Protección contra Ilustre Municipalidad de Ancud

Puerto Montt, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña Carolina Andrea Sarquis Harcha, abogada, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud, representada por su alcalde, y de doña nombre reservado, Directora de Desarrollo Comunitario, por estimar que diversos actos y actuaciones atribuidos a las recurridas han vulnerado garantías constitucionales de su representada.

Expone que la recurrente se desempeña como asistente social y que ha prestado servicios para la Municipalidad de Ancud bajo la modalidad de honorarios desde el año 2017. Afirma que desde febrero de 2025 habría sido objeto de hostigamiento y menoscabo, situación que habría culminado el 19 de enero de 2026, ocasión en que, según sostiene, se habría cuestionado su estado de salud mental, restringido su participación en una actividad institucional, anunciado la eventual adopción de acciones legales en su contra y exhibido a terceros mensajes de WhatsApp intercambiados desde teléfonos personales.

Agrega que se le habrían retirado funciones de atención de público, turnos de emergencia y salidas a terreno, además de su espacio físico y herramientas de trabajo, atribuyendo tales medidas a una discriminación vinculada con su estado de salud.

Sostiene también que durante diciembre de 2025 prestó servicios sin contar oportunamente con un convenio suscrito, que al momento de interponer la acción se encontraba trabajando sin haber firmado el instrumento correspondiente al año 2026 y que se le habrían efectuado descuentos pese a la presentación de antecedentes médicos.

Denuncia la vulneración de las garantías contempladas en los números 1, 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita, en lo sustancial, que se ordene el cese de los actos de hostigamiento, discriminación y aislamiento, que se le restituyan funciones acordes con su cargo y experiencia, que las recurridas se abstengan de realizar imputaciones o intervenciones en su vida privada y que no se adopten medidas de desvinculación mientras se mantenga la situación denunciada.

A folio 11 informan la Ilustre Municipalidad de Ancud y doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso. Controvierten la existencia del hostigamiento denunciado y sostienen que las medidas cuestionadas obedecieron a circunstancias vinculadas con el funcionamiento del servicio y a antecedentes relativos a la conducta de la prestadora de servicios.

En cuanto a los mensajes de WhatsApp, señalan que éstos no fueron interceptados, sino puestos en conocimiento de la jefatura por la persona receptora, en el contexto de comunicaciones que ésta estimó amenazantes o lesivas para su honra. Respecto de la modificación de labores, afirman que la recurrente se encontraba contratada a honorarios y que las funciones administrativas o estadísticas que se le encomendaron se encontrarían comprendidas dentro de los cometidos pactados, negando que haya existido un despojo arbitrario de funciones o una discriminación por razones de salud.

Las recurridas sostienen, además, que la controversia relativa a la naturaleza efectiva del vínculo, el alcance de las funciones convenidas, la existencia de hostigamiento y las circunstancias de las comunicaciones entre las personas involucradas exige una actividad probatoria incompatible con la naturaleza cautelar de esta acción.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que la misma disposición señala.

Segundo: Que la existencia de versiones contrapuestas no excluye, por sí sola, la procedencia de esta acción. Corresponde al tribunal examinar si los antecedentes incorporados permiten establecer de manera suficientemente objetiva la conducta denunciada, su carácter ilegal o arbitrario y la afectación actual o inminente de una garantía constitucional. Con todo, esta vía no resulta idónea para efectuar declaraciones definitivas acerca de relaciones jurídicas o hechos esenciales cuya determinación requiera una discusión y prueba de amplitud incompatible con su tramitación urgente y sumaria.

Tercero: Que el inciso final del artículo 13 de la Ley N° 18.575 dispone que la función pública se ejercerá propendiendo al respeto del derecho de toda persona, con ocasión del trabajo, a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual, e impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de adoptar las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. La vigencia de ese deber no releva de establecer, para los efectos de esta acción cautelar, la existencia de actos u omisiones concretos, su ilegalidad o arbitrariedad y la afectación de alguna de las garantías amparadas por el artículo 20 de la Constitución.

Cuarto: Que los hechos sometidos al conocimiento de esta Corte comprenden materias diversas: los acontecimientos que la recurrente sitúa en la reunión de 19 de enero de 2026; la puesta en conocimiento de una jefatura de mensajes de WhatsApp enviados a otra prestadora o funcionaria municipal y la divulgación más amplia que se atribuye a las recurridas; la modificación de las labores y condiciones materiales en que la actora prestaba servicios; la vigencia y escrituración de sus convenios a honorarios; y la existencia de descuentos o de una amenaza concreta de desvinculación. Sobre la existencia, extensión, contexto, finalidad y consecuencias jurídicas de esos hechos las partes mantienen discrepancias sustanciales.

