la continuidad del proceso educativo para todos los involucrados en los hechos, antecedentes que amparan la proporcionalidad de las medidas adoptadas. No pueden, dice, investigar presuntos delitos, sino solo levantar antecedentes y remitirlos a la autoridad, previa citación de apoderados y alumnos involucrados, que fue lo que ocurrió, resguardando siempre sus identidades.

Más allá del tenor literal de la carta de 25 de octubre, explica que siempre se apuntó a la aplicación de medidas cautelares en beneficio de la víctima, y no imputar responsabilidad al hijo de la recurrente.

Por otra parte, alega la falta de oportunidad del recurso, pues las medidas que se indicaban en la carta antes señalada estarían vigentes hasta el término del año escolar 2021, que ya terminó, y dejarlas sin efecto no tendría mayor sentido, o requerir que el Colegio emita disculpas públicas, pues escapan del objeto del presente recurso, que persigue únicamente cautelar el statu quo vigente antes del actuar antijurídico.

Reitera que, en la comunicación enviada no se invoca falta reglamentaria cometida (que es lo que reprocha la actora), precisamente porque ésta no se imputa. No se aprecia, por lo mismo, falta de fundamentación, ya que no corresponde realizarla a su juicio. No existe contravención al protocolo, dado que efectivamente las sanciones se aplican en caso de existir una sentencia firme, que no fue el caso, y por lo mismo, no se han aplicado sanciones no establecidas en el reglamento, porque en rigor, no son sanciones, más allá de la -quizás- expresión no totalmente precisa en la carta. Agrega que, incluso la Superintendencia de Educación se pronunció respecto del actuar del Colegio, mediante oficio Ordinario N°681 de 25 de noviembre de 2021, concluyendo que el establecimiento cuenta con protocolos de actuación y los activaron en forma oportuna.

No se aprecia, a su juicio, un acto antijurídico que afecte una garantía constitucional del menor ya sea integridad psíquica, ni mucho menos la honra -dado que la carta fue comunicada de manera privada- tampoco derecho de propiedad (el cual, de todas formas, no aprecia que exista en la especie), más aún cuando su parte entregó permanente apoyo durante el curso del procedimiento que activó el protocolo y que terminó con la denuncia ante el Ministerio Público.

A folio 13, encontrándose la causa en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, lo que supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos antes indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, se ha interpuesto el presente recurso, pues la recurrente alega un acto arbitrario e ilegal de la parte del colegio recurrido, al haber comunicado mediante carta recibida el día 25 de octubre de 2021, la aplicación de medidas disciplinarias a su hijo, estudiante de cuarto medio, por hechos ocurridos previamente, que supuestamente afectaron la indemnidad sexual de una alumna, sin indicar las infracciones supuestamente cometidas por éste, y con ausencia de fundamentación de las medidas adoptadas.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y no controvertidos por la recurrida, se desprende que con fecha 25 de octubre, el colegio comunicó a los padres del alumno nombre reservado, la aplicación de las siguientes medidas disciplinarias: a) Clases asincrónicas; b) Inhabilidad para permanecer o asistir a una o más actividades extra programáticas, salidas pedagógicas, ceremonias, actos de licenciatura o eventos especiales de la comunidad escolar, y c) Pérdida de la posibilidad de recibir o mantener distinciones otorgadas por el colegio, medidas que se mantendrían hasta el término del año escolar.

Lo anterior es refrendado al evacuar el informe la recurrida, quien explica que más allá del tenor literal de la carta, siempre se apuntó a la aplicación de medidas cautelares en beneficio de la víctima, provisionales por naturaleza y no a la imputación de responsabilidad en los hechos del hijo de la recurrente. Agrega que, en la comunicación no se invoca falta reglamentaria cometida, precisamente porque ésta no se imputa, y no se aprecia, por lo mismo, falta de fundamentación, ya que no corresponde realizarla, no existe tampoco contravención al protocolo, dado que efectivamente las sanciones se aplican en caso de existir una sentencia firme, que no fue el caso, y por lo mismo, no se han aplicado sanciones no establecidas en el reglamento, porque en rigor, no son sanciones, más allá de la -quizás expresión no totalmente precisa en la carta.

CUARTO: Que, corresponde en consecuencia determinar a la luz de los antecedentes aportados por las partes, si las medidas adoptadas por la recurrida son arbitrarias o ilegales, y de acuerdo con lo informado por ésta, es simplemente una redacción poco afortunada, pero que no son sanciones disciplinarias.