Quinto: Que, respecto de la reunión de 19 de enero de 2026, la recurrente afirma que fue objeto de expresiones denigrantes vinculadas a su salud mental, que se le excluyó arbitrariamente de una actividad institucional y que fue intimidada con la eventual adopción de acciones legales. Las recurridas niegan que tales actuaciones constituyeran hostigamiento y las sitúan en el contexto de situaciones conflictivas producidas durante la prestación de servicios. Los antecedentes examinados no permiten establecer con suficiente precisión la forma en que se desarrolló la reunión, las expresiones efectivamente vertidas, el contexto en que fueron pronunciadas ni la finalidad de las decisiones comunicadas en esa oportunidad.

Sexto: Que, en lo concerniente a los mensajes de WhatsApp, las partes coinciden en que determinadas comunicaciones enviadas por la recurrente a otra persona fueron posteriormente puestas en conocimiento de una jefatura, pero discrepan acerca de su contexto, finalidad y difusión. La sola circunstancia de que la destinataria comunique a un superior mensajes que estima amenazantes o lesivos no permite concluir, sin otros antecedentes, que existió una interceptación o divulgación ilegítima atribuible a las recurridas. A su vez, no se encuentra suficientemente establecido que éstas hayan difundido tales comunicaciones de manera indiscriminada, fuera del ámbito en que fueron puestas en su conocimiento o con una finalidad ajena al tratamiento del conflicto denunciado.

Séptimo: Que tampoco existe controversia acerca de que se introdujeron variaciones en las labores que la recurrente venía desarrollando, particularmente en cuanto a la atención de público y a la asignación de tareas internas o estadísticas. Sin embargo, la existencia de una reasignación no permite, por sí sola, calificarla de ilegal o arbitraria.

La recurrente la presenta como una medida de aislamiento y discriminación, mientras las recurridas sostienen que se mantuvo dentro de los cometidos convenidos y respondió a razones vinculadas con el funcionamiento del servicio. Con los antecedentes puestos a la vista no se encuentra suficientemente establecido que las nuevas labores fueran manifiestamente ajenas al objeto de la contratación, que la actora hubiera quedado privada de toda prestación efectiva o que la medida hubiese obedecido de manera determinante a su estado de salud.

Octavo: Que el artículo 4 de la Ley N° 18.883 autoriza a las municipalidades a contratar sobre la base de honorarios en los supuestos que dicha disposición contempla y establece que las personas así contratadas se regirán por las reglas del respectivo contrato. La recurrente sostiene que la prolongación de sus servicios habría encubierto una verdadera relación laboral, mientras las recurridas afirman que se trató de cometidos específicos regidos por convenios de honorarios. La calificación jurídica del vínculo exige establecer sus condiciones reales de ejecución, continuidad, subordinación, funciones y demás circunstancias relevantes, materia que no puede ser declarada con efectos definitivos en este procedimiento cautelar.

Noveno: Que la alegación relativa a la falta o tardía escrituración de los convenios se encuentra vinculada con la controversia anterior. El recurso afirma que durante diciembre de 2025 la actora prestó servicios sin instrumento oportunamente suscrito y que al 22 de enero de 2026 aún no había firmado el convenio correspondiente a ese año, mientras el informe alude a actos de contratación dictados para dichos períodos.

Determinar la existencia y vigencia de cada instrumento, las fechas de su suscripción, las prestaciones efectivamente ejecutadas, los pagos realizados y los efectos jurídicos que de ello pudieren derivarse requiere un procedimiento con posibilidades de discusión y prueba suficientes.

Décimo: Que el recurso contiene también una referencia a descuentos efectuados pese a la presentación de antecedentes médicos. Sin embargo, no se individualizan con precisión los períodos, montos, actos de descuento ni antecedentes de pago que permitan establecer una privación patrimonial determinada y atribuible a un acto ilegal o arbitrario de las recurridas. En esas condiciones, no existe base suficiente para disponer una medida cautelar sobre dicho aspecto.

Undécimo: Que no resulta posible tener por establecida una discriminación arbitraria fundada en el estado de salud de la recurrente. Si bien ésta atribuye la modificación de funciones, el trato recibido y otras decisiones a consideraciones relacionadas con su salud mental, las recurridas invocan motivos distintos, vinculados con la organización del servicio y con circunstancias de desempeño que describen en su informe. Los antecedentes disponibles no permiten establecer que la condición de salud haya constituido el criterio determinante de las medidas cuestionadas ni que se haya dispensado a la actora un trato diferente respecto de personas situadas en condiciones comparables sin una justificación objetiva.

Duodécimo: Que, en cuanto a la garantía de integridad psíquica del artículo 19 N° 1 de la Constitución, la existencia de un estado de afectación emocional o de antecedentes de tratamiento médico no permite, por sí sola, atribuir causalmente ese menoscabo a actos ilegales o arbitrarios de las recurridas. Esa conclusión depende de la previa acreditación de los episodios de hostigamiento denunciados, los que, por las razones expresadas, no aparecen suficientemente establecidos en esta sede.

Décimo tercero: Que, respecto de la vida privada y la honra protegidas por el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, no se encuentra asentado que las recurridas hayan efectuado una divulgación ilegítima de antecedentes privados o de salud en los términos afirmados por la recurrente. La comunicación de mensajes a una jefatura y la alegada difusión de rumores constituyen situaciones distintas, y esta última no aparece suficientemente determinada en cuanto a sus autores, destinatarios, contenido y oportunidad.

Décimo cuarto: Que tampoco se configura, con el mérito de estos antecedentes, una vulneración de la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

No se ha establecido que las medidas cuestionadas hayan obedecido a una distinción carente de fundamento racional, pues la causa y finalidad de ellas permanecen controvertidas y no existe un término de comparación suficientemente individualizado que permita constatar un trato desigual arbitrario.

Décimo quinto: Que la libertad de trabajo invocada debe examinarse en la extensión amparada por el artículo 20 de la Constitución. No se ha establecido que las recurridas hayan impedido a la actora elegir libremente su trabajo o contratar sus servicios, sino que se controvierten la naturaleza y condiciones de un vínculo determinado, el contenido de sus cometidos y la asignación de funciones dentro de éste. La resolución de esas materias supone declarar previamente el estatuto jurídico aplicable y el alcance de las obligaciones recíprocas, lo que excede el objeto cautelar de esta acción.

Décimo sexto: Que, en relación con el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, no se ha acreditado un derecho incorporal preexistente a conservar una función específica de atención de público, un escritorio, un espacio físico o una herramienta determinada con independencia de las estipulaciones que regulaban la prestación. Tampoco se ha demostrado, en los términos expuestos en el considerando Décimo, una privación concreta de honorarios devengados susceptible de reparación por esta vía.

Décimo séptimo: Que la recurrente solicita además que se prohíba cualquier medida de desvinculación mientras se mantenga la situación denunciada. No obstante, no se individualiza un acto de término ya dictado ni una decisión concreta e inminente adoptada por la autoridad. La referencia a rumores o al temor de una eventual desvinculación no permite imponer, mediante esta acción, una prohibición general e indefinida, sin perjuicio del control que pudiere corresponder respecto de un acto posterior determinado.

Décimo octavo: Que la dignidad de la persona constituye un principio fundamental del orden constitucional; sin embargo, el artículo 1 de la Constitución no configura por sí solo una garantía autónomamente tutelada mediante el recurso de protección. Las conductas invocadas deben ser examinadas en relación con los derechos específicamente comprendidos en el artículo 20, respecto de los cuales no se ha acreditado en esta sede una vulneración susceptible de tutela cautelar.

Décimo noveno: Que lo razonado no importa declarar inexistentes los hechos denunciados por la recurrente ni tener por acreditadas las imputaciones formuladas por las recurridas respecto de su conducta. Esta sentencia no determina responsabilidades administrativas, laborales, civiles o penales ni releva a la Municipalidad de los deberes que le impone el artículo 13 de la Ley N° 18.575. Significa únicamente que, respecto de los actos cuya ocurrencia aparece reconocida, no se ha establecido su ilegalidad o arbitrariedad, y que los restantes hechos esenciales requieren un esclarecimiento probatorio que excede las posibilidades de esta acción cautelar.

Vigésimo: Que, en consecuencia, no se ha logrado establecer la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso no puede prosperar, sin perjuicio de los derechos y acciones que la recurrente pueda ejercer ante la autoridad o tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 números 1, 2, 4, 16 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en los artículos 1 y 13 de la Ley N° 18.575; en el artículo 4 de la Ley N° 18.883; y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña Carolina Andrea Sarquis Harcha, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud y de doña nombre reservado.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 141-2026.