QUINTO: Que, es relevante destacar que más allá de las explicaciones señaladas por la recurrida al evacuar el informe y en estrados, lo cierto es que al adolescente Martín se le aplicaron medidas disciplinarias con efectos permanentes, siendo aquello precisamente reconocido en el informe, aun cuando se justifican en el afán cautelar de la supuesta víctima de vulneración a la esfera de su sexualidad.

Lo cierto es que, al alumno se le impidió terminar su año escolar junto a sus compañeros, no pudo asistir a la ceremonia ni viaje de estudios, tampoco pudo asistir al ensayo de la PTU, pese a reconocer la recurrida que no se le imputaba falta reglamentaria alguna, y por ello dicen, no hubo contravención al debido proceso.

SEXTO: Que, para la resolución del presente arbitrio es necesario citar el Preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que señala: “Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

En este mismo sentido, la Convención Sobre los Derechos del Niño en su Artículo 2 N°2 dispone: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.”

Asimismo, el artículo 3 de la Ley General de Educación, establece que “el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”, y en su artículo 9, dispone que el propósito de la comunidad educativa “se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley” y el artículo 10 letra a) establece que los alumnos y alumnas, tienen derecho “a no ser discriminados arbitrariamente, a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral” agregando que “de igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento”, y en su artículo 46 letra f) señala como uno de los requisitos a cumplir para que el Ministerio de Educación reconozca oficialmente a un establecimiento educacional, el “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”.

SEPTIMO: Que, a la luz de lo expuesto en los considerandos que anteceden, las medidas disciplinarias consistentes en: a) Clases asincrónicas; b) Inhabilidad para permanecer o asistir a una o más actividades extra programáticas, salidas pedagógicas, ceremonias, actos de licenciatura o eventos especiales de la comunidad escolar, y c) Pérdida de la posibilidad de recibir o mantener distinciones otorgadas por el colegio, adoptada por el Colegio recurrido, aun cuando se fundan en la protección a la víctima, resguardo de los estudiantes involucrados y resguardo del ambiente escolar seguro (cuales fueron las explicaciones indicadas en el informe y en la declaración pública remitida a la comunidad), a todas luces resultan arbitrarias y carentes de toda razonabilidad, por cuanto carecen precisamente de fundamentación la decisión adoptada, ya que no se indica siquiera cuáles normas del Reglamento Interno, fueron incumplidas por el alumno. Luego, y sin perjuicio de alegar la recurrida la falta de oportunidad del recurso por el término del año escolar, ello no es más que el corolario de la decisión adoptada de aplicar las sanciones disciplinarias señaladas.

Lo anterior, aun cuando no resulte discutido la activación del Protocolo de Vulneración de los Derechos del Niño, situación B “presunto delito” y Título XIII y XIV del Reglamento, y la actuación correcta del establecimiento en ese sentido, carece de toda razonabilidad y en consecuencia deviene en arbitrario y vulneratorio de la dignidad y derechos del adolescente, resultando un trato discriminatorio a la luz de la garantía del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política del Estado y de los derechos consagrados en su favor en la Convención de los Derechos del Niño, como se ha señalado, y que este tribunal es llamado a hacer respetar y cumplir, por lo que acogerá la presente acción a fin de resguardar, al menos en parte, los derechos que a éste le asisten en calidad de tal.

OCTAVO: Que, se hace necesario consignar, conforme refiere la recurrente en su libelo, unido esto a la documentación adjunta, y no controvertido por la recurrida, que el propio establecimiento reconoce que no se imputó falta reglamentaria alguna al adolescente ni se aplicó sanción a su respecto, sin ningún procedimiento dispuesto para la adopción de las mismas, por lo que resulta del todo discriminatorio aplicar sanciones disciplinarias a su respecto en base a lo antes anotado, lo que se hace necesario enmendar por esta vía, acogiendo la presente acción.

NOVENO: Que, conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores acogerán el recurso interpuesto en los términos que se dispondrá.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 Nº 2, y 20 de la Constitución Política del Estado, Convención Sobre Derechos del Niño y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1 por nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, sólo en cuanto se declara que se aplicaron sanciones disciplinarias sin sujeción al debido proceso, y en consecuencia, se dejan sin efecto las medidas disciplinarias adoptadas a su respecto y comunicadas el día 25 de octubre de 2021.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Cristian Oyarzo Vera.

Rol Protección N° 1416-2021